MARIANO DANIEL BRAVO y Otros.

Expediente 114/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
114/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
13/10/2016

Partes del expediente

  • Mariano Daniel Chilaca
  • MARIANO DANIEL BRAVO y Otros.
  • Mariano Daniel Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese la razón de cuenta, asentada por el actuario adscrito a este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar en forma personal a la parte tercero interesada José Luis Prieto Fernández lo actuado el veintiocho de septiembre del año en curso, ya que el domicilio buscado se encuentra desocupado. En consecuencia, hágase por lista la notificación ordenada para dicha parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo vigente, así como las subsecuentes notificaciones que recaigan, aún las de carácter personal. EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, no así respecto del aquí quejoso, quien desahogó la vista que le fuera dada mediante escrito presentado ante este juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Consecuentemente se procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 119 a 135), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos Mariano Daniel Bravo y Mariano Daniel Chilaca, para que el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veintiuno de diciembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 434/2015, que se instruye en contra de los aquí quejosos; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Precise el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de fraude genérico que se imputa a los quejosos. b) Con apoyo en la delimitación del hecho circunstanciado, atendiendo a la naturaleza de la conducta típica (acción u omisión), resuelva sobre su competencia por razón de territorio. Para el caso de que se considerara competente: c) En relación con el cuerpo del delito precise con qué medios de prueba se acredita cada uno de uno de los elementos que integran el delito de fraude genérico; para lo cual deberá de establecer en qué consistió el engaño y cuál fue el lucro obtenido ilícitamente; y las razones que justifiquen su conclusión; o, en su caso ponderar si la conducta de los inculpados configuran alguna acción civil mercantil. d) Por cuanto hace a la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión, establezca de manera individualizada la conducta que desplegaron, así como su grado de participación o forma de intervención y la manera en que produjeron el delito de fraude. e) Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL." (foja 133). Por auto de uno de junio de dos mil dieciséis esta autoridad tuvo a la parte tercero interesada interponiendo recurso de revisión en contra de la referida sentencia, correspondiendo su conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien mediante ejecutoria de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictada dentro del amparo en revisión 206/2016 resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia sujeta a revisión, la Justicia de la Unión ampara y protege a MARIANO DANIEL BRAVO y MARIANO DANIEL CHILACA, respecto del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. (foja 348). En acatamiento a dicha ejecutoria, el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla mediante oficio 5095 de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, en la que se advierte que el juzgador de origen hizo lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de diciembre de dos mil quince dictado dentro de la causa penal 434/2015 (foja 368); Decretó Auto de Formal Prisión en contra de Mariano Daniel Bravo y Mariano Daniel Chilaca, como probables responsables de la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación a los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla cometido en agravio de José Luis Prieto Fernández, y llevó a cabo los efectos siguientes: a) Precisó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de fraude que se imputa a los quejosos, como sigue: ".tenemos que el injusto de fraude se concretizó al momento en que los activos, obtuvieron un beneficio económico, debido a su conducta fala, consistente esta última en hacer creer al ofendido que el inmueble localizado en avenida Independencia 106 de la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, de Cholula era de su propiedad de ahí que, lo ofrecieron como medio de pago de una deuda pre existente (1'328,000.00 un millón trescientos veintiocho mil pesos), medio comisivo que produjo en el afectado una falsa creencia de la realidad, por lo tanto para recuperar su capital, aceptó como medio de pago tal bien raíz, pero como éste, a decir de los inculpados, valía alrededor de dos millones de pesos, le querellante entregó en efectivo otros $624,000.00 seiscientos veinticuatro mil pesos, el 23 veintitrés de septiembre del dos mil catorce, a las cinco de la tarde aproximadamente, en la casa ubicada en la avenida Margaritas número 223 doscientos veintitrés de la colonia Bugambilias de la ciudad de Puebla; empero finalmente los imputados hicieron saber que la vivienda en San Matías Cocoyotla, era parte de un ejido." (foja 369). Con base en lo anterior, consideró su competencia por razón de materia y territorio (foja 369). b) Precisó los medios de prueba con lo que consideró acreditados cada uno de los elementos que integran el delito de fraude genérico (fojas 369 a 381); además estableció que el engaño consistió en que ".previamente le hicieron saber que el inmueble que ofrecieron transmitirle la propiedad, era ejidal, que no es susceptible de una compraventa; siendo que la cantidad de dinero mencionada, que constituye el lucro obtenido, por la comisión del fraude, fue recibida por los activos." (foja 381 vuelta) y