MARIANA GUTIÉRREZ JUÁREZ y Otros.
Expediente 1248/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1248/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- MARIANA GUTIÉRREZ JUÁREZ y Otros.
- Mariana Gutiérrez Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo; y, visto su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2°, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica; previa razón que de recibo de las mismas se asiente en autos, en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Visto; con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado del 2. Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con que se da cuenta, para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando como delegados en el presente juicio de garantías los indicados en su informe, en términos del artículo 9 de la Ley Reglamentaria. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante ofreciendo como pruebas las documentales que anexó a su informe justificado, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el informe de cuenta, el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en los siguientes términos. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se llega al conocimiento de que Mariana Gutiérrez Juárez ocurrió a este Juzgado Federal a reclamar: Del 1. Agente del Ministerio Público Investigador Par del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, la omisión de enviar la averiguación previa 952/2014 a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a efecto de que esta última resolviera la inconformidad planteada por la hoy quejosa en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal y archivo de la referida indagatoria. Del 2. Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la omisión de resolver la inconformidad planteada por la hoy quejosa mediante escrito de nueve de febrero de dos mil dieciséis, en contra de la determinación del Agente del Ministerio Público Investigador Par del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla de no ejercicio de la acción penal y archivo de la averiguación previa 952/2014. En ese sentido, al momento de rendir su informe justificado la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador Par del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla negó la existencia del acto que se le reclama (foja 22); pues refirió que mediante oficio 731 de once de febrero de dos mil dieciséis se remitió la averiguación previa 952/2014/TECAM al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, misma que fue recibida en dicha Dirección el veintiséis de agosto del año en curso. Lo anterior se corrobora con la copia certificada del acuse de recibo del oficio 731 referido en el párrafo precedente (foja 23), del que se advierte el sello de recepción de la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla de fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis; documental que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por lo tanto, se evidencia la inexistencia del acto reclamado al fiscal señalado como responsable, ya que la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en esta ciudad el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, es decir, con posterioridad a la remisión de la averiguación previa de origen a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, y en términos de las jurisprudencias sustentadas por la Segunda y la Primera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Por otro lado, en relación con el acto reclamado al 2. Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, consistente en la omisión de resolver la inconformidad planteada por la hoy quejosa mediante escrito de nueve de febrero de dos mil dieciséis, dicha autoridad al momento de rendir su informe de ley remitió copia certificada de la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis en la inconformidad planteada por la aquí quejosa y otra, mediante la cual determinó procedente tal inconformidad y no autorizó el inejercicio de la acción penal de la averiguación previa 952/2014/TECAM, ordenó devolver dicha indagatoria a su lugar de origen; de igual forma, remitió copia certificada de la constancia de notificación a la peticionaria de amparo hecha mediante estrados el veintisiete de septiembre del presente año. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo anterior, resulta evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que si la pretensión de la parte quejosa era que el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla resolviera la inconformidad planteada mediante escrito de nueve de febrero del año en curso, al haberse resuelto el veintisiete de septiembre del presente año y notificado mediante estrados en la misma data (como se advierte de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado), resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en la presente instancia, en virtud de que han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa o, habiéndolo irrumpido, la cesación no hubiera dejado ahí ninguna consecuencia. Por lo tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, pues las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo, deben considerarse consumadas irreparablemente, ya que han cesado los efectos del acto reclamado, aunado a que la citada causa de improcedencia de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudiera rendir la parte quejosa y, el resultado del fallo, aún celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este orden de ideas, se decreta el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En razón de lo expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la promovente María Justina Gutiérrez Juárez o Ma. Justina Gutiérrez Juárez, no desahogó el requerimiento que le fue formulado por esta autoridad en auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, pues no compareció ante este órgano Federal a ratificar como suya la huella digital que calza la demanda de amparo junto a su nombre; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de derechos fundamentales únicamente por cuanto hace a María Justina Gutiérrez Juárez o Ma. Justina Gutiérrez Juárez, pues no existe manifestación de su voluntad para incoar esta instancia constitucional. Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por Mariana Gutiérrez Juárez contra actos de las autoridades responsables 1. Agente del Ministerio Público Investigador Par del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla y 2. Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, pues la parte quejosa no lo solicitó expresamente; sin que a criterio de la suscrita Jueza resulte procedente tramitar de oficio dicha medida cautelar, pues el acto reclamado en el presente juicio no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una orden de extradición y no es un acto que sea de imposible reparación, por lo que, en caso de concederse el amparo, el quejoso podrá ser restituido en el pleno goce del derecho reclamado. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá por separado una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a las autoridades que, en su caso, convengan en la existencia el acto reclamado, precisen si las constancias que remitan como justificación a sus informes, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. En otro sentido, se solicita a las autoridades señaladas como responsables informen a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber a las autoridades responsables que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá por separado una multa equivalente a treinta días veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Se señalan las diez horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Maria Vidal Sanchez1126/2016
- María Virginia Edith Lara Arcos1946/2015
- Maria Virginia Serrano Hernandez796/2017
- MARIA YAMILY RAMIREZ RECHY y Otros.132/2017
- Maria Yvonne Gazal de Anda1227/2016
- Mariana Garcia Vazquez637/2017
- Mariana Jaqueline Cervantes Morales892/2020
- Mariana Lopez Juanico796/2019
- Mariana Tlacuahuac Perez845/2017
- Mariano Alejandro Baez de la Chaussee494/2018
- Mariano Arzani Sanchez369/2023
- MARIANO DANIEL BRAVO y Otros.114/2016