María Zavala López

Expediente 358/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
358/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • María Zavala López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que a la fecha desahogaran dicha vista; por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en la que, 2. Reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo. 3. Se pronuncie nuevamente sobre la hipótesis prevista en el artículo 15, fracción IX, de la Ley Arancelaria, lo que podrá hacer con libertad de jurisdicción en el mismo sentido o uno diverso, pero deberá fundar y motivar su determinación." Por acuerdo de seis de abril del año en curso, causó ejecutoria la anterior determinación y se requirió a la responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo. Mediante oficio registrado con el número 2087, la juez Menor Mixto Interina de Moroleón, Guanajuato, informó el cumplimiento del fallo protector, y al efecto remitió copia certificada del acuerdo de siete abril del año en curso, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***/2019, del que se desprende que dejó insubsistente la resolución reclamada de cinco de marzo de dos mil veinte. De igual forma, allegó copia certificada de la resolución interlocutoria de siete de abril de los actuales, relativa al incidente de liquidación de gastos y costas promovido por la parte quejosa, en la que, primeramente, reiteró las consideraciones que no fueron materia del fallo constitucional y, enseguida, en lo que corresponde a la concesión específica, expuso las razones por las que consideró excluir sólo una notificación de trámite, sobre la hipótesis prevista en el artículo 15, fracción IX, de la Ley Arancelaria. Al respecto, dijo: "8.-Se autorizan 16 dieciséis Unidades de Medida y Actualización diaria vigente, por 14 diecisiete notificaciones de fechas: veinticinco, veintiséis de abril y treinta de abril; tres de mayo, trece de mayo, quince de mayo, veintiuno de mayo, veintidós de mayo, veintitrés de mayo y treinta y uno de mayo; cuatro de junio, cinco de junio, seis de junio, veintisiete de junio, cuatro de julio y diez de julio, todas del año dos mil diecinueve que arrojan una cantidad de $ 1,390.08 mil trescientos tres noventa pesos 08/100 en moneda nacional, que es lo que se autoriza por este concepto; lo anterior de conformidad con la Fracción IX del artículo 15 de la Ley Arancelaria. No se autoriza la notificación que reclama de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecinueve, por tratarse de la notificación del acuerdo recaído para agregar la notificación practicada el día anterior a dicha fecha, misma que se encuentra contemplada en los montos autorizados en el párrafo anterior, además de no considerarse útil para el éxito del negocio de conformidad con el artículo 11 de la Ley Arancelaria." En esas condiciones, si la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó otra en la se pronunció nuevamente de forma motivada y fundada sobre la hipótesis prevista en el artículo 15, fracción IX, de la Ley Arancelaria, se concluye que se le ha restituido en el pleno goce de su derecho violado, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese contexto, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, y se concedió tanto la suspensión provisional como definitiva, en cumplimiento al artículo 18 incisos a) y b), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento, y en su caso de su violación, y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de tomos de pruebas. Devuélvase al juez responsable el tomo de pruebas que allegó a su informe de ley.

  2. Principal

    Visto el oficio que suscribe la juez Menor Mixto Interina de Moroleón, Guanajuato, al que adjunta las constancias con las que pretende demostrar que cumplió con la ejecutoria dictada en el presente asunto. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin perjuicio de que este juzgado dictará resolución en que se declare si el fallo protector se encuentra o no cumplido.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de la que se desprende que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo que precede, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al juez Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en la siguiente forma: Deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en la que, Reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo. Se pronuncie nuevamente sobre la hipótesis prevista en el artículo 15, fracción IX, de la Ley Arancelaria, lo que podrá hacer con libertad de jurisdicción en el mismo sentido o uno diverso, pero deberá fundar y motivar su determinación. Lo que deberá realizar en el término de tres días, en el entendido que deberá allegar a esta instancia las constancias con que lo acredite; apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 358/2020, promovido por xxxxxxx; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable, los quejosos María Zavala López y Martín Ruiz Guzmán solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato, que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. La autoridad responsable integró el asunto como amparo directo y lo remitió al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del XVI Circuito, del que conoció el Primero bajo el número ADC 273/2020. En auto de once de agosto pasado decretó la legal incompetencia para conocer de la demanda, virtud a que el acto reclamado no queda comprendido en la hipótesis prevista en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo; esto es, no es una sentencia definitiva ni resolución que pone fin a juicio. Acto seguido, ordenó su remisión a la Oficina Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con esta ciudad. TERCERO. Por razón de turno conoció este Juzgado Octavo. En proveído de veinte de agosto de dos mil veinte se abocó al conocimiento del asunto y admitió la demanda. En ese auto, dio legal intervención al fiscal de la adscripción y mandó hacer del conocimiento de las partes la radicación, sin necesidad de emplazarlas, dado que ya obraba en autos el llamamiento a todas ellas. CUARTO. Finalmente, una vez integrado el asunto, se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal . La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados se hacen consistir en la resolución que liquida las costas en favor de la parte quejosa, cuya ejecución tendrá lugar en la ciudad de Moroleón, en la que ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisan como actos reclamados: Del juez Menor Mixto, residente en Moroleón, Guanajuato, la resolución interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veinte, en la que hizo líquida la condena en costas en favor de la parte quejosa, dentro del juicio ejecutivo mercantil M-56/2019 en el que funge como demandada. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó. CUARTO. Antecedentes. De la copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil M-056/2019, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden diversos antecedentes que, enseguida, se citan: La tercera interesada, Elizabeth Camarena Rosiles, por propio derecho, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a la quejosa, María Zavala López, el pago de la cantidad consignada en el pagaré base de la acción ($150,000.00), entre otras anexidades legales. El cuatro de abril de dos mil diecinueve se radicó la demanda y dictó auto de exequendo. La diligencia de requerimiento de pago, emplazamiento y embargo se practicó el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, previo citatorio del veinticinco. En escrito de diez de mayo de dos mil diecinueve, la aquí quejosa contestó la demanda. En lo que interesa, hizo valer la excepción de prescripción de la acción y autorizó en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, al diverso quejoso, Martín Ruiz Guzmán. El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve se tuvo a la quejosa contestando la demanda y ofreciendo pruebas (confesional y un testimonio). Además, al quejoso citado en último término, se le tuvo autorizado en términos limitados del numeral, dado que no acreditó ser profesionista en Derecho. No obstante, una vez que comprobó su profesión, se le tuvo autorizado en términos amplios hasta el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Una vez desahogadas las confesionales a cargo de ambas partes, se verificó la audiencia de alegatos y el veinticinco de junio de dos mil diecinueve se dictó sentencia en la que se decretó la prescripción de la acción intentada y se condenó al pago de gastos y costas a la parte actora. En ejecución, la demandada-quejosa y su autorizado interpusieron incidente de liquidación de gastos y costas, el cual fue resuelto en interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veinte. Éste es el acto reclamado. QUINTO. Causal de improcedencia. Respecto del quejoso, Martin Ruiz Guzmán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diverso 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo, relacionados con el principio de instancia de parte agraviada. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario comparece "con el carácter debidamente acreditado en autos", esto es, en su calidad de autorizado en términos amplios del artículo 1069 de la Ley de Amparo, pues ese fue el que se le reconoció y dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, no para defender en la instancia constitucional elementos litigiosos de aquél. En todo caso, las partes formales (actora y demandada) son las únicas legitimadas para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. Sirve de orientación, por las razones que ahí se contienen, la jurisprudencia 1a./J. 108/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, tomo I, página 327, diciembre de dos mil trece, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio." De ahí que se actualice la causal de mérito, únicamente en relación con el quejoso Martín Ruiz Guzmán y procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Es fundado uno de los conceptos de violación. No obstante, a fin de cumplir con el principio de exhaustividad que rige la función jurisdiccional garantizada en el artículo 17 constitucional, se hará pronunciamiento sobre la causa de pedir que se estima infundada e inoperante. Para tal efecto, se irán particularizando las consideraciones del fallo y, a la par, se irán contestando los conceptos de violación que las controvierten. Incorrecta valoración del asunto como de mínima dificultad La resolución emitió dos presupuestos torales, a saber, que el asunto es de "dificultad mínima" y que "es valuable en dinero" Al respecto, el juez determinó: "A efecto de determinar lo inherente a la dificultad del negocio, es necesario primeramente precisar que, en atención a lo complejo o sencillo de un asunto, podemos clasificarlos como juicios de grado de dificultad mínima, de grado de dificultad máxima y de mediana dificultad. En la primer clasificación, podemos encontrar aquéllos que además de que se tratan de acciones que no son de difícil derecho (pues es común su trámite) se llevan a cabo en rebeldía de la parte demandada, o bien no cuentan con contienda y de ahí encontramos los juicios que se tramitan en rebeldía, o bien, en los que existe allanamiento de pretensiones o los procesos de jurisdicción voluntaria; en tanto que, los de máxima complejidad, son aquellos que requieren de un análisis especial sobre leyes, reglamentos, circulares de algunas ramas especializadas del derecho, como pudiera tratarse de aduanas, buques, aeronaves, comercio exterior u otras normas de derecho especializado, e incluso aquéllos casos en que el abogado debe analizar cuestiones que implican conocimientos técnicos sobre una rama específica de la ciencia; y por exclusión, los asuntos de mediana dificultad, podemos encontrar aquellos que sin estar en uno u otro supuesto, se llevan a cabo con un grado importante de contienda pero que son de trámite común. En ese sentido, podemos afirmar que el grado de dificultad de un asunto está en función de cómo se desarrolló el mismo; esto es, si la parte demandada dio contestación a la demanda entablada en su contra, si opuso excepciones y defensas, las pruebas ofrecidas y si las mismas se desahogaron, los recursos interpuesto, pero además, el tiempo que tardó en resolverse el juicio, sin pasar por alto la complejidad que represente el planteamiento del litigio, la complejidad técnica del tema jurídico en debate y su