Mariana Hernández Bautista
Expediente 1110/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1110/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mariana Hernández Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la reproducción del disco de audio y video derivado del proceso penal 256/2021, remitido por el licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control, Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz, se advierte que mediante resolución de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de vinculación emitido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, contra los aquí quejosos, en el proceso penal 256/2021, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones (minuto 00:35, continuación de la audiencia). Luego, en esa misma fecha, siguiendo los lineamientos trazados en el fallo protector, dio contestación a los alegatos formulados por la defensa y a la solicitud que realizó contra la imputación que efectuó el fiscal, en la continuación de la audiencia inicial (minuto 16:50, continuación de la audiencia), consistentes en: Que el fiscal al momento de investigar e integrar la carpeta de investigación no le dio la oportunidad a los imputados a ofrecer sus datos de pruebas (minuto 17:12, continuación de la audiencia). Que si bien existe el informe rendido por Jesús Graciano Romero Lara, encargado de la "Funeraria la Paz", con ello sólo se acredita el servicio funerario y el pago, pero perdió de vista que las demás partes manifestaron que hubo un altercado o agresiones, por la urna con los restos del de cujus, y que se llamó a la Policía Municipal, sin embargo, ese hecho no fue acreditado en la carpeta de investigación (minuto 18:59, continuación de la audiencia). Que en relación con lo anterior solicitó, en la ampliación del plazo constitucional, el informe de dicha policía municipal para demostrar que no hubo un aviso por agresiones el día del evento criminoso en las instalaciones de la funeraria (minuto 21:20, continuación de la audiencia) Que no existió un equilibrio procesal por parte del fiscal, al integrar la carpeta de investigación, porque fue unilateral, no coadyuvó con el defensor del imputado para ofrecer datos de pruebas, pues sólo recabó la pericial en psicología de la ofendida (minuto 23:07, continuación de la audiencia) Que en la carpeta de investigación sólo está agregado el informe rendido por Jesús Graciano Romero Lara, encargado de la "Funeraria la Paz", pero no está ratificado (minuto 24:46, continuación de la audiencia). Luego, tomando en cuenta los elementos de pruebas aportados por la Fiscalía, los datos y medios de convicción; así como los argumentos formuladas por la defensa, con plenitud de jurisdicción dictó auto de vinculación a proceso en contra de Mariana Hernández Bautista, Sebastián Hernández Bautista y Gabriela Bautista Peregrina, por su probable participación en la comisión del ilícito de violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones. En consecuencia, se estima que la sentencia de amparo se acató en sus términos. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, dado que la autoridad en mención cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el expediente principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el juicio de amparo una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno ORIGINAL del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, ya que se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al DUPLICADO del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, se ordena devolver a los licenciados Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez y Urbino Alcaraz García, Jueces del Juzgado de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial de Orizaba, los discos de audio y video, así como un tomo de pruebas relativos al proceso penal 256/2021; al resultar innecesaria su conservación; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese; por lista de acuerdos a la parte quejosa, personalmente al tercero interesado, y por oficio a la autoridad que tiene el carácter de tercero.
- Principal
Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la reproducción del disco de audio y video derivado del proceso penal 256/2021, remitido por el licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control, Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz, se advierte que mediante resolución de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de vinculación emitido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, contra los aquí quejosos, en el proceso penal 256/2021, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones (minuto 00:35, continuación de la audiencia). Luego, en esa misma fecha, siguiendo los lineamientos trazados en el fallo protector, dio contestación a los alegatos formulados por la defensa y a la solicitud que realizó contra la imputación que efectuó el fiscal, en la continuación de la audiencia inicial (minuto 16:50, continuación de la audiencia), consistentes en: Que el fiscal al momento de investigar e integrar la carpeta de investigación no le dio la oportunidad a los imputados a ofrecer sus datos de pruebas (minuto 17:12, continuación de la audiencia). Que si bien existe el informe rendido por Jesús Graciano Romero Lara, encargado de la "Funeraria la Paz", con ello sólo se acredita el servicio funerario y el pago, pero perdió de vista que las demás partes manifestaron que hubo un altercado o agresiones, por la urna con los restos del de cujus, y que se llamó a la Policía Municipal, sin embargo, ese hecho no fue acreditado en la carpeta de investigación (minuto 18:59, continuación de la audiencia). Que en relación con lo anterior solicitó, en la ampliación del plazo constitucional, el informe de dicha policía municipal para demostrar que no hubo un aviso por agresiones el día del evento criminoso en las instalaciones de la funeraria (minuto 21:20, continuación de la audiencia) Que no existió un equilibrio procesal por parte del fiscal, al integrar la carpeta de investigación, porque fue unilateral, no coadyuvó con el defensor del imputado para ofrecer datos de pruebas, pues sólo recabó la pericial en psicología de la ofendida (minuto 23:07, continuación de la audiencia) Que en la carpeta de investigación sólo está agregado el informe rendido por Jesús Graciano Romero Lara, encargado de la "Funeraria la Paz", pero no está ratificado (minuto 24:46, continuación de la audiencia). Luego, tomando en cuenta los elementos de pruebas aportados por la Fiscalía, los datos y medios de convicción; así como los argumentos formuladas por la defensa, con plenitud de jurisdicción dictó auto de vinculación a proceso en contra de Mariana Hernández Bautista, Sebastián Hernández Bautista y Gabriela Bautista Peregrina, por su probable participación en la comisión del ilícito de violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones. En consecuencia, se estima que la sentencia de amparo se acató en sus términos. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, dado que la autoridad en mención cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el expediente principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el juicio de amparo una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno ORIGINAL del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, ya que se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al DUPLICADO del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, se ordena devolver a los licenciados Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez y Urbino Alcaraz García, Jueces del Juzgado de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial de Orizaba, los discos de audio y video, así como un tomo de pruebas relativos al proceso penal 256/2021; al resultar innecesaria su conservación; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese; por lista de acuerdos a la parte quejosa, personalmente al tercero interesado, y por oficio a la autoridad que tiene el carácter de tercero.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO QUE DICE Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la reproducción del disco de audio y video derivado del proceso penal 256/2021, remitido por el licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control, Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz, se advierte que mediante resolución de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de vinculación emitido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, contra los aquí quejosos, en el proceso penal 256/2021, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones (minuto 00:35, continuación de la audiencia). Luego, en esa misma fecha, siguiendo los lineamientos trazados en el fallo protector, dio contestación a los alegatos formulados por la defensa y a la solicitud que realizó contra la imputación que efectuó el fiscal, en la continuación de la audiencia inicial (minuto 16:50, continuación de la audiencia), consistentes en: Que el fiscal al momento de investigar e integrar la carpeta de investigación no le dio la oportunidad a los imputados a ofrecer sus datos de pruebas (minuto 17:12, continuación de la audiencia). Que si bien existe el informe rendido por Jesús Graciano Romero Lara, encargado de la "Funeraria la Paz", con ello sólo se acredita el servicio funerario y el pago, pero perdió de vista que las demás partes manifestaron que hubo un altercado o agresiones, por la urna con los restos del de cujus, y que se llamó a la Policía Municipal, sin embargo, ese hecho no fue acreditado en la carpeta de investigación (minuto 18:59, continuación de la audiencia). Que en relación con lo anterior solicitó, en la ampliación del plazo constitucional, el informe de dicha policía municipal para demostrar que no hubo un aviso por agresiones el día del evento criminoso en las instalaciones de la funeraria (minuto 21:20, continuación de la audiencia) Que no existió un equilibrio procesal por parte del fiscal, al integrar la carpeta de investigación, porque fue unilateral, no coadyuvó con el defensor del imputado para ofrecer datos de pruebas, pues sólo recabó la pericial en psicología de la ofendida (minuto 23:07, continuación de la audiencia) Que en la carpeta de investigación sólo está agregado el informe rendido por Jesús Graciano Romero Lara, encargado de la "Funeraria la Paz", pero no está ratificado (minuto 24:46, continuación de la audiencia). Luego, tomando en cuenta los elementos de pruebas aportados por la Fiscalía, los datos y medios de convicción; así como los argumentos formuladas por la defensa, con plenitud de jurisdicción dictó auto de vinculación a proceso en contra de Mariana Hernández Bautista, Sebastián Hernández Bautista y Gabriela Bautista Peregrina, por su probable participación en la comisión del ilícito de violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones. En consecuencia, se estima que la sentencia de amparo se acató en sus términos. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, dado que la autoridad en mención cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el expediente principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el juicio de amparo una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno ORIGINAL del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, ya que se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al DUPLICADO del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, se ordena devolver a los licenciados Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez y Urbino Alcaraz García, Jueces del Juzgado de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial de Orizaba, los discos de audio y video, así como un tomo de pruebas relativos al proceso penal 256/2021; al resultar innecesaria su conservación; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese; por lista de acuerdos a la parte quejosa, personalmente al tercero interesado, y por oficio a la autoridad que tiene el carácter de tercero.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el telegrama remitido por la Fiscal Primera Investigador en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito Judicial XV con sede en Orizaba, Veracruz, atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 1657/2023, mediante el cual se le notificó el auto de veintitrés de enero del año en curso, por el que se le dio vista para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en tales condiciones, una vez que fenezca el plazo de tres días concedido en el proveído de mérito, se acordará lo conducente en relación con el cumplimento dado a la sentencia amparadora. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese.
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