Mariana Lizbeth de la Rosa Alvarado

Expediente 1074/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1074/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Mariana Lizbeth de la Rosa Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    NO ATENDIO AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y el original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, por haberse negado la protección constitucional. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente los documentos originales que fueron aportados por el tercero interesado, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado, remitió un tomo de pruebas, el cual resulta innecesario conservar al haber quedado firme la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen y solicítese de la manera más atenta, el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y el original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, por haberse negado la protección constitucional. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente los documentos originales que fueron aportados por el tercero interesado, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado, remitió un tomo de pruebas, el cual resulta innecesario conservar al haber quedado firme la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen y solicítese de la manera más atenta, el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese, y personalmente al tercero interesado.

  3. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y el original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, por haberse negado la protección constitucional. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente los documentos originales que fueron aportados por el tercero interesado, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado, remitió un tomo de pruebas, el cual resulta innecesario conservar al haber quedado firme la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen y solicítese de la manera más atenta, el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese, y personalmente al tercero interesado.

  4. Principal

    Vistos, para dictar sentencia...SÉPTIMO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En el concepto de violación marcado como primero, la quejosa señala que la autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no fundó ni motivó el acto reclamado, al decretar una convivencia provisional sin antes escuchar a la menor de iniciales M.S. de la R., ni darle la oportunidad de ofrecer pruebas. Lo expuesto a ese respecto resulta ineficaz, ya que, contrario a lo que indica la quejosa, la resolución reclamada sí se encuentra fundada y motivada, por lo que no existe transgresión a las garantías de legalidad y seguridad jurídica en torno a ese aspecto. En efecto, por fundamentación se debe entender la cita del precepto o preceptos legales que soportan la emisión de un acto; y la motivación implica adecuar lo establecido en los artículos invocados al sentido del acto que se emite, lo que debe realizarse a través de la exposición de los razonamientos que conducen a la autoridad a tomar su decisión y respaldarla en la ley. Se corroboran estos conceptos con lo dispuesto en la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Precisado lo anterior, se tiene que la responsable sí fundó su actuar, pues de la resolución reclamada se advierte que la sustentó en los numerales 1, 4 y 135 constitucionales, 44 y 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y el diverso 345 del Código Civil para el Estado de Veracruz, cumpliendo así con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, con la cita de los preceptos legales aplicables al caso. Máxime que esos preceptos sí son aplicables a la litis, pues hacen referencia al derecho que tiene los menores de convivir con su familiar y la fijación de una medida atendiendo al interés superior de menor, así como a las medidas de apremio en caso de no cumplir con una orden judicial. Por cuanto hace a la motivación, el juez responsable expuso, en la propia determinación combatida, que al tratarse de derechos de menores que se encuentran debatidos en un procedimiento judicial, era conveniente fijar una convivencia provisional con el progenitor no custodio los días sábados de cada semana de las diez a las diecinueve horas, fuera del domicilio de la menor. Así, se observa que el juzgador natural analizó las circunstancias del caso y expuso los motivos que tuvo para decretar la convivencia provisional, cumpliendo así con la obligación constitucional de motivar la causa legal del procedimiento; y expresó los fundamentos legales que se aprecian de la propia resolución impugnada, de ahí lo infundado en este concepto de violación que se analiza, relativo a la fundamentación y motivación. Por otro lado, resultan ineficaces los argumentos identificados como primero y tercero, tendentes a evidenciar que la resolución reclamada es violatoria de garantías, por haberse decretado la convivencia provisional, sin escuchar a los menores ni permitir el ofrecimiento de pruebas. La referida ineficacia deriva de que, conforme a las circunstancias del asunto que nos ocupa, de retrasar la convivencia provisional hasta en tanto se escuchara a la menor de edad o se ofrecieran pruebas, se le privaría del derecho de convivir con su progenitor no custodio, sin que existan elementos que hagan presumir un peligro para la citada menor de edad. En efecto, el derecho de los menores de participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, en donde pueden ser escuchados y ofrecer pruebas, al ser reconocidos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus garantías y, a la vez, permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. Lo anterior ha quedado plasmado en la jurisprudencia por reiteración ... de texto y rubro siguientes: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional". Sin embargo, el derecho del menor de ser escuchado no puede aplicarse de manera irrestricta en todos los supuestos, sino que atendiendo a cada caso en