Maria Trinidad Emma Salinas Lopez

Expediente 1615/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1615/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Maria Trinidad Emma Salinas Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. recepción de demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo indirecto 1313/2019 de su índice estadístico, promovido ..., contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México y otras autoridades. Luego, toda vez que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante determinación de trece de diciembre del año en curso, determinó carecer de competencia para conocer del asunto, en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo y del Acuerdo General 12/2016 que modifica y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se acepta la competencia planteada para conocer del asunto en cuestión; acúsese el recibo correspondiente. Radicación. Atento a lo anterior, con el oficio y anexo de cuenta, fórmese expediente y regístrese como juicio de amparo 1615/2019-II. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que el acto reclamado en el presente asunto consiste en: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil número 1962/2011 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, así como todo lo actuado dentro de dicho expediente y por consiguiente las consecuencias jurídicas derivadas de la falta de emplazamiento de la suscrita, consistentes en la desocupación y entrega del inmueble de mi propiedad. El cumplimiento de la resolución dictada en los autos del toca 541/2013 por la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, que ordena al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, que dé cumplimiento a la misma. En el caso, se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." De las transcripciones precedentes se advierte que el amparo indirecto procede contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas. Ahora bien, para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107 fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 331, publicada en la página 280, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del registro 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Asimismo, debe señalarse que uno de los requisitos fundamentales para estimar que un quejoso tiene la calidad de tercero extraño en estricto sentido es el de que dicho individuo sin ser parte material en un procedimiento resienta una afectación en su esfera jurídica con la ejecución de las resoluciones dictadas en él, lo que en el caso no acontece. En tal virtud, es pertinente precisar que para un juez de Distrito un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, acorde con la jurisprudencia apreciable con el número XXII J/12, en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". Y, en conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece: ".Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes". Por ende, al tener a la vista el juicio de amparo 1572/2019, del índice de este juzgado, se advierte que la quejosa insta con el mismo carácter de tercero extraño al juicio y refiere haber contraído matrimonio con José Guadalupe Real Pedraza, bajo el régimen de sociedad conyugal, situación que se acredita con los anexos que adjuntó en el escrito de demanda, asimismo, aduce que su consorte estaba enterado del juicio, tan es así que del propio escrito de demanda refiere que éste le informó del juicio instaurado en su contra; no obstante, este Juzgado estima que en el presente asunto está plenamente desvirtuada la calidad de tercero extraño que dice tener; sin que pase desapercibido que en el presente asunto refiera que tuvo conocimiento a través de su hija el día dos de diciembre del presente año, pues tal situación se desvirtúa con lo manifestado en la diversa demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad en lo referente a que tuvo conocimiento a través de su esposo. Por lo anterior, si su cónyuge fue oído y vencido en el juicio de origen, y se encuentran bajo el régimen de sociedad conyugal, es dable considerar que ésta fue oída, al haberlo sido su esposo en el juicio, máxime que al pertenecer los bienes defendidos al fondo común de la sociedad conyugal, es suficiente que en el juicio respectivo se oiga a sólo uno de los consortes, pues cualquiera de los dos tiene el carácter de administrador de la sociedad conyugal, de suerte que si dicha sociedad fue oída en el juicio por conducto de uno de los cónyuges, el otro consorte no puede alegar ser tercero extraño, de ahí que no puede considerarse que tenga la calidad con la que promueve. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial VIII.A.C. J/2 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Materia Común, Civil, página: 3026, número de registro 2003174, cuyo rubro y texto son: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL CÓNYUGE QUE CONTRAJO MATRIMONIO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, CUANDO ÉSTA FUE OÍDA Y VENCIDA POR CONDUCTO DEL OTRO CONSORTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA, ANTERIOR A MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). La comunidad de intereses que conforma la sociedad conyugal otorga a los cónyuges derecho igual sobre los bienes, por principios de equidad y de justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que los vincula; empero, no nada más los hace partícipes por igual de los beneficios, sino también de las cargas. Esa afirmación se obtiene de la redacción del artículo 194 del Código Civil para el Estado de Coahuila, abrogado en el que se sostiene que ambos cónyuges tienen el dominio de los bienes que constituyen el fondo común, por ser una consecuencia de la naturaleza de la sociedad de gananciales, lo que implica que, en relación con esos bienes, ambos esposos también deben soportar las cargas. Lo anterior se robustece con lo dispuesto por el diverso artículo 190, en el sentido de que es nula la capitulación en la que sólo alguno de los cónyuges sea responsable por las pérdidas y deudas comunes; por tal razón, al pertenecer los bienes defendidos al fondo común de la sociedad conyugal, es suficiente que en el juicio respectivo se oiga sólo a uno de los consortes, pues conforme con el referido artículo 194, cualquiera de los dos tiene el carácter de administrador de la sociedad conyugal, de suerte que si dicha sociedad fue oída en el juicio por conducto de uno de los cónyuges, el otro consorte no puede alegar ser tercero extraño; lo cual es acorde con el principio jurídico que reza "quien obtiene los beneficios debe resentir también los perjuicios". Ello es así, pues la tesis jurisprudencial aludida anteriormente interpreta el artículo 194 del Código Civil para el Estado de Coahuila (abrogado), que a la letra dispone: "Artículo 194. El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad". Y por su parte, el numeral 4.29 del Código Civil del Estado de México dispone lo siguiente: "Artículo 4.29. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales y por las disposiciones de este capítulo. El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges en la proporción establecida en las capitulaciones; a falta de ellas, los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad de ambos cónyuges en partes iguales". De los numerales transcritos anteriormente, se advierte que ambos disponen los mismos parámetros, por lo que la tesis citada resulta aplicable al presente caso. Por lo que, al resultar que la quejosa María Trinidad Emma Salinas Pedraza no tiene el carácter de tercero extraño a juicio respecto del acto reclamado al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México, así como su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción VI, del mismo ordenamiento, y procede desechar la demanda que promueve. Sin que pase inadvertida la tesis jurisprudencial PC.VI.C. J/1 C (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Materia Común, Civil, página: 1809, número de registro 2007356, aludida por la parte quejosa en su escrito de demanda, cuyo rubro y texto son: "SOCIEDAD LEGAL, COMO ESPECIE DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. RIGE ANTE LA OMISIÓN DEL ACTA DE MATRIMONIO DE SEÑALAR EL RÉGIMEN ECONÓMICO BAJO EL CUAL SE CELEBRÓ, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, QUE PRETENDE DEFENDER EL 50% DEL BIEN EMBARGADO A SU CÓNYUGE (LEGISLACIÓN CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA VIGENTE ENTRE EL 1o. DE ENERO DE 1902 Y EL 31 DE MAYO DE 1985). Del Código Civil del Estado de Puebla durante la vigencia citada deriva que: a) El matrimonio admite su celebración bajo los regímenes económicos de sociedad conyugal y de separación de bienes; b) La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal; c) Las capitulaciones rigen en la separación de bienes y en la sociedad voluntaria; y d) Lo no previsto se regirá por lo que la ley establece. En ese tenor, el acta de matrimonio, aunque sea omisa en señalar bajo cuál de los regímenes económicos se celebró el matrimonio, constituye un documento apto y suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso, en su carácter de tercero extraño a juicio, que pretende defender el 50% del bien embargado a su cónyuge, porque debe entenderse que el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal, en atención al devenir histórico y teleológico de esa institución pues así podrá cumplir con sus fines que era, entre otros, la ayuda mutua para la subsistencia". Domicilio procesal. Ahora, toda vez que el domicilio señalado por la quejosa se encuentra fuera de jurisdicción y de la lectura de la demanda se advierte que el impetrante de garantía tiene autorizado para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, téngase como domicilio las listas. No obstante lo anterior, en atención a la naturaleza de la presente determinación, en términos de los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, notifique por única ocasión a la quejosa María Trinidad Salinas López, la presente determinación en el Avenida Santa Lucia, número 5085, interior 38, colonia Valle de Juriquila, código postal 76100, Providencia Juriquilla Querétaro. Se solicita atentamente al juez exhortado que con independencia de la fecha en que reciban el exhorto, lleve a cabo la diligencia de mérito en los términos anteriormente estipulados. Autorizados. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizado en términos amplios a Mariela Arratia Recillas y Sonia Colín Ortiz, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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