María y/o María de Lourdes Gómez Pérez

Expediente 392/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
392/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • María y/o María de Lourdes Gómez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite el secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 392/2021, un tomo de pruebas y testimonio de la ejecutoria de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en la revisión 139/2021, de la que se advierte que se confirmó la sentencia recurrida, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio de la Sindica y Representante Legal del H. Ayuntamiento de Madero, Michoacán, mediante el cual hace del conocimiento que las autoridades responsables Presidente, Sindicatura y Cabildo Municipal, fueron notificadas por oficios 11222, 11223 y 11224 de veintisiete de julio del presente año, del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada dentro del presente juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese la copia del escrito presentado por la quejosa María Gómez Pérez y/o María de Lourdes Gómez Pérez, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de julio de dos mil veintiuno, emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra el señalado proveído y una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado correspondiente, dentro de los tres días siguientes, enviándose al efecto el original y copia del escrito de agravios. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 392/2021; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, María Gómez Pérez y/o María de Lourdes Gómez Pérez, por propio derecho (foja 2), solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Madero, Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 392/2021, mediante proveído de dieciocho de mayo del año en curso (foja 31) se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio por sus cauces legales, en esta misma fecha se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a autoridades con residencia en Madero, en la que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado y autoridades responsables son los siguientes: Acto reclamado: El acuerdo emitido el cinco de marzo de dos mil veintiuno por el Ayuntamiento Constitucional de Madero, Michoacán, por el que se pronunció orden de recuperación administrativa para recobrar la posesión que forma parte del patrimonio municipal, del inmueble ubicado en la intersección de las calles Jacaranda y Granadillo, sin número, de la colonia Alfredo B. Bonfil y/o Proformich y/o Infonavit, de la población de Villa Madero, Municipio de Madero, Michoacán, que actualmente detenta la aquí quejosa y su ejecución material. Autoridades responsables: Presidente Municipal; Síndico Municipal; Cabildo Municipal; y, Director de Seguridad Pública. Todos del Ayuntamiento Municipal de Madero, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Presidente, al Síndico y a los Regidores que conforman el Cabildo del H. Ayuntamiento de Madero, Michoacán, ya que al rendir su informe justificado así lo expresaron (foja 49). Determinación de certeza que se hace extensiva al Director de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Madero, Michoacán, a pesar que éste negó la existencia de los actos que se le atribuyen; sin embargo, en su calidad de ejecutora, en cualquier momento puede recibir la orden para materializar el acuerdo de recuperación administrativa y materializar coercitivamente, la orden de desocupación dirigida a la quejosa. Lo que se corrobora con las constancias que se acompañó como soporte del informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Y la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías". Cuarto. Análisis de causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Falta de interés. Las autoridades responsables Presidente, Síndico y Regidores que conforman el Cabildo del H. Ayuntamiento de Madero (foja 51) solicitaron se decrete el sobreseimiento en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señalando esencialmente, que la quejosa carece de legitimación, ya que no exhibió documento alguno tendente a acreditar la causa legal de la posesión que dice tener respecto del inmueble materia de la recuperación administrativa. Por tanto, procede desestimar dicho argumento, en atención a que el mandamiento de recuperación administrativa se encuentra dirigido al a la quejosa, tal y como lo acreditó con la siguiente constancia: De ahí que, si dicho acto se encuentra dirigido a su persona, es evidente que al menos en la vertiente de afectación a un derecho que aparentemente corresponde a la quejosa, sí se acredita la afectación al interés jurídico de la peticionaria del amparo. Sin que dicha afirmación, implique hacer pronunciamiento o calificación respecto de la titularidad o idoneidad del derecho de posesión que ostenta la quejosa respecto del inmueble en disputa, ya que esa cuestión es propia de las consideraciones que se emitan para resolver el fondo de este asunto. En segundo término, porque si este juzgador asumiera como válido el argumento de la autoridad responsable, en el sentido que la quejosa no es la propietaria del inmueble materia de la recuperación administrativa y que tampoco acreditó la causa legal de la posesión que detenta sobre el mismo, inevitablemente realizaría vía improcedencia, un pronunciamiento vinculado con el fondo o la legalidad de los actos reclamados, al calificar la idoneidad que tiene el documento con el que la quejosa pretende acreditar su interés jurídico frente al acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Página: 5, Novena Época, registro 187973, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. No se agotó el principio de definitividad. Con relación a este aspecto, las citadas responsables señalan que la quejosa incumplió con el