María Teresa Pichardo Escobedo
Expediente 505/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Teresa Pichardo Escobedo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se aprecia que este órgano jurisdiccional y el estado de autos, de los que se advierte que de conformidad con el Punto de Acuerdo de la Comisión de Receso actuando como Comisión Especial de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia regresó al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 del treinta de julio al doce de los actuales. Por otro lado, en relación al estado que guardan los autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, no ha informado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, requiérase nuevamente a la referida autoridad responsable, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe al respecto, remitiendo copia certificada que lo acredite. En la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en autos. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencia del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendió las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta de la que se aprecia que este órgano jurisdiccional y el estado de autos, de los que se advierte que de conformidad con el Punto de Acuerdo de la Comisión de Receso actuando como Comisión Especial de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, realizó sus labores de conformidad con el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 del treinta de julio al doce de los actuales. De igual forma, hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción ya que se desechó la demanda; asimismo, carece de relevancia documental; por tanto, una vez cumplidos tres años a partir del día de la fecha, procédase a su destrucción. DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente.
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Vista la demanda promovida por ***quien se ostenta secretaria del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán "General Lázaro Cárdenas" (STDSSM), carácter que se le reconoce en términos de la documental que adjunta Fórmese expediente y regístrese con el número 505/2021-III-D, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este juzgado de distrito. DESECHAMIENTO Del análisis de la demanda se obtiene que la promovente, señala como autoridad responsable a: La Doctora Diana Celia Carpio Ríos, Secretaria de Salud en el Estado de Michoacán y Directora General del O.P.D. Servicios de Salud de Michoacán. De quien reclama: La omisión de dictar acuerdo relativo a la petición que formuló por escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Ahora, el estudio íntegro de la demanda de amparo conduce a establecer que en el caso concreto se actualiza una causal de improcedencia, lo cual, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia motiva que se deseche de plano, pues los actos reclamados en el presente juicio de amparo no constituyen actos de autoridad. En efecto, los artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar que el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en el siguiente: La omisión de dictar acuerdo relativo a la petición que formuló por escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el que solicitó que el beneficio para la adquisición de juguetes por concepto del "Día de Reyes" para el personal del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social laboral (U013), se haga extensivo para el personal eventual recientemente homologado (PVENT), así como de manera extraordinaria para el resto del personal contratado bajo el régimen de honorarios que aún no han alcanzado el proceso de homologación salarial. Como se advierte de lo expuesto, la omisión que constituye el acto reclamado está vinculado a la falta de contestación a una petición formulada por la quejosa cuyo objetivo es que se realicen diversos movimientos para que el personal eventual recientemente homologado (PVENT), así como de manera extraordinaria para el resto del personal contratado bajo el régimen de honorarios que aún no han alcanzado el proceso de homologación salarial, obtengan el beneficio para la adquisición de juguetes por concepto del "Día de Reyes" autorizado para el personal del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social laboral (U013). Ello, pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de una relación jurídico laboral, en la que la autoridad señalada como responsables tienen el carácter de patrón (mas no de autoridad), y la quejosa representante de la parte trabajadora (mas no de gobernada respecto de aquélla); de ahí que cualquier reclamación que pretendiese realizar tendría que hacerla en la vía laboral, pues de resultar acertado lo argumentado por ella, sería el resultado de una acción efectuada por aquellos entes en su calidad de patrón, es decir, como responsables de velar la formalización de sus trabajadores. Se sostiene lo anterior, virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales en favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que en el caso no acontece, dado que el presente juicio de amparo lo promovió la quejosa en cuanto representante de los trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y los actos reclamados los constituyen, según dice, la omisión de incluir al personal eventual recientemente homologado (PVENT), así como de manera extraordinaria para el resto del personal contratado bajo el régimen de honorarios que aún no han alcanzado el proceso de homologación salarial, en el beneficio para la adquisición de juguetes por concepto del "Día de Reyes" autorizado para el personal del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social laboral (U013). De ese modo, la Doctora Diana Celia Carpio Ríos, Secretaria de Salud en el Estado de Michoacán y Directora General del O.P.D. Servicios de Salud de Michoacán, no constituye una autoridad desde el punto de vista formal. Lo que se afirma en ese sentido, dado que dicho beneficio se obtuvo por acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud; esto es, dentro de un plano de igualdad. Y, aun cuando la Secretaría de Salud del Gobierno de Michoacán pudiera tener el carácter de autoridad con motivo de algunas de sus atribuciones, ello no significa que todo y cada uno de los actos efectuados por dicho ente o aquellos en los que intervenga, deban considerarse como actos de autoridad; y que, por tanto, los actos reclamados deban ser considerados como de autoridad para los efectos del presente juicio. Apoya lo anterior la tesis número I.15o.A.36 K, de noviembre de dos mil ocho, visible en la página 1316, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". En esas condiciones, se colige que los actos reclamados no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, esto es, con motivo