Maria Victoria Varguez Medina

Expediente 77/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
77/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Maria Victoria Varguez Medina
  • Fiscal adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto: téngase por recibido el oficio 6634/2023 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del oficio con el que se le remitió vía electrónica, el escrito de agravios relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva; e informa, que se admitió a trámite el aludido medio de impugnación, el que quedó registrado con el número de toca ********************Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito de Luis Pastor Segovia Sánchez, autorizado de la quejosa MARÍA VICTORIA VARGUEZ MEDINA, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, firmada el seis de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la autoridad responsable, a los terceros interesados y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple del escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. No ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte quejosa, se otorga autorización al usuario que indica, para que tengan acceso al expediente electrónico de este juicio, a través de dicho usuario. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Asimismo, toda vez que de autos se desprende que el tercero interesado Alberto Enrique Almeida Mex, no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, llevando adelante el apercibimiento contenido en dicho auto, hágasele la notificación de este acuerdo y las subsecuentes, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese como está ordenado y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA DE CONFORMDIAD CON LOS ARRTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito de Luis Pastor Segovia Sánchez, autorizado de la quejosa MARÍA VICTORIA VARGUEZ MEDINA, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, firmada el seis de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la autoridad responsable, a los terceros interesados y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple del escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. No ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte quejosa, se otorga autorización al usuario que indica, para que tengan acceso al expediente electrónico de este juicio, a través de dicho usuario. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Asimismo, toda vez que de autos se desprende que el tercero interesado Alberto Enrique Almeida Mex, no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, llevando adelante el apercibimiento contenido en dicho auto, hágasele la notificación de este acuerdo y las subsecuentes, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese como está ordenado y cúmplase.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 77/2023-II-A, promovido por MARÍA VICTORIA VARGUEZ MEDINA, en contra del acto que reclama al Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito depositado en buzón judicial el veinte de abril de dos mil veintidós, y turnado ese propio día por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció María Victoria Várguez Medina, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que atribuyó al Juez Primero de Control del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y separación de juicios. Por auto de once de mayo de dos mil veintidós, previa su aclaración, se desechó parcialmente la demanda, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 1071/2022-VIII-A, y se ordenó la separación de juicios, ya que los actos reclamados por la quejosa resultan autónomos, por lo que debían sustanciarse por separado. TERCERO. Se recibe demanda y se admite. Por proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido del Secretario de este Juzgado, el oficio de cuenta número 1037/2023, con el que remitió por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, copia de constancias certificadas integradas, entre otras, por la copia de la demanda de amparo promovida por María Victoria Varguez Medina, con motivo de la separación de juicios ordenada en autos del juicio de amparo 1071/2022-VIII-A. En esas circunstancias, se admitió la demanda, la cual quedó registrada con el número 77/2023-II-A, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se tiene que la parte quejosa reclama: El sobreseimiento y extinción de la acción penal decretado en la carpeta administrativa 214/2021, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de su informe justificado. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previamente al análisis del fondo del asunto, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o se advierten de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte, el numeral 5°, fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" El numeral 107 fracción I, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107 fracción I, constitucional, 5º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Lo anterior es así, pues generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. El legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." En el caso, de las constancias remitidas por el Juez de Control responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: Que mediante oficio sin número de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Fiscal adscrito a los Juzgados de Control del Primer Distrito Judicial del Estado del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, solicitó al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, audiencia para la formulación de imputación en contra de Alberto Enrique Almeida Mex, por el hecho posiblemente constitutivo de delito de homicidio cometido por culpa en agravio de quien en vida respondió