comprobación; porque estas cuestiones y actuaciones cuya ponderación subyace en la razón de ser de los rubros que contempla el artículo 15 de la Ley Arancelaria aplicable en el Estado. Partiendo de lo anterior, es dable considerar que el grado de dificultad mínimo aplica en aquellos asuntos en los que ocurren hipótesis como las siguientes: 1. El asunto se sigue en rebeldía, o bien no existe verdadera oposición a la pretensión activa; o donde se plantea expresamente allanamiento del demandado; y 2. La procedencia o, en su caso, la improcedencia de la acción o de la defensa se advierten a primera mano sin realizar un análisis extremadamente concienzudo o detallado del material probatorio, siendo la segunda la que se actualiza en el caso que nos ocupa. Así pues, se estima que el presente juicio es de un grado de dificultad mínima y no un alto grado de dificultad, como lo aprecia el incidentista, al solicitar los máximos autorizados, toda vez que de autos se desprende que la parte demandada si bien es cierto que contestó la demanda instaurada en su contra, también debe advertirse que se trata de un juicio ejecutivo mercantil sobre pago de pesos, en ejercicio de la acción cambiaria directa, la cual se encuentra perfectamente regulada en la legislación, y no requiere de investigaciones especiales o exhaustivas, además de que las pruebas ofrecidas y desahogadas fueron muy pocas y fue innecesario el estudio de las mismas, al haber resultado procedente la excepción de prescripción de la acción cambiaria directa, así como también fue corto el tiempo de duración del juicio." En cuanto a que es valuable en dinero, la responsable dijo: "Ahora bien, se determina que este juicio es valuable en dinero, al haberse ejercitado la acción cambiaria directa sobre pago de pesos, por lo que se estima que el valor del asunto es de $150,000.00 ciento cincuenta mil pesos que se reclamaron por concepto de suerte principal, sin que se contemplen otros conceptos por no existir cantidad líquida del resto de las prestaciones" En relación con la calificación del asunto como, de dificultad mínima, la parte quejosa se queja bajo el argumento de que "para que acreditara la excepción interpuesta y que resultó prosperante, se necesitó de destreza jurídica y conocimientos especializados jurídicos y (.) se requiere de conocimientos jurídicos y que si la demandada no los hubiera aplicado, la circunstancia y resultado no sería el mismo (.) además de que el presente juicio es de contienda (.) y el cual me acarreó a dar contestación y lograr mi defensa y buscar ayuda de un profesional del derecho para no perder mi patrimonio." Previamente a hacer el pronunciamiento sobre lo infundado de la causa de pedir, se formulará la siguiente precisión en torno a la forma en que será analizada: La resolución reclamada, obedece en su esencia a una valoración subjetiva por parte del juzgador; es decir, si bien se toman parámetros legales como punto de partida (los grados de complejidad de los asuntos están enumerados en la ley), lo cierto es que son el resultado de la calificación que hace la responsable, tomando las circunstancias de hecho acaecidas en el proceso con un grado de libertad y no el mero cumplimiento o subsunción en la prescripción legal. Se trata entonces de un modelo en el que el legislador otorgó al juez libertad para la decisión (sistema de valoración libre en oposición a tasado), a la luz de los elementos que obran en el proceso. A mayor abundamiento, es una técnica persuasiva que implica vincular los elementos del proceso con la adquisición del estado mental de convicción por parte del juzgador. Lo dice la doctrina: "lo que pertenece a los internos procesos psicológicos de convicción, muchas veces son parcialmente objetivables, sí, pero también pertenecen al ámbito de lo inefable" Esta concepción contiene un diseño racional-jurídico que limita o minimiza la libertad de apreciación en la revisión en sede constitucional de la decisión sobre los hechos adoptada en sede ordinaria; se explica: En un recurso de segunda instancia, un Tribunal superior u originario puede remover las consideraciones del juez natural con un parámetro amplio de apreciación. Es decir, en la jurisdicción ordinaria, una justificación jerárquica de Tribunales permite -siempre cumpliendo con las exigencias de fundamentación y motivación- aceptar que la convicción del superior difiere de la del juez de instancia. Lo anterior no es aplicable en la misma medida al tratarse del juicio de amparo indirecto. Es cierto que el proceso histórico evolutivo del juicio de amparo sobre su extensión tuteladora, se ha extendido al control de legalidad, pero no deja de ser un juicio autónomo cuya naturaleza es la revisión del acto de autoridad a la luz de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. No se está ante una segunda instancia que reasume jurisdicción. Dicho de otra manera, el Tribunal Federal de amparo no se erige como un superior jerárquico que puede bajo esa técnica persuasiva asumir una función que le es vedada, pues como la propia doctrina lo señala, se estaría ante un inaceptable: "mi convicción difiere de la del juez de instancia y yo mando más". Es orientador el criterio de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: "AMPARO, NATURALEZA DEL. El juicio constitucional de amparo no constituye una tercera instancia o un recurso de casación en el que se requiera evaluar los datos de convicción que ya fueron valorados por los grados de la instancia, puesto que el amparo es un juicio concentrado de anulación, esto es, un medio de control constitucional en el que se enjuicia al órgano judicial que pronunció la sentencia reclamada para resolver si en ésta se han violado garantías individuales, en cuyo caso procede restituir al quejoso el goce de las mismas." De otra manera, se estaría vulnerando no solo la naturaleza de las instituciones procesales, sino el propio sistema de impartición de justicia que constituye la columna vertebral en la estructura de garantías para proteger el derecho fundamental a la seguridad jurídica. Por ello, inmiscuirse en la jurisdicción ordinaria en términos de valoración convictiva, se convertiría en una contradicción epistemológica del propio juicio de amparo, pues