Maria Yarabit Ramírez Quintanar
Expediente 740/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 740/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Yarabit Ramírez Quintanar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio (fojas 30 a 33); con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que tal determinación ha adquirido firmeza legal para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, puesto que se sobreseyó en el juicio de amparo. Finalmente, acorde con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger la documental que anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, este podrá ser depurado del sumario y destruido en su momento.
- Principal
Visto el estado procesal de este sumario, del cual se advierte que mediante determinación de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, contenida en el oficio DVG-439/2017 (foja 20), la jefa del departamento de vivienda en Guanajuato del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), respondió la petición formulada por la hoy quejosa ante dicha autoridad en data veintisiete de febrero de dos mil dieciocho De lo que antecede, es inconcuso que en la especie sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Se afirma lo anterior, en virtud de que en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclamó del jefe de departamento de vivienda del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), la omisión de emitir la respuesta correspondiente al escrito de petición que le presentó el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, así como su correspondiente notificación Ahora bien, de las constancias exhibidas por la responsable junto con su informe de ley, las cuales adquieren valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable, emitió la resolución correspondiente al escrito de petición, presentado por la quejosa el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho Ciertamente, en el sumario obra el acuse de recibo (foja 9 y vuelta) del escrito signado por la agraviada María Yarabit Ramírez Quintanar a través del cual solicitó al jefe de departamento de vivienda del Fondo de Vivienda del Instituto de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta localidad, que le informara por escrito el fundamento legal que otorga facultades a dicho fondo de vivienda para aplicar cada año al crédito otorgado a la promovente, el concepto de actualización que se refleja en el estado de cuenta -anexo a la petición- y que en el año de dos mil dieciocho se aplicó el uno de febrero, por un monto de cuarenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro pesos con veinticuatro centavos; que informara el desglose por cuanto ve a conceptos, valores y operaciones aritméticas que cada año se realizaron para calcular las actualizaciones al crédito que le fue otorgado desde dos mil catorce hasta dos mil dieciocho; y que expidiera una tabla de amortización del crédito 1688262 en la que se especifique el número total de pagos y la fecha calculada para finiquitar el monto del mutuo con garantía hipotecaria que le fuera otorgado. Asimismo, obra en autos de este asunto la documental pública consistente en la copia certificada del oficio número DVG-439/2017 de cinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 20 y 21 vuelta), signado por la jefa del departamento de vivienda del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -dirigido a la hoy quejosa-, a través del cual le respondió que en el sistema integral de base de datos de cartera (SIBADAC) aparece el crédito número *** a nombre de la hoy agriada, en la modalidad de adquisición de vivienda, el cual data del once de octubre de dos mil trece, por un monto inicial de 426.1687 salarios mínimos mensual general vigente en el entonces Distrito Federal, equivalentes a ochocientos treinta y nueve mil pesos Que el saldo actual del mencionado crédito es de 231.6705 salarios mínimos mensual general vigente en el entonces Distrito Federal, equivalentes a seiscientos veintidós mil trescientos pesos con veintitrés centavos. También que el estatus de ese crédito es "vigente" y con registro de último pago al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; asimismo, explicó la forma en cómo se realizaron las actualizaciones e incrementos al saldo insoluto del mencionado crédito hipotecario, esto es, acorde al salario mínimo -en un principio- y en la actualidad conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Que en cuanto a la forma de pago y plazo para ello -indicó la autoridad- tal circunstancia se plasmó en la escritura pública doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos, de once de octubre de dos mil trece, tirada ante la fe del notario público ***********con ejercicio en Cuernavaca, Morelos; que el cálculo de la tabla de amortizaciones para saber en cuanto tiempo aproximadamente puede liquidarse el crédito, no se puede realizar habida cuenta que se desconoce el incremento que llegue a tener el salario mínimo general mensual y la Unidad de Medida de Actualización durante la vigencia del crédito, aunado a que se tienen que considerar valores como el salario que percibe el trabajador y aportaciones del SAR por la dependencia para la que labora Ahora, del sumario también se desprende que la parte peticionaria tuvo conocimiento de la reseñada respuesta desde el ocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 26 vuelta), pues en esa data se impuso del contenido del informe de ley y, por ende, de la respuesta a su solicitud. Lo que precede, pone de manifiesto que la responsable emitió la respuesta a la solicitud formulada por la quejosa, con lo cual restituyó su derecho de petición, provocando con ello que cesaran los efectos de la omisión tildada de inconstitucional En ese contexto, resulta oportuno puntualizar que el mencionado artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.--- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Dicho precepto constitucional, exige para la tutela debida del derecho de petición, tres requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son 1. Dictar el acuerdo correspondiente 2. Que la autoridad provea respecto a todos los aspectos planteados en el escrito petitorio, es decir, que haya congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y 3. Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto Lo que patentiza que la responsable realizó los actos necesarios dentro de su competencia para contestar la solicitud presentada por la parte agraviada, colmándose con ello el requisito consistente en que la respuesta que recaiga a la petición del gobernado debe hacérsele de su conocimiento. En atención a lo expuesto y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad Por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por **********, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V, y numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, es innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional Por otra parte, con sustento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda la misiva -con anexo- que suscribe la jefa del Departamento en Guanajuato del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en atención al contenido de este proveído.
- Principal
Visto el informe justificado que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo rinde la jefe del Departamento de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Guanajuato, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Así mismo, se tiene a la oficiante remitiendo prueba documental; con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admite y se tiene por desahogada dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia en este juicio.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el pedimento presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las manifestaciones que hace valer en vía de alegatos, con ellas dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se autoriza desde este momento la expedición de copia de la sentencia que, en su caso, se dicte en el presente juicio.
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