María Victoria Catalina Olvera
Expediente 1880/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1880/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/02/2023
Partes del expediente
- María Victoria Catalina Olvera
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese únicamente para que obre en autos el escrito signado por ******************** quien se ostenta como apoderada legal de ******************** , mediante el cual pretende apersonarse al presente juicio de amparo con el carácter de tercero interesado; designa diversos autorizados, señala usuario para la consulta del expediente electrónico, y para que las notificaciones que deriven del presente juicio se realicen por esa vía; asimismo solicita se notifique al Juez Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, los autos de doce y veintidós de diciembre de dos mil veintidós, por los cuales respectivamente se desechó de plano la demanda de amparo, y adquirió firmeza procesal el auto de mérito. Atento a lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad sus peticiones, a virtud de que, del estado procesal que guarda el presente asunto, se desprende que el doce de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado se avocó al conocimiento del amparo directo 816/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, empero se desechó de plano la demanda y mediante diverso de veintidós de diciembre del mismo año, dicho auto adquirió firmeza procesal ordenandose su archivo, auto en el cual se ordenó la devolución de diversas constancias al Juez Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, quien a su vez -mediante misiva 18/2023- acusó recibo del auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós. En ese orden, es axiomático que al no haberse substanciado litis en el presente sumario constitucional, no se le dio intervención a quienes les recaería el carácter de partes en el juicio de amparo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 5, de la Ley de Amparo, y por ende, no puede darse al promovente acceso al mismo. Ahora bien, respecto a su petición en el sentido de que se notifique al Juez Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, los autos de doce y veintidós de diciembre de dos mil veintidós y no obstante de que ya le fue comunicado el auto precisado en último término, se ordena remitir al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, copia simple de los autos de doce y veintidós de diciembre de dos mil veintidós, dictados en el juicio en que se actúa, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Firmeza procesal. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo; (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). ... De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su destrucción. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento la determinación dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, en el Juicio de Amparo Directo 816/2022, relativo a la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de abogado patrono ********************, y este a su vez, en carácter de apoderado legal de ********************, contra actos del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo y otras autoridades; del cual se advierte que el Tribunal de Alzada en cita remite dicho asunto a éste juzgado de Distrito, por haber adquirido firmeza el auto por el cual se determinó carecer de competencia legal para conocer de dicho asunto. Personalidad. Personalidad de ********************, en su carácter de abogado patrono ********************, y este a su vez, en carácter de apoderado legal de ********************, que se acredita en términos del proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno dictado en los autos del juicio de origen 587/2022 del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo. Acuse de recibo. Se acusa de recibo al estilo correspondiente, fórmese expediente físico y electrónico en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1880/2022-VI. Precisión del acto reclamado.- En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por la parte quejosa, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y del escrito de desahogo de prevención, se advierte que la quejosa reclama: -La inconstitucionalidad de los artículos 2.121 y 2.122 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, (discusión, aprobación, promulgación y Publicación en la Gaceta del Gobierno); así como su ejecución en el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 587/2021 del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo. Se avoca al conocimiento. En ese orden, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, inciso d), este Juzgado de Distrito se avoca a conocimiento del asunto planteado por el Tribunal de Alzada. Anexo. De las constancias remitidas fórmese anexo por separado para su mejor manejo con caratula de identificación, mismo que quedará en resguardo de esta Secretaría que conoce del presente asunto. Exhortación Del Juicio En Línea. Ahora bien, en términos del artículo 52 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberán proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional. Asimismo, se sugiere a las partes que en caso de continuar con la tramitación del presente juicio en línea, al consultar el expediente electrónico, verifique en todos los campos que aparecen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, ya sea como persona física, representante de persona jurídica pública o representante de persona jurídica privada. Ello, en virtud a que en ocasiones el aludido sistema lo identifica indistintamente en alguno de estos supuestos. Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1º.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en el siguiente: -La inconstitucionalidad de los artículos 2.121 y 2.122 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, (discusión, aprobación, promulgación y Publicación en la Gaceta del Gobierno); así como su ejecución en el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 587/2021 del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo. Ahora bien, de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así pues del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es, en su caso, una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dicha determinación no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: ...Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013,entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos. Con lo anterior, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra determinaciones dictadas dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que en el caso los actos reclamados no reúnen esa calidad, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, la parte quejosa hace consistir su reclamo en: -La inconstitucionalidad de los artículos 2.121 y 2.122 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, (discusión, aprobación, promulgación y Publicación en la Gaceta del Gobierno); así como su ejecución en el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 587/2021 del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo. Preceptos legales que se trascriben para los efectos legales conducentes: "CAPITULO IV De la Fase Conciliatoria y Depuración Procesal Junta de conciliación Artículo 2.121.- En el auto que tenga por contestada o dada por contestada la demanda o reconvención, en su caso, se citará a las partes a una audiencia, dentro de los cinco días siguientes, en la que el Juez, obligatoriamente, precisará sucintamente los puntos de controversia, lo que se hará constar en el acta, e invitará a las partes a una conciliación. Inasistencia a la conciliación Artículo 2.122.- Si a la junta conciliatoria no acude alguna de las partes o ambas, se les impondrá una sanción del cinco por ciento del valor de lo demandado, o la que prudentemente señale el Juez si no está determinada la cuantía, que se entregará a su contraparte. En caso de inasistencia de ambas, las sanciones serán aplicadas al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia." Ahora bien, la autoridad responsable Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, invocó dichos preceptos en el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para fundamentar la fecha señalada para la audiencia conciliación y depuración procesal, misma que tendría verificativo a las trece horas del ocho de noviembre pasado, quedando notificada a la parte actora en el juicio de origen (Antonio Gutiérrez Camarena) y ordenando citar a la parte demanda (entre ellos María Victoria Catalina Olvera Chirtieb, quejosa directa para los efectos del presente asunto). Luego, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa manifiesta que el señalamiento de la hora y fecha para la audiencia de conciliación viola sus derechos humanos, sin justificar o evidenciar específicamente porqué la citación a dicha audiencia le genera un perjuicio o una violación a sus derechos sustantivos. Aunado a lo anterior, una vez que se llegue a la resolución sobre excepciones procesales a la que llegue la Juez responsable, ya sea por conciliación o no, ésta sería combatida por medio de la apelación, como medio de impugnación, y no así el amparo. Por su aplicación, al haberse interpretado disposiciones de similar contenido jurídico, se cita la tesis III.2o.C.31 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Materia Común, página 1373, cuyo contenido es: ... La jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, página 902, del contenido siguiente: .... En ese orden de ideas, los efectos de ese tipo de violaciones serían en todo caso, meramente formales y desaparecen en el supuesto de que al final del procedimiento del juicio de origen se obtenga una resolución favorable, momento procesal en el cual podrá determinarse si la violación que alega afectó sus derechos fundamentales y la dejó sin defensa. Lo anterior evidencia que los actos que se reclaman, no producen de manera directa e inmediata afectación alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues solo se está señalando fecha de audiencia, y en su caso estos pueden ser reparados al obtener una sentencia favorable o al señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación; por lo que los efectos de dichos actos son de naturaleza formal (procesal) y susceptibles de reparación, ya que de obtener la parte quejosa una sentencia favorable a sus intereses, se le repararían las violaciones que en su caso se cometieron y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto (señalamiento de fecha para la audiencia de conciliación) y, de esta manera, esta desestimación no dejaría huella en su esfera jurídica. Además, en caso de que sea desfavorable la sentencia del juicio de origen que se llegue a dictar, puede impugnar tales violaciones procesales a través del juicio de amparo; siempre y cuando se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. Así, se considera que los actos reclamados, no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos dictados dentro del juicio de origen son reparables, y solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos de la gobernada y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que puede ocurrir que el afectado obtenga al final una sentencia favorable a su interés con la que se reparen las violaciones y los posibles daños que se le hubieren causado el acto reclamado. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, toda vez que el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 587/2021 del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, por la cual se fija fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, no produce una afectación material a sus derechos sustantivos, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo. Lo anterior es así, se insiste, porque si bien los actos que refiere le causan perjuicio y violan su esfera jurídica a sus derechos, pueden producir una afectación, pero tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos, al ser derechos otorgados por las normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Desechamiento que se hace extensivo al acto consistente en la discusión, aprobación, promulgación y Publicación en la Gaceta del Gobierno de los artículos 2.121 y 2.122 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ya que si no es procedente el juicio de amparo en contra los actos de aplicación referidos, consecuentemente es improcedente respecto de la inconstitucionalidad de la ley reclamada. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por ********************, en su carácter de abogado patrono ********************, y este a su vez, en carácter de apoderado legal de ******************** contra actos del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo y otras autoridades. Domicilio procesal. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional, dado que el promovente fue omiso en señalar un domicilio en el cual se puedan practicar las notificaciones de carácter personal. .... Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.
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