se estaría violentando lo que se pretende proteger. Lo anterior no implica desatender el tópico desde la perspectiva constitucional. Solamente se debe asumir que, en torno a cuestiones que ameritan valoración subjetiva, con libertad convictiva y persuasiva por parte de los tribunales de primera instancia, el juez Constitucional debe limitarse al estudio "ordinario" en sentido débil, asumiendo que el control solamente se ejercerá si se contraviene una disposición legal o si la valoración resulta absurda a un estándar razonable. Sentada la precisión en torno a los límites de este Tribunal Constitucional, es decir, bajo la premisa de que el estudio de valoración que hace un juez de instancia con la libertad que le atribuyó el legislador en la norma, debe hacerse en un sentido "débil" de tal forma que no se invada la jurisdicción ordinaria, se retoma el concepto de violación que se estima infundado. Contrariamente a lo expuesto por la parte quejosa, los conocimientos técnicos que se requieren para hacer valer la excepción de prescripción y su estudio en sentencia, si bien, ameritan un grado de conocimiento jurídico de las partes, lo cierto es que se está ante una situación que, como lo dijo la responsable "no requiere de investigaciones especiales o exhaustivas" y "se advierten a primera mano sin realizar un análisis extremadamente concienzudo o detallado del material probatorio". De asumir la pretensión del quejoso, esto es, que tuvo que acudir ante un perito en Derecho para defenderse, llevaría al absurdo de forjar una regla: todos los asuntos en los que intervengan abogados deben ser considerados de alta complejidad. Ello trastoca la libre valoración del juzgador para emitir una calificación sobre la complejidad del asunto. Luego, bajo un parámetro de razonabilidad y sin invadir la jurisdicción ordinaria, se consideran suficientes y adecuadas (en oposición a arbitrarias o desmedidas) las razones que expuso el tribunal para considerarlo como de complejidad baja. Sin que pase inadvertida su manifestación en el sentido de que el juicio es "de litis cerrada y considerarse a este juicio como de contienda y no como lo interpreta la inferior al considerarlo en rebeldía" Es inexacta tal afirmación, pues parte de una premisa errónea, en tanto que el juzgador planteó dos hipótesis: "1. El asunto se sigue en rebeldía, o bien, no existe verdadera oposición a la pretensión activa y 2. La procedencia o, en su caso, la improcedencia de la acción o de la defensa se advierten a primera mano, sin realizar un análisis concienzudo o detallado del material probatorio", para decantarse por ésta última, al expresar "siendo la segunda la que se actualiza en el caso que nos ocupa." De ahí que resulte infundada la causa de pedir relacionada con la valoración del asunto. Incorrecta liquidación de los montos a que se refiere el artículo 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato. Una vez precisado el grado de dificultad del asunto, el juzgador se pronunció en lo específico sobre todas las hipótesis que prevé el artículo 15 mencionado y las fue cuantificando una por una. En contraste con esa parte del fallo, la parte quejosa impugnó algunas de esas cuantificaciones. En esa medida, para facilitar el análisis, se irá transcribiendo la parte conducente del fallo, luego el concepto de violación en lo particular, para finalizar con la consideración que hace este Tribunal constitucional al respecto. "QUINTO.- Establecidas las bases anteriores, es que a continuación se concederán al actor incidental los medios autorizados en cada una de las fracciones que reclama, a que se refiere el artículo 15 de la Ley Arancelaria en cita como a continuación se expone." "1. Por la vista de actuaciones, se concede la cantidad de $868.80 ochocientos sesenta y ocho pesos con ochenta centavos, equivalente a diez veces la Unidad de Medida y Actualización, correspondientes a cinco unidades por cada una de las dos vistas que refiere el solicitante, relativas a dos autos emitidos por este Juzgado en fechas cuatro de abril del año dos mil diecinueve y veintiuno de mayo del mismo año, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 15 de la Ley Arancelaria" Respecto de esta fracción no se formuló concepto de violación. "2. Por una consulta profesional brindada a la parte actora material, se le concede la cantidad de $173.76 ciento setenta y tres pesos con setenta y seis centavos, en moneda nacional, equivalentes a dos unidades de medida y actualización por únicamente una de las conferencias o consultas que solicita, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 15 de la Ley Arancelaria. Sin que se autoricen las cinco consultas que solicita, ya que la parte actora incidental es omisa en señalar a qué consultas se refiere, es decir, no indica fechas, lugar, tipo de consulta, motivo o si fue escrito o verbal, así como tampoco obran pruebas con las que se demuestre que dichas consultas cuyo pago exige ocurrieron, sin embargo, se autoriza una consulta ya que en base a la prueba inferencial indirecta autorizada por el numeral 1305 del Código de Comercio, podemos concluir que por lo menos una vez el demandado acudió con su abogado para exponerle el caso, contratar su servicios para que lo asesorara y le contestara la demanda, contestación que obra en autos, pues solo así se explica que la contestación cumpliera los requisitos necesarios y que además la cual además resultara exitosa para que el demandado fuera absuelto, lo que denota que fue gracias al auxilio de un profesionista, quien por lo menos una vez debió haber sido consultado al respecto. Tocante a esta parte del fallo, el quejoso expuso que "resulta ilógico primeramente que un profesionista del derecho catalogado como abogado litigante cobre la cantidad de $173.76 pesos por concepto de consulta, valoración del caso y contestación de una demanda, lo cual se considera falta de ética profesional por parte de la inferior, así como una denigración a su oficio que ella misma ejerce, por lo que considero por ética profesional primeramente el juicio como de baja complejidad y deberá ser autorizado los máximos de cobros de honorarios." Su aseveración es infundada, pues parte de presupuestos subjetivos y juicios de valor que