María Zenaida Uicab Hau

Expediente 114/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
114/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2018

Partes del expediente

  • María Zenaida Uicab Hau

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 389, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún. Con el que esencialmente acusa recibo del diverso oficio 6370/2018-II-A, del índice de este Juzgado, de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se comunicó a dicha autoridad que causó ejecutoria la sentencia definitiva dictada en este juicio, ordenándose su archivo como asunto concluido, y se devolvió el expediente duplicado de la causa penal 11/2016-I (en un tomo). Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas. Ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado. Hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración. Pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el expediente duplicado de la causa penal ******************** (en un tomo), del índice Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún; por tanto, devuélvase dicho expediente a la referida autoridad, solicitándole el acuse de recibo corespondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el legajo de copias certificadas de cuenta, del que se advierte que en cumplimiento a la determinación firmada el diecinueve de enero del año en curso, se ordenó la separación de juicios que promovieran entre otros, la aquí quejosa María Zenaida Uicab Hau, contra actos de los Jueces Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Séptimo, todos de Distrito en el Estado Quintana Roo, con sede en Cancún; Jueces Primero y Sexto de Distrito en el Estado, de Quintana Roo, con sede en Chetumal, Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Quintana Roo y Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Quintana Roo, ambos con sede en Cancún, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, con residencia en la Ciudad de México, Delegado en Yucatán de la Procuraduría General de la República, Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán, Vicefiscal Especializado en Delitos Electorales y Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Fiscal General del Estado, Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán y Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad (autoridades ordenadoras); Encargado de la Policía Federal Ministerial, Subsede Progreso, Yucatán y Encargado de la Policía Federal Ministerial, Subsede Valladolid, Yucatán (autoridades ejecutoras), consistentes en: La orden de aprehensión y/o detención librada en su contra y su ejecución. Se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 114/2018-II-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se continúa con el trámite de la demanda de amparo promovida por la nombrada quejosa. Con copia del presente proveído y de las certificaciones remitidas por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, relativas al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 358/2017-VII de su índice, fórmese por duplicado el incidente de suspensión correspondiente. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con treinta minutos del veintitrés de febrero del año en curso. Dese la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Asimismo, en el presente asunto, no es el caso solicitar a las autoridades responsables, sus correspondientes informes justificados, toda vez que de las copias certificadas que integran el presente juicio de amparo, se advierte que ya lo rindieron. Ahora bien, por lo que hace al expediente duplicado de la causa penal 11/2016-I (en un tomo), del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido con el oficio de cuenta, déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, como anexo I, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la Ley de Amparo. Apercibidas (con excepción de los Jueces de Distrito), que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Ahora bien, toda vez que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, le resulta el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la citada ley, hágase de su conocimiento la existencia del presente asunto, por medio de oficio que al efecto se le gire, debiendo anexarle copia de la demanda, a fin de que pueda apersonarse a este juicio si así le conviniere. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señalan en su demanda de amparo, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona para esos efectos, pero con las limitaciones a que se refiere el propio dispositivo en su segundo párrafo, parte final, hasta que acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito., con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Finalmente, fórmese el correspondiente expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y cúmplase.

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