Mariana Martínez Santos
Expediente 1857/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1857/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mariana Martínez Santos
- Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro
- Antonio Aguilar Martínez
Actuaciones
- Principal
MESA I A Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil quince (fojas 20 a 22), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Mariana Martínez Santos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
notificación por lista MESA I A Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil quince (fojas 20 a 22), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Mariana Martínez Santos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA VI B Vistos los presentes autos, así como la certificación de la secretaria, de la que aparece que el plazo de cinco días que se concedió al quejoso Fernando Galindo Celis, en resolución interlocutoria de veinte de agosto de dos mil quince (fojas 77 a 80), para que exhibiera la garantía que le fue fijada a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva del acto reclamado, feneció el treinta y uno de agosto del año en curso, y el plazo que en la misma resolución se le concedió al impetrante para que compareciera y acreditara su presentación ante el juez de la causa, feneció el uno de septiembre pasado; sin que hubiese exhibido el billete de depósito por la cantidad de dos mil pesos moneda nacional, ni acreditado ante este juzgado, sus presentaciones ante el juez de la causa para la continuación del proceso penal. En tales circunstancias, deja de surtir efectos la suspensión definitiva decretada en resolución interlocutoria de veinte de agosto de dos mil quince, por tanto, infórmese a las autoridades responsables, que quedan expeditas sus facultades para que ejecuten la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Fernando Galindo Celis; lo anterior para los efectos legales correspondientes.
- Principal
MESA I A Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mariana Martínez Santos, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1857/2015. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame sea materia de otro diverso juicio constitucional que esté pendiente de resolución (litispendencia), promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque por violaciones constitucionales diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia parte de la premisa de que el quejoso promueva un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, cuando previamente promovió un diverso juicio en el que existen las coincidencias mencionadas, y que éste se encuentre pendiente de resolución. La improcedencia por litispendencia se trata, entonces, de una institución jurídica que se apoya en los principios de unidad y economía procesal, así como en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, siempre y cuando la controversia anteriormente planteada se encuentre pendiente de resolución, ya sea en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos, exista identidad sustancial en los elementos del litigio planteado, es decir, en cuanto a sujetos, objeto y pretensión. En el caso, para demostrar la actualización de la litispendencia, conviene precisar que la demanda origen de este expediente fue promovida por Mariana Martínez Santos, el día de ayer (3 de diciembre de 2015, a las 22:35 horas), contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, que hizo consistir en: el acuerdo de doce de octubre de dos mil quince, por el que se fija la pensión alimenticia provisional a favor de los menores Víctor Manuel Aguilar Martínez y Antonio Aguilar Martínez; así como el acta de audiencia de once de noviembre de dos mil quince, en la que se decreta la guarda y custodia provisional de los citados menores a favor del actor Gerónimo Aguilar Pérez, emitidos en el expediente 215/2015. Actos reclamados y autoridad responsable que resultan los mismos que los señalados en el diverso juicio de amparo 1856/2015 del índice de este propio órgano jurisdiccional, promovido por la citada quejosa Mariana Martínez Santos, conforme a la certificación de cuenta, ordenándose agregar a autos las constancias relativas que justifiquen tal certificación, para ser invocadas como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y tesis XIII.3o.4 K, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2679, materia Común, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE." En efecto, de las constancias glosadas a los autos se advierte que en el aludido juicio de amparo (1856/2015), la quejosa en comento señaló como autoridad responsable, al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, y señaló como actos reclamados: el acuerdo de doce de octubre de dos mil quince, por el que se fija la pensión alimenticia provisional a favor de los menores Víctor Manuel Aguilar Martínez y Antonio Aguilar Martínez; así como el acta de audiencia de once de noviembre de dos mil quince, en la que se decreta la guarda y custodia provisional de los citados menores a favor del actor Gerónimo Aguilar Pérez, en el expediente 215/2015 o 205/2015, que mediante auto de esta fecha (4 de diciembre de 2015), se admitió a trámite la mencionada demanda de amparo y se señalaron las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de enero de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la audiencia constitucional. En este orden de ideas, resulta indiscutible concluir que los juicios de amparo 1856/2015 y 1857/2015 del índice de este órgano jurisdiccional, fueron promovidos por la misma quejosa, contra la misma autoridad responsable, y por los propios actos reclamados (la fijación de una pensión alimenticia y el otorgamiento de la guarda y custodia de dos menores en el expediente 215/2015 o 205/2015). De ahí que resulte evidente que al ser la misma amparista quien se duele en la presente instancia constitucional, de actos que serán motivo de estudio en el diverso juicio de amparo 1856/2015 del índice de este propio juzgado, mismo que se encuentra en trámite, pues fue admitido el día de hoy, y están fijadas las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de enero de dos mil dieciséis para que tenga lugar la audiencia constitucional, pone en evidencia que se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo, la determinación adoptada en la tesis VII.P. 83 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en la página 260, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de amparo que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; y por autorizada con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Samuel Pérez Acevedo, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y toda vez que las restantes personas no cumplen con ese requisito, se les tiene por autorizadas únicamente para recibir notificaciones, por ser el presente asunto en materia civil. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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