principio de definitividad (foja 52), ya que respecto del acto administrativo que contiene la orden de recuperación reclamada, podía optativamente, interponer el recurso de revisión en sede administrativa en términos del artículo 128 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán o promover el juicio de nulidad, ante el propio Tribunal Administrativo. No se actualiza la causal invocada, ya que una excepción al principio de definitividad se actualiza cuando el recurso o medio de defensa que se encuentre previsto en la ley ordinaria, exija mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado; hipótesis que se actualiza en el caso. Se dice lo anterior, porque existen jurisprudencias emitidas dentro del circuito al que pertenece este juzgado, que imponen su aplicación obligatoria, de conformidad con el artículo 217, tercer párrafo de la Ley de Amparo, en la cual se estableció que el juicio de amparo indirecto procede contra las resoluciones administrativas de las autoridades del Estado de Michoacán sin necesidad de agotar previamente el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al prever la ley administrativa mayores requisitos. El criterio referido es la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/45 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Pag. 3984, Décima Época, registro 160459, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE MICHOACÁN SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL, AL PREVER LA LEY QUE LO RIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA RELATIVA AL JUICIO DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. Del artículo 240 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se advierte que no se otorgará la suspensión de los actos o resoluciones impugnados en el juicio administrativo cuando pueda causar perjuicio evidente no sólo al interés social y al orden público, sino también a terceros o, bien, cuando con tal medida precautoria se contravengan normas -de cualquier naturaleza-. En cambio, el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo sólo limita su concesión cuando pueda causar perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; de ahí que la citada disposición local exige mayores requisitos para suspender el acto reclamado, pues bastaría sostener que se contraviene una norma, cualquiera que ésta sea, para que sea improcedente la medida. Además, en el juicio de amparo procede conceder la suspensión aun cuando con ello se puedan ocasionar perjuicios a terceros, hipótesis en la que el artículo 125 de la ley de la materia sólo exige que se otorgue fianza para reparar el daño o indemnizar a aquéllos de los perjuicios causados si no se obtiene sentencia favorable, en cambio, conforme al precepto mencionado inicialmente no se concederá la suspensión si con ello se causa perjuicio a terceros. De ahí que conforme a la interpretación del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone que el juicio es improcedente contra actos administrativos que deban ser revisados de oficio o por virtud de algún recurso, juicio o medio de defensa que proceda contra ellos, siempre y cuando -conforme a las leyes que regulen tal medio de defensa- se suspendan los efectos de los actos reclamados mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que hiciera valer el agraviado, sin exigirse mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de ser suspendido, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede contra las resoluciones administrativas de las autoridades del Estado de Michoacán sin necesidad de agotar previamente el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado." Asimismo, se invoca como sustento de lo anterior, la jurisprudencia PC.XI. J/8 A (10a.) emitida por el Pleno del Décimoprimer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2153, eegistro digital 2019896, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. EL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, AL PREVER MAYORES REQUISITOS PARA SU CONCESIÓN, HACE INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Del citado precepto, se advierte que no se otorgará la suspensión del acto impugnado en el juicio administrativo, cuando ello pueda causar perjuicio evidente no sólo al interés social y al orden público, sino también a terceros, o bien, cuando con la medida se contravengan normas, sin especificar su naturaleza. En cambio, el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo sólo limita la concesión de la medida cautelar a que pueda causarse perjuicio al interés social o contravenirse disposiciones de orden público; por tanto, el artículo 240 citado exige mayores requisitos para suspender el acto reclamado, pues bastaría sostener que se contraviene una norma, cualquiera que sea su naturaleza, para convertir improcedente la medida. Además, en el juicio de amparo procede conceder la suspensión aun cuando pueda ocasionarse perjuicio a terceros, en cuyo caso, la Ley de Amparo sólo exige otorgar fianza para reparar el daño o indemnizar los perjuicios causados si no se obtiene sentencia favorable; en cambio, conforme al artículo 240 referido no se concederá la suspensión si con ello se causa perjuicio a terceros. De ahí que, conforme a la interpretación del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional contra actos administrativos que deban ser revisados de oficio o por virtud de algún recurso, juicio o medio de defensa que proceda contra ellos siempre y cuando -conforme a las leyes que regulen tal medio de defensa- se suspendan los efectos de los actos reclamados mediante su interposición por el agraviado, sin exigirse mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de ser suspendido, procede el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones administrativas de las autoridades del Estado de Michoacán, sin