Mariano Miguel Espejel Perez
Expediente 1134/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Mariano Miguel Espejel Perez
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 25 DE octubre DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el término de cinco días que en auto de prevención de diez de octubre de dos mil diecisiete se concedió al promovente Mariano Miguel Espejel Pérez, para desahogar el requerimiento formulado en dicho acuerdo, ha fenecido, toda vez que éste se le notificó vía electrónica el once de octubre del año en curso, surtió efectos el dieciséis siguiente y transcurrió del diecisiete al veintitrés de octubre de esta anualidad, previo descuento de los días doce, trece, catorce, quince, veintiuno y veintidós de los citados mes y año, al ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo y en la Circular 25/2017, mediante la cual el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria celebrada el seis de octubre del actual, se declaró como día no laborable el trece de ese mes y año; por lo que, en términos del citado numeral, en esta última fecha no corrieron términos judiciales; y, Así mismo, que dentro del plazo extinto antes computado no se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado o en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación promoción alguna mediante la cual la parte quejosa desahogara el requerimiento de prevención que se le formuló. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de octubre de dos mil diecisiete y se entiende que no hay ejecución en el Estado de Puebla; de ahí que, se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por Mariano Miguel Espejel Pérez; en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. En el caso, Mariano Miguel Espejel Pérez, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto siguientes: "III. Autoridad o autoridades responsables: 3.1. Juez Penal de Control, adscrito al Segundo Circuito Judicial con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, con domicilio en calle Laureles número uno colonia La Morena, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 3.2. Juez Penal de control del primer circuito judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, con domicilio ubicado en carretera Pachuca-Actopan, Kilometro 6.5, colonia Villa Aquiles Serdán, Pachuca de Soto, Hidalgo. 3.3. Agente del Ministerio Público adscrita a la unidad de investigación sin personas detenidas II, con domicilio ubicado en calle Robert Schuman sin número esquina libramiento La Joya, Jardines del Sur, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 3.4. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación sin personas detenidas V, de la subprocuraduría del sistema acusatorio y oral adscrito a la dirección general de investigación y litigación región oriente, con domicilio ubicado en calle Robert Schuman sin número esquina libramiento La Joya, Jardines del Sur, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 3.5. Comandante de Investigación encargado de la comandancia del Grupo de Aprehensiones de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, en carretera México- Pachuca Kilometro 84.5 colonia sector primario, en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 3.6. Comandante de la Agencia de investigación Grupo Tulancingo de la Policía Ministerial, con domicilio ubicado en calle Galileo Galilei, número 39 colonia Nuevo Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. IV. Acto que de cada autoridad se reclama: 4.1. Del Juez Penal de Control, adscrito al Segundo Circuito Judicial con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, con domicilio en calle Laureles número uno colonia La Morena, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se reclama: La orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia girada en contra del quejoso. 4.2. Del Juez Penal de control del primer circuito judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, se reclama: La orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia girada en contra del quejoso. 4.3. Del Agente del Ministerio Público adscrita a la unidad de investigación sin personas detenidas II, se reclama: La orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia girada en contra del quejoso. 4.4. Del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación sin personas detenidas V, de la subprocuraduría del sistema acusatorio y oral adscrito a la dirección general de investigación y litigación región oriente, se reclama: La orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia girada en contra del quejoso. 4.5. Del Comandante de Investigación encargado de la comandancia del Grupo de Aprehensiones de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, se reclama: La ejecución material a la orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia emitida en contra del quejoso. 4.6. Del Comandante de la Agencia de investigación Grupo Tulancingo de la Policía Ministerial, con domicilio ubicado en calle Galileo Galilei, número 39 colonia Nuevo Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se reclama: La ejecución material a la orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia emitida en contra del quejoso." Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa. En efecto los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto, existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se requiere hacer el estudio del acto reclamado y de los hechos contenidos en la demanda, así como de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, que dice lo siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora bien, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación de orden, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el caso, la lectura integral de la demanda de amparo clarifica que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia girada en su contra, así como su ejecución. Y, señala como autoridades responsables al 1. Juez Penal de Control adscrito al Segundo Circuito Judicial con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 2. Juez Penal de Control del Primer Circuito Judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Sin Personas Detenidas II, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 4. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Personas Detenidas V, de la Subprocuraduría del Sistema Acusatorio y Oral Adscrito a la Dirección General de Investigación y Litigación Región Oriente, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 5. Comandante de Investigación Encargado de la Comandancia del Grupo de Aprehensiones de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, y 6. Comandante de la Agencia de Investigación Grupo Tulancingo de la Policía Ministerial, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo; por tanto, se advierte que en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el artículo 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, éste requiere de ejecución material, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia presuntamente librada en su contra. Por tanto, si como se dijo dichos actos requieren de ejecución material, y si en el caso se señaló como autoridades responsables ordenadoras al 1. Juez Penal de Control adscrito al Segundo Circuito Judicial con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 2. Juez Penal de Control del Primer Circuito Judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Sin Personas Detenidas II, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 4. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Personas Detenidas V, de la Subprocuraduría del Sistema Acusatorio y Oral Adscrito a la Dirección General de Investigación y Litigación Región Oriente, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Y, como ejecutoras, al 5. Comandante de Investigación Encargado de la Comandancia del Grupo de Aprehensiones de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y al 6. Comandante de la Agencia de Investigación Grupo Tulancingo de la Policía Ministerial, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, entonces dichos actos se emitieron y tendrán ejecución en el Estado de Hidalgo, ya que no existe autoridad ejecutora en el Estado de Puebla que dote de competencia territorial a este Juzgado Federal. Además, de los hechos narrados en la demanda de garantías (fojas 5 a 7), no se advierte la intervención de autoridad ejecutora en este Circuito Judicial, lo que se corrobora con el acto reclamado. Así, de conformidad con en los puntos primero, fracción XVIII, y Cuarto, fracción XVII, segundo párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, conocer de los juicios de amparo con ejecución en Hidalgo, como acontece en la especie. Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por territorio para conocer de este juicio de garantías; y, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, en Turno, con residencia Pachuca, para conocer del presente asunto. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase la demanda de amparo y copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Sin que se oponga a lo anterior el hecho de que el peticionario de garantías haya señalado que su domicilio se ubica en un lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio del quejoso, sino el lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada o donde residan las autoridades ejecutoras, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley. De igual forma, sirve de apoyo el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el término de cinco días que en auto de prevención de diez de octubre de dos mil diecisiete se concedió al promovente Mariano Miguel Espejel Pérez, para desahogar el requerimiento formulado en dicho acuerdo, ha fenecido, toda vez que éste se le notificó vía electrónica el once de octubre del año en curso, surtió efectos el dieciséis siguiente y transcurrió del diecisiete al veintitrés de octubre de esta anualidad, previo descuento de los días doce, trece, catorce, quince, veintiuno y veintidós de los citados mes y año, al ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo y en la Circular 25/2017, mediante la cual el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria celebrada el seis de octubre del actual, se declaró como día no laborable el trece de ese mes y año; por lo que, en términos del citado numeral, en esta última fecha no corrieron términos judiciales; y, Así mismo, que dentro del plazo extinto antes computado no se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado o en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación promoción alguna mediante la cual la parte quejosa desahogara el requerimiento de prevención que se le formuló. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de octubre de dos mil diecisiete y se entiende que no hay ejecución en el Estado de Puebla; de ahí que, se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por Mariano Miguel Espejel Pérez; en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. En el caso, Mariano Miguel Espejel Pérez, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto siguientes: "III. Autoridad o autoridades responsables: 3.1. Juez Penal de Control, adscrito al Segundo Circuito Judicial con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, con domicilio en calle Laureles número uno colonia La Morena, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 3.2. Juez Penal de control del primer circuito judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, con domicilio ubicado en carretera Pachuca-Actopan, Kilometro 6.5, colonia Villa Aquiles Serdán, Pachuca de Soto, Hidalgo. 3.3. Agente del Ministerio Público adscrita a la unidad de investigación sin personas detenidas II, con domicilio ubicado en calle Robert Schuman sin número esquina libramiento La Joya, Jardines del Sur, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 3.4. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación sin personas detenidas V, de la subprocuraduría del sistema acusatorio y oral adscrito a la dirección general de investigación y litigación región oriente, con domicilio ubicado en calle Robert Schuman sin número esquina libramiento La Joya, Jardines del Sur, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 3.5. Comandante de Investigación encargado de la comandancia del Grupo de Aprehensiones de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, en carretera México- Pachuca Kilometro 84.5 colonia sector primario, en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 3.6. Comandante de la Agencia de investigación Grupo Tulancingo de la Policía Ministerial, con domicilio ubicado en calle Galileo Galilei, número 39 colonia Nuevo Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. IV. Acto que de cada autoridad se reclama: 4.1. Del Juez Penal de Control, adscrito al Segundo Circuito Judicial con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, con domicilio en calle Laureles número uno colonia La Morena, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se reclama: La orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia girada en contra del quejoso. 4.2. Del Juez Penal de control del primer circuito judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, se reclama: La orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia girada en contra del quejoso. 4.3. Del Agente del Ministerio Público adscrita a la unidad de investigación sin personas detenidas II, se reclama: La orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia girada en contra del quejoso. 4.4. Del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación sin personas detenidas V, de la subprocuraduría del sistema acusatorio y oral adscrito a la dirección general de investigación y litigación región oriente, se reclama: La orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia girada en contra del quejoso. 4.5. Del Comandante de Investigación encargado de la comandancia del Grupo de Aprehensiones de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, se reclama: La ejecución material a la orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia emitida en contra del quejoso. 4.6. Del Comandante de la Agencia de investigación Grupo Tulancingo de la Policía Ministerial, con domicilio ubicado en calle Galileo Galilei, número 39 colonia Nuevo Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se reclama: La ejecución material a la orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia emitida en contra del quejoso." Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa. En efecto los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto, existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se requiere hacer el estudio del acto reclamado y de los hechos contenidos en la demanda, así como de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, que dice lo siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora bien, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación de orden, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el caso, la lectura integral de la demanda de amparo clarifica que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia girada en su contra, así como su ejecución. Y, señala como autoridades responsables al 1. Juez Penal de Control adscrito al Segundo Circuito Judicial con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 2. Juez Penal de Control del Primer Circuito Judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Sin Personas Detenidas II, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 4. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Personas Detenidas V, de la Subprocuraduría del Sistema Acusatorio y Oral Adscrito a la Dirección General de Investigación y Litigación Región Oriente, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 5. Comandante de Investigación Encargado de la Comandancia del Grupo de Aprehensiones de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, y 6. Comandante de la Agencia de Investigación Grupo Tulancingo de la Policía Ministerial, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo; por tanto, se advierte que en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el artículo 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, éste requiere de ejecución material, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión, detención, arresto o comparecencia presuntamente librada en su contra. Por tanto, si como se dijo dichos actos requieren de ejecución material, y si en el caso se señaló como autoridades responsables ordenadoras al 1. Juez Penal de Control adscrito al Segundo Circuito Judicial con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 2. Juez Penal de Control del Primer Circuito Judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Sin Personas Detenidas II, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 4. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Personas Detenidas V, de la Subprocuraduría del Sistema Acusatorio y Oral Adscrito a la Dirección General de Investigación y Litigación Región Oriente, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Y, como ejecutoras, al 5. Comandante de Investigación Encargado de la Comandancia del Grupo de Aprehensiones de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y al 6. Comandante de la Agencia de Investigación Grupo Tulancingo de la Policía Ministerial, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, entonces dichos actos se emitieron y tendrán ejecución en el Estado de Hidalgo, ya que no existe autoridad ejecutora en el Estado de Puebla que dote de competencia territorial a este Juzgado Federal. Además, de los hechos narrados en la demanda de garantías (fojas 5 a 7), no se advierte la intervención de autoridad ejecutora en este Circuito Judicial, lo que se corrobora con el acto reclamado. Así, de conformidad con en los puntos primero, fracción XVIII, y Cuarto, fracción XVII, segundo párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, conocer de los juicios de amparo con ejecución en Hidalgo, como acontece en la especie. Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por territorio para conocer de este juicio de garantías; y, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, en Turno, con residencia Pachuca, para conocer del presente asunto. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase la demanda de amparo y copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Sin que se oponga a lo anterior el hecho de que el peticionario de garantías haya señalado que su domicilio se ubica en un lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio del quejoso, sino el lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada o donde residan las autoridades ejecutoras, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley. De igual forma, sirve de apoyo el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras."
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