escapan a la prescripción prevista en el artículo 15, fracción II, de la Ley Arancelaria. En efecto, basta la lectura del numeral para advertir que permite la autorización dentro de un rango de "dos a diez veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, por conferencias o consultas" (en adelante, la denominaremos UMA). Luego, si el juzgador presumió la existencia de, al menos, una consulta, se actualizó la consecuencia legal mínima que es dos veces la UMA, sin que el peticionario exponga razonamientos sobre la necesidad de que se cuantificara con más unidades de medida. Sin perjuicio de ello, es relevante establecer qué se entiende por costas procesales, acorde con algunas definiciones obtenidas de la doctrina jurídica contemporánea. Así, tenemos que el jurista argentino Ramiro Podetti define a las costas como todos los gastos causados u ocasionados en forma directa por la sustanciación del proceso y que deben recaer sobre los sujetos. El tratadista español Rafael de Pina considera las costas como los gastos ocasionados en el proceso, derivados directamente de él, sobre cuyo pago está obligado el juez a resolver, ordenando a cuál de las partes corresponde abonarlas o declarando que no procede, en el caso especial, condenación en costas. El Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Escriche (según cita de Carlos Arellano García en su obra titulada Derecho Procesal Civil), señala que las costas son los gastos que se hacen por las partes en las causas civiles y criminales, las que son a cargo de la parte que solicitó la diligencia en el juicio, mientras no se determine en la sentencia quién debe pagarlas. Bajo la perspectiva de la legislación mexicana, el procesalista Eduardo Pallares nos explica que se entiende por costas a los gastos que sean necesarios para iniciar, tramitar y concluir un juicio, sin comprender a los superfluos. Como se ve, los diferentes autores que han sido mencionados coinciden en aceptar que dentro de un proceso se originan diversas erogaciones, entre las que podemos mencionar, por señalar algunas, los honorarios de abogados, publicaciones en periódicos, peritajes, depositarías, etcétera, y esos costos representan un menoscabo patrimonial para las partes, que debe ser cubierto por ellas mismas durante la sustanciación del procedimiento y por la que sea vencida al finalizar éste, ello con base en la convicción de que la ley no debe generar una disminución patrimonial para aquel en cuyo favor actúa. Es de invocarse en apoyo a lo que antecede, la tesis, de rubro: "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS." Ahora bien, en la práctica y doctrina judicial mexicana, se ha sostenido que la condena en costas deriva del hecho palpablemente objetivo de la derrota, traducido en la indemnización a la parte favorecida con el sentido de la sentencia, por haberla sometido a un juicio en el que obligadamente, a fin de lograr una defensa apropiada, efectuó diversas erogaciones, entre las que pueden mencionarse, honorarios de abogados, peritajes, depositarías, entre otros. Lo anterior cobra fundamento en lo estatuido por el numeral 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que a la letra dispone: "Art. 11.- La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso. Se considera que pierde una parte cuando el juez acoge, parcial o totalmente, las pretensiones de la parte contraria. Si dos partes pierden recíprocamente, el juez puede exonerarlas de la obligación que impone el párrafo primero, en todo o en parte; pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, según las proporciones de las pérdidas. Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del juez y teniendo en consideración las disposiciones arancelarias, ha debido desembolsar la parte que obtenga, excluído el costo de todo acto o forma de defensa que se consideren supérfluos." Todo gasto inútil que una parte ocasione a la contraria, será a cargo de la primera; sea que gane o pierda el juicio. Ahora bien, las costas procesales son materia de condena que impone el Juez con motivo de la tramitación de un juicio y su pago se decreta generalmente en perjuicio de la parte vencida, siendo su objeto el resarcir a la contraria de los gastos y erogaciones que hubiere hecho por el trámite judicial en que intervino; así pues, las costas se integran por los honorarios del abogado de la parte vencedora pagaderos a ésta (en oposición al patrocinante, como se verá más adelante), así como por todos aquellos gastos y expensas que se hubieren realizado con motivo del procedimiento judicial. Es de invocarse la tesis de Quinta Época sustentada por la Tercera Sala del máximo tribunal de este país, de rubro y texto: "COSTAS, NATURALEZA DE LAS. Las costas representan el conjunto de gastos que origina el proceso para los litigantes, comprendiendo el importe de los honorarios de los abogados y los necesarios para desahogar las diligencias solicitadas durante el juicio; el fundamento de la condena en costas, según Chiovenda, es el hecho objetivo de la derrota del litigante y su justificación se encuentra en la actuación de la ley, no debiendo representar una disminución patrimonial para la parte que obtiene como demandante o demandado, toda vez que los derechos de litigio, deben tener un valor puro y constante; según Carnelutti, la responsabilidad procesal representa un remedio extremo contra el afán de litigar y conviene utilizarlo cuando no se puedan adoptar otros menos costosos y debe correr a cargo del litigante temerario en contraste con la libertad que se concede para proponer acciones y excepciones que carezcan de fundamento. Como se ve, la doctrina confiere un carácter netamente procesal o la condena en costas, puesto que necesita indispensablemente la existencia de un procedimiento judicial para que, causadas, se defina la responsabilidad de quien deba indemnizarlas; pero esta conclusión, exacta por lo que se refiere al aspecto procesal del asunto, no evita ni deja sin valor el origen contractual de las responsabilidades del que ha faltado al cumplimiento de sus obligaciones, porque es precisamente el incumplimiento de una obligación, lo que hace que los interesados ocurran ante las autoridades judiciales, excitando su jurisdicción, para