concreto, el juzgador debe analizar las circunstancias del asunto y el interés superior del menor, para determinar cuándo es procedente decretar un régimen de convivencia provisional, incluso antes de otorgar la garantía de audiencia previa al menor de edad. Es así, pues las medidas provisionales se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias, y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere necesarios, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Al respecto se invoca como apoyo la jurisprudencia P./J. 21/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, página 18, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." En el caso, de las constancias del juicio de origen se advierte que la autoridad responsable, al radicar el juicio civil y admitirlo, también decretó una convivencia provisional entre la infante y su progenitor no custodio, los sábados de cada semana, de las diez a las diecinueve horas, fuera del domicilio en el que se encontraba la niña. En el concepto de violación en estudio, la quejosa manifiesta que la autoridad responsable viola en su perjuicio la garantía de audiencia previa, porque al decretarse la convivencia provisional no se escuchó a la menor de iniciales M.S. de la R., ni se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas. Empero, se reitera, ello resulta jurídicamente ineficaz, porque atendiendo a las circunstancias del asunto imperantes hasta ese momento procesal, retrasar la convivencia provisional y esperar a escuchar a la menor de edad o el ofrecimiento de pruebas, la privaría del derecho de convivir con su progenitor no custodio, sin que existan elementos que hagan presumir un peligro para la niña. En efecto, la decisión asumida por el juez responsable de decretar provisionalmente un régimen de convivencia de la menor con su padre, es legalmente correcta, porque los datos con los que hasta ese momento contaba eran únicamente los expresados en la demanda inicial, en donde el actor manifestó que la menor de iniciales M.S. de la R., cuenta con ocho años de edad, que los progenitores tuvieron problemas económicos y que la madre dejó el domicilio familiar y regresó a vivir con sus padres; que por acuerdo verbal el padre daba alimentos, la madre permitía la convivencia con la menor de manera normal, durante varios meses; pero cuando se enteró la madre de que el padre progenitor no custodio tenía novia, dejó de permitir la convivencia con la menor. Con ello quedó evidenciado, en ese momento procesal, que la menor contaba con ocho años, la madre tenía la custodia de hecho de la menor; que se encontraba separada del padre de la niña; que la menor y el padre vivían en diferentes domicilios; y que anteriormente se les permitía convivir. De ahí que si bien existe conflicto entre la madre y el padre, se estima legal la decisión del juez natural de establecer un régimen de convivencia provisional, aun sin otorgar la previa audiencia a la menor, dado el momento procesal en que se encontraba, pues no se advierte que con la misma se le cause un daño físico o psicológico, además de que la niña tiene derecho a convivir su padre, con lo que se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre la menor y el progenitor no custodio. Así, al decretarse el citado régimen de convivencia provisional, el juez responsable atendió al principio de interés superior de la menor, pues independiente del derecho de ser escuchada, consideró lo narrado en la demanda, de la cual sólo advirtió un conflicto entre los progenitores, que no debía repercutir en el derecho de convivir con su padre no custodio, y a que anteriormente se venía llevando la convivencia de manera normal, pero por problemas de pareja ya no se le permitía. No pasa inadvertido el contenido del artículo 144 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en el que se establece lo siguiente: "Artículo 144. Desde que se solicita la nulidad del matrimonio o el divorcio incausado, y mientras dure el procedimiento se dictarán las medidas provisionales pertinentes, según corresponda y de acuerdo con las disposiciones siguientes:VII. El órgano jurisdiccional resolverá las modalidades del derecho de visita o convivencia, teniendo presente el interés superior de las hijas e hijos, quienes serán escuchados tomando en cuenta su edad, así como su facilidad de comunicación y expresión." Disposición normativa de la que se obtiene que en los procedimientos que se reclamen prestaciones de índole familiar, se dictarán las medidas provisionales y el órgano jurisdiccional, para resolver la modalidad del derecho de visita o convivencia, debe escuchar al menor. Sin embargo, dicho precepto se refiere a la modalidad del derecho de visita, esto es, a cuando el juzgador requiera conocer elementos o factores para discernir qué modalidad es la conveniente para el menor o si las partes la controvierten. Empero, si de autos no se advierte que exista una controversia en la modalidad del régimen de visita, sino sólo un conflicto entre los padres, la convivencia decretada por el juez natural es acorde a las circunstancias del caso, pues se estima en ese supuesto no resultaba estrictamente necesario escuchar a la menor para verificar la modalidad, pues no se observa que se le cause un daño físico o psicológico con el régimen de convivencia decretado los días sábados de cada semana. Considerar lo contrario implicaría permitir que aun cuando no exista controversia en la modalidad de la convivencia, o prueba de que se cause un daño al menor con el régimen de convivencia provisional, se retrasara el derecho de convivir con sus padres y el aseguramiento de la continuidad de las relaciones personales de la menor en un entorno familiar. En lo conducente, se invoca como apoyo, por similitud jurídica, la jurisprudencia ... que dice: "MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo con posterioridad." También se invoca como apoyo, la tesis ........, que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados." Igualmente se invoca la tesis ....de rubro y texto