necesidad de agotar previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa local." Finalmente, al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio del concepto de violación. La promovente de amparo hizo valer el concepto de violación expuesto en su demanda, mismo que se tiene aquí por reproducido como si al efecto se transcribiese, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en sus conceptos de violación, la promovente del amparo aduce esencialmente que el acto reclamado viola en su perjuicio su garantía de audiencia, así como las formalidades esenciales del procedimiento, ya que previo a emitir el acuerdo de recuperación administrativa, las autoridades responsables no interpusieron demanda ante la vía judicial competente, con la finalidad de recuperar el inmueble que tiene en posesión hace más de veinticinco años. Concepto de violación que es infundado como a continuación se precisará. Para hacerlo, en primer término, debe decirse que la quejosa se duele del acuerdo emitido el cinco de marzo de dos mil veintiuno por el Ayuntamiento Constitucional de Madero, Michoacán, por el que se pronunció orden de recuperación administrativa para rescatar la posesión del inmueble que forma parte del patrimonio municipal, ubicado en la intersección de las calles Jacaranda y Granadillo, sin número, de la colonia Alfredo B. Bonfil y/o Proformich y/o Infonavit, de la población de Villa Madero, Municipio de Madero, Michoacán, que actualmente detenta la aquí quejosa. Al respecto, la quejosa señaló en los antecedentes que formuló en su demanda, que el inmueble que defiende, ubicado en la esquina que conforman las calles Granadillo y Jacarandas y/o 20 de Noviembre, de la colonia Infonavit Proformich y/o Infonavit Proformich Segunda Sección, del municipio de Madero, Michoacán, con medidas y linderos siguientes: al norte 20 metros con la calle Jacarandas; al sur 22 metros con la calle Miguel Hidalgo; al oriente 15.80 metros con propiedad privada; y al poniente 7.50 metros con esquina que forman las calles Miguel Hidalgo y Jacarandas y/o 20 de Noviembre, lo tiene en posesión hace más de veinticinco años de manera pública, pacífica y continúa y que el mismo está bardeado con madera y con malla de alambre; asimismo, que a ese inmueble ingresa vehículos automotores y que en algunas partes está techado. Para acreditar su interés jurídico refirió que el inmueble le fue donado el tres de marzo de mil novecientos noventa y siete a ella y a otras mujeres, sin embargo, que las demás renunciaron a la donación y que a la fecha es la única donataria del predio en cuestión; asimismo, acompañó a su demanda copia del oficio que contiene la donación: Por lo anterior, la quejosa aduce en esta instancia de amparo, que los actos reclamados vulneran en su perjuicio su garantía de audiencia, porque se le pretende privar de la posesión del bien inmueble descrito, sin que se hubieran seguido las formalidades esenciales del procedimiento y sin que exista mandamiento escrito de autoridad que funde y motive la privación y desposesión como lo disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, las autoridades responsables que integran el Ayuntamiento Municipal de Madero Michoacán, señalaron que los hechos que manifestó la quejosa como antecedentes del acto reclamado son falsos, ya que en ningún momento se le donó el referido inmueble; asimismo, que si bien es cierto que a su demanda la quejosa anexó un documento que contiene una certificación de tres de marzo de mil novecientos noventa y siete que contiene el supuesto acto de donación, más lo es que, en ese documento no se consignó el nombre de la quejosa ni de persona alguna, puesto que el único propietario del inmueble es el Ayuntamiento de Madero, Michoacán, ya que los bienes propiedad de éste, son inalienables e imprescriptibles. Dichas responsables señalaron que, en realidad lo que ocurrió fue que a solicitud de un grupo de mujeres que deseaban instalar un taller de costura a través del programa Alianza por el Campo, en sesión de quince de febrero de mil novecientos noventa y siete, se aprobó la donación de ese terreno; sin embargo, que nunca se concretó el propósito para el que fue destinado el inmueble y que el mismo siempre estuvo vacío, hasta que la quejosa, sin previo aviso empezó a bardear el inmueble con la finalidad de operar un estacionamiento privado. Establecido el anterior panorama, debe señalarse por principio que, respecto del derecho de audiencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el indicado derecho consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos y que el mismo requiere que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra la posibilidad de alegar en aquellos asuntos en los que se deba intervenir. Indicó también, que el derecho de audiencia es reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.1., y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.1., como la facultad de acudir a tribunales a defender la determinación de los derechos u obligaciones de carácter civil. Por ello, que al constituir el derecho de audiencia la garantía que tienen los gobernados a ser escuchados por tribunales previamente establecidos para la defensa de sus propiedades, posesiones o derechos, o bien para la determinación de sus derechos civiles, es obligación del Juez Federal analizar si el derecho subjetivo que se ostenta en el juicio de amparo, puede ser opuesto en un determinado procedimiento. Consideraciones las anteriores, que resultan aptas para otorgar solución al conflicto jurídico que se estudia, el cual consiste en determinar si la quejosa cuenta con un derecho de posesión respecto del inmueble que en esta vía defiende que le otorgue a su vez, la prerrogativa de que previo al acto privativo que reclama, se le garantice su derecho de audiencia. Para