Maribel Alva Rodríguez
Expediente 1696/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1696/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Maribel Alva Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, mediante la cual la fedataria judicial adscrita hizo constar la imposibilidad con que contó para emplazar a juicio a la tercero interesada Guadalupe Ávila Rodríguez, por los motivos expuestos; en ese sentido, requiérase a la quejosa para que en el plazo de tres días computado legalmente, proporcione el domicilio actual y correcto de la referida tercero interesada, en el entendido que de ser omisa al respecto, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se procederá en términos de lo previsto en el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito (con anexos) de cuenta, por medio del cual, Maribel Ávila Rodríguez, quien se ostenta como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Telesforo Ávila González, a través de su autorizado, desahoga la prevención realizada el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que mediante copia certificada acredita la calidad con que comparece al presente sumario constitucional como albacea. Por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento que fue decretado en el referido acuerdo. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: La sentencia dictada el tres de octubre de dos mil veintitrés, en el toca 743/2023, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda contra el acto precisado en el párrafo que antecede, reclamado a la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de esta determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se establecen las trece horas del quince de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el supuesto de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como sustento al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado de Distrito; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Por otra parte, dado que de la demanda de amparo se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a Guadalupe Ávila Rodríguez, se comisiona a cualquiera de los actuarios, para que emplace al presente sumario constitucional a la referida tercera interesada, con copia de la demanda, así como del presente acuerdo; constancias que para tal efecto se anexan; de igual forma, le haga de su conocimiento el derecho con que cuenta para apersonarse al presente juicio, ofrecer pruebas y formular alegatos. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE 31 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 678/2023 EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de veintinueve de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Quince de junio de dos mil veintitrés. Veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de realizar el pago de pensión en términos del dictamen CP/63730/20 de veintiséis de junio de dos mil veinte. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiocho de junio del año en curso, se emitió la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para los siguientes efectos: ".1. De manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias para que en el término de tres días, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, le correspondan a Arturo Peña González, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número CP/63730/20, de veintiséis de junio de dos mil veinte, en los términos establecidos en el mismo; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten." (Sic). Así, el diecinueve de julio del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el veintinueve de agosto del presente año, se tuvo por recibido el oficio suscrito el representante de la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual, remitió el comprobante correspondiente a la primera quincena de junio de la presente anualidad, del que se aprecia el pago total de la pensión en favor del quejoso Arturo Peña González, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y con la misma se dio vista a la quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, omisión de realizar el pago de pensión en términos del dictamen CP/63730/20 de veintiséis de junio de dos mil veinte. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
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