Mariana Martínez Santos

Expediente 1856/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1856/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
26/05/2016

Partes del expediente

  • Mariana Martínez Santos
  • Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro
  • Mariana Martínez Santos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes quejosa y tercera interesada hubieren hecho valer recurso alguno en contra de la resolución de veinticinco de abril del año en curso, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable. Previa copia certificada del acto reclamado que se deje en autos, devuélvanse a la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, las copias certificadas del expediente 215/2015 de su índice, que remitió como justificación a su informe, con las que se ordenó formar, por separado, los anexos I y II.

  2. Principal

    POR LISTA: MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna; procede analizar si el fallo ha quedado cumplido o no. Así, se tiene que mediante sentencia dictada el tres de marzo de dos mil dieciséis, por una parte, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a dicha quejosa, para el efecto de que la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, dejara sin efectos la resolución reclamada de doce de octubre de dos mil quince, y con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva determinación, en el mismo sentido o en uno diverso, empero, tomando como base las consideraciones aquí apuntadas, esto es, subsanar completamente los vicios formales señalados, que se hacen consistir en: "1.- Que la juez responsable justificara porqué llegó a la conclusión de que por el hecho de que la quejosa elaboraba tortillas, se traducía en una actividad económica que le generara ingresos suficientes que le hacen tener una capacidad de proporcionar como pensión alimenticia el equivalente a un salario mínimo y que ésta era la cantidad adecuada y proporcional que debía pagar la referida quejosa por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos; 2.- Con qué elementos de prueba se acredita lo anterior; 3.- En el particular, explicar por qué otorgó un salario mínimo a los acreedores alimentarios y si dicho monto es asequible para la quejosa, y si cumple con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 323 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, debiendo valorar la perspectiva de género, pues al resolver como lo hizo, dejó de observar que la supuesta actividad económica que tiene la quejosa (elaboración de tortillas) no es reconocida institucionalmente, ni equivale a un trabajo remunerado en el mercado laboral, lo cual la coloca en desventaja por condición de género. 4.- En caso de no tener elementos suficientes recabe pruebas de oficio y tome en cuenta las aportadas en autos para así resolver conforme a derecho. Por tanto, se estima necesario que la juez al resolver casos como el que aquí se estudia: Identifique si existen situaciones de poder que por cuestiones de género cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Cuestione los hechos y valore las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de que visualice las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. En caso de que el material probatorio que obre en autos no sea suficiente para aclarar las situaciones de vulnerabilidad o discriminación por razón de género, ordene de oficio las pruebas conducentes. De detectar alguna situación de desventaja por razón de género, cuestione la neutralidad del derecho aplicable y valore el impacto diferenciado de la solución propuesta para que busque una resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género. Aplique los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas. Considere que el método exige que evite, en todo momento el uso del lenguaje basado en estereotipo o prejuicios. Esto, a fin de que resuelva conforme a derecho las cuestiones que ante ella se presenten, atendiendo siempre a la perspectiva de género que debe prevalecer en toda resolución jurisdiccional en las que se involucren posibles casos de desigualdad y vulnerabilidad por condiciones de género. Mediante acuerdo de siete de abril de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a las autoridades responsables su debido cumplimiento. En acatamiento al fallo protector, la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, mediante oficio 943/2016, de doce de abril de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del acuerdo de ocho de abril del año en curso, emitido en el expediente 215/2015 de su índice, en el que: Dejó sin efecto el auto de dos de octubre de dos mil quince. 2. En relación al pago de la pensión alimenticia provisional que solicitó el actor Gerónimo Aguilar Pérez a favor de sus menores hijos Víctor Manuel y Antonio, ambos de apellidos Aguilar Martínez, indicó que debe tomarse en cuenta el principio de proporcionalidad y equidad que establece el numeral 323 del Código Civil vigente en el Estado de Oaxaca, y en cuanto a la capacidad económica de la demandada Mariana Martínez Santos para proporcionar a su vez una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, advierte que de las constancias de autos no se acredita con elemento probatorio alguno el monto de los ingresos de la deudora alimentaria, la frecuencia con la que los obtiene o que la actividad económica que desempeña sea suficiente para garantizar su propia subsistencia y contribuir con la de sus menores hijos. Es así, dado que el actor no aportó elemento probatorio alguno para fundamentar tal petición, y si bien, la demandada al proporcionar sus generales en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, manifestó tener como ocupación la elaboración de tortillas, lo cierto es que, al observarse que dicha actividad económica no se encuentra reconocida institucionalmente y no equivale a un trabajo remunerado en el mercado laboral; coloca a la demandada en desventaja por condición de género, lo