Mariam Elizabeth Quiros Solano

Expediente 541/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
541/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2019

Partes del expediente

  • Mariam Elizabeth Quiros Solano

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida por Mariam Elizabeth Quiros Solano; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 541/2019-III-d. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA La solicitante del amparo reclama del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia en Tenango del Valle, Estado de México, la resolución interlocutoria emitida el nueve de abril de dos mil diecinueve, en el expediente 455/2018, que resuelve el recurso de revocación y confirma el auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, el cual versa sobre la admisión de una prueba documental, su desahogo y el otorgamiento del plazo de tres días más. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, considera que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de la materia establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Lo anterior es así, pues es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y tratados internaciones, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es preciso señalar que los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia P./J.37/2014(10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". En esa tesitura, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto combatido consistente en la resolución interlocutoria emitida el nueve de abril de dos mil diecinueve, en el expediente 455/2018, que resuelve el recurso de revocación y confirma el auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, el cual versa sobre la admisión de una prueba documental, su desahogo y el otorgamiento del plazo de tres días más, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación; lo anterior, porque dicho acto, en todo caso, sólo afecta derechos procesales de la impetrante de garantías. Lo anterior, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de garantías indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, pues, que produzca afectación material, no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no causa algún daño jurídico que no sea reparable directa e inmediata en sus derechos sustantivos protegidos por las garantías constitucionales, y cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro del procedimiento de origen. En efecto, como se advierte de párrafos precedentes, el acto impugnado por la parte quejosa no es de aquellos que afectan materialmente algunos de los derechos fundamentales o sustantivos del gobernado tutelados por la Constitución General de la República o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que, en su caso, se trata de una violación de carácter intraprocesal que no causa un perjuicio de imposible reparación, pues ello sólo podrá ocurrir en caso de que dicha violación trascienda en el resultado del fallo en la controversia respecto al convenio exhibido con la demanda que dio origen al procedimiento especial de divorcio incausado 455/2018, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle en la entidad, y, de ser así, esa transgresión podrá ser motivo de impugnación en el amparo directo que se promueva en contra la sentencia que se dicte en la controversia o del acuerdo o resolución que ponga fin a la misma. En consecuencia, el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda ocurrir al dictarse la sentencia o auto y/o resolución que ponga fin al juicio, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses; por tanto, como se dijo, el acto combatido únicamente tiene efecto de carácter formal o intraprocesal, por lo que se puede extinguir en la realidad de los hechos sin originar alguna afectación a los derechos sustantivos de la peticionaria de garantías y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por Mariam Elizabeth Quiros Solano. DOMICILIO Toda vez que el domicilio que señala el impetrante para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado (Toluca) o de su zona conurbada (Metepec), conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tienen las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado para tal efecto hasta en tanto señale uno diverso. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados a las personas que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que estas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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