María y/o Ma. Irma Natividad Reyes Vega

Expediente 1183/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1183/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • María y/o Ma. Irma Natividad Reyes Vega
  • Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Acuse de recibo. Agréguese el oficio enviado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y atento a su contenido, acusa recibo del diverso comunicado a través del cual, se le hizo del conocimiento que el uno de febrero del año en curso, causó ejecutoria la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, ordenándose el archivo definitivo, por encontrarse totalmente concluido; así como de las constancias que integran el toca ********************, que le fue devuelto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían la parte quejosa y los terceros interesados, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. Se ordena la devolución de constancias enviadas por la autoridad responsable como justificación de su informe, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1183/2022, promovido por María y/o Ma. Irma Natividad ********************, por alegada violación de los artículos 1o, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuidas al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, dentro del toca número ******************** formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ******************** ********************, en contra de la sentencia interlocutoria pronunciada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dentro del juicio sumario civil ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, que resolvió el incidente de liquidación de sentencia. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de se reclama una resolución declarativa carente de ejecución material y la autoridad que la dictó reside en Morelia, Michoacán, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en tanto que así lo manifestó expresamente en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió junto con su informe, consistentes en el toca original número ******************** con el cual se ordenó formar un tomo de pruebas, que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que impone el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o bien, de manera oficiosa, no se advierte la actualización de ninguna de ellas, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio de los conceptos de violación, conviene precisar los principales antecedentes de donde deriva el acto reclamado, los cuales se obtienen tanto de la demanda de amparo como de las constancias que la autoridad responsable acompañó con su informe. 1. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva dentro del juicio sumario civil ******************** que sobre terminación de copropiedad y venta de bien inmueble por no admitir cómoda división promovieron ********************, ********************, ********************y ********************, todos de apellidos ********************, frente a la aquí quejosa María Irma Natividad ******************** y/o Ma. Irma Natividad ********************; en la que se declaró improcedente la acción intentada y se condenó a los accionantes a pagar los gastos costas judiciales en favor de la demandada, previa regulación legal. 2. Mediante sentencia interlocutoria dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se resolvió el incidente de liquidación de sentencia propuesto por la demandada aquí quejosa, mismo que se declaró procedente y como consecuencia, se condenó a la parte actora -demandados incidentistas- y aquí terceros interesados a pagar en favor de María Irma Natividad ******************** y/o Ma. Irma Natividad ********************, la cantidad de $******************** (********************), por concepto de honorarios profesionales. 3. Inconformes con esa resolución los demandados interpusieron recurso de apelación, el cual por razón de turno le tocó conocer a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, donde se radicó con el número de toca ******************** y con fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se dictó sentencia que confirmó la interlocutoria reclamada. 4. Los demandados incidentistas promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la referida sentencia interlocutoria, la cual tocó conocer a este Juzgado Primero de Distrito donde se registró con el número ********************, sumario en el cual con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia que les concedió el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: "Dejar sin efecto la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dentro del toca civil ******************** y dicte una nueva en la que reexamine nuevamente el agravio relacionado con la valoración de la prueba pericial desahogada el incidente de gastos y costas que dio origen a la resolución de veintitrés de febrero del año en curso". 