siguientes: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA PROVISIONAL EN LOS JUICIOS QUE VERSAN ÚNICAMENTE SOBRE ALIMENTOS. BASTA LA SOLICITUD DEL PADRE NO CUSTODIO, PARA QUE EL JUEZ LA DECRETE (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). De conformidad con el código citado, en términos generales, en los juicios de alimentos no resulta admisible que las partes o el Juez varíen la pretensión de la litis en el juicio una vez que ésta se fija; sin embargo, tratándose específicamente del régimen de convivencia provisional, de acuerdo con los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que define el interés superior del menor, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve; y 24 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (abrogada), basta la solicitud del progenitor no custodio para convivir con su menor hijo, para que el juzgador provea provisionalmente respecto de ese derecho fundamental del menor, si no existe impedimento legal alguno. Sin que ello signifique prejuzgar sobre la convivencia definitiva, pues ésta deberá demandarse en un juicio autónomo, por quien se considere afectado, toda vez que la excepción a la regla de la litis en el juicio de alimentos, opera sólo respecto del régimen de convivencia provisional". Por otro lado, en los conceptos de violación primero, tercero y cuarto, la quejosa formula argumentos tendentes a evidenciar que el auto que decretó la convivencia de la menor con su padre no custodio, infringe el derecho a la salud y el interés superior de la menor, porque pone en riesgo la integridad de la niña debido a la actual pandemia, porque las medidas de seguridad sanitarias siguen vigentes, por lo que exponer a la menor fuera de su domicilio y trasladarla a otro lugar pone en peligro su salud, ya que no se tiene la certeza de que el padre no custodio tome las debidas precauciones. Agrega que el acto reclamado le causa un daño, ya que se debió establecer un lugar determinado en el que deba darse la convivencia, para que tenga la certeza de que la menor va encontrarse bajo las medidas sanitarias pertinentes; y que la juez fue omisa en analizar las cuestiones de salud que imperan a nivel mundial, y que obligan a establecer las medidas de sanidad para el bienestar de la niña, sin observar los medios tecnológicos para mantener comunicación, y de esta manera proteger el derecho a la salud de la citada menor de edad. Lo expuesto a ese respecto resulta ineficaz, porque la circunstancia de que exista la pandemia por el virus Sars Covid-19, en donde se deben tomar medidas sanitarias para impedir el contagio, no implica por sí solo que el padre no tomará las debidas precauciones y que por ello la convivencia deba llevarse en un centro especial o mediante medios electrónicos; esto es, las meras manifestaciones de la madre, de que no existe certeza de que el padre va a cumplir con las medidas de seguridad sanitarias al momento de convivir con la menor, son insuficientes para conceder el amparo y ordenar a la responsable modificar la modalidad del régimen de convivencia, pues por el contrario, atendiendo a las circunstancias del caso, se advierte que el padre manifestó que desde diciembre de dos mil diecinueve, fecha en que ya se encontraba el fenómeno de la pandemia por el virus Sars Covid-19, venía conviviendo normalmente con la menor; por tanto, fue correcto que el juez natural haya decretado un régimen de visita presencial los días sábados de cada semana, de las diez horas a las diecinueve horas, fuera del domicilio en el que se encuentra la niña, pues no se advierte que el padre no custodio, tenga alguna limitación para cumplir con las medidas sanitarias por el virus Sars Covid-19, o que por el conflicto familiar se deba llevar el régimen de visita en un centro especial o de manera virtual. En ese contexto, se destaca que, hasta ese momento procesal, la responsable actuó correctamente en fijar un régimen de convivencia provisional de la menor con su padre de manera presencial, al no observarse datos que hagan presumir peligro en su salud física o emocional. Cobra aplicación la tesis 1a. CCCVIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1063, que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial." Con lo anterior no se deja en estado de indefensión a la menor, porque respecto del régimen de convivencia provisional, las partes están facultadas para, de acreditarse un riesgo para la referida menor, solicitar su modificación, de cambiar las circunstancias existentes al momento de emitir el auto inicial, como lo establece el artículo 58, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles parta el Estado de Veracruz, que dice: "Artículo 58. Los tribunales no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas, salvo en los siguientes casos: II.- Las resoluciones dictadas con el carácter de provisionales y las resoluciones dictadas en los juicios de alimentos; en los que versen sobre el ejercicio, pérdida o suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente." Del precepto anterior se obtiene que los tribunales no podrán variar sus resoluciones, con excepción de las de carácter provisional, cuando se adviertan cambios en las circunstancias que afecten las determinaciones iniciales. Al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado. Finalmente, no pasa inadvertido el escrito de alegatos formulados por el tercero interesado; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las citadas partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". .... Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA a *********, contra el acto reclamado del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Decimocuarto Distrito Judicial, con residencia en Córdoba, Veracruz, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. .... Notifíquese, de manera electrónica a la parte quejosa, personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista a la parte tercero interesada y por oficio a la autoridad responsable

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