María Xochitl Martínez Aguilar
Expediente 799/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/11/2016
Partes del expediente
- María Xochitl Martínez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la certificación que antecede, y dado que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto que puso fin al presente asunto; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes.En mérito de lo anterior, dado que el presente juicio de garantías se encuentra debidamente integrado, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica.b) Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes.c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y auto definitivo.d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y el auto definitivo, los cuales, además deberán ser digitalizadas.Notifíquese.Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la misiva de cuenta, suscrita por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante el cual rinde informe justificado y remite constancias que acreditan su dicho. Por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley antes mencionada, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia naturaleza las probanzas que adjuntó la autoridad oficiante Ahora, en atención a su contenido, se estima que en el caso en estudio se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, de la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues respecto al acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia, consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral J2/111/2014, sobrevino una cesación por sustitución, en razón que con fecha cinco de septiembre del año en curso, se dictó laudo dentro del sumario referido; el cual se notificó, el cinco de los cursantes, a la ahí actora, aquí quejosa; lo anterior, según consta de los anexos que remite la oficiante en esta data. Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (S.J.F. y su Gaceta, novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38). "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." (S.J.F y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 210). En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, prevista para realizarse a las diez horas con cinco minutos del diez de octubre de dos mil dieciséis. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de septiembre de dos mil dieciséis. AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por ese órgano colegiado el treinta de agosto de dos mil dieciséis, en el recurso de queja laboral 69/2016, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja y se ordena que de no advertir otra causal de improcedencia diversa a la que consideró en el acuerdo recurrido, admitir la demanda de amparo promovida por MARÍA XOCHITL MARTÍNEZ AGUILAR. ACÚSESE el recibo de estilo, y glósese únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; por tanto, se provee: ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por María Xochilt Martínez Aguilar, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión para dictar laudo en el juicio laboral J.2/111/2014. NO SE APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a formar el incidente relativo a la suspensión, por no haber solicitud expresa al respecto. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las diez horas con cinco minutos del diez de octubre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en términos de lo previsto en el dispositivo 115 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con lo previsto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, mediante notificación personal con copia autorizada del escrito de demanda y de este proveído. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio notificatorio y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, apercibida que de ser omisa a lo anterior, o de no manifestar el impedimento que le asista para ello, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción I, 238, 259, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido que, de ser posible, dicho informe deberá ser enviado a este juzgado de Distrito, VÍA FAX al número telefónico oficial (01.722) 2.36.05.00, extensiones 3257 o 3256 VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx; en formato PDF, en el cual aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo; así como los signos distintivos de la autoridad que lo remita, debiéndose constatar vía telefónica el envío y recepción del mismo; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS. En ese tenor, se requiere de la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley en comento, deberán exponer la razón y fundamento que se estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copias autorizadas, legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de ser omisa a lo anterior, o de no manifestar el impedimento que le asista para ello, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Se apercibe al quejoso que en caso de que la autoridad que designó en la demanda haya sido nominada incorrectamente, la misma se tendrá por inexistente y se dejará de tener comunicación con ella. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. (9ª Época, S. J. F. y su Gaceta, Tomo XXIX, Materia Común, Marzo de 2009). Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993). CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con apoyo en el numeral 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que, en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este Juzgado, y de ser posible acompañen las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de ser omisas a lo anterior, o de no manifestar el impedimento que les asista para ello, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Toda vez que el quejoso señala como tercero interesado al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec y otros; sin embargo, se estima que éste no tiene ese carácter para efectos del sumario constitucional en que se actúa, toda vez que no se aprecia que, por lo que respecta al acto reclamado -dilación procesal-, tengan intereses contrarios a la aquí quejosa, en el juicio de origen. Ello es así, pues atendiendo al principio de buena fe que impera en cualquier procedimiento seguido en forma de juicio, se colige que es interés común de las partes que la controversia que ventilan sea resuelta dentro de los plazos que la legislación de la materia contempla. Por tanto, si en la especie en el presente sumario se reclama una dilación procesal, pues la quejosa se duele de la omisión a dictar laudo en el juicio laboral de origen, es inconcuso que su demandada no tienen un interés procesal contrario. En el entendido que este juzgado de Distrito no soslaya el contenido de la jurisprudencia 1ª/J. 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Sin embargo, se considera que esa interpretación dejó de ser aplicable en la actualidad, pues la Ley de Amparo vigente, en su artículo 5, fracción III, inciso b) precisa la necesidad de un interés adverso, para sostener la existencia de un tercero interesado antagonista del quejoso lo cual, se reitera, no sucede en la especie, en tanto que tanto actor como demandado esperan la pronta resolución de la controversia a la que son sometidos. Es aplicable a lo que aquí decidido el criterio establecido en la tesis Número 216242, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 320, tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: TERCEROS PERJUDICADOS. CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE RESOLUCION CULMINATORIA DE UN PROCEDIMIENTO AGRARIO, NO EXISTEN LOS. En los casos en que se reclaman actos violatorios de la garantía que consagra el artículo 17 constitucional y por equiparación de la contenida en el artículo 8o. del mismo cuerpo de leyes, por la falta de resolución culminatoria de un procedimiento agrario, de ninguna manera resulta jurídico estimar que debe intervenir con el carácter de tercero perjudicado persona alguna, pues con tal carácter sólo se legitima aquel sujeto que tiene interés en que subsista el acto reclamado, lo cual en esos casos como el señalado resulta inadmisible, toda vez que no existe razón alguna para que personas distintas a los quejosos estuvieran interesadas en la subsistencia de una situación de incertidumbre generada por el hecho de no dictarse la resolución que ponga fin a un procedimiento declarando el derecho de las partes. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que a determinada persona se le atribuya por los quejosos en su demanda de garantías el carácter de tercero perjudicado, así como tampoco el hecho de que tal carácter sea reconocido implícitamente por el juez de Distrito al ordenar su emplazamiento, ya que lo cierto es que tal persona no tiene el carácter de tercero perjudicado por las razones expuestas anteriormente, y por ende no es parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5o. fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo". SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta, por medio de los cuales, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, informa las gestiones realizadas en vías de cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de garantías; en tal virtud, agréguense a los autos para que surta los efectos legales conducentes y téngase por hecho del conocimiento de este Juzgado de Distrito lo manifestado por la autoridad responsable, estando en espera de los dictámenes que emitan los peritos designados.
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