María Teresa Valenzuela Félix

Expediente 667/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
667/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • María Teresa Valenzuela Félix
  • Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de julio de dos mil veintitrés. Apercibimiento efectivo. Del estado de autos, se advierte que en proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, se otorgó vista a la parte quejosa con el oficio y constancias con las cuales, la responsable manifestó cumplir con el fallo protector. Sin embargo, la parte quejosa no formuló manifestaciones sobre el particular; por ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y se procede a calificar el acatamiento de la sentencia. Fallo protector. En resolución constitucional de ocho de junio de dos mil veintitrés, se concedió a María Teresa Valenzuela Félix, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las responsables, efectuaran los siguientes actos: "Deje sin efecto la fecha señalada la admisión de pruebas en el juicio de servicio civil 817/2022; y, Se pronuncie en cuanto a la admisión y/ desechamiento de pruebas en el aludido expediente, y de ser el caso, señale fecha para el perfeccionamiento y/o desahogo de las probanzas que tenga a bien admitir. Firmeza del fallo. Seguidos los trámites de ley, en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se hizo constar que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia; por ello, se declaró que causó ejecutoria y se requirió a las responsables por su cumplimiento. Cumplimiento. Del estado de autos, se advierte que en cinco de julio de la presente anualidad, fue recibido por este Juzgado, un oficio presentado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, con el cual dejó insubsistente lo acordado en la fecha de celebración de continuación de la audiencia de pruebas y alegatos y admitió las pruebas ofrecidas por las partes del juicio que nos ocupa en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, de lo que se dio vista a la parte quejosa por auto de diez de julio siguiente, sin haber realizado manifestaciones al respecto. Se declara cumplida la sentencia. En estas condiciones, se estima que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria del presente juicio de amparo indirecto, sin que se advierta exceso o defecto en el mismo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyendo a la parte quejosa en el derecho fundamental violado. Sin que ello implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de julio de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo presentados por la autoridad responsable, mediante los cuales, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que por concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las capturas correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: "- Deje sin efecto la fecha señalada para la admisión de pruebas en el juicio de servicio civil ********************; y, - Se pronuncie en cuanto a la admisión y/o desechamiento de pruebas en el aludido expediente, y de ser el caso, señale fecha para el perfeccionamiento y/o desahogo de las probanzas que tenga a bien admitir." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Apoyan a lo anterior las tesis de rubros siguientes: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Devolución de legajo de prueba. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar el legajo de prueba identificado como Tomo I, el cual fue formado con las constancias remitidas por la aludida responsable, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia y Resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con diecisiete minutos del ocho de junio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por el secretario de acuerdos y proyectos adscrito a la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Asimismo, se da cuenta con el escrito y anexo presentados por los autorizados legales de la parte quejosa, registrados con folio 8167. El juez acuerda. Se tiene por hecha la certificación anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el escrito apenas precisado. En cuanto a lo que solicita, no ha lugar a diferir la audiencia constitucional, ello en virtud de que resultan innecesarias las constancias que la parte quejosa pretende ofrecer al presente sumario para acreditar la existencia del acto reclamado, ello en virtud de que las probanzas que obran en el asunto en que se actúa son suficientes para pronunciarse en sentencia. Ya que este operador jurídico estima que diferir la audiencia por el motivo que se solicita, únicamente sería en perjuicio de la aquí quejosa y en contravención a las directrices que dimanan del artículo 17 constitucional, a saber, la justicia pronta. Además, en auto de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que ya les transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales ofertadas por la responsable; asimismo, hace constar que las demás partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas; por otro lado, téngase por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 667/2023 L -III; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, María Teresa Valenzuela Félix, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. El diez de mayo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La data lejana que fijó la autoridad responsable para que tenga verificativo la admisión de las pruebas, dentro del juicio laboral 817/2022. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al Tribunal administrativo, cuya certeza se desprende de las constancias que remitieron en apoyo las responsables al rendir su informe justificado. Consideraciones jurídicas Por otro lado y, toda vez que las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, se procede al estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. Ahora, la parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 17 Constitucional, y en consecuencia, violación a sus garantías individuales y al procedimiento laboral, y el derecho humano del debido proceso y la debida impartición de justicia. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que, efectivamente, el Tribunal responsable fijó fecha lejana para la admisión de pruebas en el juicio de servicio civil de origen, por ende, viola los derechos que reconoce el precepto constitucional aludido. En efecto, el artículo 17 Constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 Constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 Constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, del numeral 880 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que, concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche; y que, en caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. Para mejor proveer, se reproduce en seguida la aludida porción normativa: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; Fe de erratas a la fracción III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." -Lo resaltado es de este Juzgado- Asimismo, es menester precisar el contenido de los artículos 113, 116 y 118 de la ley que rige el procedimiento de origen, que dicen: "ARTÍCULO 113.- El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan al Tribunal de Arbitraje, se reducirá a la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito; a la respuesta que se dé en igual forma y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda. (.) ARTÍCULO 116.- El Tribunal, inmediatamente que se reciba la contestación de la demanda, o una vez transcurrido el plazo para contestara ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y a los testigos y peritos para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. (.) ARTÍCULO 118.- El día y hora de la audiencia se abrirá el período de recepción de pruebas; el Tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente inconducentes o contrarias a la moral o al derecho o que no tengan relación con la litis. Acto continuo se señalará el orden de su desahogo, primero las del actor, después las del demandado, en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento." -Lo resaltado es de este Juzgado- Ahora, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, en lo que interesa se advierte lo siguiente: La parte quejosa entabló demanda laboral ante la responsable radicada bajo el expediente 817/2022. Seguida la secuela procesal, el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, la responsable celebró la audiencia prevista en el artículo 113 de la Ley del Servicio Civil, y una vez teniendo por ofrecidas las pruebas de las partes, señaló las once horas del nueve de agosto de dos mil veintitrés para pronunciarse en cuanto a la admisión y/o desechamiento de las probanzas. Es menester destacar que, con independencia de que la autoridad responsable haya señalado una data para la admisión y/o desechamiento de las probanzas, lo cierto es que la Ley del Servicio Civil no prevé dicha facultad. También, no menos cierto es que, a pesar de que el artículo 10 de la antedicha legislación establezca que la Ley Federal del Trabajo es supletoria a la ley que rige procedimiento del juicio natural, esa ley secundaria no prevé la posibilidad de fijar fecha para pronunciarse sobre esas cuestiones, si no únicamente un plazo de cinco días para ello. De lo anterior se dilucida que, con base en el artículo 118 antes transcrito, en la audiencia de diecisiete de abril de dos mil veintitrés la autoridad responsable tenía que pronunciarse en cuanto a la admisión y/o desechamiento de pruebas. Por lo que es notorio que la responsable no se ha ajustado a los plazos que rigen el procedimiento de origen, toda vez que a la presente data han transcurrido más de un mes, sin que se advierta que se hubiere dictado lo concerniente a la admisión y/o desechamiento de pruebas. En ese tenor, se concluye que vulnera la garantía de administración pronta y expedita de justicia que tutela a favor de los justiciables el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se ha retardado la resolución del juicio; por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Por otra parte, no se desconoce que el Tribunal administrativo responsable cuenta con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no lo exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. VI. Decisión En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje sin efecto la fecha señalada la admisión de pruebas en el juicio de servicio civil 817/2022; y, Se pronuncie en cuanto a la admisión y/o desechamiento de pruebas en el aludido expediente, y de ser el caso, señale fecha para el perfeccionamiento y/o desahogo de las probanzas que tenga a bien admitir. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Teresa Valenzuela Félix, respecto del acto reclamado indicado en el apartado III, por las razones expuestas en el considerando V, para los efectos precisados en el diverso VI, del esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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