decidir las controversias que pueden suscitarse. Es por ello por lo que también en el Código Civil se encuentran disposiciones que se refieren al pago de los gastos judiciales, que tienen el mismo significado de las costas, e impone la obligación de indemnizarlos al que haya faltado al cumplimiento de su obligación; de tal manera que cuando ésta se hace exigible y para lograr su cumplimiento se haga necesaria la intervención del Juez y éste pronuncie sentencia declarando procedente la acción, es indudable que debe establecerse la condena en costas, porque están llenados todos los requisitos que tuvo en cuenta el legislador para imponer esa responsabilidad al que hubiere sido condenado en un juicio ejecutivo, de acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, sin que por el hecho de que el demandado hubiere solventado su obligación, antes de pronunciarse sentencia, deba omitirse la condena en costas, con fundamento en el artículo 404 del propio código, que se refiere al caso en el que demandado haga confesión expresa respecto a toda la demanda y que impone al Juez la obligación de otorgar en la sentencia, un plazo de gracia al deudor y a reducir las costas, porque este precepto únicamente establece la reducción de las costas, por la forma y manera en que se desarrolla la relación procesal; ya que la confesión del demandado impide el litigio y amerita pronunciar sentencia desde luego, pero sin que esto quiera decir que no se hubieren causado los gastos necesarios durante el procedimiento, para que el deudor cumpliera con las obligaciones que se le exigieron en la demanda." En cambio, los honorarios pagaderos al patrocinante, son la contraprestación por los servicios profesionales que brindan los abogados y, el derecho a cobrarlos, deriva de lo convenido entre el perito en derecho y su cliente; a falta de estipulación o convención entre éstos, el pago de honorarios debe regirse por la ley arancelaria respectiva. Por ello, también se concluye que las costas son una cuestión de índole procesal, en tanto que los honorarios profesionales, por el patrocinio judicial, son de naturaleza contractual (entre el profesional del Derecho y cliente). Es sustento de lo que precede la tesis de rubro y texto: "HONORARIOS DE LOS ABOGADOS Y COSTAS DEL JUICIO, SON FIGURAS DISTINTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Conforme a lo dispuesto en los artículos 88 a 97 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, las costas del juicio proceden de una condena procesal que impone el Juez, generalmente a la parte vencida, con objeto de resarcir a su contraria de todos los gastos y expensas que hubiere anticipado con motivo de la tramitación del juicio. Las costas se integran por: a) los honorarios del o los abogados de la parte vencedora y b) todos los gastos y expensas que se otorguen con motivo de la tramitación del juicio, excluyendo los inútiles o superfluos. Por otro lado, los honorarios de los abogados derivan de una cláusula natural del contrato de prestación de servicios profesionales en la que se pacta, entre abogado y cliente, el precio del servicio quota litis y a falta de dicho acuerdo de voluntades, el legislador ha dispuesto que la tasación del servicio respectivo debe calcularse con base en el Arancel de Abogados (artículos 2499 y 2500 del Código Civil para el Estado de Nuevo León y 1o. del Arancel de Abogados de dicha entidad). De lo anterior, se advierte que mientras las costas provienen de un acto procesal propio del juicio civil, los honorarios constituyen un pacto de derecho privado regido por las reglas del derecho civil; por tanto, no es válido considerar a las costas como sinónimo de honorarios, pues evidentemente, la naturaleza jurídica de ambas figuras es distinta." Es indispensable acotar que aun cuando los honorarios como parte integrante de las costas, deriven de un contrato de prestación de servicios profesionales, no puede soslayarse la naturaleza de sanción procesal que constituye dicha condena, por lo que se deberá determinar el costo del servicio prestado en el juicio, a través del incidente de liquidación con base en la ley arancelaria correspondiente. En ese tenor el contrato que, en su caso, exista entre la parte que obtuvo condena favorable, con su abogado que lo asistió y sea acorde a las costumbres del lugar, es distinto a la regulación legal sobre el monto de las costas en esa etapa, ya que aquél sólo vincula a los contratantes que en él intervinieron, por lo que sus cláusulas no pueden obligar de manera alguna a quien se condenó a su pago, pues no participó en su celebración. Por ende, a fin de que se pueda determinar y regular en cantidad líquida dicha condena, deberá ajustarse a lo previsto por la ley arancelaria (no así al contrato de prestación de servicios ni a la costumbre cuantitativa del lugar). En respaldo del anterior aserto se invoca la tesis de rubro y texto: "COSTAS. LOS HONORARIOS DE ABOGADOS EN LOS JUICIOS SE SUJETARÁN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ARANCEL PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE ABOGADOS Y COSTAS JUDICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO, Y NO AL CONVENIO CELEBRADO. De una interpretación armónica de los artículos 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México y el 3o. de la Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costas Judiciales en el Estado de México, se aprecia que la condena al pago de las costas comprende el pago de los honorarios del abogado, siempre y cuando fuere titulado, cuyo monto se determinará de conformidad con lo establecido por la ley de arancel citada. Consecuentemente, cuando se celebra un convenio respecto de la prestación de servicios profesionales para que el abogado sea asesor en un juicio, el convenio únicamente constriñe al abogado con su cliente, y la relación jurídica no puede ampliarse hacia un tercero que es la contraparte y que no convino con él los honorarios; por lo tanto, el pago de costas referentes a éstos del abogado lo va a regir el arancel correspondiente y no el acuerdo de voluntades celebrado, aun cuando el ordenamiento relativo establezca por dicho concepto cantidades inferiores a las pactadas en el convenio celebrado." En suma, lo hasta