5. En cumplimiento a esa ejecutoria, la autoridad responsable, el cuatro de octubre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la diversa de veintitrés de mayo de dos mil veintidós y en su lugar, procedió a dictar una nueva resolución, en la que revocó la sentencia de veintitrés de febrero de la presente anualidad y emitió una que debía regir bajo los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Quedó surtida la competencia de este Juzgado para conocer y resolver la actual incidencia. SEGUNDO. Se declara improcedente el incidente de liquidación de sentencia, promovido por ******************** Y/O ********************; en consecuencia, TERCERO. Se absuelve a los incidentados ******************** y ********************DE AEPLLIDOS ******************** del pago de la cantidad de $******************** ********************, que por concepto de pago de honorarios profesionales, reclamó su contraria. (.)" Siendo esta la resolución reclamada en el presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo; sin embargo, para mejor compresión de lo que se resuelve, conviene sintetizarlos de la siguiente manera: La sentencia interlocutoria dictada por la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, causa agravio a la quejosa por la incorrecta aplicación del artículo 8º, de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, ya que no aplicó los criterios generales de derecho y por ende conculcó en su perjuicio los principios generales de derecho que otorgan los artículos 14, 16 y 16 Constitucionales, ello al determinar que los dictámenes en materia de derecho emitidos por los expertos carecían de alcances demostrativos. La Ley de Arancel de Abogados para el Estado de Michoacán, establece los procedimientos para fijar el monto de los honorarios que correspondan a los abogados en los procesos jurisdiccionales en los que intervienen bajo los supuestos de cuantía determinada o determinable e indeterminada; en cuanto a este último supuesto establece que se determinarán bajo la estimación que al respecto lleven a cabo expertos en la materia quienes emitirán su opinión tomando en cuenta la importancia del derecho que se ventiló, los trabajos prestados, el éxito obtenido y las circunstancias personales del cliente, por lo que atento a ello se ofreció la prueba pericial en materia de derecho. Contrario a lo que estimó la autoridad responsable los dictámenes periciales sí fueron fundados y motivados pues cumplieron con los lineamientos establecidos en el referido artículo 8o, de la Ley de Arancel de Abogados para el Estado, ya que tomaron en consideración su experticia profesional, el libre ejercicio de la profesión conocedores de la práctica y costumbres de esta ciudad para concluir que por hora de consulta de trabajo los abogados en Michoacán ascienden a $********************, de ahí que si la abogada que la asesoró en el juicio invirtió ciento veinte horas, entonces el monto por sus honorarios es de $******************** ********************, por lo que a su consideración la determinación de la responsable de que la opinión vertida en los dictámenes carecen de alcances demostrativos, se encuentra fuera de toda lógica jurídica. Lo resuelto por la autoridad responsable en acatamiento de la ejecutoria de amparo carece de sustento jurídico toda vez que la afirmación de que los peritos pudieron realizar estudios comparativos en diferentes campos de actividad no se encuentra regulada en ninguna disposición legal, aunado a que con ello, se pretende instruir al experto sobre cómo realizar su trabajo, cuando la ley arancelaria es clara en señalar que los honorarios por asuntos de cuantía indeterminada se determinarán con base en una "estimación" que los peritos lleven a cabo, requisitos que se encuentran inmersos en las documentos que presentaron los peritos. Los anteriores conceptos de violación analizados en su conjunto de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, dada la estrecha vinculación que existe entre los mismos, resultan inoperantes. Para evidenciar la anterior conclusión se torna necesario invocar como hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que en el juicio de amparo indirecto ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos (ahora terceros interesados) para el siguiente efecto: "Dejar sin efecto la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dentro del toca civil ******************** y dicte una nueva en la que reexamine nuevamente el agravio relacionado con la valoración de la prueba pericial desahogada el incidente de gastos y costas que dio origen a la resolución de veintitrés de febrero del año en curso". Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Décima Época, con registro digital 2017123, cuyo tenor literal es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Las principales consideraciones que sustentan la referida ejecutoria son las siguientes: "Con base en lo anterior, se tiene que el acto reclamado es violatorio de derechos fundamentales porque la Sala responsable dejó de observar que asiste razón al quejoso al referir que los dictámenes periciales fueron erróneamente valorados por el Juez del fuero común. Es decir, dejó de ponderar que si bien los dictámenes periciales pretendieron establecer los requisitos que establece el artículo 8º de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, lo cierto es, que al momento de establecer el quantum de lo que corresponde a los honorarios sostienen