Maribel Flores Sanchez

Expediente 237/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
237/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2017

Partes del expediente

  • Maribel Flores Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso José Prospero Loeza Muñoz, y sus asesores jurídicos; visto su contenido, ténganseles por hechas sus manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria del presente juicio de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de la materia, las cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito por medio del cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa y remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada el nueve de marzo de dos mil diecisiete en el toca 4/2017, formado con motivo de la inconformidad interpuesta por la parte quejosa en contra del auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis ( en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo), misma que en sus puntos resolutivos determina lo siguiente: ÚNICO. Es infundada la inconformidad promovida por RAFAEL MEDINA HUERTA, en contra de la resolución del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, que declaró cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 1091/2016. En consecuencia, glósese a los presentes autos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la inconformidad interpuesta, acúsese el recibo correspondiente, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el duplicado de la causa penal 229/2016, de su índice, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada por duplicado del testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-385/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, así como los autos originales del juicio de amparo 1020/2016 y un anexo; en consecuencia, acúsese recibo, realícense las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo y, agréguese a estos autos las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En tal virtud, comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO.- Se modifica en la materia el fallo recurrido. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Antonio Ramírez Berra, contra el acto reclamado a las autoridades citadas en el resultando primero de esta resolución, a excepción del Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 371, fracción 111, del código adjetivo de la materia. TERCERO.- Para los efectos precisados en el considerando noveno de la resolución que se revisa, la Justicia de la Unión ampara y protege a José Antonio Ramírez Berra, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución, a excepción del reclamado a la responsable denominada como Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, en términos del considerando sexto de la presente ejecutoria." Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que de manera inmediata, dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca R-385/2016, cuyos efectos son: "(.) NOVENO. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Antonio Ramírez Berra; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracciones I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que el Juez Quinto en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el acuerdo que dictó el treinta de mayo de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 369/2012. 2. Dicte un nuevo acuerdo en el que purgue los vicios formales destacados, siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva lo procedente conforme a derecho. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, en la que se incluye el acto de ejecución, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta." Se apercibe a la referida autoridad que de no cumplir con lo anterior dentro de los términos que se señalan, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así mismo, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al presente requerimiento en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se les apercibió, conforme al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otro lado, dígase a la autoridad requerida, que incurre en responsabilidad penal de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. No se inadvierte para la suscrita Jueza Federal, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento a la autoridad responsable a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo, también se debe encomendar notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, en el caso no procede, toda vez que los jueces de primera instancia cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Orienta el criterio de esta juzgadora, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias."