ahora expuesto pone de manifiesto las diferencias entre las figuras "costas procesales" y "honorarios de los abogados"; concretamente: La la ley impone una obligación al vencido, de pagar al vencedor (quien tiene generado un derecho) las costas procesales, entre las que se incluye una tasación en torno a los honorarios. Es decir, los sujetos a quienes se encuentra dirigida la general norma son, en este caso, los contendientes en el proceso. Sin perjuicio de ello, también existe la libertad de las partes en contratar asesoría o patrocinio por parte de un perito en Derecho, con quien extrajudicialmente podrán celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales (honorarios), que se constituirá en una norma individualizada, pero solo entre ellos. Es decir, independiente de aquélla. De esa guisa, la pretensión de la parte quejosa, en torno a su asesoría, es distinta de la que se encuentra tasada expresamente en la ley, pues involucra una relación jurídica de distinta naturaleza y entre diversos sujetos. De ahí que el juzgador actuó correctamente al liquidar, bajo la hipótesis legal (fracción II) y, por ende, resulte también infundado este concepto de violación. Inconstitucionalidad de la cuantificación del escrito de contestación de demanda En torno a la fracción III del artículo 15, la responsable dijo: "Por el escrito de contestación de demanda, se concede la cantidad de $1,500.00 mil quinientos pesos moneda nacional, que resulta de aplicar el 1% uno por ciento al valor de lo controvertido en este juicio, esto es $150,000.00 ciento cincuenta mil pesos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del artículo 15 de la Ley Arancelaria. No se autoriza concepto alguno por el escrito de demanda, en virtud de que dicho escrito es atribuible a la contraparte de la solicitante" Al respecto, la quejosa estima que debió autorizarse la cantidad de siete mil quinientos pesos, a razón de la tasa máxima del 5% sobre el valor del negocio. Lo anterior, bajo el argumento de que "no se debe aplicar la complejidad del asunto como erróneamente lo aplica el inferior, esto es, la ley es muy clara y precisa al citar que por ese concepto se cobrará un 5% al ser un asunto valuable en dinero." Su aseveración es infundada, pues de la simple lectura del precepto, se advierte que se utiliza la preposición "hasta" que, acorde a la semántica común "indica el límite máximo de una cantidad variable", lo que implica una facultad discrecional de la autoridad para actuar en un rango de mínimos-máximos (1% a 5%). Clarifica lo anterior la tesis, de rubro y texto "HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS Y NOTARIOS. LAS FRACCIONES DE UNIDAD EN PORCENTAJES NO RIGEN PARA LOS PRIMEROS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Los artículos 15 y 16 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, que regulan los honorarios profesionales de abogados y de costas procesales en los juicios civiles y mercantiles al emplear las locuciones "hasta un 5% de lo que se controvierta", "hasta un 10%" y "hasta un 15% de la suerte principal", sin precisar cuál es el porcentaje mínimo que se aplicará en cada supuesto, no deben interpretarse en el sentido de que en tales parámetros de mínimo y máximo queden contempladas fracciones de unidad, pues no comprende el sistema métrico decimal, sino que hace referencia a un sistema de números enteros; de ahí que el mínimo debe ser el 1% (uno por ciento), en cada hipótesis. Además, la circunstancia de que se haya usado la preposición hasta no conlleva que la mínima expresión pueda ser una fracción del indicado 1% (uno por ciento), como por ejemplo 0.5% (cero punto cinco por ciento), pues está implícito que el mínimo no puede ser otro que la unidad y los máximos ahí precisados, lo que se corrobora con lo establecido en el arancel para el cobro de honorarios profesionales de notarios, específicamente en el precepto 21 de la propia ley, donde sí se contempla el sistema métrico decimal para señalar los porcentajes correspondientes, en virtud de que fijan como mínimo el 0.5% (cero punto cinco por ciento), quedando así evidenciado que la intención del legislador al establecer los porcentajes respecto al cobro de honorarios de abogados no fue la de incluir dicho sistema decimal, porque de haber ocurrido así, bastaba que lo refiriera como lo hizo al regular los honorarios de los notarios." Luego, si en el caso, el juzgador, dentro del margen que le es permisible, fijó el monto en el rango mínimo, debe estimarse lícito, en tanto que es concordante con su calificación de complejidad -mínima- del asunto. De ahí que también sea infundado este concepto de violación. Pronunciamiento sobre las fracciones IV, V y VII de la Ley Arancelaria Respecto de la cuantificación del juzgador, en torno a estas fracciones, la promovente no expuso causa de pedir, por lo que quedan intactas. Inconstitucionalidad de cuantificación por escritos de ofrecimiento de pruebas y asistencia a audiencias, previstos en las fracciones VI, VIII y X del artículo 15, de la Ley Arancelaria, así como de la cuantificación prevista en el penúltimo párrafo del mismo numeral En torno a estas categorías, la responsable expuso: "Por escrito en que solicito la recepción de pruebas, se autorizan 2 unidades de medida y actualización (UMAS) equivalentes a $173.76 ciento setenta y tres pesos con setenta y seis centavos, de conformidad con la fracción VI del artículo 15 de la Ley Arancelaria (.) Por la asistencia de la parte actora a la audiencia de seis de junio de dos mil diecinueve, se autorizan 5 Unidades de Medida y Actualización Diaria, esto es, la suma de $434.40 (cuatrocientos treinta y cuatro pesos con cuarenta centavos, de acuerdo a la fracción VIII del artículo 15 de la referida ley." (.) Por los trabajos desempeñados a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley Arancelaria, ya que como se ha determinado la dificultad del negocio fue mínima, se autoriza únicamente el 2% sobre el monto de la suerte principal equivalente a $150,000.00 ciento cincuenta mil pesos, de lo que se obtiene la suma de $3,000.00 tres mil pesos que es la que se liquida por tal concepto." Ahora bien, la quejosa pretende controvertirlo bajo el argumento de que "deberá ser