que exige valorar las circunstancias especiales del caso con perspectiva de género y considerar las capacidades y cualidades individuales de la deudora alimentaria, máxime que la anterior manifestación en relación a su oficio se contradice con las demás que ha vertido la demandada, pues en su escrito de contestación de demanda indica que se dedica a las labores del hogar y que tiene problemas de salud, pues padece de artritis reumatoide, por lo cual tiene que llevar un tratamiento médico de por vida, y exhibe un certificado médico, en el que se indica que ésta se encuentra en tratamiento médico por el servicio de reumatología por padecer artritis reumatoide, desde hace aproximadamente diez años; así también, exhibe la documental privada consistente en el certificado médico expedido por una reumatóloga internista; documentales que no obstante, no generan convicción por tratarse de documentales privadas. Por lo que, ahora concluyó que es necesario allegarse de elementos probatorios suficientes para determinar en forma fehaciente si la demandada está en condiciones físicas de generarse un ingreso, el monto posible de ingreso, la frecuencia con la que lo obtiene o que la actividad económica que refiere desempeña sea suficiente para garantizar su propia subsistencia y contribuir con la de sus menores hijos, máxime que la misma no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza. De ahí que para allegarse de los elementos suficientes para determinar si la deudora alimentista está en condiciones físicas de generarse un ingreso, el monto posible del mismo, y la frecuencia con la que lo obtiene o que la actividad económica que refiere desempeña sea suficiente para garantizar su propia subsistencia y contribuir con la de sus menores hijos e individualizar así el caso en particular, de oficio, ordenó recabar las siguientes pruebas: 1) la de estudio socioeconómico; 2) la pericial médica; 3) la de informes, a cargo del Presidente Municipal de San Agustín Yatareni, Centro, Oaxaca, y la Doctora Reumatóloga Internista Imelda García Olivera; y desahogadas las referidas pruebas, acordará lo que en derecho proceda respecto a determinar el pago de una pensión alimenticia provisional por parte de la demandada Mariana Martínez Santos a favor de sus menores hijos. En tales condiciones, ya que la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, dejó sin efectos la resolución reclamada, y con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva determinación, en la que, tomando como base las consideraciones apuntadas en la sentencia, ahora concluye que en autos no existen medios de prueba suficientes para determinar si la deudora alimentista está en condiciones físicas de generarse un ingreso, el monto posible del mismo, y la frecuencia con la que lo obtiene o que la actividad económica que refiere desempeña sea suficiente para garantizar su propia subsistencia y contribuir con la de sus menores hijos e individualizar así el caso en particular, de ahí que para allegarse de los elementos suficientes, de oficio, ordenó recabar diversas pruebas, indicando que una vez desahogadas éstas, acordará lo que en derecho proceda respecto a determinar el pago de una pensión alimenticia provisional por parte de la demandada Mariana Martínez Santos a favor de sus menores hijos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna; procede analizar si el fallo ha quedado cumplido o no. Así, se tiene que mediante sentencia dictada el tres de marzo de dos mil dieciséis, por una parte, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a dicha quejosa, para el efecto de que la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, dejara sin efectos la resolución reclamada de doce de octubre de dos mil quince, y con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva determinación, en el mismo sentido o en uno diverso, empero, tomando como base las consideraciones aquí apuntadas, esto es, subsanar completamente los vicios formales señalados, que se hacen consistir en: "1.- Que la juez responsable justificara porqué llegó a la conclusión de que por el hecho de que la quejosa elaboraba tortillas, se traducía en una actividad económica que le generara ingresos suficientes que le hacen tener una capacidad de proporcionar como pensión alimenticia el equivalente a un salario mínimo y que ésta era la cantidad adecuada y proporcional que debía pagar la referida quejosa por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos; 2.- Con qué elementos de prueba se acredita lo anterior; 3.- En el particular, explicar por qué otorgó un salario mínimo a los acreedores alimentarios y si dicho monto es asequible para la quejosa, y si cumple con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 323 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, debiendo valorar la perspectiva de género, pues al resolver como lo hizo, dejó de observar que la supuesta actividad económica que tiene la quejosa (elaboración de tortillas) no es reconocida institucionalmente, ni equivale a un trabajo remunerado en el mercado laboral, lo cual la coloca en desventaja por condición de género. 4.