del comunicado de dieciocho de septiembre de dos mil veinte en el cual se dan a conocer las disposiciones para el pago del monto económico para la adquisición de juguetes por concepto del "Día de Reyes" para el personal del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social laboral (U013), virtud a que no se incluye al personal eventual recientemente homologado (PVENT), así como de manera extraordinaria para el resto del personal contratado bajo el régimen de honorarios que aún no han alcanzado el proceso de homologación salarial. Dicho de otra forma, en torno a los actos reclamados, no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas a los actos de autoridad, puesto que en el caso concreto éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral existente entre la parte quejosa con el titular de dicha dependencia y las diversas autoridades, pues en realidad implica -según lo afirma la quejosa- una omisión para formalizar el pago para la adquisición de juguetes por concepto del "Día de Reyes" para el personal eventual recientemente homologado (PVENT), así como de manera extraordinaria para el resto del personal contratado bajo el régimen de honorarios que aún no han alcanzado el proceso de homologación salarial. Lo anterior es así, ya que en la demanda de amparo se sostiene que los actos no derivan de un procedimiento administrativo, de ahí que, los actos reclamados derivan de una relación jurídica patronal, y cualquier reclamación que la parte quejosa pretenda realizar tendrá que hacerla valer en la vía laboral. Sin que en el caso a estudio se esté en el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la ley de la materia, pues el hecho de que se determine que los actos atribuidos a las responsables en este juicio "no son actos de autoridad", no implica por exclusión, que deban ser considerados como "actos de particulares", susceptibles de ser impugnables en el juicio de amparo, toda vez que para ello se requiere: Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: Dicten, ordenen, ejecuten o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u, Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la Ley de Amparo que el acto de un particular debe ser "equivalente" a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados, empero ello en un plano de supra a subordinación. Conforme a lo expuesto, se estima que la relación entre la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y la parte quejosa, no es de supra a subordinación, sino como ya se dijo de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, ya que se rigen conforme a las condiciones generales de trabajo que para tal efecto son implementados por el sindicato al que pertenecen y a los que voluntariamente se sometieron las partes. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo V, Febrero de 1997, Materia Laboral, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter". En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Empero, la misma es inaplicable al presente asunto, porque, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, que la Sala en cita pronunció en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, aclaró su rubro, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso. En efecto, en la ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada, pues en los casos que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. De ahí que, en el caso, sea inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), pues en el presente asunto se reclamó omisión de dictar acuerdo relativo a la petición que formuló por escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el que solicitó que el beneficio para la adquisición de juguetes por concepto del "Día de Reyes" para el personal del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social laboral (U013), se haga extensivo para el personal eventual recientemente homologado (PVENT), así como de manera extraordinaria para el resto del personal contratado bajo el régimen de honorarios que aún no han alcanzado el proceso de homologación salarial. DOMICILIO Se tiene al quejoso señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales, el que indica. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos de la circular SECNO/10/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE ACUERDO:Vista la demanda promovida por ***quien se ostenta secretaria del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán "General Lázaro Cárdenas" (STDSSM), carácter que se le reconoce en términos de la documental que adjunta Fórmese expediente y regístrese con el número 505/2021-III-D, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este juzgado de distrito. DESECHAMIENTO Del análisis de la demanda se obtiene que la promovente, señala como autoridad responsable a: La Doctora Diana Celia Carpio Ríos, Secretaria de Salud en el Estado de Michoacán y Directora General del O.P.D. Servicios de Salud de Michoacán. De quien reclama: La omisión de dictar acuerdo relativo a la petición que formuló por escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Ahora, el estudio íntegro de la demanda de amparo conduce a establecer que en el caso concreto se actualiza una causal de improcedencia, lo cual, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia motiva que se deseche de plano, pues los actos reclamados en el presente juicio de amparo no constituyen actos de autoridad. En efecto, los artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar que el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en el siguiente: La omisión de dictar acuerdo relativo a la petición que formuló por escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el que solicitó que el beneficio para la adquisición de juguetes por concepto del "Día de Reyes" para el personal del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social laboral (U013), se haga extensivo para el personal eventual recientemente homologado (PVENT), así como de manera extraordinaria para el resto del personal contratado bajo el régimen de honorarios que aún no han alcanzado el proceso de homologación salarial. Como se advierte de lo expuesto, la omisión que constituye el acto reclamado está vinculado a la falta de contestación a una petición formulada por la quejosa cuyo objetivo es que se realicen diversos movimientos para que el personal eventual recientemente homologado (PVENT), así como de manera extraordinaria para el resto del personal contratado bajo el régimen de honorarios que aún no han alcanzado el proceso de homologación salarial, obtengan el beneficio para la adquisición de juguetes por concepto del "Día de Reyes" autorizado para el personal del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social laboral (U013). Ello, pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de