María Teresa Reyes Arzate
Expediente 220/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Teresa Reyes Arzate
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Se remite al órgano jurisdiccional correcto. Agréguese a los autos el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, derivado del recurso de revisión 75/2022, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora bien, del contenido del comunicado de cuenta se advierte que va dirigido al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad, al juicio de amparo 220/2021, de su índice. En consecuencia, previa copia simple que se deje en autos, remítase el comunicado de cuenta al Juzgado de referencia, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, que desecho la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 220/2021. De conformidad con el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de marzo de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Araceli Georgina Castro Hernández, en cuanto apoderada jurídica de María Teresa Reyes Arzate, carácter que se le reconoce al tenor del instrumento notarial que anexa a su escrito de demanda, contra actos del Presidente del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades, se advierte que reclama: La aprobación, promulgación, ejecución, orden de publicar, publicación, del artículo 127, fracción VIII, párrafos primero y segundo, de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, y reformada por el Decreto Legislativo Número 502, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, con motivo de su primer acto de aplicación, que hace consistir en el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el que el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, acordó favorable su solicitud de copias certificadas del juicio de origen 631/2019, relativo a diligencias de jurisdicción voluntaria, sin exentarla del pago de los derechos fiscales establecidos en la disposición legal citada. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso concreto, esta Juzgadora Federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, misma que se relaciona con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, relativa a la falta de interés jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Tratándose del amparo en el que se reclama una ley o disposiciones de observancia general alegando que causa un perjuicio a la parte quejosa con motivo del acto de aplicación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que el juicio sea procedente, se requiere de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión. Ello, en virtud de que las normas generales heteroaplicativas, son aquéllas que por su sola entrada en vigor no afectan la esfera jurídica de los gobernados, sino que para ello es necesaria la aplicación de la norma jurídica mediante un acto de subsunción posterior al inicio de su vigencia. En otras palabras, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la norma, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición de individualización condicionada. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." A fin de determinar si una norma heteroaplicativa causa perjuicio a la parte quejosa, el examen del perjuicio al interés jurídico del gobernado se desplaza hacia la ponderación del agravio que produce el acto de aplicación de la ley tildada de inconstitucional, puesto que es necesaria la existencia de la condición que materializa los efectos perjudiciales en agravio del particular que, merced a esa condición, ve individualizado en su perjuicio el mandato dispuesto en tales normas. Por tanto, debe quedar probada la existencia del primer acto de aplicación de las disposiciones que se pretenden impugnar, para tenerse por demostrada la afectación al interés jurídico del quejoso. Al respecto, es importante puntualizar que, tratándose de normas heteroaplicativas, no cualquier acto legitima al gobernado para acudir en demanda de amparo, por el contrario, es requisito indispensable que dicho acto materialice los supuestos previstos por la norma y más aún, que ello trascienda a la esfera jurídica del peticionario, generando un perjuicio, entendido como una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Esto es, por ser un amparo contra leyes, requiere necesariamente que la norma impugnada se hubiera aplicado en perjuicio de la parte quejosa pues, de lo contrario, la inconstitucionalidad de la ley, que en su caso pudiera declararse, no tendría efecto alguno en su beneficio, ya que no se le lograría restituir en el pleno goce del derecho constitucional transgredido. Ilustra lo anterior, el criterio sustentado en la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas." Entonces, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una norma general con motivo de un acto de aplicación, es preciso analizar el acto de aplicación y la trascendencia que tenga sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, a fin de tener la certeza de que el perjuicio que ésta resienta sea generado por la norma general -por actualizarse los supuestos contenidos en las porciones normativas destacadas-- y no por la ilegalidad del acto concreto. En relación con lo anterior, resulta sumamente relevante el análisis de la naturaleza y alcances del acto de aplicación para determinar si el juicio procede respecto de la norma general, pues es necesario que ésta haya sido invocada como fundamento en el acto y además es necesario verificar y corroborar que el supuesto que prevé la porción normativa cuestionada verdaderamente sustentó el sentido de la resolución señalada como primer acto de aplicación. De resultar que los preceptos legales no fueron citados en la decisión adoptada por la autoridad responsable en el acto de aplicación y que sus hipótesis normativas no sustentan o fundamentan el sentido de la resolución, surge un impedimento técnico y jurídico que impide estudiar la inconstitucionalidad de la norma reclamada, en principio, porque dicho análisis ningún beneficio le depararía a la parte quejosa, pues al no ubicarse en el