Maria Victoria Moguel Dorantes

Expediente 1697/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1697/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Victoria Moguel Dorantes
  • Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintinueve minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, se procede a celebrar la audiencia incidental, sin contarse con la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe previo rendido por el actuario adscrito al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el cual ya obra agregado a los presentes autos; asimismo, se da cuenta con el informe previo rendido por la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, recibido en este Juzgado Federal, el de ayer, registrado con el número de promoción 17897. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos los informes previos de cuenta. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en este cuaderno incidental. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en virtud de su propia naturaleza. Con lo anterior, se declara CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaría, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1697/2023-V-A, promovido por María Victoria Moguel Dorantes; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, promovida por María Victoria Moguel Dorantes, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otra autoridad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tiene verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, que hizo consistir en: El ilegal emplazamiento realizado en autos del juicio ejecutivo mercantil 443/2021, y sus consecuencias. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo (registrado con el número de promoción 17897). Por su parte, el actuario adscrito al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (en su carácter de ejecutora), negó el acto que se le atribuye; sin embargo, debe presumirse cierto el acto que se le atribuye, toda vez que la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (en su carácter de ordenadora) admitió el acto que se le reclama. TERCERA. Pronunciamiento respecto a la medida suspensoria solicitada. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva pedida, en relación con el referido acto reclamado, atendiendo a su naturaleza, debe estimarse que se trata de un acto consumado con efectos positivos, contra el cual, resulta procedente el análisis de la suspensión sólo respecto de sus efectos y consecuencias. Por tanto, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". En el caso, lo procedente ES NEGAR la suspensión definitiva solicitada, toda vez que la parte quejosa no obstante que solicita el otorgamiento de la medida cautelar, no acredita su interés suspensional, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Dado que no exhibió prueba alguna que acredite, aunque sea de manera presuntiva o indiciaria, el interés que tiene en que se suspendan los actos que reclama, ya que si bien es cierto que atendiendo a las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad de la peticionaria de amparo, se debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, sin embargo, debe constatar si la parte quejosa demuestra, al menos indiciariamente que tales actos la agravian, lo que en el caso particular no sucede, en virtud de que, se reitera, no aportó prueba alguna para acreditar de manera, al menos presuntiva, tal afectación. Es decir, la parte quejosa no acreditó en modo alguno ser propietaria del bien inmueble involucrado con los actos reclamados en este juicio constitucional. Apoya lo anterior, la tesis aislada, localizable en la página 2742, del Tomo XXXI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación abril de 2010, bajo el rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUSPENSIONAL. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRARLO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, PUESTO QUE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR EL INFORME PREVIO SE CIRCUNSCRIBE A EXPRESAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS. De conformidad con los artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso aportar en el incidente de suspensión los medios de prueba que, cuando menos indiciariamente, demuestren su interés suspensional en la medida cautelar, pues esa carga no corresponde a la autoridad responsable, al margen de que ésta hubiere admitido la existencia de los actos reclamados y tenga en su poder las constancias relativas al caso, puesto que de conformidad con el numeral 132 de la referida legislación, la obligación de ésta al rendir el informe previo se circunscribe a expresar si aquéllos son ciertos, aun cuando pueda agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, a diferencia de lo que ocurre con el informe justificado donde en términos del diverso dispositivo 149 de la propia ley, sí existe obligación de acompañar copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, sin que ello implique acreditar el mencionado interés. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL OCTAVO CIRCUITO." Cobran aplicación, por analogía, las tesis XX.2 A y 0002, sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultables en las páginas 407, del Tomo I, mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y foja 408, Tomo XI-mayo 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registros 205266 y 216489 que respectivamente dicen: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR SER TITULAR DE UN DERECHO OBJETIVO TUTELADO POR LA LEY PARA PODER OBTENER LA. Es de explorado derecho que para obtener el otorgamiento de la medida cautelar definitiva, se requiere que los quejosos demuestren que son titulares de un derecho (propiedad, posesión, concesión, etc.); por tanto, si los recurrentes al formular la demanda de garantías que dio origen al incidente, se ostentaron como propietarios de algunos inmuebles, así como poseedores calificados de los terrenos que se dijeron afectados a través de la resolución agraria