una relación jurídico laboral, en la que la autoridad señalada como responsables tienen el carácter de patrón (mas no de autoridad), y la quejosa representante de la parte trabajadora (mas no de gobernada respecto de aquélla); de ahí que cualquier reclamación que pretendiese realizar tendría que hacerla en la vía laboral, pues de resultar acertado lo argumentado por ella, sería el resultado de una acción efectuada por aquellos entes en su calidad de patrón, es decir, como responsables de velar la formalización de sus trabajadores. Se sostiene lo anterior, virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales en favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que en el caso no acontece, dado que el presente juicio de amparo lo promovió la quejosa en cuanto representante de los trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y los actos reclamados los constituyen, según dice, la omisión de incluir al personal eventual recientemente homologado (PVENT), así como de manera extraordinaria para el resto del personal contratado bajo el régimen de honorarios que aún no han alcanzado el proceso de homologación salarial, en el beneficio para la adquisición de juguetes por concepto del "Día de Reyes" autorizado para el personal del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social laboral (U013). De ese modo, la Doctora Diana Celia Carpio Ríos, Secretaria de Salud en el Estado de Michoacán y Directora General del O.P.D. Servicios de Salud de Michoacán, no constituye una autoridad desde el punto de vista formal. Lo que se afirma en ese sentido, dado que dicho beneficio se obtuvo por acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud; esto es, dentro de un plano de igualdad. Y, aun cuando la Secretaría de Salud del Gobierno de Michoacán pudiera tener el carácter de autoridad con motivo de algunas de sus atribuciones, ello no significa que todo y cada uno de los actos efectuados por dicho ente o aquellos en los que intervenga, deban considerarse como actos de autoridad; y que, por tanto, los actos reclamados deban ser considerados como de autoridad para los efectos del presente juicio. Apoya lo anterior la tesis número I.15o.A.36 K, de noviembre de dos mil ocho, visible en la página 1316, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". En esas condiciones, se colige que los actos reclamados no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, esto es, con motivo del comunicado de dieciocho de septiembre de dos mil veinte en el cual se dan a conocer las disposiciones para el pago del monto económico para la adquisición de juguetes por concepto del "Día de Reyes" para el personal del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social laboral (U013), virtud a que no se incluye al personal eventual recientemente homologado (PVENT), así como de manera extraordinaria para el resto del personal contratado bajo el régimen de honorarios que aún no han alcanzado el proceso de homologación salarial. Dicho de otra forma, en torno a los actos reclamados, no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas a los actos de autoridad, puesto que en el caso concreto éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral existente entre la parte quejosa con el titular de dicha dependencia y las diversas autoridades, pues en realidad implica -según lo afirma la quejosa- una omisión para formalizar el pago para la adquisición de juguetes por concepto del "Día de Reyes" para el personal eventual recientemente homologado (PVENT), así como de manera extraordinaria para el resto del personal contratado bajo el régimen de honorarios que aún no han alcanzado el proceso de homologación salarial. Lo anterior es así, ya que en la demanda de amparo se sostiene que los actos no derivan de un procedimiento administrativo, de ahí que, los actos reclamados derivan de una relación jurídica patronal, y cualquier reclamación que la parte quejosa pretenda realizar tendrá que hacerla valer en la vía laboral. Sin que en el caso a estudio se esté en el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la ley de la materia, pues el hecho de que se determine que los actos atribuidos a las responsables en este juicio "no son actos de autoridad", no implica por exclusión, que deban ser considerados como "actos de particulares", susceptibles de ser impugnables en el juicio de amparo, toda vez que para ello se requiere: Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: Dicten, ordenen, ejecuten o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u, Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la Ley de Amparo que el acto de un particular debe ser "equivalente" a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados, empero ello en un plano de supra a subordinación. Conforme a lo expuesto, se estima que la relación entre la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y la parte quejosa, no es de supra a subordinación, sino como ya se dijo de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, ya que se rigen conforme a las condiciones generales de trabajo que para tal efecto son implementados por el sindicato al que pertenecen y a los que voluntariamente se sometieron las partes. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo V, Febrero de 1997, Materia Laboral, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter". En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Empero, la misma es inaplicable al presente asunto, porque, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, que la Sala en cita pronunció en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, aclaró su rubro, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso. En efecto, en la ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada, pues en los casos que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. De ahí que, en el caso, sea inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), pues en el presente asunto se reclamó omisión de dictar acuerdo relativo a la petición que formuló por escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el que solicitó que el beneficio para la adquisición de juguetes por concepto del "Día de Reyes" para el personal del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social laboral (U013), se haga extensivo para el personal eventual recientemente homologado (PVENT), así como de manera extraordinaria para el resto del personal contratado bajo el régimen de honorarios que aún no han alcanzado el proceso de homologación salarial. DOMICILIO Se tiene al quejoso señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales, el que indica. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos de la circular SECNO/10/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos.
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