- En caso de no tener elementos suficientes recabe pruebas de oficio y tome en cuenta las aportadas en autos para así resolver conforme a derecho. Por tanto, se estima necesario que la juez al resolver casos como el que aquí se estudia: Identifique si existen situaciones de poder que por cuestiones de género cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Cuestione los hechos y valore las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de que visualice las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. En caso de que el material probatorio que obre en autos no sea suficiente para aclarar las situaciones de vulnerabilidad o discriminación por razón de género, ordene de oficio las pruebas conducentes. De detectar alguna situación de desventaja por razón de género, cuestione la neutralidad del derecho aplicable y valore el impacto diferenciado de la solución propuesta para que busque una resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género. Aplique los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas. Considere que el método exige que evite, en todo momento el uso del lenguaje basado en estereotipo o prejuicios. Esto, a fin de que resuelva conforme a derecho las cuestiones que ante ella se presenten, atendiendo siempre a la perspectiva de género que debe prevalecer en toda resolución jurisdiccional en las que se involucren posibles casos de desigualdad y vulnerabilidad por condiciones de género. Mediante acuerdo de siete de abril de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a las autoridades responsables su debido cumplimiento. En acatamiento al fallo protector, la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, mediante oficio 943/2016, de doce de abril de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del acuerdo de ocho de abril del año en curso, emitido en el expediente 215/2015 de su índice, en el que: Dejó sin efecto el auto de dos de octubre de dos mil quince. 2. En relación al pago de la pensión alimenticia provisional que solicitó el actor Gerónimo Aguilar Pérez a favor de sus menores hijos Víctor Manuel y Antonio, ambos de apellidos Aguilar Martínez, indicó que debe tomarse en cuenta el principio de proporcionalidad y equidad que establece el numeral 323 del Código Civil vigente en el Estado de Oaxaca, y en cuanto a la capacidad económica de la demandada Mariana Martínez Santos para proporcionar a su vez una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, advierte que de las constancias de autos no se acredita con elemento probatorio alguno el monto de los ingresos de la deudora alimentaria, la frecuencia con la que los obtiene o que la actividad económica que desempeña sea suficiente para garantizar su propia subsistencia y contribuir con la de sus menores hijos. Es así, dado que el actor no aportó elemento probatorio alguno para fundamentar tal petición, y si bien, la demandada al proporcionar sus generales en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, manifestó tener como ocupación la elaboración de tortillas, lo cierto es que, al observarse que dicha actividad económica no se encuentra reconocida institucionalmente y no equivale a un trabajo remunerado en el mercado laboral; coloca a la demandada en desventaja por condición de género, lo que exige valorar las circunstancias especiales del caso con perspectiva de género y considerar las capacidades y cualidades individuales de la deudora alimentaria, máxime que la anterior manifestación en relación a su oficio se contradice con las demás que ha vertido la demandada, pues en su escrito de contestación de demanda indica que se dedica a las labores del hogar y que tiene problemas de salud, pues padece de artritis reumatoide, por lo cual tiene que llevar un tratamiento médico de por vida, y exhibe un certificado médico, en el que se indica que ésta se encuentra en tratamiento médico por el servicio de reumatología por padecer artritis reumatoide, desde hace aproximadamente diez años; así también, exhibe la documental privada consistente en el certificado médico expedido por una reumatóloga internista; documentales que no obstante, no generan convicción por tratarse de documentales privadas. Por lo que, ahora concluyó que es necesario allegarse de elementos probatorios suficientes para determinar en forma fehaciente si la demandada está en condiciones físicas de generarse un ingreso, el monto posible de ingreso, la frecuencia con la que lo obtiene o que la actividad económica que refiere desempeña sea suficiente para garantizar su propia subsistencia y contribuir con la de sus menores hijos, máxime que la misma no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza. De ahí que para allegarse de los elementos suficientes para determinar si la deudora alimentista está en condiciones físicas de generarse un ingreso, el monto posible del mismo, y la frecuencia con la que lo obtiene o que la actividad económica que refiere desempeña sea suficiente para garantizar su propia subsistencia y contribuir con la de sus menores hijos e individualizar así el caso en particular, de oficio, ordenó recabar las siguientes pruebas: 1) la de estudio socioeconómico; 2) la pericial médica; 3) la de informes, a cargo del Presidente Municipal de San Agustín Yatareni, Centro, Oaxaca, y la Doctora Reumatóloga Internista Imelda García Olivera; y desahogadas las referidas pruebas, acordará lo que en derecho proceda respecto a determinar el pago de una pensión alimenticia provisional por parte de la demandada Mariana Martínez Santos a favor de sus menores hijos. En tales condiciones, ya que la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, dejó sin efectos la resolución reclamada, y con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva determinación, en la que, tomando como base las consideraciones apuntadas en la sentencia, ahora concluye que en autos no existen medios de prueba suficientes para determinar si la deudora alimentista está en condiciones físicas de generarse un ingreso, el monto posible del mismo, y la frecuencia con la que lo obtiene o que la actividad económica que refiere desempeña sea suficiente para garantizar su propia subsistencia y contribuir con la de sus menores hijos e individualizar así el caso en particular, de ahí que para allegarse de los elementos suficientes, de oficio, ordenó recabar diversas pruebas, indicando que una vez desahogadas éstas, acordará lo que en derecho proceda respecto a determinar el pago de una pensión alimenticia provisional por parte de la demandada Mariana Martínez Santos a favor de sus menores hijos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil dieciséis. De los autos se advierte que se negó la medida cautelar solicitada por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

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