revocada la fracción (.) relativa a escritos en que se solicite recepción de pruebas (.) y autorizarme la cantidad en sus topes máximos". Además, expone que "deberá ser revocada la fracción relativa a asistencia a juntas, audiencias" ya que "obran 1 asistencia a audiencias de fecha 6 de junio del año 2019 y que multiplicadas por su equivalente deberá de aplicar los cobros máximos." También precisa que "de la fracción X, párrafo segundo (.) solicito se autorice la cantidad de $15,000.00 quince mil pesos 00/100 M.N. (.) por apegado a derecho autorizar el tope relativo al 10% que la fracción me faculta." Esas afirmaciones, al ser dogmáticas, esto es, sin explicación alguna, deben declararse inoperantes. Es decir, la mera pretensión de que se aplique la tasa máxima a las actuaciones, sin justificar porqué, impide ser contrastada en lo particular o individualizarse como causa de pedir, con las conductas tildadas de inconstitucionales. De ahí que tales expresiones carezcan de los elementos necesarios para contradecir lo resuelto por el juzgador y las torna inoperantes. Es aplicable la jurisprudencia, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." También orienta la jurisprudencia que, a la letra, dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez." VI. Falta de fundamentación de la cuantificación por las notificaciones practicadas, según lo dispone la fracción IX (concepto fundado) Finalmente, es fundado el concepto de violación en el que se controvierten los términos en que se cuantificaron las costas, en relación con tres de las notificaciones practicadas en autos. La inconstitucionalidad radica en que la consideración carece de la fundamentación exigida constitucionalmente. El artículo 16 de la Carta Magna establece la obligación de que cualquier acto de molestia, se encuentre fundado y motivado, lo que se traduce en una garantía protectora del derecho fundamental a la seguridad jurídica. La garantía de legalidad consagrada en la parte del dispositivo transcrito, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero como la obligación de la autoridad que lo emite, de citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; por lo segundo, que exprese razonamientos lógico jurídicos sobre por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Así se desprende de la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora bien, sentada la premisa normativa, se contrastará con la consideración fáctica. Al respecto, la autoridad responsable validó el monto por 14 notificaciones: "Se autorizan 14 catorce unidades de medida y actualización diaria vigente, por 14 diecisiete (sic) notificaciones de fechas: veintiséis de abril, treinta de abril, tres de mayo, trece de mayo, quince de mayo, veintiuno de mayo, veintidós de mayo, treinta y uno de mayo, cuatro de junio, cinco de junio, seis de junio, veintisiete de junio, cuatro de julio y diez de julio, todas del año dos mil diecinueve, arrojan una cantidad de $1,216.32 mil doscientos dieciséis pesos con treinta y dos centavos, que es lo que se autoriza por este concepto; lo anterior de conformidad con la fracción IX del artículo 15 de la Ley Arancelaria." En cuanto a la diligencia de citatorio previa a la diversa tripartita (requerimiento de pago, embargo y ejecución), la desestimó, bajo el argumento de que ambas forman una sola actuación: "No se autoriza la notificación de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, por tratarse del citatorio previo a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada en fecha veintiséis de abril del año mencionado, la cual para efectos concernientes, se toma como una diligencia única, ya contemplada en el monto autorizado en el párrafo que antecede." También excluyó otras dos notificaciones: ".tampoco se autorizan las notificaciones que reclama de fechas veintitrés de mayo y veintiocho de junio del año dos mil diecinueve, por tratarse de la notificación del acuerdo recaído para agregar la notificación practicada el día anterior a dichas fechas, que de igual forma se encuentran contempladas en los montos autorizados en supralíneas" En estos supuestos, es dable advertir que la autoridad responsable fue omisa en fundamentar por qué deben excluirse tales notificaciones, en la medida en que la peticionaria hace notar que "la ley refiere ser cualquier forma que se haga". Al efecto, la lectura de la norma prevé "una Unidad de Medida y Actualización diaria, por notificación en cualquier forma que se haga", sin indicar mecanismos o prescripciones diferenciadores respecto de ciertos tipos de notificaciones o la finalidad de éstas. Luego, si el juzgador únicamente expuso las razones por las que consideró excluir tanto la diligencia de entrega de citatorio, como otras dos notificaciones de trámite, pero omitió indicar los preceptos legales o interpretación normativa de la que se infiera o deduzca que esa clase de actos no encuadran en la regla prevista en la fracción IX mencionada, debe estimarse que incumplió con la exigencia constitucional de fundar su determinación. Esto obliga a declarar la inconstitucionalidad del fallo y conceder la protección federal, para que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en la que, Reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo. Se pronuncie nuevamente sobre la hipótesis prevista en el artículo 15, fracción IX, de la Ley Arancelaria, lo que podrá hacer con libertad de jurisdicción en el mismo sentido o uno diverso, pero deberá fundar y motivar su determinación. SÉPTIMO. Notificación a las partes. En términos del artículo 11, fracción I del ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, al no clasificarse el presente asunto como urgente, notifíquese personalmente esta sentencia, una vez que se normalicen las actividades, de manera escalonada y conforme a las funciones del juzgado lo permitan. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos en mención y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en lo que concierne al quejoso Martín Ruiz Guzmán, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a María Zavala López, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, para los efectos indicados en el último.

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