María Teresa Rangel Suárez
Expediente 320/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 34 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Teresa Rangel Suárez
- Juez Cuarto Civil de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa María Teresa Rangel Suárez interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de febrero de dos mil veintiuno que sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, junto con los cuadernos incidentales. Se considera que este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, encuadra en la hipótesis prevista por el ordinal 18, fracción I, inciso b) del aludido acuerdo general, pues se trata de un juicio de amparo en el que, se determinó sobreseer el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el penúltimo párrafo del dispositivo legal invocado, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. De igual manera, por lo que hace al original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, toda vez que en términos del precepto 18, fracción I, inciso a) del acuerdo en aplicación se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva. En términos del artículo 35 del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación, tanto en el expediente principal como en los incidentes respectivos. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos y garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión relativo. Toda vez que del sumario se aprecia que las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán y Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Pátzcuaro, Michoacán allegó copia certificada del juicio subyacente del que proviene el acto reclamado, con la que se ordenó formar dos tomos de pruebas, en razón de que este juicio de amparo se encuentra concluido y resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo; en la inteligencia que de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrán como recibidas a su entera satisfacción. Anotaciones e integración al expediente electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Visto el sobre devuelto por la Administradora Local de Correos de Morelia, Michoacán, mediante el cual devuelve la pieza postal que contiene el oficio que se relaciona en la tabla siguiente: No.OFICIO AUTORIDADES RESPONSABLES1 2156JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PÁTZCUARO, MICHOACAN.Con la anotación al reverso "Cerrado por COVID-19"; en esas condiciones, a efecto de evitar mayores dilaciones, se ordena reenviar el comunicado de cuenta, a fin de que la autoridad a la que va dirigido se imponga de su contenido. Independientemente de lo anterior, también remítase el comunicado en comento vía correo electrónico a la dirección 1jmx_patzciaro@poderjudicialmichoacan. gob.mx, con número telefónico en dode podrá confirmarse el envío y recepción 4343426142. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con veinte minutos del once de febrero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo IV-320/2019, promovido por María Teresa Rangel Suárez, por su propio derecho, contra actos y autoridades que se mencionan en la tabla siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOSJUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. La orden de desposesión dictada dentro del juicio mercantil número 347/2012 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN La ejecución de la orden de desposesión dictada dentro del juicio mercantil 347/2012 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con la asistencia del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos y certifica: Que obran agregados la demanda de amparo, prevención formulada en acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, auto admisorio de cuatro de junio de dos mil diecinueve, constancias de emplazamiento de los terceros interesados Gerardo Ovalle Rangel y Claudia Guadalupe Molina. Asimismo, hace una relación de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables a través de la tabla siguiente: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES AUTO SENTIDO 1 JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. 20 JUNIO 2019 CIERTO 2 JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN 25 MARZO 2019 CIERTO Por otra parte, el secretario Certifica: Que el plazo de veinte días proporcionado a la parte quejosa a fin de que acreditara haber realizado el trámite para la publicación de edictos para emplazar a Luz María Rocío Andaluz Oropeza en cuanto única y universal heredera, así como albacea de la sucesión intestamentaria del tercero interesado Sergio Augusto Magaña Martínez, transcurrió del tres de noviembre de dos mil veinte al dos de diciembre del mismo año, sin que lo hubiera hecho. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias; con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, el Juez, declara abierto el periodo de PRUEBAS, en el que el secretario hace constar que únicamente las autoridades responsables ofertaron medios de convicción consistentes en el cuaderno de exhorto 128/2018, con el que se ordenó formar un tomo de pruebas y un legajo de copias certificadas del juicio subyacente, con las que se ordenó formar el segundo tomo de pruebas, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. El Juez acuerda: Con fundamento en el ordinal 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas desde este momento las documentales en comento y por perdido el derecho de las restantes partes para ofrecer medios de convicción, se cierra dicha etapa. Posteriormente, se abre la etapa de ALEGATOS, en la que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes por para realizar manifestaciones en vía de alegatos, dada su omisión, por lo que se cierra esta fase; en consecuencia, se procede a dictar la sentencia correspondiente. Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto IV-320/2019, promovido por María Teresa Rangel Suárez; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante oficio 1578/2019 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, remitido a esta potestad federal por conducto del encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, y recibido ese día en este juzgado, se asumió el conocimiento de la demanda de amparo promovida por María Teresa Rangel Suárez, por derecho propio, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades que se mencionan en la tabla siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. La orden de desposesión dictada dentro del juicio mercantil número 347/2012 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN La ejecución de la orden de desposesión dictada dentro del juicio mercantil 347/2012 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número IV-320/2019, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. La orden de desposesión dictada dentro del juicio mercantil número 347/2012 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN La ejecución de la orden de desposesión dictada dentro del juicio mercantil 347/2012 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables que se enuncian a continuación: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES AUTO SENTIDO 1 JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. 