reclamada, manifestando que exhibían diversas documentales en vía de prueba, sin que de las constancias que integran el original del cuaderno incidental se advierta la existencia de éstas, de ahí que al no haber demostrado los quejosos la titularidad de un derecho objetivo tutelado por la ley, es lógico determinar que no acreditaron el interés jurídico que les asiste para obtener la suspensión definitiva del acto que reclaman."; y, "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE. Si de las constancias que informan el expediente del cuaderno incidental de suspensión, ninguna prueba existe para acreditar la propiedad o posesión de los bienes muebles y por consiguiente si el agraviado de manera alguna prueba, aun presuntivamente, el interés jurídico que tiene para que se suspenda el acto reclamado, de suerte que siendo menester acreditar lo anterior, no es suficiente que el quejoso manifieste, bajo protesta de decir verdad, que son ciertos los hechos que afirma en su demanda, para que se tenga por acreditada la presunción aludida, razón suficiente por la que diciéndose tercero extraño al procedimiento de donde emanan los actos reclamados debe probar el supuesto ya dicho." Sin que sea óbice a lo aquí determinado, el hecho de que la parte quejosa hubiese adjuntado a su escrito de demanda el testimonio de escritura pública número sesenta y uno, de fecha diecinueve de enero de dos mil siete, que contiene el contrato de compraventa respectivo, toda vez que se trata de una copia simple sin certificación, por lo que resulta insuficiente, para acreditar el interés suspensional de la quejosa, ya que carece de valor probatorio y por tanto, no es suficiente para acreditar que la peticionaria del amparo tenga derecho alguno sobre el bien inmueble de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 510, del Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas". De ahí que hasta en tanto no se exhiba el documento idóneo, se entenderá que la quejosa está anuente en que esta autoridad resuelva únicamente con los datos y constancias que obran en autos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 163758, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 71/2010, Página: 7, que indica: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver. En consecuencia, si la parte quejosa carece hasta este momento de interés suspensional, se reitera, es improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a María Victoria Moguel Dorantes, la suspensión definitiva del acto que reclamó de las autoridades responsables Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el actuario adscrito al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el informe previo rendido por el actuario adscrito al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, relaciónese en la audiencia incidental relativa. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia autorizada del acuerdo de prevención, auto admisorio; copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio de la misma promovida por María Victoria Moguel Dorantes, en contra de los actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, a quienes les atribuye lo siguiente: El ilegal emplazamiento realizado en autos del juicio ejecutivo mercantil 443/2021, y sus consecuencias. FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se forma por separado este incidente de suspensión; el cual se integra sin el duplicado, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA MEDIDA SUSPENSORIA SOLICITADA. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión provisional pedida, en relación con el referido acto reclamado, atendiendo a su naturaleza, debe estimarse que se trata de un acto consumado con efectos positivos, contra el cual, resulta procedente el análisis de la suspensión sólo respecto de sus efectos y consecuencias. Por tanto, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". En el caso, lo procedente ES NEGAR la suspensión provisional solicitada, toda vez que la parte quejosa no obstante que solicita el otorgamiento de la medida cautelar, no acredita su interés suspensional, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Dado que no exhibió prueba alguna que acredite, aunque sea de manera presuntiva o indiciaria, el interés que tiene en que se suspendan los actos que reclama, ya que si bien es cierto que atendiendo a las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad de la peticionaria de amparo, se debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, sin embargo, debe constatar si la parte quejosa demuestra, al menos indiciariamente que tales actos la agravian, lo que en el caso particular no sucede, en virtud de que, se reitera, no aportó prueba alguna para acreditar de manera, al menos presuntiva, tal afectación. Es decir, la parte quejosa no acreditó en modo alguno ser propietaria del bien inmueble involucrado con los actos reclamados en este juicio constitucional. Apoya lo anterior, la tesis aislada, localizable en la página 2742, del Tomo XXXI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación abril de 2010, bajo el rubro y texto siguiente: INTERÉS SUSPENSIONAL. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRARLO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, PUESTO QUE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR EL INFORME PREVIO SE CIRCUNSCRIBE A EXPRESAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS. De conformidad con los artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso aportar en el incidente de suspensión los medios de prueba que, cuando menos indiciariamente, demuestren su interés suspensional en la medida cautelar, pues esa carga no corresponde a la autoridad responsable, al margen de que ésta hubiere admitido la existencia de los actos reclamados y tenga en su poder las constancias relativas al caso, puesto que de conformidad con el numeral 132 de la referida legislación, la obligación de ésta al rendir el informe previo se circunscribe a expresar si aquéllos son ciertos, aun cuando pueda agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, a diferencia de lo que ocurre con el informe justificado donde en términos del diverso dispositivo 149 de la propia ley, sí existe obligación de acompañar copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, sin que ello implique acreditar el mencionado interés. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL OCTAVO CIRCUITO. Cobran aplicación, por analogía, las tesis XX.2 A y 0002, sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultables en las páginas 407, del Tomo I, mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y foja 408, Tomo XI-mayo 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registros 205266 y 216489 que respectivamente dicen: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR SER TITULAR DE UN DERECHO OBJETIVO TUTELADO POR LA LEY PARA PODER OBTENER LA. Es de explorado derecho que para obtener el otorgamiento de la medida cautelar definitiva, se requiere que los quejosos demuestren que son titulares de un derecho (propiedad, posesión, concesión, etc.); por tanto, si los recurrentes al formular la demanda de garantías que dio origen al incidente, se ostentaron como propietarios de algunos inmuebles, así como poseedores calificados de los terrenos que se dijeron afectados a través de la resolución agraria reclamada, manifestando que exhibían diversas documentales en vía de prueba, sin que de las constancias que integran el original del cuaderno incidental se advierta la existencia de éstas, de ahí que al no haber demostrado los quejosos la titularidad de un derecho objetivo tutelado por la ley, es lógico determinar que no acreditaron el interés jurídico que les asiste para obtener la suspensión definitiva del acto que reclaman."; y, "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE. Si de las constancias que informan el expediente del cuaderno incidental de suspensión, ninguna prueba existe para acreditar la propiedad o posesión de los bienes muebles y por consiguiente si el agraviado de manera alguna prueba, aun presuntivamente, el interés jurídico que tiene para que se suspenda el acto reclamado, de suerte que siendo menester acreditar lo anterior, no es suficiente que el quejoso manifieste, bajo protesta de decir verdad, que son ciertos los hechos que afirma en su demanda, para que se tenga por acreditada la presunción aludida, razón suficiente por la que diciéndose tercero extraño al procedimiento de donde emanan los actos reclamados debe probar el supuesto ya dicho." Sin que sea óbice a lo aquí determinado, el hecho de que la parte quejosa hubiese adjuntado a su escrito de demanda el testimonio de escritura pública número ********************, de fecha diecinueve de enero de dos mil siete, que contiene el contrato de compraventa respectivo, toda vez que se trata de una copia simple sin certificación, por lo que resulta insuficiente, para acreditar el interés suspensional de la quejosa, ya que carece de valor probatorio y por tanto, no es suficiente para acreditar que la peticionaria del amparo tenga derecho alguno sobre el bien inmueble de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 510, del Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas". De ahí que hasta en tanto no se exhiba el documento idóneo, se entenderá que la quejosa está anuente en que esta autoridad resuelva únicamente con los datos y constancias que obran en autos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 163758, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 71/2010, Página: 7, que indica: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver. En consecuencia, si la parte quejosa carece hasta este momento de interés suspensional, se reitera, es improcedente conceder la suspensión provisional solicitada. FIJACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. REQUERIMIENTO DEL INFORME PREVIO De conformidad con la fracción III, del artículo 138 de la citada Ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción I, de la ley de la materia; equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberán cumplir las autoridades responsables: a) De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) Únicamente de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************. Mientras que a ********************, ******************** y ********************, se tienen como sus autorizados en términos restringidos del referido numeral, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. COMUNICACIONES NO PROCESALES En cuanto al señalamiento del correo electrónico ********************, y teléfono celular ********************, se tienen por proporcionados, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias, sin que haya lugar a tenerlos como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, pues las notificaciones se practicarán con base en lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecida en este cuaderno incidental, la prueba documental, que adjuntó la parte quejosa en su escrito de demanda, misma que se tomará en consideración al celebrarse la audiencia incidental relativa, en la forma en que fue exhibida. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el apartado tercero, articulo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado en párrafos precedentes, se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y autorizar se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/ serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm. Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que los actuarios judiciales adscritos a este órgano realicen las notificaciones personales que se ordenen en este incidente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este incidente. EQUIVALENCIA DE LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A COPIAS CERTIFICADAS Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (VIGÉNTE A PARTIR DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS) Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

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