Mariano Sanchez Ramos

Expediente 123/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
123/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
25/01/2021

Partes del expediente

  • Policía Federal (En Trancición A la Guardia Nacional)
  • Mariano Sanchez Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el dos de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que las últimas notificaciones se efectuaron el nueve de diciembre de dos mil veinte, las cuales surtieron efectos el diez siguiente y el aludido plazo transcurrió del once de diciembre de dos mil veinte al veintidós de enero de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) doce, trece, diecinueve y veinte de diciembre de dos mil veinte, así como dieciséis y diecisiete de enero del actual por ser sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) los días comprendidos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los que se declaró la suspensión de labores por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, comunicada mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control-autoridad responsable- como justificación a su informe y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve, ocho de enero de dos mil veinte y trece de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 878/2019, previa certificación de desglose; ( Copia certificada de diversos registros que obran dentro de la aludida causa penal, con la cual se formó el anexo I; y, ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el trece de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal de mérito, previa certificación de desglose. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; por lista a su personal autorizado y a las víctimas terceras interesadas 1. Empresa Comercial denominada "Roche", Sociedad Anónima de Capital Variable -representada por Cecilio Rentería Chávez-, 2. J.J.B.R. -de identidad reservada-, 3. J.C.C.R. -de identidad reservada-, 4. A.G.G. -de identidad reservada-, 5. D.S.P. -de identidad reservada-, 6. J.E.V.A. -de identidad reservada-, 7. G.R.P. -de identidad reservada-, 9. J.T.B.C. -de identidad reservada-, y 10. Persona jurídica "Integra Arrenda", sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, ya sea por conducto de su representante legal o través de sus asesores jurídicos según corresponda; por oficio a la autoridad responsable, a la fiscal tercera interesada, a la autoridad tercera interesada ofendida del delito y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial que le corresponda notificar a la jueza responsable el presente acuerdo.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS AUTORIZADOS PROCESALES DE LA PARTE QUEJOSA T Y A LA PARTE ERCERO INTERESADA "INTEGRA ARRENDA..." EL PROVEÍDO DE 02 DE diciembre DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dieciocho de noviembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. En sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo al quejoso Mariano Sánchez Ramos, respecto a la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de trece de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal PUE/878/2019, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de i) Robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga; ii) Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés; iii) Homicidio en grado de tentativa, con la agravante de cometerlo en contra de servidores públicos; iv) Daño en propiedad ajena; y, v) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Para el fin de que Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, cumpliera con los efectos precisados en el propio fallo protector. Por acuerdo dictado el diez de noviembre del año en curso, se hizo constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia de amparo, por lo que causó ejecutoria la misma y se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 19510/2020 -signado electrónicamente-, la jueza de origen informó los actos realizados en cumplimiento al fallo protector y, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de quince de octubre de dos mil veinte, se declaró inconstitucional la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de trece de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal PUE/878/2019, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los hechos con apariencia de i) Robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga; ii) Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés; iii) Homicidio en grado de tentativa, con la agravante de cometerlo en contra de servidores públicos; iv) Daño en propiedad ajena; y, v) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por violar la garantía de exacta aplicación de la ley penal (legalidad), consagrada en el artículo 14 Constitucional, respecto al encuadramiento de los delitos de secuestro exprés y robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga. Para arribar a tal conclusión, en dicha sentencia se consideró lo siguiente: A. Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. B. Que la jueza de control veló por el derecho del imputado de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que los defensores privados nombrados por el quejoso, intervinientes tanto en la audiencia inicial como en su continuación, fueran licenciados en dicha materia y que ello constara en las videograbaciones respectivas, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. C. Que la fiscalía expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso al aquí quejoso y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, solicitado por la defensa. D. Que existieron datos de prueba suficientes y pertinentes para establecer la existencia de hechos con apariencia de los delitos de i) Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés; ii) Homicidio en grado de tentativa, con la agravante de cometerlo en contra de servidores públicos; iii) Daño en propiedad ajena; y, iv) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. E. Que dichos datos de prueba también fueron suficientes para establecer la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión. F. Que pese a lo anterior, en el auto de vinculación a proceso no se atendió el momento normativo que satisface el requisito de fondo relativo a la existencia de datos