Maria Yesenia Godinez Lopez
Expediente 549/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Yesenia Godinez Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado, toda vez que no se ha recibido a la fecha escrito alguno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, el cual no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de conservación, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, transfiéranse el juicio y el cuaderno único del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 17, 26 y 29 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del dos de agosto de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo ********************, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez, con el pedimento registrado bajo el número 13398 y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Con relación al pedimento, provéase lo conducente en la etapa correspondiente. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable y con las anexadas por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda; de la misma forma, hace constar que no existen más pruebas pendientes por admitir o desahogar. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con el pedimento ministerial presentado en esta fecha por la Agente del Ministerio Público adscrita y hace constar que las demás partes no los hicieron valer. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la Representación Social de la adscripción formulando sus alegaciones y a la demás partes, se les declara precluida la oportunidad para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 2), ********************, demandó en la vía indirecta, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno, correspondió a este juzgado el conocimiento del presente asunto, quien la tuvo por recibida el doce de mayo del año en curso (foja 16), ordenó su registro con el número ******************** y formuló prevención; posteriormente, el veinticuatro de mayo de este año (foja 25) la admitió a trámite, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y en el propio auto reconoció el carácter de terceras interesadas y ordenó su emplazamiento por oficio, a las morales oficiales siguientes: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán; y, Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguido el juicio por su cauce legal, el veintiocho de junio del año en curso (foja 40), se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad jurisdiccional laboral que residen en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: La interlocutoria de diez de abril de dos mil veintitrés que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la quejosa, dentro del expediente laboral ********************, a fin de impugnar las notificaciones que se le realizaron del auto que dejó sin efectos el laudo en cumplimiento de una ejecutoria de amparo; del laudo emitido en su lugar; y del auto que dejó a su disposición un cheque exhibido por la demandada para cumplir con la condena del laudo ejecutoriado. El cual atribuyó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 42). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la autoridad responsable, consistente en el juicio laboral de origen en un tomo de pruebas. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así en sus conceptos de violación la promovente del amparo aduce en esencia: 1. Que la interlocutoria reclamada es ilegal, ya que en ella la autoridad responsable asentó que las notificaciones reclamadas son legales, porque las mismas se realizaron en el número ********************(ochenta y siete) de la calle ********************, fraccionamiento ********************y que ese fue el domicilio que se le tuvo designado desde el auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho; sin embargo, afirma, lo cierto es que ella el número que señaló fue el 2********************(doscientos ochenta y siete) y señala además, que si no impugnó dicha determinación, es porque en la misma se asentó con número 87, pero con letra doscientos ochenta y siete; y, 2. Que los instructivos a través de los que se notificaron las actuaciones impugnadas, carecen de cercioramiento, porque el actuario no estableció las razones que le permitieron concluir que el domicilio en el que se constituyó era el mismo en el que se le ordenó notificar y que incluso, las personas con las que atendió las notificaciones, no se identificaron ni manifestaron que ahí vivía o trabajaba la persona buscada. Por su parte, los argumentos expuestos por la autoridad responsable para dar sustento a su decisión, fueron los siguientes: Que si bien era cierto que la quejosa en el escrito que presentó el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle ******************** 287, fraccionamiento Morelia 450; también lo era que, en el proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, ese tribunal tuvo por señalado el domicilio ubicado en la calle ******************** 87, fraccionamiento Morelia 450, y que ante dicho error, la quejosa no se inconformó en contra de dicha determinación; Que además, en el domicilio ubicado en ubicado en la calle ******************** 87, fraccionamiento Morelia 450, fueron notificados diversos acuerdos y que algunos de ellos