María Socorro Vitela Bustamante y Otros.

Expediente 1113/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1113/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • María Socorro Vitela Bustamante y Otros.
  • María Socorro Vitela Bustamante
  • Yaritza Belem Vizcarra Vitela
  • Dora Areli Vizcarra Vitela y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en que se negó la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído y negado la protección de la justicia federal, es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente juicio de amparo. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA DE VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** y ***, en contra del acto reclamado al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en términos de lo expuesto en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a la responsable; personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público adscrito; así como por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***, hoy veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE LA SENTENCIA DE VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** y ***, en contra del acto reclamado al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en términos de lo expuesto en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a la responsable; personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público adscrito; así como por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***, hoy veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de abril del dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 1113/2022, promovido por *** y ***. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el día hábil posterior, veinticuatro de los mismos, *** y ***, por conducto de sus (entonces) defensores particulares, los licenciados *** y ***, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (foja 17), se registró la demanda bajo el consecutivo 1113/2022, se admitió a trámite, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró el dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: Del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La medida cautelar de prisión preventiva que fue decretada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en su contra. El auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 8196/2022 el dos de noviembre de dos mil veintidós, por su probable participación en el delito de extorsión con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 204 bis, fracciones I, III y VII, inciso a), del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, el Juez responsable remitió copia certificada de la transcripción de la primera parte de la audiencia inicial, donde fue impuesta la medida cautelar reclamada, así como de su continuación, donde fue emitido el auto de vinculación a proceso combatido; mismas que poseen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, el Juez responsable remitió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia inicial, constante en tres discos compactos, a los que se reconoce valor probatorio, en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, del mismo. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en los discos compactos de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo; y, a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios (antes, contradicción de tesis) 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos atribuidos por la parte quejosa, a la autoridad en cita. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Quinto. Precisiones previas. Previo a efectuar el análisis de los actos reclamados, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentra la aquí parte quejosa, esto es, en su carácter de parte imputada en la causa penal 8196/2022, que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013)". Después, por cuestión de método, con el objeto de facilitar su compresión, así como evitar un relato de antecedentes reiterativo e innecesario, se analizará en primer lugar el auto de vinculación a proceso reclamado, emitido el dos de noviembre de dos mil veintidós; y en un segundo momento, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva de que se duele la parte quejosa. Lo anterior, en el entendido de los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, respecto de cada uno de los dos actos reclamados, serán analizados por separado, en el considerado relativo a cada uno de ellos. En la inteligencia de que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso; claro está, de cada acto en particular. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". Sexto. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso reclamado. Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto, precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional; en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: a) permiten resolver el problema planteado, (b) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso y c) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 176546; que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la transcripción del auto de vinculación a proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: (.) IV. La de vinculación a proceso; (.) En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. (Es propio lo destacado.) De cuya intelección se desprende, el Juez responsable deberá emitir en forma escrita, luego de su verificación oral y hasta un periodo máximo de veinticuatro horas posteriores a su celebración, la audiencia relativa a la vinculación, o