María Teresa Tapía Zavala

Expediente 124/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
124/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • María Teresa Tapía Zavala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 45-50), en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, realícese lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, háganse constar las circunstancias anteriores en la carátula del expediente en que se actúa. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que no se exhibieron. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las doce horas con veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 44), hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo VII-124/2019, promovido por María Teresa Tapia Zavala, por propio derecho, contra el acto de la autoridad que se menciona en el cuadro siguiente: No. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. De quien reclama el acto consistente en: La omisión de tramitar el expediente laboral 1452/2018, dentro de los plazos previstos por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, al no citar a las partes a la audiencia de conciliación que señala el artículo 97 de la ley citada. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Marco Antonio Arroyo Rodríguez, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, sin la asistencia de las partes. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos y certifica: Que obran agregados la demanda de amparo (fojas 7 a 16) y auto admisorio de once de febrero del año en curso (fojas 22 a 24). En este acto, se da cuenta con el informe justificado que rinde la autoridad que se menciona a continuación: No. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. 31 NIEGA A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, el Juez, declara abierto el periodo de PRUEBAS, en el que el secretario hace constar que obran las documentales ofrecidas por el tribunal responsable, por conducto de su presidente, al rendir informe justificado (fojas 32 a 42). El Juez acuerda: Ténganse por admitidas y desahogadas las documentales en comento, en atención a su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido su derecho a exhibir medios de convicción, y como no se ofrecieron más pruebas que deban relacionarse ni desahogarse, se cierra dicha etapa. Enseguida, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase a las partes por perdido su derecho a formularlos, por tanto, se cierra este período. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto VII-124/2019, promovido por María Teresa Tapia Zavala, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito de cinco de febrero de dos mil diecinueve, presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, entre otros, María Teresa Tapia Zavala, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. Por considerarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, se decretó de oficio la separación del juicio de amparo promovido, entre otros, por María Teresa Tapia Zavala; además, se ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, a fin que lo registrara, le asignara turno y lo turnara al juzgado de distrito que correspondiera. Remisión que se realizó mediante oficio 2317/2019 de seis de febrero de dos mil diecinueve , presentado al día siguiente ante dicha oficina , y turnado el ocho siguiente a este órgano jurisdiccional . El once de febrero de dos mil diecinueve , se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número II-124/2019, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se difirió en una ocasión , y tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO (competencia). Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48, 55, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión que se reclama en esta vía, se atribuye a un tribunal laboral que reside dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000 , estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención de los promoventes y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con el criterio resaltado, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: ? La omisión de tramitar el expediente laboral 1452/2018, dentro de los plazos previstos por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, al no citar a las partes a la audiencia de conciliación que señala el artículo 97 de la ley citada. TERCERO. Certeza de actos. Es cierta la omisión que se reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de citar a las partes a la audiencia de conciliación en el expediente laboral de origen 1452/2018, no obstante que al rendir el informe justificado lo negó ; sin embargo, del contenido del propio informe y de las copias certificadas que remitió dicha responsable junto con el informe justificado se desprende que citó a las partes a la audiencia de conciliación mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil diecinueve , esto es, después de la presentación de la demanda (cinco de febrero de dos mil diecinueve) . Documentales, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo, Por tanto, en autos se encuentra desvirtuado el sentido negativo en que se rindió el informe justificado. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. (Improcedencia y sobreseimiento). Establecida la existencia de la omisión reclamada, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se advierte de las constancias que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió como justificación al informe. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumasia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional el quejoso reclama, en esencia, omisión de citar a las partes a la audiencia de conciliación en el expediente laboral de origen 1452/2018, por parte de la autoridad responsable ordenadora. En ese sentido, de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se aprecia que mediante acuerdo de quince de febrero en curso (fojas 41 y 42), se citó a la audiencia de conciliación en el expediente laboral de origen 1452/2018. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (cinco de febrero de dos mil diecinueve), toda vez que la responsable el quince de febrero siguiente, señaló las trece horas del dieciséis de abril de dos mil diecinueve para la audiencia de conciliación. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que ésta exige; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la autoridad responsable, ya señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación el juicio laboral 1452/2018. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio de control constitucional conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causa de improcedencia estudiada, razón por la que, nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso, como lo es una causa de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo, tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Teresa Tapia Zavala, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia, conforme a los razonamientos en éste expuestos.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que el siete de los actuales (foja 43), se tuvo por rendido el informe justificado del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por lo que no ha comenzado a transcurrir el plazo de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Por tanto, a fin de no violar las reglas del procedimiento y de que estén en aptitud de preparar y ofrecer las pruebas que en su caso estimen convenientes, con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo segundo, de la ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo, fecha que se señala atendiendo a que el referido plazo transcurra y las partes no queden en estado de indefensión. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a la autoridad responsable, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 del ordenamiento legal en cita. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Visto el oficio del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, en términos del numeral 119 del ordenamiento legal en cita, se tiene como prueba de su parte las documentales que exhibe, las que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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