Mariana Guerrero Martinez

Expediente 465/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
465/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2017

Partes del expediente

  • Mariana Guerrero Martinez
  • Juan Carlos Guerrero de Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, promovido por********************y********************, en representación de su hija menor de edad********************, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron presentados por las partes.

  2. Principal

    Vistos los oficios remitidos por las autoridades señaladas como responsables Director del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia y el Comisario de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Protección Civil, ambos con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato; por medio de los cuales rinden su respectivo informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponde. Por otra parte, con apoyo en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósense al sumario para los efectos legales conducentes tanto la constancia actuarial de veintisiete de los corrientes, como sus anexos. Con igual sustento legal agréguese al presente cuaderno el escrito presentado por *********, quienes promueven en nombre y representación de su hija menor de edad **********; en el que manifiestan su deseo por desistirse del presente juicio de amparo, por los motivos que aluden. Luego, atendiendo tanto el contenido del precitado ocurso, como el del acta de comparecencia que antecede, donde lo ratificaron y reiteraron su deseo por terminar con la presente instancia constitucional; con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo 465/2017. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Vista la demanda presentada por Juan Carlos Guerrero de Santiago y Guadalupe Hortensia Martínez Reséndiz, en representación de la menor Mariana Guerrero Martínez, promueve juicio de amparo indirecto, contra actos de incomunicación y retención ilegal en el que dice se encuentra la directa quejosa por parte de la Dirección del Sistema Integral para la Familia en Apaseo el Grande, Guanajuato. Fórmese el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 465/2017. Ahora, ha menester dejar constancia de lo que establece la legislación aplicable, en tratándose de la promoción del juicio de amparo, a saber, lo previsto en los artículos 6 y 15, que disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de garantías, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el que establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional, consistente en que éste únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, este principio puede cumplirse a través del representante legal del agraviado, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, cuando se reúnan los siguientes supuestos de procedibilidad: 1.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, caso en el que podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Ahora, en el caso a estudio, se advierte de lo expuesto en la demanda de cuenta y los documentos anexos, que los promoventes Juan Carlos Guerrero de Santiago y Guadalupe Hortensia Martínez Reséndiz, en representación de la menor Mariana Guerrero Martínez, señalando que está imposibilitada para promover el amparo, al indicar encontrarse incomunicada y retenida. Luego, se estima que se está en presencia de actos de incomunicación al no permitirse a la menor acudir ante esta instancia constitucional a promover el amparo por sí misma y tratarse de una menor nacida el ocho de junio de dos mil doce, acorde con el acta de nacimiento exhibida, esto es, que tiene la edad de cuatro años, diez meses, es evidente que no estará en posibilidad de ratificar la demanda, acorde con lo establecido por el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo; por tanto, se ADMITE a trámite desde este momento. Dese intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en su calidad de representante de la sociedad, acorde con lo establecido por el artículo 107, fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en la demanda de cuenta se informa que la quejosa de referencia está retenida e incomunicada en las instalaciones de Sistema del Desarrollo Integral de la Familia Municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato, por lo que se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado a efecto de que se constituya en legal y debida forma en tal sitio, en busca de la directa quejosa y sea informado de su situación jurídica; de igual forma, dé fe de su estado físico. Asimismo, como los promoventes exponen que fue extraída de su domicilio por funcionarios de la policía de ese municipio e, incluso, señalan al director de esa dependencia como responsable, se comisiona al fedatario para que también acuda a dicha dependencia a recabar la información que permita conocer las razones de las conductas tildadas de inconstitucionales y las constancias que así lo acrediten. En caso de no encontrarla en tal sitio, y de obtener información de haber sido detenida por la autoridad, el fedatario deberá recabar la información necesaria que permita advertir a dónde fue trasladada y ante qué autoridad fue puesta a disposición, y proceda a su búsqueda para los efectos precisados, en los diversos lugares destinados para detención o reclusión en que puedan estar y que se ubiquen en dicha municipalidad. Sin perjuicio de lo anterior y dada la cercanía entre el municipio donde fue ejecutado el acto y esta ciudad de Celaya, es posible que haya sido trasladada a algún albergue de este municipio; de tal guisa de que, en caso de que la menor no sea localizada, se comisiona al actuario para que indague en las instalaciones de la Policía en esta ciudad, si existe algún albergue y, en su caso, se constituya también a fin de indagar lo respectivo. Asimismo, se comisiona al actuario para que haga entrega de los oficios que emanen del presente expediente a las autoridades señaladas como responsables. Hará saber a las autoridades ante quien se presente que al tratarse de un asunto urgente, de no ser la denominación correcta, deberán recibir la comunicación y rendir el informe bajo la denominación que corresponde o bien, manifestar el impedimento que se tuviere; apercibidos que de negarse a recibir el oficio, se harán acreedoras a una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada en cincuenta días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan ocurrir. Ahora bien, virtud a que el acto de autoridad destacado, consisten en la incomunicación de la menor Mariana Guerrero Martínez, con apoyo en el numeral 126, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, a efecto de que de inmediato cesen los referidos actos de incomunicación a que se encuentre sujeta, así como para que no se ejecuten los prohibidos por el ordinal 22, de nuestra Carta Magna. Además, en torno a la guarda de la menor, deberán quedar las cosas en el estado en que se encuentran, quedando en cuanto a su persona, bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable, Director del Sistema Integral para la Familia, en el lugar en que fue internada, a fin de que no sea trasladada a un lugar diverso. En el entendido de que las autoridades tienen bajo su más estricta responsabilidad la salvaguarda de su integridad y, de existir mandamiento escrito de autoridad que haya ordenado que la menor esté imposibilitada para comunicarse con ellos, así deberá actuar; es decir, la medida otorgada en este juicio tiene únicamente el efecto de que cese cualquier acto de incomunicación de la menor y se informe a los progenitores, de manera formal, la situación jurídica de la menor, siempre que no exista impedimento legal o mandamiento de autoridad que les obligue a mantenerlo en secrecía. Debe aclararse también que la medida no se traduce en que los padres tengan contacto con ella, sino que estará condicionado al mandato de autoridad que se haya dictado en relación con la infante. Hágase saber a las responsables que deberán informar dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento que se dé a este mandato judicial; además deberán comunicar si existe alguna orden por diversa autoridad administrativa o jurisdiccional que haya encargado la custodia o resguardo de la menor, o bien, indique de donde deriva el acto reclamado, para lo cual deberá allegar las constancias respectivas; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables por medio de oficio. De igual manera, se apercibe a las citadas responsables que de no cumplir con lo antes determinado, se harán acreedoras, la que incumpla, a una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada en cincuenta días en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como las sanciones de prisión, destitución e inhabilitación establecidas en el artículo 262 de la invocada legislación. A efecto de garantizar la imparcial protección de los intereses de la menor quejosa, quien podría tener un interés distinto o incluso contrario a los de sus padres aquí promoventes; por tanto, se estima necesario designarle un representante especial para que intervenga en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo previsto en el numeral 8º de la Ley de Amparo, designándose con tal carácter al licenciado Romeo Ramón Vasco Reyes, Asesor Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en esta ciudad, con domicilio en las oficinas que ocupa dicha dependencia en la planta baja del edificio número 901 de la Avenida Quetzalli, Fraccionamiento Paseo de Los Álamos de esta ciudad. En consecuencia, en términos del citado precepto proceda el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a efecto de hacerle saber su designación, entregándole copia simple del escrito inicial de demanda, requiriéndolo para que dentro del término de veinticuatro horas manifieste si acepta y protesta el cargo. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene a los promoventes autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en el escrito inicial, esto es, Viridiana Madrigal Reyes y Laura Reyes Castillo, toda vez que tienen sus cédulas 60557730 y 641442 registradas en el sistema que para tal efecto llevan los Juzgados de Distrito; únicamente en términos restringidos a la diversa persona que citan, por no encontrarse en ese supuesto: asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida el Sauz, 1508, interior 4, colonia Imperial de esta ciudad. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las diligencias encomendadas en el presente juicio.

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