María Victoria Barranco Pérez

Expediente 1730/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1730/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
30/01/2017

Partes del expediente

  • María Victoria Barranco Pérez
  • Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ...Visto el estado procesal de los autos se advierte que en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis este juzgado de Distrito se reservó a proveer lo conducente respecto al incidente de nulidad interpuesto por la parte tercero interesada Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en razón a que se encontraba transcurriendo la vista otorgada el veintidós del mismo mes y año a las partes. Ahora, se advierte que en el juicio principal del que deriva el presente incidente, por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó fuera de audiencia y el veinte de diciembre de dos mil dieciséis causó estado esa resolución; por tanto, se deja sin materia el incidente de nulidad promovido por la tercero interesada en cita...

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de los autos se advierte que en proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado En ese tenor, se considera que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como se ve, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, con los mismos alcances se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. El precepto establece además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sirve de fundamento, la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Dicho lo anterior, tenemos que en la especie se reclama el oficio número DPSH/MAMG/4600/2016, de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, expedido por la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se le niega el pago íntegro de la pensión por jubilación y la pensión por viudez. En ese tenor, conviene traer a colación el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el diverso 14 fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que señalan lo siguiente: "Artículo 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." "ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)" De los numerales transcritos, se aprecia que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es un órgano jurisdiccional que tiene a su cargo, entre otras cuestiones, conocer de los juicios que se promuevan contra resoluciones relativas al régimen de pensiones y demás prestaciones sociales que se nieguen, reduzcan o concedan pensiones, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que el oficio reclamado, procede el juicio contencioso administrativo. Es aplicable la jurisprudencia número 111/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." En ese contexto, a efecto de dejar establecido que en la especie no se surte causa de excepción, es de señalar que conforme a la reforma publicada el diez de diciembre de dos mil diez, en el Diario Oficial de la Federación, el citado medio de impugnación suspende los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances que los establecidos en la Ley de Amparo, de igual manera no exige mayores requisitos para suspenderlos, ni plazo mayor para su otorgamiento, por lo que conviene traer a colación el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual a letra dice: "ARTÍCULO 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Del examen del citado artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia firme; en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar tiene los mismos alcances que lo previstos en la ley de amparo; así también no se establece mayor plazo para su otorgamiento, y procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, como ya se estableció, la parte quejosa debió agotar el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa antes de acudir a la presente vía constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Así como la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 19/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Por otra parte, es de precisar que el acto reclamado no carece de fundamentación, toda vez que la responsable al emitir el oficio reclamado, establece que lo fundamenta entre otros en diversos numerales, entre ellos el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, vigente al treinta y uno de marzo de dos mil siete, y el diverso numeral 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen décimo transitorio por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que revela que el perjuicio que hace valer el quejoso estriba en una indebida y no en una falta de fundamentación, por lo que no constituye una excepción al principio de definitividad, previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.C. J/52, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." De igual manera, si bien la parte quejosa en su demanda señala violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en cuyo caso el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno); lo cierto es que tal excepción a la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución; lo que en el caso no acontece, pues de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que aduce violaciones de legalidad, relativas a que el acto impugnado no respeta el artículo 16 de la Ley Suprema, al establecer que se funda en un precepto declarado jurisprudencialmente inconstitucional, estudio que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se encuentra en condiciones de realizar mediante el juicio contencioso administrativo, porque se trata de un tema de legalidad consistente en la aplicación de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un acto administrativo fundado en aquella, al que se encuentra obligada la Sala fiscal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis de excepción que se estudia. Resulta aplicable en lo conducente la tesis del 2a./J. 78/2013 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." En ese tenor, es de señalar que la circunstancia de que haga valer violaciones a los preceptos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no releva al afectado de la obligación de agotar los recursos o