  4. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 06 DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 237/2017-C. Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos preceptos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, dé cumplimiento a lo siguiente: a) Indique, bajo protesta de decir verdad y con precisión, el acto destacado que atribuye a las autoridades señaladas como responsables. Toda vez que, en su escrito de demanda, en específico, en el capítulo de acto reclamado, señala: "Tanto de las Autoridades identificadas como Ordenadoras, como de las Autoridades identificadas como Ejecutoras, señalo los siguientes actos reclamados. La ilegal orden de aprehensión librada en mi contra. Todo lo actuado dentro de la Averiguación Previa identificada con el número 146/2012/DGSP, de las tramitadas ante el Ciudadano Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General para la Atención de los Delitos relacionados con los Servidores Públicos, de la Primera Mesa de Trámite. Todo lo actuado dentro del proceso penal identificado como 140/2012 de los que se radican en el juzgado séptimo penal de los de la Capital del Estado de Puebla. La ilegal imposición de prisión como pena privativa de mi libertad, la aplicación de multa económica en mi contra, así como la determinación de ser inhabilitada por tiempo determinado para efectos desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público, por parte del juzgado séptimo penal de los de la Capital del Estado de Puebla, de fecha treinta de abril de dos mil quince. La legal imposición de prisión como pena privativa de mi libertad, la aplicación de multa económica en mi contra, así como la determinación de ser inhabilitada por tiempo determinado para efecto de desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público, por parte de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis. Todos y cada uno de los actos tendientes a ejecutar la ilegal imposición de prisión como pena privativa de mi libertad, la aplicación de multa económica en mi contra, así como la determinación de ser inhabilitada por tiempo determinado para efectos de desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público, por parte del juzgado séptimo penal de los de la Capital del Estado de Puebla, de fecha treinta de abril de dos mil quince, dentro del proceso penal identificado como 140/2012. Los efectos de la ejecución de la ilegal imposición de prisión como pena privativa de mi libertad, la aplicación de multa económica en mi contra, así como la determinación de ser inhabilitada por tiempo determinado para efecto desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público, por parte del juzgado séptimo penal de los de la Capital del Estado de Puebla, fecha treinta de abril de dos mil quince, dentro del proceso penal identificado como 140/2012. (.)" De lo que se advierte que el aquí quejoso reclama por un lado una orden de aprehensión y, por otro, todo lo actuado en el proceso 140/2012 del Juzgado Séptimo de lo Penal en la ciudad de Puebla, manifestando además, en el cuerpo de la demanda, que en dicho proceso las autoridades responsables deben dictar una nueva sentencia, en el que lo absuelvan de los delitos cometidos, sin que se aprecie con claridad si, efectivamente, ya se dictó sentencia y si ésta fue recurrida y, en su caso, confirmada, modificada o revocada por la alzada, y con ello resolver el toca 1062/2015 el Tribunal ordenara su aprehensión o reaprehensión a efecto de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria. Además, en el capítulo concerniente a los antecedentes, refiere: ".Con fecha treinta de abril de dos mil quince, el juzgado séptimo penal de los de la Capital del Estado de Puebla, dentro del proceso penal identificado como 140/2012 determinó librar orden de aprensión en mi contra, imponiendo de forma ilegal prisión como pena privativa de mi libertad, la aplicación de multa económica en mi contra, así como la determinación de ser inhabilitada por tiempo determinado para efecto de desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público."(sic) De lo anterior, no queda claro si el quejoso reclama una orden de reaprehensión o una sentencia condenatoria emitida en autos del proceso 140/2012, en tal sentido, debe señalar el acto concreto del que se duele emanado de la causa penal 140/2012, esto es, si reclama la sentencia de primera instancia dictada en su contra misma que fuera confirmada por la Primera Sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, o una orden de reaprehensión. Lo anterior, en virtud de que la suscrita Jueza Federal se encuentra imposibilitada para suplir las mismas, pues uno de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, es indicar con precisión la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, a efecto de entablar con precisión la litis constitucional. b) Deberá narrar, bajo protesta de decir verdad y con claridad, los antecedentes de los actos reclamados, precisando si en el proceso 140/2012 del Juzgado Séptimo de lo Penal en la ciudad de Puebla ya se dictó sentencia definitiva y, en su caso, si se promovió recurso de apelación en su contra o amparo directo. Pues, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, en el capítulo respectivo al acto reclamado, manifiesta: "Todo lo actuado dentro del proceso penal identificado como 140/2012 de los que se radican en el juzgado séptimo penal de los de la Capital del Estado de Puebla. La ilegal imposición de prisión como pena privativa de mi libertad, la aplicación de multa económica en mi contra, así como la determinación de ser inhabilitada por tiempo determinado para efectos desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público, por parte del juzgado séptimo penal de los de la Capital del Estado de Puebla, de fecha treinta de abril de dos mil quince. La legal imposición de prisión como pena privativa de mi libertad, la aplicación de multa económica en mi contra, así como la determinación de ser inhabilitada por tiempo determinado para efecto de desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público, por parte de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis. Todos y cada uno de los actos tendientes a ejecutar la ilegal imposición de prisión como pena privativa de mi libertad, la aplicación de multa económica en mi contra, así como la determinación de ser inhabilitada por tiempo determinado para efectos de desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público, por parte del juzgado séptimo penal de los de la Capital del Estado de Puebla, de fecha treinta de abril de dos mil quince, dentro del proceso penal identificado como 140/2012. " Mismos que resultan insuficientes para establecer el estado procesal que guarda el juicio de origen 140/2012, y así estar en posibilidad de analizar de forma integral la demanda de amparo que se promueve. De ahí que, la promovente de amparo deba indicar el acto destacado que atribuye a las autoridades señaladas como responsables, así como los antecedentes de dichos actos, a efecto de proveer sobre la demanda de amparo. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte promovente que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas de la manera siguiente: una para la autoridad señalada como responsable y una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se proveerá de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Signifíquese a la promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ella misma, y no por autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Díaz Saenz y José Camilo Jeudín Farpón Sosa, pues de la certificación secretarial de cuenta aparece que los citados profesionistas cuenta con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. Finalmente, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente

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