Maribel Espinosa Miranda

Expediente 49/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
49/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Maribel Espinosa Miranda
  • Juez de Control del Estado de México, José Carmen Vilchis Ramón, Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, cinco de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, mediante el cual se declaró por cumplida la ejecutoria dentro del presente sumario constitucional; en consecuencia, se decreta que dicho auto ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18 de la normativa en cita, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva, lo que se determina de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso a), y por otro lado, el duplicado del incidente en cita es susceptible de destrucción una vez que cumplan seis meses después de la presente determinación, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a). Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los noventa días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será depurado el presente expediente y terminado dicho proceso, se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obran como anexos dos discos digitales que contienen las actuaciones aludidas en la carpeta administrativa 1336/2019; por tanto, mediante oficio devuélvanse los mismos para que sean glosados al juicio natural, solicitándose el acuse respectivo.

  2. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, once de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que el proveído de fecha veintitrés de noviembre del año en curso, mediante el cual, se calificó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo por parte de la autoridad responsable, no ha sido notificado a las partes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio constitucional, y se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique por medio de lista el auto antes mencionado. Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, el autorizado en términos amplios de la quejosa ****, realiza diversas manifestaciones desahogando la vista concedida en proveído de fecha trece de los actuales, a fin de manifestar lo que a los intereses de la quejosa convinieran, con relación a la forma en que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha veintisiete de febrero del año en curso; asimismo, solicita que no se tenga por cumplida la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, por parte de la autoridad responsable por las exposiciones hechas, solicitando ordenar al juez responsable funde y motive su resolución emitida en fecha nueve de noviembre de los corrientes. Ahora bien, toda vez que el autorizado de la quejosa realizó manifestaciones en el término concedido para tal efecto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: El auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de seis de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 1336/2019 del índice de la responsable. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintisiete de febrero de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los siguientes efectos: En las condiciones relatadas, lo procedente es conceder a la ahora quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente el acto reclamado y, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada; la cual podrá ser en el mismo sentido o diverso que la anterior, pero prescindiendo de las consideraciones vertidas por el Ministerio Público, a partir de su segunda intervención para formulación de la imputación, destacada en este considerando En ese sentido, en fecha veintiocho de octubre del año en curso, causó ejecutoria el fallo protector emitido en los autos del juicio de amparo en el que se actúa, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Asimismo, previa solicitud de prórroga por parte de la autoridad responsable para estar en aptitudes de dar cumplimiento a la ejecutoria, el trece de noviembre se tuvo por recibidos el oficio ** remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, registrados con el número de control interno 9224, mediante el cual, informó que dejo insubsistente el auto de vinculación de fecha seis de octubre de dos mil diecinueve, dictado en contra de la quejosa Maribel Espinosa Miranda por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de Extorsión Agravada, en agravio de víctima de identidad resguardada de iniciales J.D.J.L., y procedió a dictar una nueva determinación, en la que vinculo a proceso a la quejosa ***, e hizo del conocimiento a las partes el plazo que la ley les confiere para inconformarse contra tal determinación; asimismo, dejó subsistentes las medidas cautelares decretadas en contra de la impetrante de amparo, y autorizó un plazo de tres meses para que se llevará a cabo la investigación complementaria. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, dejo sin efectos el auto de vinculación a proceso de fecha seis de octubre del año dos mil diecinueve, y consecuentemente, dictó uno nuevo fundado y motivado con plenitud de jurisdicción. A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en las ejecutorias de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Hágase del conocimiento a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno. Finalmente, tocante a la solicitud del signante, en relación a que se le ordene la autoridad responsable para que funde y motive adecuadamente su nueva resolución, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en razón de que en párrafos que anteceden se tuvo por cumplida la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, y tocante a las manifestaciones vertidas, deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, toda vez que, sus manifestaciones están encaminadas a que el Juez responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, alegando que no fundamentó ni motivó el auto de vinculación dictado en la audiencia de fecha nueve de noviembre del año en curso; sin embargo, dichas circunstancias son materia de fondo del procedimiento penal que se sigue en contra de la quejosa, y en el presente juicio constitucional, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de regularizar las formalidades que exige la Ley Adjetiva en el procedimiento penal acusatorio; no obstante, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  3. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, el autorizado en términos amplios de la quejosa Maribel Espinosa Miranda, realiza diversas manifestaciones desahogando la vista concedida en proveído de fecha trece de los actuales, a fin de manifestar lo que a los intereses de la quejosa convinieran, con relación a la forma en que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha veintisiete de febrero del año en curso; asimismo, solicita que no se tenga por cumplida la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, por parte de la autoridad responsable por las exposiciones hechas, solicitando ordenar al juez responsable funde y motive su resolución emitida en fecha nueve de noviembre de los corrientes. Ahora bien, toda vez que el autorizado de la quejosa realizó manifestaciones en el término concedido para tal efecto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: El auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de seis de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 1336/2019 del índice de la responsable. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintisiete de febrero de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los siguientes efectos: "En las condiciones relatadas, lo procedente es conceder a la ahora quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente el acto reclamado y, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada; la cual podrá ser en el mismo sentido o diverso que la anterior, pero prescindiendo de las consideraciones vertidas por el Ministerio Público, a partir de su segunda intervención para formulación de la imputación, destacada en este considerando". En ese sentido, en fecha veintiocho de octubre del año en curso, causó ejecutoria el fallo protector emitido en los autos del juicio de amparo en el que se actúa, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Asimismo, previa solicitud de prórroga por parte de la autoridad responsable para estar en aptitudes de dar cumplimiento a la ejecutoria, el trece de noviembre se tuvo por recibidos el oficio 3012080P00/8915/2020, remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, registrados con el número de control interno 9224, mediante el cual, informó que dejo insubsistente el auto de vinculación de fecha seis de octubre de dos mil diecinueve, dictado en contra de la quejosa Maribel Espinosa Miranda por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de Extorsión Agravada, en agravio de víctima de identidad resguardada de iniciales J.D.J.L., y procedió a dictar una nueva determinación, en la que vinculo a proceso a la quejosa Espinosa Miranda, e hizo del conocimiento a las partes el plazo que la ley les confiere para inconformarse contra tal determinación; asimismo, dejó subsistentes las medidas cautelares decretadas en contra de la impetrante de amparo, y autorizó un plazo de tres meses para que se llevará a cabo la investigación complementaria. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, dejo sin efectos el auto de vinculación a proceso de fecha seis de octubre del año dos mil diecinueve, y consecuentemente, dictó uno nuevo fundado y motivado con plenitud de jurisdicción. A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en las ejecutorias de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno. Finalmente, tocante a la solicitud del signante, en relación a que se le ordene la autoridad responsable para que funde y motive adecuadamente su nueva resolución, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en razón de que en párrafos que anteceden se tuvo por cumplida la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, y tocante a las manifestaciones vertidas, deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, toda vez que, sus manifestaciones están encaminadas a que el Juez responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, alegando que no fundamentó ni motivó el auto de vinculación dictado en la audiencia de fecha nueve de noviembre del año en curso; sin embargo, dichas circunstancias son materia de fondo del procedimiento penal que se sigue en contra de la quejosa, y en el presente juicio constitucional, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de regularizar las formalidades que exige la Ley Adjetiva en el procedimiento penal acusatorio; no obstante, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  4. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México que emitió el acto reclamado dentro del presente juicio de amparo, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito en proveído de veintiocho de octubre del año en curso; asimismo, remite en disco versátil digital las constancias que acreditan el cumplimiento en cita. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Finalmente, toda vez que mediante auto de fecha cuatro de marzo del año en curso se ordenó girar exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para notificar personalmente a la quejosa la sentencia de veintisiete de febrero del año en curso, asimismo la requiriera para que al momento de la notificación señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir todo tipo de notificaciones; con el apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones aun las personales se practicarán por lista; en consecuencia, toda vez que la quejosa no señaló domicilio dentro de la plaza territorial que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, se hace efectivo el apercibimiento, y a partir de este momento, se ordena notificar por medio de listas, la presente y las subsecuentes actuaciones, incluso aquellas que tengan el carácter de personales. Lo anterior, hasta en tanto la quejosa señale domicilio procesal en esta ciudad.

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