María Xóchitl Silva Gallardo

Expediente 157/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
157/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2018

Partes del expediente

  • María Xóchitl Silva Gallardo
  • Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán 1, en Morelia, Michoacán.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto. De la certificación que antecede se advierte que la quejosa no recurrió en el plazo legal el auto dictado el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 34 a 40) en que se desechó su demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. III. Documentos irrecuperables. Finalmente, en el expediente se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Iván Barajas Cárdenas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    por este medio se notifica a quejoso y autorizados el auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho que en síntesis refiere:Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto. De la certificación que antecede se advierte que la quejosa no recurrió en el plazo legal el auto dictado el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 34 a 40) en que se desechó su demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. III. Documentos irrecuperables. Finalmente, en el expediente se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Iván Barajas Cárdenas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Agréguese el escrito de demanda que promueve María Xóchitl Silva Gallardo, por propio derecho, contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", con residencia en esta ciudad y otra autoridad responsable. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 157/2018. DESECHAMIENTO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El embargo de bienes o el que se trate de ejecutar en mi domicilio por la responsable. En ese contexto, se estima que en relación con el acto reclamado, se surte de modo manifiesto e indudable una causal de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación para el juzgador federal, previo abordar el análisis de fondo, estudiar las causas de inviabilidad de la acción constitucional que en su caso hagan valer las partes o aquellas que advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. En concordancia con el precepto citado, en el caso específico, de oficio, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El precepto aludido establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del contenido del precepto trascrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades diversas a los órganos jurisdiccionales, cuando en contra de esos actos exista algún recurso o medio de defensa ordinario en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; admitiendo sólo como excepción: Que conforme a las leyes respectivas no se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso; Que los alcances que contemple la ley de la materia no sean los mismos que los previstos en la Ley de Amparo; Que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; Que en las leyes respectivas se contemple plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de si el acto en sí mismo es susceptible o no de ser suspendido conforme a la ley en mención; Que el acto reclamado carezca de fundamentación; Que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. De esta manera si en el caso la parte quejosa reclama el embargo de bienes o el que se trate de ejecutar en su domicilio por la responsable derivado del crédito fiscal determinado por la autoridad hacendaria el inconforme tiene a su alcance el juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 120 del Código Fiscal de la Federación. Así lo sostuvo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 361/2014, de la cual derivó la Jurisprudencia 2a./J. 18/2015, página 1377, libro 16, marzo de 2015, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente contenido: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." En efecto, este Juzgado Federal estima que el referido acto de autoridad, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debe combatirse a través del juicio de nulidad en términos del citado artículo 3, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como se aprecia a continuación: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;(.)" Se estima lo anterior, en virtud de que, por una parte, la referida ley orgánica, en su artículo 3, fracción II, precisa que dicho tribunal conocerá de las resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación y en el caso ocurre que se decretó el embargo de bienes de la parte quejosa. Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias 130/2013 y 27/2016 cuyos datos de identificación rubro y texto son los siguientes: La primera de ellas visible en la página 1446, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." La jurisprudencia 27/2016 a la que se hace alusión se encuentra visible en la página 1194, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 201189, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". Bajo esos criterios jurisprudenciales, es inconcuso que la parte solicitante del amparo antes de instar la protección constitucional, se encontraba obligada a acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debió agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que hubieren tenido como efecto el de revocar, nulificar o modificar los actos reclamados, obteniendo así remedio a las eventuales violaciones cometidas en su perjuicio, concretamente el juicio contencioso administrativo. Como consecuencia de lo hasta aquí descrito, es dable señalar que la aquí quejosa al habérsele embargado bienes, se encuentra procesalmente legitimado y en condiciones promover el juicio de nulidad, lo que constituye una obligación para la procedencia del juicio constitucional, dado que con base en el principio de definitividad deben agotarse los recursos ordinarios para que sea dable la procedencia del juicio de amparo. Máxime que se insiste, el promovente no posee el carácter de tercero extraño, por lo que no constituye, ni se actualiza la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se advierte alguna otra causa de excepción que haga viable la procedencia del juicio constitucional como es la pretensión de la promovente. Por ello, se insiste la parte quejosa previo a acudir a esta instancia de control constitucional a fin de impugnar el acto reclamado, debió promover el juicio de nulidad, pues a través de ese juicio puede revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haber agotado el medio de defensa ordinario previsto por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y que resulta ser el idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto tildado de inconstitucional, trae como consecuencia que el mismo no tenga el carácter de definitivo, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo biinstancial. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír notificaciones el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado a Luis Enrique Guzmán Escutia, únicamente para imponerse de los autos hasta en tanto acredite tener la profesión de licenciado en derecho. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

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