María Zamudio Ponce

Expediente 449/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
449/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
16/07/2018

Partes del expediente

  • Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco
  • María Zamudio Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución veintisiete de junio de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 449/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da nueva cuenta y hace constar que las partes no ofrecieron medio de prueba alguno. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la citada agente y a las demás partes se les tiene por precluido el derecho para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, María Zamudio Ponce, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la siguiente autoridad: Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, residente en Guadalajara. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable señalada como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, residente en Guadalajara, su informe con justificación, sin que ello haya sido posible en virtud de la inexistencia de la autoridad responsable, se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y finalmente, seguido el juicio por sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: Las omisiones y dilaciones dentro del juicio laboral 410/2012. Tercero. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así, se advierte de manera oficiosa que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; cuestión que se considera en este sentido por las razones que a continuación se exponen. Las porciones normativas citadas disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; .." Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con 62 de la misma ley, aplicadas en sentido contrario pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa deje de anotar en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo al señalamiento de autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior radica en la medida en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si la parte peticionaria de amparo decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que a ésta se le tenga como parte de la relación procesal del juicio, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se avocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional; en ese sentido, debe destacarse que cuando del análisis integral del escrito de demanda, el órgano de control constitucional advierta la existencia de una autoridad no señalada por el justiciable de manera destacada, habrá de prevenir al quejoso a efecto de que la regularice, tal y como así lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 30/96, visible en la página 250 del tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA." De igual forma, es necesario puntualizar que el referido órgano de control constitucional ha sustentado el mismo criterio, pero en el caso en que la participación de una autoridad se advierta del contenido del informe que rinda una diversa o de las constancias que al efecto ésta allegue a la sede constitucional, como se encuentra establecido en la jurisprudencia 112/2003, visible en la página 93 del tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA". Es tan contundente en el juicio de amparo la regla procesal precisada en párrafos precedentes, que uno de los supuestos en que opera la ampliación de demanda es cuando la parte quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre una diversa autoridad de la inicialmente señalada como responsable, tal y como así se lee en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En la especie, de autos se advierte que, por auto de siete de junio actual se previno a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surtiera efectos la notificación de ese auto, manifestara lo que a su interés conviniera en relación con la inexistencia de la única autoridad que señaló como responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, residente en Guadalajara, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto; por ello, en auto de diecinueve de junio del año en curso, se le hizo efectivo el apercibimiento formulado en el auto admisorio de demanda y se ordenó suspender comunicación con la citada autoridad señalada como responsable, en virtud de su inexistencia. En este orden de ideas, debe tomarse nuevamente en consideración la interpretación en sentido contrario del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad de los actos reclamados si no fueron parte del mismo las autoridades responsables que en ellos intervinieron, en este caso, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, residente en Guadalajara, quien fue la única autoridad señalada con carácter de responsable. Por tanto, debe entenderse que si la parte quejosa no cumplió con el requisito señalado en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, emerge el supuesto de improcedencia aludido, que conlleva el obstáculo procesal de que no se puede atender la litis constitucional efectivamente planteada sin menoscabar su derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable por la que dicho acto pudiera subsistir, pero que no formó parte del desarrollo procesal de este juicio. De ahí que se actualice la causal de improcedencia referida, tomando en consideración además que la razón por la que una de las partes, esto es, la autoridad responsable, no fue llamada a juicio, reside en la voluntad tácita del justiciable que así lo decidió, como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con el acto reclamado que fue precisado en el considerando segundo que antecede. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, Octubre de 1995, página 468, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Asimismo, se cita por analogía, la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 76, 78 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Zamudio Ponce, en términos de la considerando tercero de esta resolución. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Por otro lado, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia, dígase a la promovente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que feneció el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa en auto de siete de junio de dos mil dieciocho, para el efecto de que manifestara lo que su interés conviniera en relación con la inexistencia de la autoridad responsable señalada como Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, residente en Guadalajara,, sin que haya hecho manifestación alguna. Atento lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto el auto admisorio y con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se tiene por no señalada como responsable a la referida autoridad por lo que se ordena suspender toda comunicación con las mismas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano