Mariana Carreño Castro

Expediente 970/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
970/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Mariana Carreño Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, uno de marzo de dos mil veintitrés. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a*** en los siguientes términos*** Por tanto, aun cuando el amparo se otorgó liso y llano, se precisó que la responsable debía actuar de manera inmediata, esto es, dejar insubsistente el acto reclamado; sin perjuicio de que tomara las medidas de aseguramiento necesarias, a fin de que la quejosa no evadiera la acción de la justicia, pues el efecto de la sentencia surtiría cuando se declarara ejecutoriada la misma. Así*** Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en la congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, dejó insubsistente el acto reclamado, al no haberse acreditado el hecho que la Ley señala como delito de allanamiento de oficina, así como la resolución que impuso como medida cautelar a la imputada*** la presentación periódica al juzgado los días veinte de cada mes; e impuso a la quejosa, como medida de aseguramiento, una garantía de treinta unidades de medida de actualización, equivalente a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos, cuarenta centavos, moneda nacional); resolución con la que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y se reservó proveer lo conducente hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. Inconforme con la sentencia de amparo, la tercero interesada interpuso recurso de revisión 191/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, quien en resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós, confirmó la sentencia recurrida. En proveído de seis de enero del año en curso, se tuvo por recibido y ordenó agregar el oficio firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, con el que remitió copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión 191/2022, en la que confirmó la sentencia recurrida. Por ende, se levantó la reserva de uno de junio de ese año, en relación con las constancias enviadas por la Juez responsable, en cumplimiento a la sentencia, y se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; luego, en acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, y se requirió de nueva cuenta su cumplimiento. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias y el disco de audio y video remitidos por la*** Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, recibidos en acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, se observa que, en principio, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno; dictó auto de no vinculación a*** en el proceso penal*** al no haberse acreditado el hecho que la ley señala como allanamiento de oficina; y dejó insubsistente la resolución que impuso como medida cautelar a la imputada*** la presentación periódica al juzgado los días veinte de cada mes. Luego, en acuerdo de siete de febrero de este año, se tuvo a la*** Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, remitiendo copia autentificada de la determinación de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del proceso penal*** de su índice, en el cual dejó insubsistente la medida de aseguramiento impuesta a la quejosa, consistente en la garantía de treinta unidades de medida de actualización, equivalente a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos, cuarenta centavos, moneda nacional). Por tanto, dado que la autoridad en mención cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el expediente principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el juicio de amparo, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, es susceptible de depuración conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno ORIGINAL del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al DUPLICADO del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, se ordena devolver a la*** Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, un disco de audio y video relativo al proceso penal*** al resultar innecesaria su conservación. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa, personalmente a la parte tercero interesada, y por oficio a las autoridades responsables y autoridades con el carácter de terceros interesada.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, uno de marzo de dos mil veintitrés. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a*** en los siguientes términos*** Por tanto, aun cuando el amparo se otorgó liso y llano, se precisó que la responsable debía actuar de manera inmediata, esto es, dejar insubsistente el acto reclamado; sin perjuicio de que tomara las medidas de aseguramiento necesarias, a fin de que la quejosa no evadiera la acción de la justicia, pues el efecto de la sentencia surtiría cuando se declarara ejecutoriada la misma. Así*** Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en la congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, dejó insubsistente el acto reclamado, al no haberse acreditado el hecho que la Ley señala como delito de allanamiento de oficina, así como la resolución que impuso como medida cautelar a la imputada*** la presentación periódica al juzgado los días veinte de cada mes; e impuso a la quejosa, como medida de aseguramiento, una garantía de treinta unidades de medida de actualización, equivalente a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos, cuarenta centavos, moneda nacional); resolución con la que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y se reservó proveer lo conducente hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. Inconforme con la sentencia de amparo, la tercero interesada interpuso recurso de revisión 191/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, quien en resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós, confirmó la sentencia recurrida. En proveído de seis de enero del año en curso, se tuvo por recibido y ordenó agregar el oficio firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, con el que remitió copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión 191/2022, en la que confirmó la sentencia recurrida. Por ende, se levantó la reserva de uno de junio de ese año, en relación con las constancias enviadas por la Juez responsable, en cumplimiento a la sentencia, y se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; luego, en acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, y se requirió de nueva cuenta su cumplimiento. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias y el disco de audio y video remitidos por la*** Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, recibidos en acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, se observa que, en principio, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno; dictó auto de no vinculación a*** en el proceso penal*** al no haberse acreditado el hecho que la ley señala como allanamiento de oficina; y dejó insubsistente la resolución que impuso como medida cautelar a la imputada*** la presentación periódica al juzgado los días veinte de cada mes. Luego, en acuerdo de siete de febrero de este año, se tuvo a la*** Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, remitiendo copia autentificada de la determinación de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del proceso penal*** de su índice, en el cual dejó insubsistente la medida de aseguramiento impuesta a la quejosa, consistente en la garantía de treinta unidades de medida de actualización, equivalente a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos, cuarenta centavos, moneda nacional). Por tanto, dado que la autoridad en mención cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el expediente principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el juicio de amparo, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, es susceptible de depuración conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno ORIGINAL del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al DUPLICADO del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, se ordena devolver a la*** Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, un disco de audio y video relativo al proceso penal*** al resultar innecesaria su conservación. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa, personalmente a la parte tercero interesada, y por oficio a las autoridades responsables y autoridades con el carácter de terceros interesada.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la*** Juez de Control y Enjuiciamiento, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Freyes, Veracruz, a través del cual remite las constancias con las que considera dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, la copia autentificada de la determinación de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del proceso penal*** de su índice. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, así como con las constancias recibidas en auto de uno de junio de dos mil veintidós; dese vista a las partes, por el plazo de tres días, computado legalmente, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa, personalmente a la parte tercera interesada, y por oficio a las autoridades con el carácter de terceras interesadas.

  4. Principal

    Ahora, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria no se encuentra cabalmente cumplida. Ello es así, pues la Juez responsable en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, aun cuando dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno; dictó auto de no vinculación a Mariana Carreño Castro, en el proceso penal 166/2021, al no haberse acreditado el hecho que la ley señala como allanamiento de oficina; y dejó insubsistente la resolución que impuso como medida cautelar a la imputada Mariana Carreño Castro, la presentación periódica al juzgado los días veinte de cada mes; sin embargo, debió dejar insubsistente la medida de aseguramiento consistente en la garantía de treinta unidades de medida de actualización, equivalente a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos, cuarenta centavos, moneda nacional), dado que ha sido resuelto el recurso de revisión y confirmada la sentencia de amparo recurrida. Sin que conste en autos que se haya realizado. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jueza de Control, María Andrea García Zavaleta, adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, deje sin efectos también la medida de aseguramiento impuesta a la quejosa, consistente en la garantía de treinta unidades de medida de actualización, equivalente a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos, cuarenta centavos, moneda nacional). Lo que deberá informar a este Juzgado Federal y remitir las constancias que avalen dicho acato, o bien, informar el impedimento legal que tenga para ello. Apercibida que en caso de no hacerlo dentro del plazo concedido para ello, se hará acreedora de una multa de doscientas Unidades de Medida de Actualización conforme a su valor diario, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido de que si no cumple con el requerimiento señalado en párrafos precedentes, con independencia de hacerle efectiva la imposición de la multa señalada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación, conforme a lo establecido por los párrafos segundo y tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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