que es de $******************** con base en la práctica judicial en el Estado, lo cual constituye una afirmación que no encuentra soporte alguno, es decir, carece de evidencia que permita concluir válidamente que en el Estado de Michoacán el costo por hora de una asesoría legal es de esa cantidad, lo anterior pues en todo caso, pudieron realizar un estudio comparativo entre los profesionistas del derecho que trabajan en gobierno Estatal, los académicos y un estudio de campo de las firmas locales que pudieran evidenciar en promedio el costo de llevar un litigio de naturaleza civil como el que da origen al sumario de origen. Además de lo anterior, en la resolución de primera instancia, se estableció que la abogada que representó a la parte vencedora del juicio civil trabajó ciento veinte horas, afirmación que es dogmática, puesto que no encuentra justificación, ya que los dictámenes que concluyeron de esta manera tampoco sustentaron tal circunstancia. Como se aprecia, tanto las horas trabajadas por la profesionista del derecho como la cantidad por hora que debe cobrar un profesionista del derecho, carecen de sustento, pues no los dictámenes no establecen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de porque el juicio requirió de la cantidad de ciento vente horas y tampoco las razones por las que un profesionista del derecho debe cobrar $******************** pesos por hora, afirmaciones que debieron ser correctamente valoradas, lo cual no aconteció y que trae como consecuencia la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa. Por lo anteriormente expuesto y fundado; lo procedente es conceder el amparo y protección que solicita, contra el acto reclamado. (.)" No obstante la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a reclamar la inconstitucionalidad de la sentencia dictada el cuatro de octubre del año actual -en cumplimiento a la anterior ejecutoria- ya que bajo su apreciación, es incorrecto que el Magistrado responsable haya restado valor a los dictámenes periciales bajo el argumento de que son dogmáticos y carentes de sustento y porque no se realizó un estudio comparativo entre los profesionistas del derecho que trabajan en gobierno Estatal, a fin de poder llegar a la conclusión a la que arribaron, cuando dichos documentos sí se encuentran debidamente fundados y motivados; aunado a que en ninguna disposición legal se prevé que los peritos deban realizar un estudio comparativo pues lo único que exige el artículo 8o, de la Ley de Arancel de Abogados de la entidad es que los peritos deben realizar una estimación de los trabajos realizados, el éxito obtenido y las circunstancias personales del cliente, lo que afirma si se cumplió. Empero, ello no puede ser materia de un nuevo análisis ya que no es factible que en un nuevo juicio de amparo se puedan estudiar aspectos que son propios del acuerdo de cumplimiento de la sentencia, como puede ser el exceso o el defecto que se le atribuye a la responsable, pues para ello la aquí quejosa tenía expedito su derecho para hacer valerlo valer en el diverso juicio constitucional en tanto que se le dio la intervención que marca la ley de la materia, se le notificó la sentencia y se le dio vista con el cumplimiento de la ejecutoria sin que haya hecho valer alguna manifestación; por lo que en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós se declaró cumplido dicho fallo sin que existiera exceso o defecto. De ahí que si la quejosa hizo valer únicamente cuestiones que fueron materia de la concesión de un diverso amparo, entonces por las razones apuntadas sus conceptos de violación resultan inoperantes. Por analogía, se invocan como sustento los criterios que enseguida se transcriben. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EN UN SEGUNDO JUICIO SE PLANTEA QUE LA EJECUTORIA PRIMIGENIA NO ESTÁ DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA. En el ámbito de la aplicación de la abrogada Ley de Amparo, con motivo del cumplimiento de una sentencia dictada en amparo directo, surgían tanto aspectos propios del juicio -en libertad de jurisdicción- como de aquellos que podían ser materia de impugnación, vía el recurso de queja -cumplimiento por exceso o defecto de la sentencia-. Así, por razones de economía se estudiaban en una sola sentencia, esto es, en la dictada en el segundo amparo directo. Sin embargo, la actual Ley de Amparo tiene, por cuanto ve a esa situación, una regulación diferente: a) la derogación de la institución de la queja por defecto o exceso en el cumplimiento de la sentencia; b) la instrumentación de la vista en el cumplimiento dado por la autoridad responsable; c) la obligación del juzgador de pronunciarse respecto a que ese cumplimiento sea exhaustivo -sin defectos ni excesos- y congruente con lo ordenado en la ejecutoria de amparo; y, d) la posibilidad de impugnar la declaratoria de cumplimiento de la sentencia, por medio del recurso de inconformidad. En estas condiciones, ya no es factible que en un nuevo juicio de amparo directo se puedan estudiar aspectos que son propios del acuerdo de cumplimiento de la sentencia, como lo son el exceso o el defecto que se le atribuye a la responsable, pues en caso de que no se hayan controvertido adquirirán firmeza y, si fueron materia de impugnación mediante el recurso de inconformidad, entrarían en el ámbito de la cosa juzgada. Por tanto, si el quejoso considera que la ejecutoria de amparo directo no está debidamente cumplimentada, es necesario que interponga el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo y, si no lo hace, la declaratoria de cumplimiento adquiere firmeza; de ahí que los conceptos de violación relativos, formulados en el segundo juicio, son inoperantes. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS RESPECTO DE LAS CUALES LA CITADA EJECUTORIA CONFIRIÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo directo en contra de un ulterior laudo o sentencia que se dicta en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, sólo resultan operantes los conceptos de violación dirigidos a combatir las cuestiones que la responsable: 1) resolvió directamente en ejercicio de la libre jurisdicción que le fuera conferida o en vía de consecuencia de ese ejercicio, y/o 2) dejó de resolver en perjuicio del quejoso y que debió fallar en ejercicio de esa plenitud de jurisdicción; erigiéndose lo anterior en una conditio sine qua non o condición necesaria para ser analizables. Y, por ende, por vía de exclusión los argumentos ajenos a estos temas son inoperantes por inatendibles, ya que inexorablemente quedarían comprendidos: a) en el cumplimiento cabal y vinculante de esa ejecutoria, o en la reiteración de las mismas consideraciones por: haber sido infundados los conceptos de violación enderezados en su contra (cosa juzgada), o, b) en el ser reiterados, por no haber sido materia de la litis constitucional; o, c) en el exceso o el defecto de ese cumplimiento o, d) en la indebida repetición del acto reclamado, o bien, e) habría precluido su derecho para hacerlos valer, porque a pesar de no haberse reflejado en el primer laudo o sentencia la violación procesal y/o algún punto decisorio que pudiera perjudicarle, debió haberlas combatido, en vía de amparo adhesivo en contra de aquél. En ese tenor, si en esa ejecutoria de amparo no se le confirió libertad de jurisdicción a la responsable, para que decidiera respecto de algún tópico, sobre el cual ésta en el ulterior laudo falló de manera diferente a como lo había hecho en el primero, ni ello es una consecuencia necesaria de tal libertad de jurisdicción que sí se le confirió; los conceptos de violación que impugnan la legalidad de lo fallado son inoperantes, por no ser materia del nuevo juicio de amparo, enderezado en contra del ulterior laudo dictado con motivo de la ejecutoria de amparo anterior. En consecuencia, ante lo inoperante de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, lo procedente es negar a la quejosa la protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Irma Natividad ******************** y/o Ma. Irma Natividad ********************, contra el acto reclamado al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1183/2022, promovido por María y/o Ma. Irma Natividad ********************, por alegada violación de los artículos 1o, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuidas al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, dentro del toca número ******************** formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ******************** ********************, en contra de la sentencia interlocutoria pronunciada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dentro del juicio sumario civil ******************** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, que resolvió el incidente de liquidación de sentencia. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de se reclama una resolución declarativa carente de ejecución material y la autoridad que la dictó reside en Morelia, Michoacán, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en tanto que así lo manifestó expresamente en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió junto con su informe, consistentes en el toca original número ******************** con el cual se ordenó formar un tomo de pruebas, que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que impone el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o bien, de manera oficiosa, no se advierte la actualización de ninguna de ellas, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio de los conceptos de violación, conviene precisar los principales antecedentes de donde deriva el acto reclamado, los cuales se obtienen tanto de la demanda de amparo como de las constancias que la autoridad responsable acompañó con su informe. 1. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva dentro del juicio sumario civil ******************** que sobre terminación de copropiedad y venta de bien inmueble por no admitir cómoda división promovieron ********************, ********************, ********************y ********************, todos de apellidos ********************, frente a la aquí quejosa María Irma Natividad ******************** y/o Ma. Irma Natividad ********************; en la que se declaró improcedente la acción intentada y se condenó a los accionantes a pagar los gastos costas judiciales en favor de la demandada, previa regulación legal. 2. Mediante sentencia interlocutoria dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se resolvió el incidente de liquidación de sentencia propuesto por la demandada aquí quejosa, mismo que se declaró procedente y como consecuencia, se condenó a la parte actora -demandados incidentistas- y aquí terceros interesados a pagar en favor de María Irma Natividad ******************** y/o Ma. Irma Natividad ********************, la cantidad de $******************** (********************), por concepto de honorarios profesionales. 3. Inconformes con esa resolución los demandados interpusieron recurso de apelación, el cual por razón de turno le tocó conocer a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, donde se radicó con el número de toca ******************** y con fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se dictó sentencia que confirmó la interlocutoria reclamada. 4. Los demandados incidentistas promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la referida sentencia interlocutoria, la cual tocó conocer a este Juzgado Primero de Distrito donde se registró con el número ********************, sumario en el cual con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia que les concedió el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: "Dejar sin efecto la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dentro del toca civil ******************** y dicte una nueva en la que reexamine nuevamente el agravio relacionado con la valoración de la prueba pericial desahogada el incidente de gastos y costas que dio origen a la resolución de veintitrés de febrero del año en curso". 5. En cumplimiento a esa ejecutoria, la autoridad responsable, el cuatro de octubre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la diversa de veintitrés de mayo de dos mil veintidós y en su lugar, procedió a dictar una nueva resolución, en la que revocó la sentencia de veintitrés de febrero de la presente anualidad y emitió una que debía regir bajo los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Quedó surtida la competencia de este Juzgado para conocer y resolver la actual incidencia. SEGUNDO. Se declara improcedente el incidente de liquidación de sentencia, promovido por ******************** Y/O ********************; en consecuencia, TERCERO. Se absuelve a los incidentados ******************** y ********************DE AEPLLIDOS ******************** del pago de la cantidad de $******************** ********************, que por concepto de pago de honorarios profesionales, reclamó su contraria. (.)" Siendo esta la resolución reclamada en el presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo; sin embargo, para mejor compresión de lo que se resuelve, conviene sintetizarlos de la siguiente manera: La sentencia interlocutoria dictada por la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, causa agravio a la quejosa por la incorrecta aplicación del artículo 8º, de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, ya que no aplicó los criterios generales de derecho y por ende conculcó en su perjuicio los principios generales de derecho que otorgan los artículos 14, 16 y 16 Constitucionales, ello al determinar que los dictámenes en materia de derecho emitidos por los expertos carecían de alcances demostrativos. La Ley de Arancel de Abogados para el Estado de Michoacán, establece los procedimientos para fijar el monto de los honorarios que correspondan a los abogados en los procesos jurisdiccionales en los que intervienen bajo los supuestos de cuantía determinada o determinable e indeterminada; en cuanto a este último supuesto establece que se determinarán bajo la estimación que al respecto lleven a cabo expertos en la materia quienes emitirán su opinión tomando en cuenta la importancia del derecho que se ventiló, los trabajos prestados, el éxito obtenido y las circunstancias personales del cliente, por lo que atento a ello se ofreció la prueba pericial en materia de derecho. Contrario a lo que estimó la autoridad responsable los dictámenes periciales sí fueron fundados y motivados pues cumplieron con los lineamientos establecidos en el referido artículo 8o, de la Ley de Arancel de Abogados para el Estado, ya que tomaron en consideración su experticia profesional, el libre ejercicio de la profesión conocedores de la práctica y costumbres de esta ciudad para concluir que por hora de consulta de trabajo los abogados en Michoacán ascienden a $********************, de ahí que si la abogada que la asesoró en el juicio invirtió ciento veinte horas, entonces el monto por sus honorarios es de $******************** ********************, por lo que a su consideración la determinación de la responsable de que la opinión vertida en los dictámenes carecen de alcances demostrativos, se encuentra fuera de toda lógica jurídica. Lo resuelto por la autoridad responsable en acatamiento de la ejecutoria de amparo carece de sustento jurídico toda vez que la afirmación de que los peritos pudieron realizar estudios comparativos en diferentes campos de actividad no se encuentra regulada en ninguna disposición legal, aunado a que con ello, se pretende instruir al