no, a proceso, cuya extensión no podrá exceder el alcance de la emitida en la diversa forma. Al respecto, ya que dicho numeral no señala expresamente que la transcripción escrita deba ser íntegra, sino únicamente que no deberá exceder de lo ocurrido oralmente, se colige que válidamente la reproducción a papel, puede ser parcial. Ante lo anterior, es evidente que el Juez responsable colmó dicho requisito, pues emitió de manera escrita, el dos de noviembre de dos mil veintidós, esto es, el propio día de la continuación de la audiencia inicial, la constancia relativa a la misma, a través de la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la aquí parte quejosa Asimismo, el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, durante la audiencia inicial, la parte quejosa estuvo asistida en todo momento de su defensa privada; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, optando inicialmente por ejercerlo y, a la postre, a sabiendas de que lo que externara podía ser usado en su contra, al así haberlo explicado en ese momento el Juez responsable, posteriormente, María Socorro Vitela Bustamante y Dora Areli Vizcarra Vitela, emitieron sus declaraciones, al tenor del interrogatorio que (sólo) les practicó uno de sus defensores privados, no así la agente del Ministerio Público aquí tercera interesada. Luego, se tiene que el Juez responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de extorsión con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 204 bis, fracciones I, III y VII, inciso a), del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que las quejosas hayan participado, de forma dolosa y en calidad de coautoras, en la comisión del ilícito mencionado. Pues bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de criterios (antes, por contradicción de tesis) 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que el artículo 204 bis, fracciones I, III y VII, inciso a), del Código Penal para el Estado de Chihuahua, del Código Penal del Estado de Chihuahua, dispone lo siguiente: EXTORSIÓN Artículo 204 Bis. A quien por cualquier conducto, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia moral o intimidación, a realizar, omitir o tolerara un acto, en su perjuicio o de algún tercero, se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y de cien a ochocientos días multa. Se impondrá prisión de treinta a setenta años, cuando en la comisión del delito se dé alguna de las siguientes modalidades: I. Se logre que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad de dinero o algún bien u objeto para evitar el daño con que se amenaza; (.) III. Intervengan dos o más personas; (.) VII. El sujeto activo del delito: a) Tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con el pasivo o con quien este último esté ligado por algún vínculo; (.) Conforme a tales normas, y tal como lo resaltó el Juez responsable, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa: 1. Es que una persona (activo) obligue a otra (pasivo) a realizar, omitir o tolerar un acto; 2. obligándola, por cualquier conducto; 3. empleando el agente activo violencia o intimidación en contra del obligado; 4. con una intención lucrativa. Conducta que, como bien lo refirió el Juez responsable, se agrava (entre otros supuestos), cuando: Se consiga que la víctima o un tercero entregue alguna cantidad de dinero, algún bien u objeto para evitar el daño con que se amenaza (fracción I); Intervengan dos o más personas (fracción III); y, El sujeto activo del delito tenga alguna relación de parentesco con el pasivo (fracción VII). De modo que, los previos, son los elementos para la configuración del ilícito de que se trata, en su modalidad agravada, tal como correctamente lo indicó el Juez responsable. Para determinar lo anterior, tomó en cuenta los datos de prueba que relacionó el agente del Ministerio Público, consistentes en: Acta de denuncia ante agente del Ministerio Público de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, realizada por la víctima, ***, en la que refirió que ese mismo día, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, a las veintiún horas con treinta minutos aproximadamente (21:30) se encontraba en su domicilio ubicado en ***, donde indica que recibió una llamada a su teléfono celular proveniente del teléfono (***) ***, y que al contestar, que le dijeron "ya comprobaste que se quedó y no le diste el dinero a los licenciados, necesito que deposites a los números de cuenta que te vamos a mandar" y le colgaron antes de que ella (la víctima) hablara. Minutos después le marcaron nuevamente y le reiteraron que necesitaban el dinero. Que después le llamaron de nueva cuenta y que le dijeron que debía entregar el dinero, que sabían que ella estaba sola con su menor hijo, que los matarían si no les daba el dinero que les pedía, la cantidad de *** 00/100 ($***). Que en total le marcaron ocho veces, pero que sólo contestó esas tres llamadas, por temor a que la siguieran amenazando. Que en cada una de esas llamadas, se escuchó una voz femenina diferente; y que aunque no tiene la certeza de quienes fueron, creyó reconocer la voz de Yaritza Belem Vizcarra Vitela, quien es su sobrina, hija de María Socorro Vitela Bustamante; pues refirió que ***, su esposo, fue condenado a trece años de prisión por el delito de abuso sexual agravado en contra de ***, su sobrina, hermana de ***; y que el juez que conoce de esa causa penal ordenó que se entregara la cantidad de *** 00/100 ($***) como reparación del año. Que minutos después de las ocho llamadas, recibió un mensaje de