que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito, correspondiente a la identificación de la norma penal relevante, en virtud de haber considerado que es posible la coexistencia del delito de secuestro exprés y el delito de robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, con base en lo dispuesto por el artículo 9, fracción I, inciso d) parte final de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que la jueza responsable: ( Dejara sin efectos la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de trece de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal PUE/878/2019 -acto reclamado-. ( Señalara fecha para la continuación de la audiencia inicial, en la que primero reiteraría todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria. ( Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, resolviera la situación jurídica del quejoso, reiterando las consideraciones que no fueron motivo de concesión de amparo y debiendo prescindir de la consideración de que el delito de secuestro exprés y el de robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, podían coexistir en forma autónoma, fundando y motivando legalmente su determinación en los aspectos que atañen al correcto encuadramiento normativo de las citadas conductas. Finalmente, se precisó que la protección constitucional concedida al quejoso, no tenía el alcance de dejarlo en libertad (con motivo de la invalidez parcial de la continuación de audiencia inicial), sino que se limitaba a retrotraer las cosas al estado en que se encontraban al momento en que la jueza de control procedió a emitir la resolución de vinculación a proceso, a efecto de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales violados en su perjuicio. Asimismo, se señaló que Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1. En acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 878/2019 de su índice, señaló las trece horas del trece de noviembre de esta anualidad, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia en la que se daría cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. En audiencia oral de trece de noviembre de dos mil veinte, celebrada en la citada causa penal, realizó -en lo que interesa- lo siguiente: 2.1. Dejó sin efectos la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de trece de enero de dos mil veinte -acto reclamado-. 2.2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria. 2.3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de i) Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés; ii) Homicidio en grado de tentativa, con la agravante de cometerlo en contra de servidores públicos; iii) Daño en propiedad ajena; y, iv) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 2.4. Dictó auto de no vinculación a proceso en favor del quejoso, respecto del hecho con la apariencia del delito de robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, al considerar que no es posible su coexistencia con el diverso de secuestro exprés, con base en lo dispuesto por el artículo 9, fracción I, inciso d) parte final de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 3. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, pues dejó sin efectos el acto reclamado y emitió una nueva resolución en la que, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción concedida, resolvió la situación jurídica del quejoso, reiterando las consideraciones que no fueron motivo de concesión de amparo y prescindiendo de la consideración de que el delito de secuestro exprés y el de robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, podían coexistir en forma autónoma, fundando y motivando legalmente su determinación en los aspectos que atañen al correcto encuadramiento normativo de las citadas conductas. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dieciocho de noviembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. En sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo al quejoso Mariano Sánchez Ramos, respecto a la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de trece de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal PUE/878/2019, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de i) Robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga; ii) Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés; iii) Homicidio en grado de tentativa, con la agravante de cometerlo en contra de servidores públicos; iv) Daño en propiedad ajena; y, v) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Para el fin de que Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, cumpliera con los efectos precisados en el propio fallo protector. Por acuerdo dictado el diez de noviembre del año en curso, se hizo constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia de amparo, por lo que causó ejecutoria la misma y se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 19510/2020 -signado electrónicamente-, la jueza de origen informó los actos realizados en cumplimiento al fallo protector y, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de quince de octubre de dos mil veinte, se declaró inconstitucional la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de trece de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal PUE/878/2019, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los hechos con apariencia de i) Robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga; ii) Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés; iii) Homicidio en grado de tentativa, con la agravante de cometerlo en contra de servidores públicos; iv) Daño en propiedad ajena; y, v) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por violar la garantía de exacta aplicación de la ley penal (legalidad), consagrada en el artículo 14 Constitucional, respecto al encuadramiento de los delitos de secuestro exprés y robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga. Para arribar a tal conclusión, en dicha sentencia se consideró lo siguiente: A. Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. B. Que la jueza de control veló por el derecho del imputado de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que los defensores privados nombrados por el quejoso, intervinientes tanto en la audiencia inicial como en su continuación, fueran licenciados en dicha materia y que ello constara en las videograbaciones respectivas, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. C. Que la fiscalía expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso al aquí quejoso y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, solicitado por la defensa. D. Que existieron datos de prueba suficientes y pertinentes para establecer la existencia de hechos con apariencia de los delitos de i) Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés; ii) Homicidio en grado de tentativa, con la agravante de cometerlo en contra de servidores públicos; iii) Daño en propiedad ajena; y, iv) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. E. Que dichos datos de prueba también fueron suficientes para establecer la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión. F. Que pese a lo anterior, en el auto de vinculación a proceso no se atendió el momento normativo que satisface el requisito de fondo relativo a la existencia de datos que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito, correspondiente a la identificación de la norma penal relevante, en virtud de haber considerado que es posible la coexistencia del delito de secuestro exprés y el delito de robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, con base en lo dispuesto por el artículo 9, fracción I, inciso d) parte final de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que la jueza responsable: ( Dejara sin efectos la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de trece de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal PUE/878/2019 -acto reclamado-. ( Señalara fecha para la continuación de la audiencia inicial, en la que primero reiteraría todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria. ( Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, resolviera la situación jurídica del quejoso, reiterando las consideraciones que no fueron motivo de concesión de amparo y debiendo prescindir de la consideración de que el delito de secuestro exprés y el de robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, podían coexistir en forma autónoma, fundando y motivando legalmente su determinación en los aspectos que atañen al correcto encuadramiento normativo de las citadas conductas. Finalmente, se precisó que la protección constitucional concedida al quejoso, no tenía el alcance de dejarlo en libertad (con motivo de la invalidez parcial de la continuación de audiencia inicial), sino que se limitaba a retrotraer las cosas al estado en que se encontraban al momento en que la jueza de control procedió a emitir la resolución de vinculación a proceso, a efecto de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales violados en su perjuicio. Asimismo, se señaló que Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1. En acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 878/2019 de su índice, señaló las trece horas del trece de noviembre de esta anualidad, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia en la que se daría cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. En audiencia oral de trece de noviembre de dos mil veinte, celebrada en la citada causa penal, realizó -en lo que interesa- lo siguiente: 2.1. Dejó sin efectos la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de trece de enero de dos mil veinte -acto reclamado-. 2.2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria. 2.3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de i) Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés; ii) Homicidio en grado de tentativa, con la agravante de cometerlo en contra de servidores públicos; iii) Daño en propiedad ajena; y, iv) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 2.4. Dictó auto de no vinculación a proceso en favor del quejoso, respecto del hecho con la apariencia del delito de robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, al considerar que no es posible su coexistencia con el diverso de secuestro exprés, con base en lo dispuesto por el artículo 9, fracción I, inciso d) parte final de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 3. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, pues dejó sin efectos el acto reclamado y emitió una nueva resolución en la que, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción concedida, resolvió la situación jurídica del quejoso, reiterando las consideraciones que no fueron motivo de concesión de amparo y prescindiendo de la consideración de que el delito de secuestro exprés y el de robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, podían coexistir en forma autónoma, fundando y motivando legalmente su determinación en los aspectos que atañen al correcto encuadramiento normativo de las citadas conductas. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA 1. Empresa Comercial denominada "Roche", Sociedad Anónima de Capital Variable - representada por Cecilio Rentería Chávez-, 2. J.J.B.R. -de identidad reservada-, 3. J.C.C.R. -de identidad reservada-, 4. A.G.G. -de identidad reservada-, 5. D.S.P. -de identidad reservada-, 6. J.E.V.A. -de identidad reservada-, 7. G.R.P. -de identidad reservada-, 9. J.T.B.C. -de identidad reservada, POR CONDUCTO DE SU ASESOR JURÍDICO GUSTAVO ADOLFO ZAVALA Y VERÓNICA FLORES GARCÍA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dieciocho de noviembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. En sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo al quejoso Mariano Sánchez Ramos, respecto a la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de trece de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal PUE/878/2019, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de i) Robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga; ii) Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés; iii) Homicidio en grado de tentativa, con la agravante de cometerlo en contra de servidores públicos; iv) Daño en propiedad ajena; y, v) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Para el fin de que Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, cumpliera con los efectos precisados en el propio fallo protector. Por acuerdo dictado el diez de noviembre del año en curso, se hizo constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia de amparo, por lo que causó ejecutoria la misma y