María Trinidad Serna Solorzano
Expediente 660/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Trinidad Serna Solorzano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos sin mayor determinación el oficio y anexo suscrito por la jefa del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, toda vez que por proveído de diecinueve de julio del dos mil veintidós, se archivó el presente asunto. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, acto seguido, el secretario da lectura a todas las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, la constancia de emplazamiento a juicio de las partes y el informe justificado rendido por una de las autoridades responsables. Revisado el estado procesal de autos, se advierte que en el auto de radicación, se reservó proveer respecto al señalamiento de terceros interesados; por lo que en ese contexto, atento a la naturaleza del acto reclamado, se concluye que no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace constar que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas, para los efectos legales correspondientes. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 660/2022 L-III; y Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día a este juzgado por razón de turno, María Trinidad Serna Solorzano solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra del magistrado instructor de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos. I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. II. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: Del actuario adscrito a la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento de todos y cada uno de los demandados para la continuación del proceso dentro del expediente laboral número 468/2021; y, Del magistrado instructor de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista en el artículo 113 de la Ley del Servicio Civil, en relación con el 873 de la Ley Federal de Trabajo. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Inexistencia del acto combatido No es cierto el acto reclamado al magistrado instructor de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; además de las documentales que anexa a su informe se desprende dicha inexistencia. Tampoco resulta cierto el acto que se le atribuye al actuario adscrito a la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, pues aun y cuando hubiese omitido rendir su informe justificación, de ninguna manera se puede tener por presuntamente cierta la omisión que se le atribuye. La inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, se encuentra robustecida con las constancias que remitió el Tribunal responsable, relativas al juicio de servicio civil 468/2021 del índice de la responsable, de las que se advierte que mediante diligencias de tres de diciembre de dos mil veintiuno, fueron debidamente emplazadas a juicio las demandadas Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y Servicios Educativos del Estado de Sonora; y, aún cuando diversa demandada Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, no hubiese sido emplazada a juicio; de las constancias se advierte las demandadas en cuestión, comparecieron -por conducto del Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante escrito presentando ante el Tribunal responsable el diez de diciembre de dos mil veintiuno- a juicio a dar contestación a la demanda incoada en su contra. Luego, el tribunal responsable por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, tuvo a las demandadas en cuestión, dando contestación a la demanda incoada en su contra; y, señaló hora y fecha -trece horas del treinta de mayo de dos mil veintidós- para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. De lo anterior, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veinte de mayo de dos mil veintidós-, no existían los actos reclamados por la impetrante de garantías, consistente en la falta de emplazamiento y la omisión de señalar fecha para la audiencia correspondiente, dentro del juicio de servicio civil 468/2021. En consecuencia, es inconcuso que en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." IV. Decisión En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por María Trinidad Serna Solorzano, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando III de este fallo. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio, suscrito por el magistrado de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- María Teresa Valencia Ayala1497/2023
- María Teresa Valenzuela Félix667/2023
- Maria Teresa Villegas Arvayo1136/2019
- Maria Tomasa Navarrete Burgos1122/2019
- Maria Trinidad Gutierrez Lopez838/2019
- María Trinidad Ibarra Jhonston1508/2023
- María Urquijo Arvizu884/2023
- Maria Veronica Maciel Castro881/2019
- María Verónica Ochoa Portillo1017/2023
- Maria Victoria Castro Torres150/2018
- María Victoria Hernández Trujillo381/2023
- María Victoria Ruiz Murrieta1012/2022