María Verónica Ochoa Portillo
Expediente 1017/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1017/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Verónica Ochoa Portillo
- Encargado de la Central de Acruario del Poder Judicial del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, uno de agosto de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha, en el cuaderno principal se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente y se ordenó proveer sobre la valoración y destino del cuaderno incidental; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Se advierte que en el presente cuaderno incidental se negó la suspensión definitiva, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CR./CJD./005/2970/2023, de la Comisión de Receso del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, uno de agosto de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en el que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; ******************** y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CR./CJD./005/2970/2023, de la Comisión de Receso del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Au R e s u e l v e Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, contra el acto que reclama a la autoridad que precisa quedó en el considerando ********************, por los motivos expuestos en el referido apartado de esta interlocutoria.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, téngase por rendido el informe justificado suscrito por el coordinador general de la Central de Actuarios Ejecutores y Notificadores de Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. Prueba. Ahora bien, con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tiene por ofrecida la documental anexa al oficio que se atiende; sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Sobreseimiento fuera de audiencia. A dicha documental se le otorga le otorga plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, con lo cual, concatenado a las manifestaciones vertidas por la responsable, se evidencia que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la causa de sobreseimiento en el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de sobreseimiento respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De acuerdo con dicha disposición legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Resulta pertinente mencionar que existen dos hipótesis en relación con la cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". En la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable, consiste en la omisión de agendar la ejecución de medios de apremio decretados en el expediente 507/2015 del índice de la responsable. Lo anterior resultó cierto, según se advierte de autos, pues a la fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable no había programado agenda para la ejecución de medios de apremio, lo que propició la presentación de la demanda de amparo. No obstante, del contenido del informe justificado y la documental adjunta que se agregan, se evidencia que con posterioridad a la data de presentación de la demanda, por actuación de la propia autoridad responsable, cesaron los efectos del acto reclamado. Es así, pues resulta notoria la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez la autoridad responsable agendó fecha para realizar la diligencia familiar con medida de apremio, lo que efectuó el diez de julio del año en curso, según se acredita con la documental exhibida, consistente en la boleta de folio 156-1413-2023, con la que dicha responsable prueba su manifestación de haber señalado data para llevar a cabo dicha diligencia (el trece de julio del dos mil veintitrés, a las siete horas), lo cual incide en la omisión reclamada en sede constitucional, pues con ese actuar de la responsable, dicho acto cesó en sus efectos. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han cesado sus efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Apoya las consideraciones antes expuestas, la tesis III.2o.C. J/22 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1579, que a continuación se transcribe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Bajo ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Audiencia constitucional sin efectos. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada, a saber, las nueve horas con treinta y siete minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable, y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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