María Teresa de la Mora Zapata
Expediente 135/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 135/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Teresa de la Mora Zapata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 135/2022-I-2, promovido por ******* y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, que fue remitida a este juzgado por razón de turno, en esa misma fecha. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad y otra autoridad, de quienes en esencia reclama la posible orden de detención que pretenden ejecutar en su contra en la audiencia de uno de marzo del año en curso, relativa a la revisión de la suspensión condicional del proceso entablado en su contra dentro de la causa penal *******, del índice del juzgado responsable. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 135/2022-I-2, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos privativos de libertad cuya ejecución tienen lugar en el lugar donde esta juzgadora ejerce su jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción II de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las responsables lo siguiente: La orden de detención que se pretende ejecutar en su contra y; El desahogo de la audiencia señalada para el uno de marzo de dos mil veintidós, relativa a la revisión de la suspensión condicional del proceso entablado en contra de la quejosa dentro de la causa penal *******, del índice de la autoridad responsable. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados con anterioridad, que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con registro digital 192097, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Es inexistente el acto reclamado consistente en la orden de detención, atribuidas a las responsables, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez Control del Distrito Judicial Bravos y agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada Delitos Violencia Familiar y Contra el Cumplimiento Pensión Alimentaria, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir informe, las autoridades responsables de mérito indicaron no ser cierta la orden de detención que la aquí quejosa les atribuyó. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si una autoridad niega los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En este sumario la parte quejosa no exhibió prueba alguna que demuestre que las responsables, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez Control del Distrito Judicial Bravos y agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada Delitos Violencia Familiar y Contra el Cumplimiento Pensión Alimentaria, emitieron la orden de detención. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que hace a dicho acto. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Debe tenerse por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, por así haberlo referido al rendir su informe justificado, ya que manifestó haber citado a la quejosa a efecto de que compareciera a una audiencia de revisión de las condiciones de la suspensión condicional. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al fondo del asunto, debe analizarse si en el caso se materializa alguna hipótesis que haga improcedente el juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, la quejosa reclama el desahogo de la audiencia de revisión de las condiciones de la suspensión condicional del proceso, señalada para el uno de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal *******. En ese contexto, la suscrita considera que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...] El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, página 38, con número de registro 193758, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, si de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el uno de marzo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de revisión de las condiciones de la suspensión condicional, de la aquí quejosa *******, en la cual el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez Control del Distrito Judicial Bravos, determinó aminorar las obligaciones correspondientes a la quejosa en la causa penal *******, esto es, modificó la suspensión condicional del Proceso, en relación a la condición establecida en el artículo 195, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando sin efecto y en su lugar impuso la establecida en la fracción XIV del citado numeral, la cual consiste en no causar actos de molestia y tratar con sumo respeto y cordialidad a las víctimas ******* y a la menor de iniciales *******, aunado a que, por otro lado, continua subsistente la fracción VII en sus términos originales, ello, a excepción del plazo, mismo que se modificó, quedando establecida dicha solución alterna al proceso por el plazo de ocho meses, el cual empezó a contar a partir del día de la audiencia, es decir, el uno de marzo del año en curso; en tanto que, por lo que respecta al pago de la reparación del daño, la víctima *******, en la audiencia de mérito manifestó darse por satisfecha de dicho concepto, y en relación a la menor de iniciales *******, continua vigente el pago por la cantidad de $******* (*******), los que deben ser cubiertos mediante ******* pagos por la cantidad de $******* (*******), teniendo como fecha límite el primero de abril del año que transcurre, mismos que debe depositar ante el Fondo Auxiliar para la administración de ese Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio, por lo que, continua suspendido el proceso, ello conforme a lo establecido por el numeral 331, fracción IV del ordenamiento legal antes citado. En consecuencia, es evidente que si ya se llevó a cabo la audiencia reclamada, de la que deriva que la parte quejosa no fue privada de su libertad, sino que como se precisó en el párrafo que precede, se modificaron las condiciones para la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal *******, es evidente que han cesado en los efectos del acto reclamado. En consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el numeral 61, fracción XXI, del propio ordenamiento legal. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, en atención a las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesadas, por correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, programada para las nueve horas con cincuenta minutos de la fecha en que se actúa, en virtud de que, entre el emplazamiento de los terceros interesados y esta fecha, no han transcurrido los ocho días de anticipación referidos en el artículo 117, de la Ley de Amparo, a efecto de que esté en posibilidad de imponerse de las actuaciones del presente juicio. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende del informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, que a ******* y a la menor de iniciales *******, les reviste el carácter de tercero interesadas en el presente juicio, de conformidad con lo establecido por el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción, a fin de que realice el emplazamiento de las citadas tercero interesadas, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad; mismo que se colige del juicio de origen. A fin de lograr lo anterior, deberá correrle traslado con la demanda de amparo y anexos que la acompañaron, auto admisorio de primero de marzo del año en curso, así como este proveído que se dicta; asimismo, deberá hacer del conocimiento de dichas personas, la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del tres de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente a las tercero interesadas. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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