dar contestación a este planteamiento, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2ª. LXXX/2013 (10ª.), visible a foja 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, registro 2004501; que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese orden, en el caso que nos ocupa se estima que en el caso, la quejosa no acreditó en esta instancia de amparo que cuente con un derecho de posesión respecto del inmueble que defiende, que le otorgue a su vez, la prerrogativa de que previo al acto privativo que reclama, se le garantice su derecho de audiencia. Es así, porque tratándose de la posesión de muebles e inmuebles, para que ésta sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pues sólo con dicho documento está en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender los muebles precisados y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido. En efecto, el artículo 14 constitucional prevé, entre otras situaciones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes, entre otros supuestos. Por tanto, una vez que el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de aquélla; sin embargo, ello no procede con la simple afirmación de que el bien afectado es de su propiedad o posesión, e incluso ser simple habitante del mismo, pues es necesario que se acrediten esos derechos, es decir, corresponde al particular demostrar con medios de prueba tales extremos. Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, de ahí que el promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser habitante, poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos que refiere se ven afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.2º.C. J/227, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 1676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión.". Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien o ser habitante del mismo. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 17/91 -Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito- publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, registro 187733, la cual es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Sin embargo, en el caso se afirma que la quejosa no acreditó que cuente con un derecho de posesión respecto del inmueble materia de la recuperación administrativa, que obligue a las responsables a que, previo a la emisión del acto privativo que reclama, se le garantice su derecho de audiencia, ya que como lo afirmaron las responsables, no acreditó el acto jurídico que supuestamente constituye la causa generadora de la posesión del inmueble que dice posee, esto es, no acreditó la celebración del contrato de donación que adujo como causa legal de su posesión. Sin que sea apto para ese efecto, el documento que acompañó a su demanda, el cual contiene una certificación de tres de marzo de mil novecientos noventa y siete, en el que obra consignado el supuesto acto de donación; ya que como lo aducen las responsables, en ese documento no se consignó el nombre de la quejosa ni de persona alguna que corresponda o permita identificar las beneficiarias de dicho acto jurídico. Entonces, si lo reclamado se vincula con la posesión de determinado bien, en un procedimiento donde la peticionaria aduce no haber sido oída y vencida, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio, que la accionante de amparo demuestre dos aspectos: primero, que el inmueble cuya posesión dice ostentar, es el mismo materia del acuerdo de recuperación administrativa (vertiente de afectación); y segundo, que tiene un título como causa generadora de la posesión que alega, el cual debe producir la convicción de que se tiene derecho a poseer el bien y no ser perturbado en su posesión, si no es mediante un procedimiento en el que se sigan las formalidades esenciales y, de no acreditar ese derecho, no tendrá por qué ser escuchado en ese procedimiento (vertiente de titularidad del derecho subjetivo). En ese sentido, cuando se reclama un acto referente a la posesión o que vulnere ese derecho respecto de un inmueble, debe acreditarse la causa legal que sustenta la posesión, para demostrar que se tiene interés jurídico y pedir amparo, pues el artículo 14 constitucional tutela la posesión jurídica y no la simple detentación material del bien respectivo. Por tal razón, la quejosa estaba obligada a demostrar mediante el instrumento idóneo, el derecho que ostenta sobre el bien materia del acuerdo de recuperación administrativa, esto es, debió acreditar su posesión, con un título que se sustente en una figura jurídica o precepto que genere ese derecho, de manera que permitiera advertir que la promovente del juicio constitucional tiene una base objetiva que fundada y razonablemente produjera la convicción que tiene un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, sobre el bien respectivo. Por lo anterior, se considera que, si la quejosa no acreditó que es titular de algún derecho posesorio del inmueble que defiende, sustentado en una causa legal, resulta evidente que no tiene interés jurídico en el presente juicio, al no acreditar ser poseedora del mismo, sino simple ocupante y por ende, tampoco tiene derecho a que, previo al acto privativo que reclama, se le garantice su derecho de audiencia. Ello es así ya que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por todo lo anterior y ante lo infundado concepto de violación de la quejosa, se impone al suscrito juzgador, negar el amparo y protección de la justicia federal. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Gómez Pérez y/o María de Lourdes Gómez Pérez, en contra de los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo de esta ejecutoria y por las razones expuestas en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy seis de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano