Mariana Guadalupe Chan Escamilla

Expediente 357/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
357/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Mariana Guadalupe Chan Escamilla

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Agréguese a estos autos al escrito de la quejosa MARIANA GUADALUPE CHAN ESCAMILLA, y en atención a lo que solicita, expídanse a su costa copias simples de las constancias que señala y entréguensele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, cuando las labores de este Juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    III. Agréguese a estos autos el oficio 1006/2019 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    IV. Vista la demanda de amparo promovida por MARIANA GUADALUPE CHAN ESCAMILLA, contra el acto que reclama del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores, con sede en esta ciudad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 357/2019. Ahora bien, se procede a proveer en relación con la procedencia del amparo instado, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Expuesto lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo de mérito, se advierte la existencia de una causal de improcedencia, cuyo estudio es previo y preferente, en observancia a lo dispuesto en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto que se reclama, consistente en la omisión de dar contestación a su escrito de seis de marzo de dos mil diecinueve. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, intitulada: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente transcrito, impone la obligación al Órgano Jurisdiccional de examinar, con todo detenimiento el escrito de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. Cabe precisar que, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. De modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En efecto de la demanda de amparo que se analiza, se advierte que la parte quejosa reclama del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, la omisión de dicha autoridad de dar contestación a su escrito de seis de marzo del año en curso. Sentado lo anterior, se estima que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 8 Constitucional, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Federal. En ese sentido, el artículo 8º del Pacto Federal al efecto establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del citado dispositivo constitucional trascrito, se desprende que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al peticionario. Por cuanto hace a la referencia de que tal contestación debe ser emitida y notificada al solicitante dentro de un breve término, si bien es cierto el precepto en estudio no especifica qué se debe entender por breve término, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que aquélla se hubiese contestado. Ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, aplicable en todo caso, pues la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquél en que racionalmente pueda conocerse una petición y contestarse. Respecto a ese concepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que hubiese contestado, pero además, la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquél en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse; es decir, queda claro que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por "breve término", de manera que se comprendan todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el periodo de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, de modo tal que no queda más que ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. En el caso, la demanda de amparo fue presentada por la impetrante ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta localidad, el día quince de marzo del año en curso y en ella señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a su escrito de seis de marzo de dos mil diecinueve, ante la responsable; por lo que es inconcuso, que no existe violación al derecho de petición que consagra el artículo 8º constitucional, toda vez, que entre la fecha en que la autoridad señalada como responsable recibió el ocurso de petición y la de presentación de la demanda de amparo que se analiza (quince del mes y año en curso), han transcurrido únicamente siete días hábiles, por lo que es evidente, que la autoridad responsable no ha tenido el tiempo necesario para analizar el escrito cuya omisión de proveer se duele la parte quejosa, para emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación, lo cual, como establece el citado precepto constitucional, debe de realizarse en breve término, mas no de forma inmediata. Por tanto, este Juzgado Federal considera que la omisión aquí reclamada en esta vía constitucional no existe, pues como ya se indicó, en la especie aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que la autoridad responsable analice la solicitud de la parte inconforme, de contestación a la misma y notifique el acuerdo o acuerdo recaído, en razón de que el lapso transcurrido entre la presentación del escrito a la autoridad y la promoción de la demanda de amparo que se analiza (siete días hábiles), no puede considerarse suficiente para que materialmente ésta pueda dar contestación a dicha petición. Es exactamente aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Parte III, Sección Administrativa, en el Semanario Judicial de la Federación, a foja 767, que a la letra dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Asimismo, se cita la jurisprudencia 470, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1975, Quinta Época, Parte III, Sección Administrativa, página 767, registro digital 395221, de rubro y texto siguientes: ""PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII y el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el numeral 8° de la Constitución Federal, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y como autorizados para tal fin a Jorge Alberto Cruz Chan con las limitaciones que establece la parte final del artículo de referencia, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se le autoriza para utilizar medios electrónicos con el objeto de reproducir las diversas promociones y acuerdos del presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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