fueron recibidos y firmados por la propia quejosa; incluso, argumentó, una de esas notificaciones fue recibida por ********************, quien fue designado como autorizado por la peticionaria del amparo mediante promoción presentada el uno de julio de dos mil veintidós; y, Que por ende, si la actora, aquí quejosa, en ningún momento se había inconformado con esas notificaciones, entonces, procedía considerar que las tuvo por aceptadas y considerar que aceptó el domicilio establecido en ellas. Atendiendo al anterior panorama, este juzgador considera infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, por las razones que se expondrán enseguida. Primeramente, debe decirse que es cierto como afirma la quejosa, que ella señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el número 2********************y que con todo y ello, la responsable mediante auto de dieciséis de mayo de este año, acordó erróneamente la designación de ese domicilio, al establecer en esa determinación con número el ********************y con letra, doscientos ochenta y siete, tal y como se aprecia: Pese a ello, como lo afirma el tribunal responsable, en el caso ocurrió que posterior a dicha designación de domicilio acontecida el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se estuvieron practicando irregularmente notificaciones en ambos domicilios, esto es, tanto en el ********************como en el 287, y en ambos domicilios, algunas de las notificaciones fueron recibidas y firmadas por la propia peticionaria del amparo ********************, como se aprecia de la inserción de esas actuaciones. Así, en el domicilio marcado con el ********************se hicieron las notificaciones siguientes: *La de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, recibida por la propia quejosa: *La de quince de enero de dos mil diecinueve, recibida por la propia quejosa: *La de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, recibida por la propia quejosa: *La de tres de septiembre de dos mil diecinueve, recibida por la propia quejosa: *La de doce de marzo de dos mil veinte, recibida por ********************: Mientras que en el domicilio marcado con el 2********************se hicieron las notificaciones siguientes: *La de catorce de febrero de dos mil diecinueve, recibida por la propia accionante del amparo: *La de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, recibida por la propia accionante del amparo: *La de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, recibida por la quejosa: Atento a lo expuesto, es posible afirmar como lo sostuvo la autoridad responsable, que a partir el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, que fue la fecha del auto en el que se acordó el señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones designado por la quejosa, se han estado efectuando irregularmente las notificaciones en ambos domicilios, esto es, tanto en el 2********************como en el 87, sin que como lo señala la autoridad responsable, la quejosa haya comparecido a dolerse o impugnar esa irregularidad procesal. Al contrario, implícitamente ha convalidado esas irregularidades, en la medida que como motivó la responsable, incluso en el domicilio incorrecto, esto es, en el marcado con el 87, existen actuaciones recibidas y firmadas por la propia peticionaria del amparo, concretamente, las efectuadas el catorce de diciembre de dos mil dieciocho; el quince de enero de dos mil diecinueve; el veinte de septiembre de dos mil diecinueve; y, el tres de septiembre de dos mil diecinueve. Por lo mismo, es evidente que en términos del artículo 764 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, de conformidad con el artículo 8 de la propia ley burocrática, las notificaciones mal hechas de las que se duele la peticionaria del amparo en esta instancia constitucional, han surtido sus efectos como si estuviesen hechas conforme a la Ley, al estar demostrado que previamente, diversas notificaciones practicadas en el domicilio incorrecto (número 87), fueron entendidas directamente con ella e incluso, las firmó de recibidas, y con todo y ello, no las impugnó ni se inconformó con su realización, actualizando con ello, el consentimiento implícito de su defectuosa ejecución y configurando su convalidación, lo que las dotó de completo valor procesal. Lo que resulta de ese modo, porque es contradictorio que la quejosa haya convalidado algunas de las notificaciones realizadas previamente en la secuela procesal en ese domicilio incorrecto, concretamente las efectuadas el catorce de diciembre de dos mil dieciocho; el quince de enero de dos mil diecinueve; el veinte de septiembre de dos mil diecinueve; y, el tres de septiembre de dos mil diecinueve y que ahora, comparezca a desconocer ese domicilio, en el que ella personalmente ha recibido y firmado dichas notificaciones, cuando se insiste, desde la primera de ellas que se efectuó con defecto, estuvo en posibilidad de desconocerla e invalidarla. Se cita como sustento de lo resuelto, aplicable por analogía jurídica, la tesis aislada emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 358334, Quinta Época, Materias(s): Civil, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLIX, página 313, que dispone: "NULIDAD DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES. No es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga establecida jurisprudencia en el sentido de que después de concluido un juicio, no pueda promoverse incidente de nulidad de actuaciones judiciales posteriores la sentencia definitiva, porque la tesis establecida se refiere a que ese incidente de nulidad no puede promoverse después de la sentencia, respecto a las actuaciones verificadas durante la tramitación del juicio, pero si puede plantearse cuando la nulidad que se reclama ha sido cometida en los procedimientos posteriores a dicha sentencia; de tal manera que cuando el afectado se hace sabedor de la existencia del auto del cual ha sido notificado defectuosamente, debe promover la nulidad respectiva: para no incurrir en la sanción consignada en el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal, el cual previene que la nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, de donde resulta que las protestas manifestadas por el interesado, contra ese auto y contra los procedimientos ulteriores, no pueden tener eficacia como probatorios en el juicio de amparo indirecto, porque el defecto en que incurrió, al no promover la nulidad de la notificación mal hecha, tiene como consecuencia convalidarla, otorgándole completo valor procesal." Por otra parte, es inoperante por novedoso, el concepto de violación identificado con el arábigo 2, en el que la peticionaria del amparo aduce que la interlocutoria reclamada es ilegal, porque los instructivos a través de los que se notificaron las actuaciones impugnadas, carecen del cercioramiento, ya que el actuario no estableció las razones que le permitieron concluir que el domicilio en el que se constituyó era el mismo en el que se le ordenó notificar y que incluso, las personas con las que atendió las notificaciones no se identificaron ni manifestaron que ahí vivía o trabajaba la persona buscada. Calificación que obedece a que ese aspecto no fue abordado por la autoridad responsable en la resolución que constituye el acto reclamado, porque el mismo no fue expresado en el escrito mediante el cual se interpuso el incidente de nulidad de actuaciones. De suerte que, dicho planteamiento constituye un argumento novedoso que no se analizó en la determinación reclamada y como consecuencia de ello, resulta inoperante dada la imposibilidad de examinar la constitucionalidad de la decisión combatida a la luz de razonamientos que no fueron expuestos ante la autoridad responsable y sobre los cuales no tuvo oportunidad de pronunciarse. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 150/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Pag. 52, Novena Época, registro 176604, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida." En las condiciones apuntadas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de la quejosa ********************, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se concluye que el acto reclamado no infringe los derechos fundamentales consignados en el artículo 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, respecto del acto reclamado materia de estudio en este considerando quinto. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el sexto considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistida de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguense los oficios y anexos que remite la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, quien en cumplimiento al requerimiento formulado el cinco de julio del año en curso, remite los autos originales del expediente laboral número 386/2014. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofertadas por la autoridad responsable y con las mismas dése vista a las partes. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva y con dichas documentales se ordena formar un tomo de prueba. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio y anexos que remite la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, por el que remite copia certificada de la resolución interlocutoria correspondiente al incidente de liquidación emitida en el expediente de origen, así como de los instructivos del dieciocho y veintiuno de abril del año en curso. No obstante lo anterior, para estar en óptimas condiciones de resolver el presente asunto, requiérase mediante oficio a la autoridad responsable, para que dentro del improrrogable término de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, remita copias certificadas del escrito inicial de demanda, el escrito presentado por la parte actora (aquí quejosa) el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho por el que señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, así como los acuerdos que recayeron a los mismos y las constancias que la citada autoridad tomó en consideración para emitir la resolución interlocutoria que se recurre en esta instancia constitucional. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o no informar la imposibilidad jurídica dentro del plazo legal de tres días, se le impondrá, una multa por equivalente a cien unidades de medida de actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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