medios legales que estatuye la ley del acto, pues considerar lo contrario, imperaría el arbitrio del quejoso, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Ley Fundamental del País, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios de defensa que la ley secundaria establece, lo cual desnaturaliza los principios que rigen el juicio de amparo. Sobre este punto es aplicable, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Por otro lado, debe puntualizarse que, para que opere la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, lo que se satisface en virtud que contra los actos reclamados, como quedó precisado en párrafos que preceden, procede el juicio contencioso previsto en el numeral 2 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y el diverso artículo 14, fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y no en un reglamento. En virtud de lo anterior, respecto del acto que se reclama, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la propia legislación es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 1730/2016, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinticinco minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciséis; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente según corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 9°, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los designados. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1730/2016. R E S U L T A N D O: ÚNICO. TRÁMITE DEL CUADERNO INCIDENTAL. Por auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó formar el incidente de suspensión; se requirió el informe previo y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DE AUTORIDAD Y ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclamó de la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México y otra autoridad, el acto consistente en: El oficio DPSH/MAMG/4600/2016 de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, SEGUNDO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del Subdelegado de Prestaciones y la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (denominación correcta) (foja 25), al rendir su informe previo aceptaron el acto que se le reclama. SUSPENSIÓN DEFINITIVA NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR Con apoyo en los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva respecto a la emisión del oficio DPSH/MAMG/4600/2016 de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; así como, a la emisión, normatividad y aplicación de las normas reclamadas, ya que reviste el carácter de consumados, contra los cuales no procede la concesión de la medida cautelar solicitada, pues equivaldría a dar efectos restitutorios a la suspensión, los cuales son propios de la sentencia que en el juicio principal de donde emana esta incidencia se pronuncie. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE." (5a. Época; 1a. Sala; Ap. 2000; Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN; página 13). TERCERO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder por cuanto hace a las consecuencias del acto reclamado la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables no realicen el ajuste en la pensión de la quejosa; toda vez que es un acto cuyo efecto se prolonga en el tiempo y trae como consecuencia que la quejosa esté impedida para obtener el importe completo de la pensión de referencia. Cabe señalar que la medida cautelar concedida no implica que se estén dando efectos que sólo pudiesen otorgarse a la sentencia definitiva, pues la suspensión definitiva se ordena sin perjuicio que de negarse, en su caso, el amparo solicitado, se efectúen los descuentos correspondientes, ya que la suspensión sólo es temporal y provisional mientras se resuelve el juicio principal del que deriva la presente incidencia, lo que indefectiblemente atiende a los principios de verosimilitud o apariencia del buen derecho y el peligro en la demora procesal, la cual no tendría efectos restitutorios propiamente dichos, porque los descuentos correspondientes que se hayan descontado a la pensión por jubilación de la quejosa mientras se resuelve el fondo del asunto, no pueden restituírselos, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la apariencia del buen derecho fue equívoca, las autoridades puedan reanudar el descuento correspondiente, sin que ello implique que se esté prejuzgando sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que la medida cautelar se encuentra dirigida a que la quejosa pueda disponer de la totalidad de su pensión. Asimismo, no ha lugar a fijar garantía alguna para que surta efectos la medida cautelar que se decreta, en términos del precepto 132 de la Ley de Amparo, toda vez que se toma en consideración que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tienen el carácter de autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción II de la ley de la materia y no de tercero interesado, por lo que resulta evidente que los daños económicos que pudieran ocasionársele con motivo de la concesión de la medida cautelar, son insuficientes para requerir la garantía respectiva, en atención a que el juicio de amparo es el medio de control constitucional consagrado para defender los derechos fundamentales de los gobernados, y no para velar por los intereses económicos de las autoridades a las que se les imputan violaciones procesales. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 125, 128, 140, y 144 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a María Victoria Barranco Pérez, la suspensión definitiva solicitada en contra de los actos reclamados a las autoridades indicadas en el contenido del resultando inicial y por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente determinación. SEGUNDO. Se concede a María Victoria Barranco Pérez, la suspensión definitiva solicitada en contra de los actos reclamados a las autoridades indicadas en el contenido del resultando inicial y por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente determinación. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa asistido del Secretario Jaime Arzate Romero, que da fe.

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