Maria Veronica Villegas Degante
Expediente 1896/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1896/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/01/2018
Partes del expediente
- Maria Veronica Villegas Degante
Actuaciones
- Principal
III Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, se agrega a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, a través del cual el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, comunica que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1896/2017-IIl, promovido por María Verónica Villegas Degante, que aceptó la competencia. Ahora bien, visto el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo; en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, a virtud de que por auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por María Verónica Villegas Degante, y mediante oficio de cuenta signado por el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, informó que asumió el conocimiento de la demanda de referencia, razón por la cual el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
VI.- Para conocimiento de las partes, con fundamento en los artículos 117 y 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Valle de Bravo, Estado de México; a través del cual rinde su informe justificado y su informe respecto a a la suspensión de plano decretada en auto del presente juicio de amparo. En tal virtud, ténganse por rendidos los informes de mérito y hágase relación del informe justificado al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
III SE LISTA AVISO DE NOTIFICACION PERSONAL II Por recibida la demanda de amparo promovida por María Verónica Villegas Degante, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1896/2017-III. Previo a acordar lo conducente, cabe precisar que la quejosa señala como acto reclamado: La sentencia Definitiva de quince de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el juicio ejecutivo mercantil 291/2017 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México." En ese orden de ideas, con apoyo en lo dispuesto en los ordinales 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se declara incompetente legalmente para conocer de la demanda de amparo en estudio y estima que debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. En esta tesitura, el artículo 107, fracciones III, inciso a), V, inciso c) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto señalan: .Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ...III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) ...V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, de conformidad con la ley, en los casos siguientes: ...b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus resoluciones." El artículo 170 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.)." Asimismo, el artículo 34 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa establece: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)." El diverso 47 de la legislación referida, en lo conducente señala: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)." Así, es claro que los preceptos legales transcritos en párrafos precedentes, contienen los requisitos de procedencia del juicio de garantías en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reitera que por esta vía se reclama la sentencia definitiva de quince de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el juicio ejecutivo mercantil 291/2017 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. Por ende, es claro que si el juicio se inicia para los efectos estrictamente del amparo, con la presentación de la demanda ante la potestad judicial y concluye con el dictado de la sentencia definitiva, el acto reclamado en esta instancia constitucional, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo, porque la sentencia definitiva de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, puso fin al juicio de origen y, corresponde el conocimiento del asunto a un Tribunal Colegiado de Circuito y no a un juez de Distrito. Por tanto, dichas violaciones procedimentales deben ser impugnadas en amparo directo, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a) y fracción V, inciso b), de la Constitución Federal, 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, transcritos en párrafos anteriores. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 1016, en la página 699 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, con el rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DEFINITIVA. Debe entenderse por tal, para los efectos del amparo directo, la que defina una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que haya motivado la litis constestatio, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada." En efecto, este juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la demanda que nos ocupa, puesto que el acto reclamado (violaciones procesales) no puede ser impugnable en la vía biinstancial, de conformidad con lo dispuesto en el invocado dispositivo 170 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis I.11o.C 13 K (10a) visible en la página 2175, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo III, Febrero de 2014, Décima Época, del tenor literal siguiente: AMPARO DIRECTO. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE ENCUENTRA SUJETA A LA PROCEDENCIA DE ESA VÍA, SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSTITUYAN SENTENCIAS DEFINITIVAS O RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO, CONTRA LAS QUE YA NO PROCEDA RECURSO ORDINARIO POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS (ALCANCES DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO A) Y V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DEL 2013 Y 37 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, establecía la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias definitivas o resoluciones que ponían fin al juicio, en contra de las cuales ya no procedía recurso ordinario, elemento característico que también preveía el artículo 46 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; con motivo de esa reforma constitucional y de la emisión de la nueva Ley de Amparo vigente, desaparecieron esas precisiones, sin embargo, en dicho precepto constitucional, párrafo tercero, se establece la procedencia del juicio de amparo en contra de dichos actos siempre que se agoten previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales aquéllos puedan ser modificados o revocados, salvo en el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos, cuya redacción también se reprodujo en el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente. En los procesos legislativos que dieron origen a los ordenamientos vigentes, no se expusieron las razones por las cuales se excluyó la precisión que originalmente se preveía en dichas normas, lo que pone de manifiesto que tanto el Constituyente como el legislador ordinario tuvieron la intención de precisar, aunque con diferente redacción, que sólo podrán ser materia de amparo directo las resoluciones terminales, pues establecen que, previamente, deben agotarse los recursos ordinarios, lo que significa que éstos deben haber sido interpuestos o que la ley no los prevea, para que se promueva el juicio de amparo directo; lo que incide en la competencia del Tribunal Colegiado atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, precisamente, en atención al principio de definitividad de cuya observancia depende la característica de resolución terminal de aquél, circunstancia que corrobora el citado artículo 107, fracción V, en su redacción original y en la vigente, que reservan la competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de dichas resoluciones; lo anterior, máxime que el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual no fue sujeto de las actuales reformas, establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, y precisa que son aquellas respecto de las que no procede el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. En ese orden, para los efectos del juicio de amparo directo, por sentencia definitiva se entiende, procesalmente, por regla general, la que decide el juicio en lo principal, y por resolución que ponga fin al juicio, la que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, las cuales deben ser irrecurribles, ya sea porque se agotó el medio ordinario de defensa o porque la ley ordinaria no lo prevea; por tanto, si en esa vía es promovida una demanda en contra de una resolución que no cumpla con esa característica, el Tribunal Colegiado deberá declararse incompetente para conocer del asunto, y remitirlo al Juez de Distrito competente para que resuelva lo que en derecho proceda; por ende, es dable considerar que las tesis de jurisprudencia por contradicción, números P./J. 16/2003 y P./J. 40/97, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.", las cuales prevén como requisito para que se actualice la competencia, que el acto reclamado constituya una resolución irrecurrible, son acordes con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales correlativas vigentes, amén de que, conforme al artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, no se contraponen con ese ordenamiento." Por tanto, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por María Verónica Villegas Degante, contra actos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, y estima que debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, porque en la especie se cumple con las hipótesis que establecen los artículos anotados; por lo tanto, remítase el presente expediente, así como las copias de la demanda de garantías a la Oficialía de Partes Común de los tribunales citados, para que sea enviada al que corresponda por razón de turno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, solicitándole de la manera más atenta y respetuosa, que de no existir inconveniente, se sirva informar la determinación tomada con relación a la competencia planteada. Con copia certificada de los insertos necesarios, fórmese el cuaderno de antecedentes. Autorizados. En atención al contenido de la certificación de cuenta y por no encontrase registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pablo Zamora Gutiérrez y/o Jacinto Pedro Olivares Olivares y/o Joaquín Valle Alonso, conforme con lo previsto en la última parte del párrafo segundo del citado numeral, es decir, sólo para oír y recibir notificaciones. Domicilio procesal. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.
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