MARIANA CRUZ AVILA y Otros.

Expediente 501/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
501/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/05/2018

Partes del expediente

  • MARIANA CRUZ AVILA y Otros.
  • ELIUD SANTIAGO CRUZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo promovida por ....fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 501/2018. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la parte quejosa reclama de manera destacada el Acuerdo de la Sesión Extraordinaria de trece de marzo de dos mil diecisiete, por el que se nombra a Raúl Bolaños Cacho Guzmán, como Magistrado y Presidente Interino del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; y del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y, Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, la conducta omisiva de verificar y como consecuencia anular el procedimiento de designación de Raúl Bolaños Cacho Guzmán, como Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ya que al momento de la designación tenían conocimiento, por ser un hecho notorio inherente a sus funciones que no había vacante de magistrado que aquél pudiera ocupar. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En vinculación con lo anterior, es de señalarse que el precepto 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, y en términos de su precepto 18 ese plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y extracto: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Con esas directrices, a fin de demostrar que respecto del acto reclamado en este juicio de amparo, operó la causal de improcedencia referida, es menester traer a colación que este juicio de amparo fue promovido por MARIANA CRUZ AVILA, ELIUD SANTIAGO CRUZ, CARMELO GUZMÁN RODRÍGUEZ, SILBIA GARCÍA BAZÁN, JUANA MANUEL CRUZ y MARIO GUZMÁN MANUEL, quienes reclamaron sustancialmente, el Acuerdo de la Sesión Extraordinaria de trece de marzo de dos mil diecisiete, por el que se nombra a Raúl Bolaños Cacho Guzmán, como Magistrado y Presidente Interino del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; y del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y, Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, la conducta omisiva de verificar y como consecuencia anular el procedimiento de designación de Raúl Bolaños Cacho Guzmán, como Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ya que al momento de la designación tenían conocimiento, por ser un hecho notorio inherente a sus funciones que no había vacante de magistrado que aquél pudiera ocupar. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que los quejosos indican que tuvieron conocimiento de los actos reclamados a partir del once de abril del dos mil dieciocho, cuando salieron varias notas en diversos medios de información como el periódico "Despertar de Oaxaca" y vía internet, lo cual es una confesión expresa de la parte quejosa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haberla realizado de manera clara al formular su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad. Da sustento a la decisión aquí adoptada la jurisprudencia P./J 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ese dato, queda de manifiesto que, en la especie se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b), -Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución-; toda vez que los quejosos refieren que a partir del once de abril de dos mil dieciocho, por notas en medios de comunicación como el periódico "Despertar de Oaxaca", y vía internet, hacían del conocimiento de la ilegalidad del nombramiento Raúl Bolaños Cacho Guzmán, como Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia; en consecuencia de ello, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó el doce de abril y concluyó el tres de mayo de dos mil dieciocho, excluyéndose de tal término los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia, y que consisten en los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de abril de dos mil dieciocho, correspondientes a sábados y domingos, así como el uno de mayo del citado año. Por tanto, si el escrito de demanda fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, indefectiblemente pone de manifiesto que la demanda constitucional se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que su presentación es extemporánea. Sin que pase inadvertido que los quejosos señalen que el acto reclamado es de tracto sucesivo y que la violación existe desde el primer momento en que se dio hasta la fecha; ya que la circunstancia de que un acto sea de tracto sucesivo, no implica que se pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, pues como se estableció con anterioridad, para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente los actos reclamados. De igual manera, tampoco hace procedente la demanda la circunstancia de que los quejosos señalen una conducta omisiva de las responsables, ya que la misma se colmó al momento de la designación reclamada -de lo que tuvieron conocimiento el once de abril de dos mil dieciocho-. Es así, toda vez que los quejosos atribuyen la conducta omisiva, ya que señalan que las responsables debieron verificar y anular el procedimiento de designación, ya que tenían conocimiento por ser un hecho notorio inherente a sus funciones, que no había vacante de magistrado que aquél pudiera ocupar, no obstante ello, se procedió a la designación del magistrado de que se trata. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, como lo indican los quejosos, se tiene como representante común a MARIANA CRUZ AVILA. Toda vez que los quejosos señalan como domicilio para recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícense sus notificaciones, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado. Se autoriza a las partes para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Finalmente, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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