Mariana Itzen Quintana Valdovinos

Expediente 1785/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1785/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Mariana Itzen Quintana Valdovinos
  • Alejandro Giscard de Anda Arriaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el escrito de Juan José Ibáñez de la Calle, quien se ostenta apoderado de la quejosa Mariana Itzen Quintana Valdovinos, y a través del cual pretende, se le otorgue acceso al expediente electrónico en que se actúa. Al efecto, es de señalarse que no es posible reconocerle el carácter con el que comparece y realiza tal petición, en virtud de que pretende acreditar la representación de la quejosa con una carta poder presentada vía electrónica, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, que manifiesta bajo protesta de decir verdad, es copia fiel y exacta de su original. Sin embargo, el artículo 10 de la Ley de Amparo establece que la representación del quejoso y el tercero interesado en el juicio de amparo, se acreditará en términos de la propia ley y en los casos no previstos, la personalidad se acreditará en la forma en que se prevea en la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado. Así, por tratarse de un asunto en materia familiar, debe atenderse a lo dispuesto en el Código de Procedimientos en Materia Familiar del Estado, que al efecto, dispone que la representación debe constar en escritura autorizada por Notario Público. En tales condiciones, no es posible tener por acreditada la representación con la que comparece, sin perjuicio de que posteriormente pueda acreditarla con documento idóneo a tal efecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA VI. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el escrito de ********************mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, señala autorizados y solicita copia certificada, por triplicado, de todas las constancias que obran en el presente juicio. Al efecto, téngase por señalado el domicilio a que hace referencia y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, como sus autorizados a las personas que señala para tal efecto. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a sus autorizados, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de copias antes referido, dígase al ocursante que únicamente se accede a la expedición de copias, en un tanto, respecto de las constancias que obren en el expediente físico, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida y generada por vía electrónica constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico. En relación con el número de juegos de reproducciones autorizadas, dígase al solicitante que dicha petición se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte para tal efecto, circunstancia que en el caso no acontece, pues se limitó a referir que serían para el uso de sus derechos. Por lo cual, dicha manifestación aislada es insuficiente a efecto de que este órgano jurisdiccional valore si se trata de una solicitud excesiva en perjuicio del interés social. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época de la Primera Sala con número de registro 2014287 que a la letra dice: COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados. Sin perjuicio de ello, se hace notar que, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 las partes se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requieran, las que tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de catorce de octubre de dos mil veintidós, que sobreseyó el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que en el mismo se sobreseyó el presente juicio. Ahora, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Por otra parte, en virtud de lo determinado en esta data, devuélvase a la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, las copias certificadas derivadas de las constancias judiciales que integran la orden de protección 8/2022, que remitió en apoyo a sus informes justificado y previo; sin necesidad de que dicha responsable acuse el recibo de estilo. Finalmente, toda vez que se advierte que obra en autos documento exhibido por la parte quejosa en su demanda de amparo, mediante el cual acreditó su personalidad, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlo previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintisiete minutos del catorce de octubre de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1785/2022-VI, promovido por Mariana Itzel Quintana Valdovinos por conducto de su apoderada Ileana Mariel Urbina Pacho, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informe justificado rendido por la Jueza Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado que obra agregado en autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido en tiempo y forma el informe de ley de la autoridad responsable para ser tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humano, ofrecidas por la parte quejosa al rendir su informe justificado; así como con la documental remitida por la Juez responsable con su informe justificado. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas, por lo que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica y se tomarán en cuenta al resolver, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se declara cerrada la presente etapa. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 1785/2022-VI promovido por Mariana Itzel Quintana Valdovinos por conducto de su apoderada Ileana Mariel Urbina Pacho, contra el acto que reclamó de la Jueza Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnada al día hábil siguiente a este Juzgado, Mariana Itzel Quintana Valdovinos por conducto de su apoderada Ileana Mariel Urbina Pacho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el actos que reclamó de la Jueza Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, consistente en la orden de protección emitida a favor de Alejandro Giscard de Anda Arriaga y sus hijos menores de edad, el siete de julio de dos mil veintidós, en autos del expediente 08/2022. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo recibida; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por tanto, de una revisión integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado es el siguiente: La orden de protección emitida a favor de Alejandro Giscard de Anda Arriaga y sus hijos menores de edad, el siete de julio de dos mil veintidós, en autos del expediente 08/2022. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Jueza Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado aceptó la existencia del acto reclamado, por lo cual debe tenerse por cierta para los efectos de esta sentencia. Circunstancia que se corrobora de la revisión de las copias certificadas del cuaderno 8/2022, en el cual se emitió la orden de protección reclamada, las cuales gozan de valor probatorio pleno al haber sido expedidas por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el numeral 77, fracción I, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada Ley de la materia. Al respecto, los artículos 61, fracción XVI, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.] Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]. La fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé la improcedencia del amparo cuando se hayan consumado de manera irreparable los efectos del acto reclamado; caso en el que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Por su parte, el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Sobre esa base, se estima indispensable tener presente que la técnica rectora del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe cuál será el efecto de una eventual sentencia que conceda el amparo solicitado. Ello, ya que carecería de lógica y sentido práctico emprender el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, si de antemano se prevé que no será factible restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado. De esa forma, la previsión de los posibles efectos de la sentencia protectora tiene el propósito de evitar que, con la reparación de la violación de derechos, se produzca la infracción de otros principios o normas constitucionales y/o legales, pues el obligar a la autoridad responsable a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, tampoco debe propiciar que la sentencia tenga efectos más allá del caso concreto que fue enjuiciado. Así, constituye una obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio especulativo sobre una posible violación de derechos fundamentales. Pues, en caso de constatar que efectivamente se incurrió en la infracción alegada, su decisión debe tener la eficacia suficiente para por una parte, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, y por otro lado, restaurar el orden constitucional trastocado por las autoridades responsables. Lo anterior, en virtud de que la sentencia protectora, además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión de derechos alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción. En consecuencia, si no se realiza ese análisis anticipado, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso se hiciera, carecería de ejecutividad y de efecto práctico para la parte quejosa, colocándola en la misma situación en que se encontraba antes de iniciar el juicio. Pues la restauración del orden constitucional tampoco debe llegar al extremo de obligar a la responsable a respetar sus derechos aún a costa de incurrir en la violación de los principios y las normas que regulan este medio de control constitucional, o en su caso, las normas aplicables al proceso de origen. En ese sentido, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, los efectos protectores de la sentencia concesoria serán el de restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado material que guardaban antes de la violación cometida cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. Luego, si los efectos materiales del acto reclamado ya produjeron sus efectos de modo irreparable, esto es, sin poder existir posibilidad jurídica o material alguna de volver al estado de cosas preexistente, el juicio constitucional no tendría la eficacia restitutoria fáctica que lo debe caracterizar; así, para estimar actualizada la aludida causa de improcedencia, es necesario realizar un estudio en torno a la situación material que posiblemente se plantea como efecto consumado del acto reclamado. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Jueza responsable como justificación de su informe, mismas que obran glosadas en autos, se advierte que el siete de julio de dos mil veintidós, en atención a la comparecencia de Alejandro Giscard de Anda Arriaga, se celebró una audiencia reservada a efecto de atender la petición de medidas de protección. Posterior a escuchar los argumentos del solicitante, la Jueza responsable estimó procedente conceder la medida de protección solicitada debido a que se advertía que los menores de edad involucrados se encontraban en una posible situación de riesgo por la violencia referida en su contra, por lo que continuar viviendo con su madre les generaría vulnerabilidad. De ahí que resolvió conceder al solicitante la custodia temporal de sus hijos menores de edad, suspender temporalmente el régimen de convivencia con su madre y prohibir a esta acercarse al domicilio donde habite el solicitante y sus hijos, así como abstenerse de entablar comunicaciones con ellos y amenazar o cometer personalmente o a través de un tercero cualquier tipo de violencia en su contra. Finalmente, señaló que esa medida concedida tendría una vigencia de sesenta días naturales, contados a partir de su emisión, a efecto de que el compareciente entable o dé seguimiento a la acción legal correspondiente. Ahora bien, el objeto material que la parte impetrante pretende sea reparado en su beneficio con motivo de la instauración del juicio de amparo, tal como se advierte de su libelo constitucional, es que se deje sin efectos la aludida orden de protección en atención a la ilegalidad que aduce en sus conceptos de violación. Por tanto, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la orden reclamada tiene el carácter de un acto consumado de modo irreparable y, por ende, a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad o no de la resolución reclamada, toda vez que su vigencia concluyó el siete de septiembre del año en curso, cuando fenecieron los sesenta días naturales para los que fue otorgada. Lo anterior, toda vez que la sentencia de amparo no será capaz de retrotraer las cosas hasta el estado en que se encontraban cuando se promovió la demanda de amparo; por lo que la sentencia de amparo que, en su caso, sea favorable a la parte quejosa, no podrá tener por efecto restituirle de la afectación que generó la orden de protección combatida, ya que a la fecha en que esto se resuelve surtió la totalidad de sus efectos, esto es, se consumó de forma irreparable. Circunstancia que evidentemente pone de relieve que no sería material ni jurídicamente posible restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales posiblemente violados. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el numeral 77, fracción I, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a esta Juzgadora a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Mariana Itzel Quintana Valdovinos por conducto de su apoderada Ileana Mariel Urbina Pacho, contra el acto que reclamó de la Jueza Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; atento a las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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