se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 19510/2020 -signado electrónicamente-, la jueza de origen informó los actos realizados en cumplimiento al fallo protector y, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de quince de octubre de dos mil veinte, se declaró inconstitucional la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de trece de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal PUE/878/2019, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los hechos con apariencia de i) Robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga; ii) Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés; iii) Homicidio en grado de tentativa, con la agravante de cometerlo en contra de servidores públicos; iv) Daño en propiedad ajena; y, v) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por violar la garantía de exacta aplicación de la ley penal (legalidad), consagrada en el artículo 14 Constitucional, respecto al encuadramiento de los delitos de secuestro exprés y robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga. Para arribar a tal conclusión, en dicha sentencia se consideró lo siguiente: A. Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. B. Que la jueza de control veló por el derecho del imputado de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que los defensores privados nombrados por el quejoso, intervinientes tanto en la audiencia inicial como en su continuación, fueran licenciados en dicha materia y que ello constara en las videograbaciones respectivas, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. C. Que la fiscalía expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso al aquí quejoso y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, solicitado por la defensa. D. Que existieron datos de prueba suficientes y pertinentes para establecer la existencia de hechos con apariencia de los delitos de i) Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés; ii) Homicidio en grado de tentativa, con la agravante de cometerlo en contra de servidores públicos; iii) Daño en propiedad ajena; y, iv) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. E. Que dichos datos de prueba también fueron suficientes para establecer la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión. F. Que pese a lo anterior, en el auto de vinculación a proceso no se atendió el momento normativo que satisface el requisito de fondo relativo a la existencia de datos que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito, correspondiente a la identificación de la norma penal relevante, en virtud de haber considerado que es posible la coexistencia del delito de secuestro exprés y el delito de robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, con base en lo dispuesto por el artículo 9, fracción I, inciso d) parte final de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que la jueza responsable: ( Dejara sin efectos la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de trece de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal PUE/878/2019 -acto reclamado-. ( Señalara fecha para la continuación de la audiencia inicial, en la que primero reiteraría todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria. ( Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, resolviera la situación jurídica del quejoso, reiterando las consideraciones que no fueron motivo de concesión de amparo y debiendo prescindir de la consideración de que el delito de secuestro exprés y el de robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, podían coexistir en forma autónoma, fundando y motivando legalmente su determinación en los aspectos que atañen al correcto encuadramiento normativo de las citadas conductas. Finalmente, se precisó que la protección constitucional concedida al quejoso, no tenía el alcance de dejarlo en libertad (con motivo de la invalidez parcial de la continuación de audiencia inicial), sino que se limitaba a retrotraer las cosas al estado en que se encontraban al momento en que la jueza de control procedió a emitir la resolución de vinculación a proceso, a efecto de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales violados en su perjuicio. Asimismo, se señaló que Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1. En acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 878/2019 de su índice, señaló las trece horas del trece de noviembre de esta anualidad, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia en la que se daría cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. En audiencia oral de trece de noviembre de dos mil veinte, celebrada en la citada causa penal, realizó -en lo que interesa- lo siguiente: 2.1. Dejó sin efectos la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de trece de enero de dos mil veinte -acto reclamado-. 2.2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria. 2.3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de i) Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés; ii) Homicidio en grado de tentativa, con la agravante de cometerlo en contra de servidores públicos; iii) Daño en propiedad ajena; y, iv) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 2.4. Dictó auto de no vinculación a proceso en favor del quejoso, respecto del hecho con la apariencia del delito de robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, al considerar que no es posible su coexistencia con el diverso de secuestro exprés, con base en lo dispuesto por el artículo 9, fracción I, inciso d) parte final de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 3. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, pues dejó sin efectos el acto reclamado y emitió una nueva resolución en la que, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción concedida, resolvió la situación jurídica del quejoso, reiterando las consideraciones que no fueron motivo de concesión de amparo y prescindiendo de la consideración de que el delito de secuestro exprés y el de robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, podían coexistir en forma autónoma, fundando y motivando legalmente su determinación en los aspectos que atañen al correcto encuadramiento normativo de las citadas conductas. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida.

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