al nombre de Artemio Caamal Uhu, (fojas 58 y 59). Por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se fijó fecha para la audiencia de imputación en autos de la carpeta administrativa 214/2021, (fojas 60 a 62) Que en fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, fecha señalada para que tuviese verificativo la audiencia de imputación, las partes le manifestaron al Juez de control su intención de llegar a una salida alterna, por lo que acudirían a la unidad de medicación de la fiscalía, reservándose el fiscal el derecho de formular imputación, (foja 66). Que por acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, el Juez de control tuvo por recibida la información respecto a que las partes habían celebrado un acuerdo reparatorio entre el indiciado y la denunciante Isabel Euán Rodríguez (esposa del difunto), y que el mismo se encontraba cumplido; por ello, estimó dar vista a las partes por el término de veinticuatro horas, a fin de que manifestaran lo que su derecho correspondía, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, se les tendría por conformes con lo peticionado por la fiscalía y se decretaría el sobreseimiento de la carpeta administrativa, (fojas 80 y 81). Mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, al haber transcurrido el término que se les concedió a las partes en la carpeta administrativa de origen sin que hubiesen realizado manifestación alguna, el Juez de Control responsable declaró extinguida la acción penal instada por la representación social en contra de Alberto Enrique Almedia Mex, por su probable autoría en el hecho tipificado como el delito de homicidio cometido por culpa, y decretó el sobreseimiento total de la causa administrativa. Ahora bien, en el caso, la quejosa acude a esta instancia a reclamar precisamente esa determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, siendo que su reclamo lo hace a partir de la circunstancia de que considera que no se debió decretar el sobreseimiento de la carpeta de investigación, ya que mantuvo una relación de concubinato con la víctima directa del delito, y que por consiguiente, con ese carácter de concubina debió ser parte del acuerdo reparatorio. En este orden de ideas, se afirma que en la especie se actualiza la multicitada causa de improcedencia, ya que la quejosa fue omisa en exhibir prueba alguna para acreditar su interés jurídico. Es decir, debió acreditar fehacientemente esa relación de concubinato que mantuvo con el difunto Artemio Caamal Uhu, lo que en la especie no aconteció. Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido que en el diverso juicio de amparo 1071/2022-VIII-A-, del índice de este juzgado, la aquí quejosa reclamó la determinación dictada y el procedimiento seguido en la audiencia celebrada ante el Juez Primero de Control del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós en el expedientillo 75/2022 que fue formado a petición de la quejosa, con la finalidad de pedir la nulidad del acuerdo reparatorio de veintiuno de enero de dos mil veintidós. Amparo que le fue negado por el suscrito Juez de Distrito, al llegar a la firme convicción de que el Juez de control había actuado de manera correcta, ya que si la quejosa no había acreditado en principio su calidad de parte en el proceso, menos aún podía hacer uso de los derechos que éstas tenían a su alcance por disposición de la ley, como era la posibilidad de acudir ante el Juez de control a impugnar y revisar los acuerdos reparatorios. De ahí que se determinara que lo decidido por la autoridad responsable en cuanto a que no estaba demostrado que la quejosa fuese "concubina" al no haber una prueba fehaciente de ello dado que las presentadas de su parte, no resultaban suficientes para acreditarlo, resultaba correcto lo resuelto por el Juez de Control. Negativa de amparo que mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés quedó firme al no haber interpuesto la quejosa, recurso de revisión en su contra. Así pues, en esa medida, la quejosa, no logra demostrar su interés jurídico para interponer el presente juicio de derechos fundamentales, pues no aportó algún medio de convicción a efecto de acreditar que tiene reconocido por una autoridad competente, el carácter de concubina que alega, y así acreditar de manera fehaciente su interés jurídico para combatir y/o reclamar la nulidad del auto de sobreseimiento de la carpeta administrativa de origen; es decir, si bien es cierto existe el acto combatido, la accionante constitucional no acreditó la afectación que el mismo pudiera causarle. Por lo tanto, resulta incuestionable que la accionante constitucional no llega a probar su interés jurídico, pues en principio la quejosa debió justificar que tiene un derecho amparado en una norma que les faculta a acudir ante el órgano de control constitucional, en reclamo del respeto de ese derecho, esto es, no llegó a justificar plenamente su interés jurídico respecto de tener reconocida la existencia de una relación de concubinato entre el difunto y ella; pues en todo caso, era un requisito fundamental que lo hubiera acreditado para así demostrar el derecho que afirma y que resultaría afectado con el acto reclamado. En ese contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar fehacientemente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el referido extremo. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que la parte quejosa, manifestó en su demanda de amparo estar anuente a que se publiquen los datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las demás partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MARÍA VICTORIA VARGUEZ MEDINA, en contra del acto que reclamó al Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

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