experto sobre cómo realizar su trabajo, cuando la ley arancelaria es clara en señalar que los honorarios por asuntos de cuantía indeterminada se determinarán con base en una "estimación" que los peritos lleven a cabo, requisitos que se encuentran inmersos en las documentos que presentaron los peritos. Los anteriores conceptos de violación analizados en su conjunto de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, dada la estrecha vinculación que existe entre los mismos, resultan inoperantes. Para evidenciar la anterior conclusión se torna necesario invocar como hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que en el juicio de amparo indirecto ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos (ahora terceros interesados) para el siguiente efecto: "Dejar sin efecto la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dentro del toca civil ******************** y dicte una nueva en la que reexamine nuevamente el agravio relacionado con la valoración de la prueba pericial desahogada el incidente de gastos y costas que dio origen a la resolución de veintitrés de febrero del año en curso". Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Décima Época, con registro digital 2017123, cuyo tenor literal es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Las principales consideraciones que sustentan la referida ejecutoria son las siguientes: "Con base en lo anterior, se tiene que el acto reclamado es violatorio de derechos fundamentales porque la Sala responsable dejó de observar que asiste razón al quejoso al referir que los dictámenes periciales fueron erróneamente valorados por el Juez del fuero común. Es decir, dejó de ponderar que si bien los dictámenes periciales pretendieron establecer los requisitos que establece el artículo 8º de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, lo cierto es, que al momento de establecer el quantum de lo que corresponde a los honorarios sostienen que es de $******************** con base en la práctica judicial en el Estado, lo cual constituye una afirmación que no encuentra soporte alguno, es decir, carece de evidencia que permita concluir válidamente que en el Estado de Michoacán el costo por hora de una asesoría legal es de esa cantidad, lo anterior pues en todo caso, pudieron realizar un estudio comparativo entre los profesionistas del derecho que trabajan en gobierno Estatal, los académicos y un estudio de campo de las firmas locales que pudieran evidenciar en promedio el costo de llevar un litigio de naturaleza civil como el que da origen al sumario de origen. Además de lo anterior, en la resolución de primera instancia, se estableció que la abogada que representó a la parte vencedora del juicio civil trabajó ciento veinte horas, afirmación que es dogmática, puesto que no encuentra justificación, ya que los dictámenes que concluyeron de esta manera tampoco sustentaron tal circunstancia. Como se aprecia, tanto las horas trabajadas por la profesionista del derecho como la cantidad por hora que debe cobrar un profesionista del derecho, carecen de sustento, pues no los dictámenes no establecen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de porque el juicio requirió de la cantidad de ciento vente horas y tampoco las razones por las que un profesionista del derecho debe cobrar $******************** pesos por hora, afirmaciones que debieron ser correctamente valoradas, lo cual no aconteció y que trae como consecuencia la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa. Por lo anteriormente expuesto y fundado; lo procedente es conceder el amparo y protección que solicita, contra el acto reclamado. (.)" No obstante la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a reclamar la inconstitucionalidad de la sentencia dictada el cuatro de octubre del año actual -en cumplimiento a la anterior ejecutoria- ya que bajo su apreciación, es incorrecto que el Magistrado responsable haya restado valor a los dictámenes periciales bajo el argumento de que son dogmáticos y carentes de sustento y porque no se realizó un estudio comparativo entre los profesionistas del derecho que trabajan en gobierno Estatal, a fin de poder llegar a la conclusión a la que arribaron, cuando dichos documentos sí se encuentran debidamente fundados y motivados; aunado a que en ninguna disposición legal se prevé que los peritos deban realizar un estudio comparativo pues lo único que exige el artículo 8o, de la Ley de Arancel de Abogados de la entidad es que los peritos deben realizar una estimación de los trabajos realizados, el éxito obtenido y las circunstancias personales del cliente, lo que afirma si se cumplió. Empero, ello no puede ser materia de un nuevo análisis ya que no es factible que en un nuevo juicio de amparo se puedan estudiar aspectos que son propios del acuerdo de cumplimiento de la sentencia, como puede ser el exceso o el defecto que se le atribuye a la responsable, pues para ello la aquí quejosa tenía expedito su derecho para hacer valerlo valer en el diverso juicio constitucional en tanto que se le dio la intervención que marca la ley de la materia, se le notificó la sentencia y se le dio vista con el cumplimiento de la ejecutoria sin que haya hecho valer alguna manifestación; por lo que en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós se declaró cumplido dicho fallo sin que existiera exceso o defecto. De ahí que si la quejosa hizo valer únicamente cuestiones que fueron materia de la concesión de un diverso amparo, entonces por las razones apuntadas sus conceptos de violación resultan inoperantes. Por analogía, se invocan como sustento los criterios que enseguida se transcriben. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EN UN SEGUNDO JUICIO SE PLANTEA QUE LA EJECUTORIA PRIMIGENIA NO ESTÁ DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA. En el ámbito de la aplicación de la abrogada Ley de Amparo, con motivo del cumplimiento de una sentencia dictada en amparo directo, surgían tanto aspectos propios del juicio -en libertad de jurisdicción- como de aquellos que podían ser materia de impugnación, vía el recurso de queja -cumplimiento por exceso o defecto de la sentencia-. Así, por razones de economía se estudiaban en una sola sentencia, esto es, en la dictada en el segundo amparo directo. Sin embargo, la actual Ley de Amparo tiene, por cuanto ve a esa situación, una regulación diferente: a) la derogación de la institución de la queja por defecto o exceso en el cumplimiento de la sentencia; b) la instrumentación de la vista en el cumplimiento dado por la autoridad responsable; c) la obligación del juzgador de pronunciarse respecto a que ese cumplimiento sea exhaustivo -sin defectos ni excesos- y congruente con lo ordenado en la ejecutoria de amparo; y, d) la posibilidad de impugnar la declaratoria de cumplimiento de la sentencia, por medio del recurso de inconformidad. En estas condiciones, ya no es factible que en un nuevo juicio de amparo directo se puedan estudiar aspectos que son propios del acuerdo de cumplimiento de la sentencia, como lo son el exceso o el defecto que se le atribuye a la responsable, pues en caso de que no se hayan controvertido adquirirán firmeza y, si fueron materia de impugnación mediante el recurso de inconformidad, entrarían en el ámbito de la cosa juzgada. Por tanto, si el quejoso considera que la ejecutoria de amparo directo no está debidamente cumplimentada, es necesario que interponga el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo y, si no lo hace, la declaratoria de cumplimiento adquiere firmeza; de ahí que los conceptos de violación relativos, formulados en el segundo juicio, son inoperantes. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS RESPECTO DE LAS CUALES LA CITADA EJECUTORIA CONFIRIÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo directo en contra de un ulterior laudo o sentencia que se dicta en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, sólo resultan operantes los conceptos de violación dirigidos a combatir las cuestiones que la responsable: 1) resolvió directamente en ejercicio de la libre jurisdicción que le fuera conferida o en vía de consecuencia de ese ejercicio, y/o 2) dejó de resolver en perjuicio del quejoso y que debió fallar en ejercicio de esa plenitud de jurisdicción; erigiéndose lo anterior en una conditio sine qua non o condición necesaria para ser analizables. Y, por ende, por vía de exclusión los argumentos ajenos a estos temas son inoperantes por inatendibles, ya que inexorablemente quedarían comprendidos: a) en el cumplimiento cabal y vinculante de esa ejecutoria, o en la reiteración de las mismas consideraciones por: haber sido infundados los conceptos de violación enderezados en su contra (cosa juzgada), o, b) en el ser reiterados, por no haber sido materia de la litis constitucional; o, c) en el exceso o el defecto de ese cumplimiento o, d) en la indebida repetición del acto reclamado, o bien, e) habría precluido su derecho para hacerlos valer, porque a pesar de no haberse reflejado en el primer laudo o sentencia la violación procesal y/o algún punto decisorio que pudiera perjudicarle, debió haberlas combatido, en vía de amparo adhesivo en contra de aquél. En ese tenor, si en esa ejecutoria de amparo no se le confirió libertad de jurisdicción a la responsable, para que decidiera respecto de algún tópico, sobre el cual ésta en el ulterior laudo falló de manera diferente a como lo había hecho en el primero, ni ello es una consecuencia necesaria de tal libertad de jurisdicción que sí se le confirió; los conceptos de violación que impugnan la legalidad de lo fallado son inoperantes, por no ser materia del nuevo juicio de amparo, enderezado en contra del ulterior laudo dictado con motivo de la ejecutoria de amparo anterior. En consecuencia, ante lo inoperante de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, lo procedente es negar a la quejosa la protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Irma Natividad ******************** y/o Ma. Irma Natividad ********************, contra el acto reclamado al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que los terceros interesados Jorge, Cenobio, María del Carmen Natividad y Valentín, todos de apellidos Reyes Vega, se impongan de los autos del juicio. 2. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

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