Mariana Vieyra Valdés
Expediente 168/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/04/2023
Partes del expediente
- Mariana Vieyra Valdés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el ocho de marzo del año en curso, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esa virtud, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21, del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente y el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción y depuración, respectivamente. Y, el duplicado del incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 168/2023-I, promovido por********************, contra actos del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ixtlahuaca y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el seis de febrero de dos mil veintitrés, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación,********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III. Autoridades responsables: Autoridades legislativas 1. Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ixtlahuaca. 2. Subdirección de Catastro del Ayuntamiento Municipal de Ixtlahuaca, Estado de México. IV. Acto reclamado En mi carácter de tercera extraña reclamo todo lo actuado en el procedimiento de levantamiento topográfico catastral sobre un bien inmueble del que soy propietaria y titular catastral, registrado con la clave catastral ********************. Como consecuencia de ello, la actualización de la cartografía catastral y el cambio de titular de dicha clave catastral en favor de otra persona cuyo nombre desconozco". Actos reclamados que la quejosa señaló violaban el derecho fundamental protegido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, misma que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, porque se reclaman actos provenientes de autoridades administrativas, cuya ejecución puede realizarse en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: - Todo lo actuado en el procedimiento de levantamiento topográfico catastral sobre el bien inmueble, registrado con la clave catastral ******************** y como consecuencia de ello, la actualización de la cartografía catastral y el cambio de titular de dicha clave catastral en favor de otra persona. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Tesorera Municipal y el Coordinador de Catastro, ambos del Ayuntamiento de Ixtlahuaca, Estado de México, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Tan es así, que ambas autoridades responsables refieren que la parte quejosa no acredita ni menciona la intervención de cada una; además, que en sus oficinas, respectivamente, no obra registro alguno mediante el cual se haga constar la referida intervención. Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera medio de convicción alguno con el que se controvirtieran dichas negativas del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. En consecuencia, por las razones antes expuestas, respecto de las autoridades y acto reclamado antes precisados, este Juzgador estima que se está en el supuesto que al efecto establece la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo; y, por lo tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, por inexistencia del acto reclamado a las autoridades antes indicadas. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y seis, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, materia común, con registro 917818, cuyo contenido es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan dicha negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************, respecto del acto y autoridades indicados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, en atención a las precisiones del último de éstos.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, solicita a este Juzgado de Distrito se habilite la vinculación electrónica del expediente en que se actúa, en atención a que en ese órgano jurisdiccional se promovió una demanda de amparo por ********************. En ese sentido, se comisiona a la oficial judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que vincule el expediente electrónico a efecto de que el Juzgado oficiante esté en posibilidad de consultar las constancias que requiera.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTRE QUEJOSA MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE 13 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1154/2021, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL14 DE FEBRERO DE 2023, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, trece de febrero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que las partes del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, por la cual, por una parte se sobreseyó y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo Federal al menor de identidad reservada de iniciales ****. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, resulta innecesario requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables, toda vez que, como se advierte de autos, por auto de diez de enero pasado, se tuvo por recibido el oficio de la apoderada legal del Instituto de Salud del Estado de México, por la cual informó que el menor quejoso de identidad reservada de iniciales *****, había sido inoculado con las dosis correspondientes de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el virus SARS-COV2 para la prevención de la COVID-19; por tanto, los efectos para los cuales fue concedido el amparo en el presente juicio constitucional, quedan satisfechos. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo recibidos en proveído de diez de enero pasado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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