en cuanto al lucro obtenido ilícitamente estableció que éste consistió en ".la cantidad de $624,000.00 seiscientos veinticuatro mil pesos.", expresando al efecto las razones que justificaron su conclusión; y, c) En lo que se refiere a la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les imputa, afirmó que los inculpados actuaron de manera conjunta para la obtención del lucro indebido $624,000.00 (seiscientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) y precisó la manera en que produjeron el delito de fraude. Sin embargo, mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, al advertir esta autoridad diversas incongruencias en la resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis mediante la cual el juez de los autos pretendió dar cumplimiento a la sentencia amparadora, se tuvo por no cumplida. Las incongruencias anotadas radican en que al analizar el cuerpo del delito el referido juzgador se refirió al delito de fraude específico, aun cuando los artículos y elementos que al efecto cita corresponden al delito de fraude genérico, y en la probable responsabilidad penal estableció el delito de fraude genérico (fojas 368 vuelta, 369 vuelta y 381 vuelta). Atento a lo anterior se le requirió al Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla el cabal cumplimiento de la sentencia de amparo, en la que además debería dejar sin efectos la resolución reclamada de veintiuno de diciembre de dos mil quince (acto reclamado), así como la diversa de diecisiete de agosto del año en curso, con la que pretendió dar cumplimiento (foja 413 vuelta). Mediante oficio 6651 de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha en la que realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución reclamada de veintiuno de diciembre de dos mil quince (acto reclamado), así como la diversa de diecisiete de agosto del año en curso; Reiteró las consideraciones de la diversa resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, corrigiendo las incongruencias destacadas en proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, esto es: Decretó Auto de Formal Prisión en contra de Mariano Daniel Bravo y Mariano Daniel Chilaca, como probables responsables de la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación a los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla cometido en agravio de José Luis Prieto Fernández, y llevó a cabo los efectos siguientes: a) Precisó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de fraude que se imputa a los quejosos, como sigue: ".tenemos que el injusto de fraude se concretizó al momento en que los activos, obtuvieron un beneficio económico, debido a su conducta fala, consistente esta última en hacer creer al ofendido que el inmueble localizado en avenida Independencia 106 de la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, de Cholula era de su propiedad de ahí que, lo ofrecieron como medio de pago de una deuda pre existente (1'328,000.00 un millón trescientos veintiocho mil pesos), medio comisivo que produjo en el afectado una falsa creencia de la realidad, por lo tanto para recuperar su capital, aceptó como medio de pago tal bien raíz, pero como éste, a decir de los inculpados, valía alrededor de dos millones de pesos, le querellante entregó en efectivo otros $624,000.00 seiscientos veinticuatro mil pesos, el 23 veintitrés de septiembre del dos mil catorce, a las cinco de la tarde aproximadamente, en la casa ubicada en la avenida Margaritas número 223 doscientos veintitrés de la colonia Bugambilias de la ciudad de Puebla; empero finalmente los imputados hicieron saber que la vivienda en San Matías Cocoyotla, era parte de un ejido." Con base en lo anterior, consideró su competencia por razón de materia y territorio. b) Precisó los medios de prueba con lo que consideró acreditados cada uno de los elementos que integran el delito de fraude genérico; estableció que el engaño consistió en que ".previamente le hicieron saber que el inmueble que ofrecieron transmitirle la propiedad, era ejidal, que no es susceptible de una compraventa; siendo que la cantidad de dinero mencionada, que constituye el lucro obtenido, por la comisión del fraude, fue recibida por los activos." y en cuanto al lucro obtenido ilícitamente estableció que éste consistió en ".la cantidad de $624,000.00 seiscientos veinticuatro mil pesos.", expresando al efecto las razones que justificaron su conclusión; y, c) En lo que se refiere a la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les imputa, afirmó que los inculpados actuaron de manera conjunta para la obtención del lucro indebido $624,000.00 (seiscientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) y precisó la manera en que produjeron el delito de fraude. Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Por lo que hace a las manifestaciones del quejoso realizadas mediante escrito de fecha de presentación ante la oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en la que sustancialmente refiere, que no se le ha restituido en el goce de sus garantías individuales violadas en el sentido de que se le declare judicialmente que no es responsable del delito de fraude por el cual fue consignado, en virtud de que del acervo probatorio ofrecido no se colman los elementos para tener por acreditado el cuerpo del delito por el que se le acusa, y por ende, considera procedente se dicte auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley. Tales alegaciones tendentes a combatir el fondo del asunto, son inoperantes en virtud de que la sentencia amparadora no se ocupó de ese aspecto, sino únicamente el amparo se concedió por vicios de forma. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Así mismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009)".