20 JUNIO 2019 CIERTO 2 JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN 25 MARZO 2019 CIERTO En esa línea de pensamiento, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las constancias de autos, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causales de sobreseimiento. Este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Dicho precepto es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; (.)". Del artículo trascrito se obtiene que debe sobreseerse el juicio de amparo cuando el quejoso omita justificar que entregó los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de Ley de Amparo. Por su parte, dicho numeral 27 señala: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. (.)". De lo expuesto, se advierte que en los casos en los cuales deba hacerse la notificación al tercero interesado mediante edictos, procede sobreseer en el juicio siempre y cuando la parte quejosa no haya acreditado que los entregó para su publicación en los posteriores veinte días al en que se pongan a su disposición. Ahora, de las constancias del juicio de amparo se aprecia, en lo que interesa para resolver, lo siguiente: a) En proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve se reconoció la calidad de terceros interesados a Gerardo Ovalle Rangel, Sergio Augusto Magaña Martínez y Claudia Guadalupe Molina Pandal, toda vez que son actor, demandado y obligada solidaria dentro del juicio subyacente. b) El veintiocho de octubre de dos mil veinte después de agotar el procedimiento de investigación del domicilio de Luz María Rocío Andaluz Oropeza en cuanto única y universal heredera, así como albacea de la sucesión intestamentaria del tercero interesado Sergio Augusto Magaña Martínez y haber agotado su emplazamiento en los domicilios indicados, se ordenó llamarla al juicio en que se actúa por edictos los que debían publicarse por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico de mayor circulación a nivel nacional y en uno de mayor circulación local, para que en el plazo de treinta días contado a partir del siguiente al que se efectuara la última publicación, compareciera a deducir sus derechos, quedando en la secretaría de este juzgado copia de la demanda de amparo; y se apercibió a la parte quejosa en dicho plazo debía acreditar haber realizado el trámite para su publicación, esto es, dentro de dicho plazo debería (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación y, (iii) acreditar ante este órgano que efectuó las gestiones tendentes para publicarlos. Bajo apercibimiento que de no hacerlo o manifestar el impedimento que tenga para ello, en términos de los numerales 63, fracción II, en relación con los diversos preceptos 27, fracción III, inciso b), y 5 fracción III, de la ley de amparo, se procederá al sobreseimiento en el juicio. c) Aunque en principio, dicho proveído se ordenó notificarlo personalmente dados los impedimentos que se tuvieron para practicarla, en acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecinueve ya se había determinado que las notificaciones a la parte quejosa, aún las de carácter personal se practicarían por medio de lista (foja 148, expediente electrónico); por tanto, el proveído precisado en el inciso inmediato se notificó a la peticionaria de derechos por lista de estrados el veintinueve de octubre último, por lo cual conforme al artículo 27, fracción I, inciso b) de la ley de la materia surtió efectos el treinta siguiente. En ese sentido, se aprecia que dichos edictos estuvieron a disposición de la promovente del amparo desde el tres de noviembre de dos mil veinte, esto es, el día siguiente al en que surtió efectos la notificación del auto de veintiocho de octubre anterior. Así pues, el término de veinte días siguientes a que se refiere el inciso b) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo comenzó a computarse a partir del tres de noviembre de dos mil veinte concluyendo el dos de diciembre del mismo año. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 27, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Ahora, durante dicho término, la quejosa no compareció a recoger los edictos para su publicación o informar la imposibilidad que tuviera para ello; siendo el caso que el deber procesal de acreditar haber efectuado el trámite para la publicación de los edictos en el plazo de veinte días, posteriores a que surte efectos el auto que los puso a disposición de la peticionaria de amparo, corresponde exclusivamente a ésta, carga procesal que, según lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es constitucionalmente válida. Lo anterior, tal como lo dispone la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento. Así las cosas, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 63, fracción II y 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Teresa Rangel Suárez, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, conforme a los razonamientos expuestos en el diverso cuarto.
- Principal
Certificación secretarial de cuenta. Vista la certificación que antecede, de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", sin que el presente asunto pueda considerarse urgente pues en el presente juicio de derechos humanos se reclama: La orden de desposesión dictada dentro del juicio mercantil número 347/2012 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán y su ejecución, por ende, es inconcuso que el acto reclamado no se encuentra contemplado dentro del catálogo de asuntos considerados "urgentes" por el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales se encuentran contenidos en su artículo 4. Por tanto, en esta data se reanudan los plazos en el presente juicio, para los efectos legales pertinentes. Por otro lado, según se asienta en la certificación de cuenta, la audiencia constitucional se encontraba señalada para las quince horas con cincuenta minutos del seis de enero de dos mil veintiuno; sin que se haya podido llevar a cabo su celebración, con motivo de la suspensión de labores en comento. Señalamiento de audiencia constitucional. En esas condiciones, se señalan las catorce horas con veinte minutos del once de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Sin perjuicio de lo anterior, se conmina a las partes para que tomen en consideración la posibilidad de tramitación electrónica del presente juicio, como se ha indicado en acuerdos precedentes. Reserva de envío de oficios. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendieron las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión del presente auto para agregarse al expediente electrónico.
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