supuesto normado, la protección de la sentencia amparadora resultaría inútil y ociosa, pues no se materializaría en su esfera jurídica dado que no ha existido un perjuicio causado por la norma por sí misma, sino que en todo caso, la afectación a sus derechos fundamentales podría ser generada por la ilegalidad del acto de aplicación, como lo sería su falta o indebida fundamentación y motivación, cuyo análisis no corresponde la inconstitucionalidad de los preceptos legales, sino a los vicios propios que en su caso se le atribuyan. Precisado lo anterior, conviene citar el contenido del numeral 127 de la Ley de Hacienda para el Estado de Michoacán, que la quejosa tilda de inconstitucional: "Artículo 127. Los derechos que se causen por Servicios Oficiales Diversos, se cubrirán de conformidad con lo siguiente: CONCEPTO: CUOTA: VIII. Por cada certificación de expedientes que hagan los jueces o secretarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Salvo cuando se trate de solicitudes de copias certificadas, por las dependencias del ejecutivo en defensa de los intereses del Estado, en cuyo caso serán gratuitas. $61.00 Por cotejo de copias de expedientes, adicionalmente, por cada página. $24.00 [.]" El numeral transcrito regula los supuestos de procedencia de los derechos por servicios oficiales diversos y es de naturaleza de individualización condicionada, toda vez que no prevé la imposición de obligaciones o derechos, que por su sola vigencia creen, transformen o extingan situaciones concretas de derecho, sino que se requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación. En el caso particular, la parte quejosa impugna el artículo 127, fracción VIII, párrafos primero y segundo, de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, con motivo de su primer acto de aplicación, que hace consistir en el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el que el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, acordó favorable su solicitud de copias certificadas del juicio de origen 631/2019, relativo a diligencias de jurisdicción voluntaria, sin exentarla del pago de los derechos fiscales establecidos en la disposición legal citada, determinación que se lee en los términos siguientes: "Zitácuaro, Michoacán, a 23 veintitrés de febrero de 2021 dos mil veintiuno. Visto el escrito que presentó la licenciada Araceli Georgina Castro Hernández, con el carácter que tiene reconocido dentro del presente juicio, como lo solicita, expídansele copias certificadas por duplicado de las constancias que refiere en libelo de cuenta. Así y con apoyo en los artículos 38, 39, 49, 79, 91 y 122 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo acordó y firma el licenciado Francisco Sánchez Hernández, Juez de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, que actúa con el secretario de acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Julio César Solorio Camarena. Listado en su fecha. Conste. omv.". De la lectura del auto transcrito, que acompañó la quejosa a su demanda, no se advierte que el juez responsable haya aplicado la disposición reclamada para sustentar su determinación, tampoco se advierte que efectuara su interpretación, ni siquiera lo analizó para fundamentar la decisión en su contenido, por lo que dicho proveído no constituye el acto de aplicación de la disposición legal que se pretende reclamar. Es así porque los derechos por servicios oficiales generados por la certificación de expedientes y el cotejo de copias efectuados por jueces o secretarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado están previstos y regulados en dos leyes distintas: la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán que en su artículo 127, fracción VIII, párrafos primero y segundo, prevé por la certificación y cotejo los derechos en montos de $61.00 y $24.00 respectivamente; y, la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán que en el artículo 37, fracción III, estipula los derechos por el concepto de certificación en cantidades de $20.70. Ahora bien, el juez responsable en el auto que la quejosa señala como primer acto de aplicación invocó de manera expresa como sustento de su determinación únicamente los numerales 38, 39, 49, 79, 91 y 122 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los dos últimos artículos hacen referencia que para la obtención de copias o testimonio que obre en archivos, protocolos y expedientes se requiere de decreto judicial dictado a petición de parte legitima, salvo que se trate de copia simple, en cuyo caso se expedirá sin requisito alguno por el secretario; y tratándose de copia certificadas o testimonio de constancias judiciales, éstas deberán ser autorizadas por el secretario del tribunal que los expida, salvo disposición de la ley en otro sentido. Como se ve, en el auto de referencia no existe una aplicación expresa del artículo 127, fracción VIII, párrafos primero y segundo, de la Ley Hacienda del Estado de Michoacán, cuya inconstitucionalidad pretende reclamar la quejosa; empero, tampoco es posible determinar su aplicación implícita pues como se vio existen dos disposiciones pertenecientes a cuerpos normativos distintos que prevén en forma similar los derechos por certificación y cotejo, de tal manera que el juez responsable pudo sustentar el sentido que rige el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, tanto en el artículo 127, fracción VIII, párrafos primero y segundo, de la referida Ley de Hacienda, como en el diverso numeral 37, fracción III, de la Ley de Ingresos de esta entidad federativa. Pero al margen de la ausencia de cita del precepto legal reclamado, el auto no condiciona la entrega de las copias al previo pago de derechos, siendo éste el contenido de la norma impugnada; de manera que ante ello, se requeriría de un acto posterior al señalado como de aplicación por la parte quejosa, en el que le negara la entrega de las copias autorizadas, por falta del pago del derecho previsto en el numeral 127 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán. Empero, en este momento y con el