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A L QUEJOSO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, no así respecto del aquí quejoso, quien desahogó la vista que le fuera dada mediante escrito presentado ante este juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Consecuentemente se procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 119 a 135), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos Mariano Daniel Bravo y Mariano Daniel Chilaca, para que el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veintiuno de diciembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 434/2015, que se instruye en contra de los aquí quejosos; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Precise el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de fraude genérico que se imputa a los quejosos. b) Con apoyo en la delimitación del hecho circunstanciado, atendiendo a la naturaleza de la conducta típica (acción u omisión), resuelva sobre su competencia por razón de territorio. Para el caso de que se considerara competente: c) En relación con el cuerpo del delito precise con qué medios de prueba se acredita cada uno de uno de los elementos que integran el delito de fraude genérico; para lo cual deberá de establecer en qué consistió el engaño y cuál fue el lucro obtenido ilícitamente; y las razones que justifiquen su conclusión; o, en su caso ponderar si la conducta de los inculpados configuran alguna acción civil mercantil. d) Por cuanto hace a la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión, establezca de manera individualizada la conducta que desplegaron, así como su grado de participación o forma de intervención y la manera en que produjeron el delito de fraude. e) Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL." (foja 133). Por auto de uno de junio de dos mil dieciséis esta autoridad tuvo a la parte tercero interesada interponiendo recurso de revisión en contra de la referida sentencia, correspondiendo su conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien mediante ejecutoria de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictada dentro del amparo en revisión 206/2016 resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia sujeta a revisión, la Justicia de la Unión ampara y protege a MARIANO DANIEL BRAVO y MARIANO DANIEL CHILACA, respecto del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. (foja 348). En acatamiento a dicha ejecutoria, el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla mediante oficio 5095 de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, en la que se advierte que el juzgador de origen hizo lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de diciembre de dos mil quince dictado dentro de la causa penal 434/2015 (foja 368); Decretó Auto de Formal Prisión en contra de Mariano Daniel Bravo y Mariano Daniel Chilaca, como probables responsables de la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación a los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla cometido en agravio de José Luis Prieto Fernández, y llevó a cabo los efectos siguientes: a) Precisó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de fraude que se imputa a los quejosos, como sigue: ".tenemos que el injusto de fraude se concretizó al momento en que los activos, obtuvieron un beneficio económico, debido a su conducta fala, consistente esta última en hacer creer al ofendido que el inmueble localizado en avenida Independencia 106 de la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, de Cholula era de su propiedad de ahí que, lo ofrecieron como medio de pago de una deuda pre existente (1'328,000.00 un millón trescientos veintiocho mil pesos), medio comisivo que produjo en el afectado una falsa creencia de la realidad, por lo tanto para recuperar su capital, aceptó como medio de pago tal bien raíz, pero como éste, a decir de los inculpados, valía alrededor de dos millones de pesos, le querellante entregó en efectivo otros $624,000.00 seiscientos veinticuatro mil pesos, el 23 veintitrés de septiembre del dos mil catorce, a las cinco de la tarde aproximadamente, en la casa ubicada en la avenida Margaritas número 223 doscientos veintitrés de la colonia Bugambilias de la ciudad de Puebla; empero finalmente los imputados hicieron saber que la vivienda en San Matías Cocoyotla, era parte de un ejido." (foja 369). Con base en lo anterior, consideró su competencia por razón de materia y territorio (foja 369). b) Precisó los medios de prueba con lo que consideró acreditados cada uno de los elementos que integran el delito de fraude genérico (fojas 369 a 381); además estableció que el engaño consistió en que ".previamente le hicieron saber que el inmueble que ofrecieron transmitirle la propiedad, era ejidal, que no es susceptible de una compraventa; siendo que la cantidad de dinero mencionada, que constituye el lucro obtenido, por la comisión del fraude, fue recibida por los activos." (foja 381 vuelta) y en cuanto al lucro obtenido ilícitamente estableció que éste consistió en ".la cantidad de $624,000.00 seiscientos veinticuatro mil pesos.", expresando al efecto las razones que justificaron su conclusión; y, c) En lo que se refiere a la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les imputa, afirmó que los inculpados actuaron de manera conjunta para la obtención del lucro indebido $624,000.00 (seiscientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) y precisó la manera en que produjeron el delito de fraude. Sin embargo, mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, al advertir esta autoridad diversas incongruencias en la resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis mediante la cual el juez de los autos pretendió dar cumplimiento a la sentencia amparadora, se tuvo por no cumplida. Las incongruencias anotadas radican en que al analizar el cuerpo del delito el referido juzgador se refirió al delito de fraude específico, aun cuando los artículos y elementos que al efecto cita corresponden al delito de fraude genérico, y en la probable responsabilidad penal estableció el delito de fraude genérico (fojas 368 vuelta, 369 vuelta y 381 vuelta). Atento a lo anterior se le requirió al Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla el cabal cumplimiento de la sentencia de amparo, en la que además debería dejar sin efectos la resolución reclamada de veintiuno de diciembre de dos mil quince (acto reclamado), así como la diversa de diecisiete de agosto del año en curso, con la que pretendió dar cumplimiento (foja 413 vuelta). Mediante oficio 6651 de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha en la que realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución reclamada de veintiuno de diciembre de dos mil quince (acto reclamado), así como la diversa de diecisiete de agosto del año en curso; Reiteró las consideraciones de la diversa resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, corrigiendo las incongruencias destacadas en proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, esto es: Decretó Auto de Formal Prisión en contra de Mariano Daniel Bravo y Mariano Daniel Chilaca, como probables responsables de la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación a los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla cometido en agravio de José Luis Prieto Fernández, y llevó a cabo los efectos siguientes: a) Precisó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de fraude que se imputa a los quejosos, como sigue: ".tenemos que el injusto de fraude se concretizó al momento en que los activos, obtuvieron un beneficio económico, debido a su conducta fala, consistente esta última en hacer creer al ofendido que el inmueble localizado en avenida Independencia 106 de la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, de Cholula era de su propiedad de ahí que, lo ofrecieron como medio de pago de una deuda pre existente (1'328,000.00 un millón trescientos veintiocho mil pesos), medio comisivo que produjo en el afectado una falsa creencia de la realidad, por lo tanto para recuperar su capital, aceptó como medio de pago tal bien raíz, pero como éste, a decir de los inculpados, valía alrededor de dos millones de pesos, le querellante entregó en efectivo otros $624,000.00 seiscientos veinticuatro mil pesos, el 23 veintitrés de septiembre del dos mil catorce, a las cinco de la tarde aproximadamente, en la casa ubicada en la avenida Margaritas número 223 doscientos veintitrés de la colonia Bugambilias de la ciudad de Puebla; empero finalmente los imputados hicieron saber que la vivienda en San Matías Cocoyotla, era parte de un ejido." Con base en lo anterior, consideró su competencia por razón de materia y territorio. b) Precisó los medios de prueba con lo que consideró acreditados cada uno de los elementos que integran el delito de fraude genérico; estableció que el engaño consistió en que ".previamente le hicieron saber que el inmueble que ofrecieron transmitirle la propiedad, era ejidal, que no es susceptible de una compraventa; siendo que la cantidad de dinero mencionada, que constituye el lucro obtenido, por la comisión del fraude, fue recibida por los activos." y en cuanto al lucro obtenido ilícitamente estableció que éste consistió en ".la cantidad de $624,000.00 seiscientos veinticuatro mil pesos.", expresando al efecto las razones que justificaron su conclusión; y, c) En lo que se refiere a la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les imputa, afirmó que los inculpados actuaron de manera conjunta para la obtención del lucro indebido $624,000.00 (seiscientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) y precisó la manera en que produjeron el delito de fraude. Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Por lo que hace a las manifestaciones del quejoso realizadas mediante escrito de fecha de presentación ante la oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en la que sustancialmente refiere, que no se le ha restituido en el goce de sus garantías individuales violadas en el sentido de que se le declare judicialmente que no es responsable del delito de fraude por el cual fue consignado, en virtud de que del acervo probatorio ofrecido no se colman los elementos para tener por acreditado el cuerpo del delito por el que se le acusa, y por ende, considera procedente se dicte auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley. Tales alegaciones tendentes a combatir el fondo del asunto, son inoperantes en virtud de que la sentencia amparadora no se ocupó de ese aspecto, sino únicamente el amparo se concedió por vicios de forma. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Así mismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Mariano Daniel Bravo y, visto su contenido, téngasele realizando las manifestaciones que de dicho ocurso se desprenden en relación al cumplimiento del fallo protector de garantías, mismas que serán tomadas en consideración en el momento en el que este Juzgado de Distrito determine si dicha ejecutoria ha sido acatada o no por parte de la autoridad responsable, y se provea lo conducente en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele informando, el cumplimiento dado a la ejecutoria amparadora por el juez responsable; de lo anterior queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar.

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