Mariana Elita Luttmann Fox
Expediente 1486/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1486/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mariana Elita Luttmann Fox
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 3428/2023, remitido por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante el cual informa que ese órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, el cual le fuera enviado con motivo del punto de acuerdo 219/2022, relativo a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, en cumplimiento al artículo 6 del diverso Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que, con motivo de la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, señala los lineamientos para remitirle diversos expedientes de amparo, así como la migración de su expediente electrónico. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y por cuanto no existe razón para que este expedientillo continúe en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental, archívese como asunto totalmente concluido; realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso i), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que el mismo fue turnado a un diverso órgano de control constitucional con motivo de un Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, deberán digitalizarse todas las constancias que integran el citado expediente, para los fines legales pertinentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VII. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, así como el oficio SECNO/STCCNO/1345/2022, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con el que comunica a este órgano jurisdiccional que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de diciembre de dos mil veintidós, autorizó el punto de acuerdo 219/2022, relativo a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, lo anterior en cumplimiento al artículo 6 del diverso Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en el que, con motivo de la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, señala los lineamientos para remitirle diversos expedientes de amparo, así como la migración de su expediente electrónico. Por tanto, toda vez que el presente expediente no se encuentra dentro de los supuestos de excepción establecidos en el punto 4 del referido acuerdo, se ordena remitirlo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para que asuma su conocimiento hasta su resolución, eventual cumplimentación y archivo definitivo; para lo cual se deberá incluir el presente expediente en el acta de entrega que para tal efecto se realice, en términos del citado punto 4. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VII. Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintiún minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 1486/2022, promovido por José Jesús Alcocer Soberanis, por su propio derecho, contra un acto del Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; c) Acuerdo de ampliación de demanda; y, d) Proveídos mediante los cuales se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Asimismo, se da cuenta con el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se reservó proveer lo conducente respecto a la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa en su escrito de ampliación. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Ahora bien, en cuanto a la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa a desahogarse en la Dirección del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, dicha probanza debe desecharse, en atención a las siguientes consideraciones: En su escrito de ampliación, la parte quejosa señaló como actos reclamados del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, el no documentar y preservar los actos que derivan de sus atribuciones legales, específicamente en lo relacionado con el expediente, archivos o registros documentales relativos al tablaje catastral 4223 de Dzilam de Bravo, Yucatán. También, reclama la omisión de hacer públicos los datos de información catastral relativa a dicho predio; la omisión de restablecer en los archivos catastrales la información relativa al mencionado inmueble; la ejecución de una orden de reserva de información al respecto emitida fuera de procedimiento; y, la declaración de inexistencia de información relativa al predio. Ahora, la parte quejosa, para acreditar su dicho ofrece la prueba de inspección judicial, para que el Actuario de este Juzgado se constituya en la oficina que ocupa dicha dependencia y constate la existencia de documentos, cédulas catastrales y planos relativos al inmueble marcado con el registro 4223 del municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán. Sin embargo, esta probanza no resulta idónea para demostrar lo que pretende, dado que, tal y como se advierte de los informes justificados rendidos por la Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en un primer término, se ha aceptado que la carpeta relativa al expediente catastral del tablaje 4223, no fue localizada en sus archivos; situación que incluso fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado. Asimismo, dicha autoridad también señaló que a efecto de restablecer los archivos y registros era necesario realizar una diligencia de verificación física y marcaje de predio a evaluar, siendo que dicho trámite deberá ser instado por el titular del predio o la persona interesada a través de la dirección electrónica correspondiente. Así, se tiene que los hechos que pretende acreditar la parte quejosa con la inspección judicial ya se encuentran reconocidos por la autoridad responsable a través de las manifestaciones que se realizaron en sus respectivos informes de ley. De ahí que a ningún efecto práctico conlleve el desahogo de la prueba para tal efecto, en perjuicio de su derecho a una impartición de justicia pronta y expedita. Por otro lado se tiene que la autoridad en comento negó la existencia de una orden de reserva u ocultamiento de información respecto a dicho predio; sin embargo debe destacarse que la prueba de inspección judicial, tiene como única finalidad que la jueza o funcionario comisionado compruebe por sus sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias que en momento alguno se dicen existen; es decir, el objeto de la prueba de inspección son los hechos que puedan examinarse y reconocerse, sea que hayan ocurrido antes, pero todavía subsistan total o parcialmente, o que se produzcan en el momento de la diligencia; pero no son objeto de esta prueba las deducciones que mediante razonamientos lógicos puedan formularse, con base en los hechos observados. De ahí que a través de la prueba en comento no pueda verificarse la existencia de un hecho negativo que sea proyectado de la responsable hacía la parte quejosa pues el fedatario encargado del desahogo de la probanza únicamente puede analizar hechos que se encuentren a la vista durante la diligencia y por tal motivo resulta inconducente para desvirtuar la negativa de una orden de ocultamiento de información referida por la responsable en su informe de ley. Máxime que en el juicio de amparo se encuentra acreditada la existencia del tablaje cuya falta de documentación originó el presente juicio de amparo y la propia responsable ha reconocido la pérdida de la carpeta relativa al expediente catastral y los mecanismos con los que se cuenta para reponer dicha información. Por tanto la probanza ofrecida no es idónea, en razón de que parte de dichas aseveraciones se encuentra reconocida por la responsable y las restantes no derivan de lo apreciado por los sentidos por parte del funcionario judicial; por tanto, al no cumplir con el principio de idoneidad, como se ha mencionado, no ha lugar a tener por anunciada dicha prueba. Es aplicable al caso la Jurisprudencia P./J. 41/2001, sustentada por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Abril de 2001, visible a página 157, de la Novena Época, consultable con los datos siguientes: PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez. Igualmente, se cita al caso la tesis con el rubro y texto siguientes: INSPECCIÓN JUDICIAL, PRUEBA DE. La prueba de reconocimiento o inspección judicial, es un medio de convicción directo, a través de la percepción directa, pero momentánea, del órgano jurisdiccional, sobre los lugares, personas u objetos relacionados con la controversia. En el desahogo de la diligencia se describe el objeto a inspeccionar, haciéndose constar cuál es, sus características, señales o vestigios, es decir, sus cualidades o aspectos físicos, a fin de crear una reseña lo más cercana a la realidad; luego entonces, la finalidad de este elemento de prueba, contingente y momentáneo, es la de crear la convicción en el juez, de aspectos reales o cuestiones materiales, susceptibles de apreciarse con los sentidos.1 Hecho lo anterior, se ordena continuar con el desahogo de la audiencia. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito de demanda y de ampliación; asimismo, se da cuenta con las documentales remitidas por las autoridades junto con sus informes de ley rendidos en relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Octava Época, consultable a foja 459 del tomo XII, Agosto de 1993 del Semanario Judicial de la Federación. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas documentales de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario hace constar que las partes no los formularon; con lo que se cierra esta etapa de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. (Firma electrónica) KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR JUEZA TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. (Firma electrónica) MIGUEL ALEJANDRO PATRÓN BALLOTE SECRETARIO DE JUZGADO
- Principal
MESA VII. Agréguese a los presentes autos los oficios remitidos por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por el Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y por la Directora del Catastro, todos pertenecientes al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, mediante los cuales rinden su respectivo informe justificado respecto de la ampliación de la demanda de amparo; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio de su contenido, y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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