solo contenido del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, no es posible tener convicción de la disposición legal aplicada en perjuicio de la quejosa que la legitime para reclamar su inconstitucionalidad; pues no basta la aseveración de la solicitante de amparo, con base en especulaciones, que determinado artículo (el 127, fracción VIII, párrafos primero y segundo, de la Ley de Hacienda) le fue aplicado en un acuerdo en el que no se cita expresamente o considerar que su aplicación es implícita; puesto que se requiere que el acto de aplicación quede fehacientemente probado, ya sea que la autoridad responsable haya invocado expresamente el artículo reclamado y que haya apoyado su resolución en las hipótesis normativas que contempla la disposición legal, o bien, en su interpretación. Orienta al respecto, a contrario sensu, el criterio aislado que a la letra dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD QUE SE APOYA EN SUS PRECEPTOS, AUNQUE NO LO CITE EXPRESAMENTE, DEBE CONSIDERARSE COMO ACTO DE APLICACIÓN. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo resulta irrelevante que la autoridad en su resolución deje de invocar en forma expresa los preceptos de la ley que se reclama, si en dicho acto se advierte con claridad que la misma se apoyó en aquéllos, individualizándolos por primera vez en relación a la parte quejosa." Por consiguiente, al no advertirse que se haya aplicado el numeral 127, fracción VIII, párrafos primero y segundo, de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, para sustentar el sentido del auto que señala como primer acto de aplicación, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoria e indudable improcedencia; por actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, misma que se relaciona con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, relativa a la falta de interés jurídico. No es óbice para la anterior determinación, que por regla general no sea dable analizar en el auto inicial si una norma general impugnada en el juicio de amparo fue aplicada, pues por lo general ello implica un examen exhaustivo y minucioso sobre si se configura, en forma expresa o tácita, el supuesto que describe y que, con motivo de ello, se hubiere ordenado la realización de sus consecuencias jurídicas en un caso concreto, lo que por sí mismo, por regla general, implica un estudio complejo, al tener que analizarse si se cumplieron las condiciones de aplicación de la norma referida con motivo de una conducta determinada; empero, en el caso que nos ocupa, no se actualiza dicho supuesto, pues de manera manifiesta e indudable se advierte de la simple lectura del auto que la quejosa señala como acto de aplicación y que anexó a su libelo que no se cita como fundamento de dicha determinación el numeral cuya inconstitucionalidad pretende reclamar; además, es un hecho notorio la existencia de la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán, que en su dispositivo 37, fracción III, prevé en similares términos disposición sobre derechos generados con motivos de la certificación y cotejo de constancias, lo que descarta evidentemente una aplicación implícita del numeral 127, fracción VIII, párrafos primero y segundo, de la Ley de Hacienda. Además, de la lectura de la demanda es patente que la quejosa no expone concepto de violación respecto de vicios de legalidad del acto de aplicación, sino que únicamente combate la inconstitucionalidad del precepto legal en cita. Razones anteriores que justifican el desechamiento de la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. OPOSICION PUBLICACIÓN DATOS PERSONALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, téngase a la parte quejosa, manifestando en su escrito de demanda, su oposición a la publicación de datos personales; por tanto, lo anterior hágase del conocimiento del Analista Jurídico SISE, así como del Actuario Judicial adscrito a este Órgano jurisdiccional, para que no se publiquen los datos correspondientes. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ernesto Contreras Correa y Jesús Ávalos Sánchez, toda vez que tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que al diverso Edgar Elizarraras Izquierdo, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acredite contar con la facultad para ejercer la profesión de abogado. ACCESO AL EXPEDIENTE. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza consultar vía internet el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, quien tiene como nombre de usuario "EdgarElizarrarasIzquierdo". Consecuentemente, comisiónese al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para dar la autorización respectiva. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza la notificación vía electrónica. CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase al quejoso proporcionando la dirección de correo electrónico edgarelizarraras@gmail.com, para efecto de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. COPIAS SIMPLES. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el quejoso, expídasele copias simples de las constancias que solicita, autorizando para recibirlas a las personas que alude, previo recibo que se deje en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, toda vez que mediante Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para esta juzgadora, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. En el entendido, que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. Por otro, se establece que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la entrega de las copias que solicita o para su reproducción electrónica, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Se hace saber al promovente que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 36 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos. Mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Por esa razón, se les invita a que transiten al esquema de juicio en línea a través de la FIREL. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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