texto del mismo número que decía "*** y ***, aquí haz el depósito de los *** ($***), muévete, el tiempo corre y tu esposo seguirá pagando las consecuencias, ni se te ocurra llamar a la policía o lo vamos a mandar matar, tienes hasta el domingo en la tarde para darnos el dinero". De modo que, dicha denuncia fue interpuesta por el delito de amenazas, o el que resultara, en contra de quien derivara responsable. Acta de ampliación de denuncia signada por la víctima, *** y un agente de Ministerio Público, de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en la cual refirió que el sábado veintidós de octubre de dos mil veintidós empezó a recibir llamadas de un diverso número telefónico (***) *** que le marcaron varias veces pero no contestó por miedo; que finalmente sí contestó una de las llamadas, que la voz que escuchó era de una mujer diferente que le indicó que tenían gente para matar a ***, su esposo, en el centro de reclusión donde se encuentra privado de la libertad y que ella sabía lo que le podía pasar a su hijo. Que después le enviaron mensajes informándole que si no le ha quedado claro que podían matar a su esposo en cuanto quisieran, que no hable con la policía y que tenía hasta el lunes para depositar la cantidad de *** 00/100 ($***). Que el domingo recibió diversa llamada del número (***) *** de una mujer, en la cual le dicen que les diera ese dinero, que si no la van a mandar matar, a ella, a su menor hijo Paulo y a su esposo, que después le colgó. Que ese mismo día recibió un mensaje de texto ese número donde le indicaron que ya saben que no se estaba quedando en su casa y le indicaron "para -nosotras- no hay imposibles", que tiene mucho miedo de que le pase algo a ella, a su hijo o a su pareja, sobre todo porque era verdad que ya no estaban ella y su menor hijo quedándose en su domicilio y que el nombre de su hijo sí es Paulo. Que la víctima adujo que con motivo de la causa penal seguida en contra de su esposo, Paulo, por abuso sexual cometido en contra de ***, habían acordado que ésta se retractaría de la acusación que vertió en contra de aquél, a cambio de la cantidad de *** 00/100 ($***), lo cual no hizo, ya que ninguna de ellas (las aquí quejosas) se habían presentado a las audiencias para eso y que *** ya le había dicho que le diera esa cantidad a sus abogados. Que las voces que escuchó eran exactas a las de su hermana (***) y sus hijas (*** y ***). Parte informativo emitido por los agentes de investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, *** y ***, de veinticuatro de dos mil veintidós, donde tuvieron contacto con la víctima, ***, por instrucción de Ministerio Público, mediante entrevista, donde refirió mismas circunstancias descritas en la denuncia y en su ampliación. Serie fotográfica de mensajes extorsivos, de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, que consta de seis imágenes fotográficas donde se dijo, se podían apreciar los mensajes de texto extorsivos, de los números telefónicos que refirió, así como la captura de las llamadas extorsivas que recibió de éstos. Reconocimientos de personas por fotografía de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, donde la víctima, ante agente de Ministerio Público, describió a las imputadas y las reconoció de entre cuatro fotografías, por separado, de cada una de las imputadas, con diversas imágenes de personas con características físicas similares. Informe policial signado por *** quien señaló que el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, a las catorce horas, la víctima se comunicó con él y le indicó que por el temor que sentía por su integridad y la de su familia (su esposo y su menor hijo) depositó la cantidad de *** 00/100 ($***), en dos depósitos diferentes, de cinco mil pesos ($***) cada uno, a las cuentas bancarias que se le refirieron en los mensajes de texto extorsivos que había recibido. Le refirió que primero acudió a una tienda Oxxo a efectuar los depósitos, pero que le indicaron que había falla en el sistema y que no se podían realizar; que en consecuencia, al haber sido informada de las instituciones bancarias a las que pertenecían esas cuentas en ese establecimiento, decidió acudir a los bancos directamente; que realizó el deposito a la primer cuenta a la terminación *** en la cual apareció como titular de la cuenta ***; y que de la segunda cuenta con terminación **** el comprobante arrojó que estaba a nombre de ***. Registro de cadena de custodia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, de dos vouchers de depósito de las instituciones bancarias *** por cinco mil pesos ($***) cuya titular resultó ser *** y de *** por el mismo monto, nombre de ***. Asimismo, por su parte, la defensa ofertó los siguientes elementos de prueba: Declaración de la imputada ***, en la que hizo alusión a la existencia de diversa carpeta de investigación seguida en contra de su hermana, ***, así como en contra del esposo de ésta, por haber ambos, aparentemente, obtenido de su teléfono celular sin su consentimiento, diversas fotografías con un masculino que no es su esposo y que la extorsionaron para que les pagara una cantidad de dinero (*** 00/100 ($***) en una semana, o de lo contrario, enviaría sus fotografías a sus familiares y los de su esposo. Que tras no pagarle, *** y *** crearon un perfil falso en la red social Facebook, con el nombre de ***, con esas fotografías íntimas y que empezaron a mandar solicitudes de amistad a sus familiares. Declaración de la imputada ***, quien refirió medularmente que, contrario a lo señalado por la víctima, era ésta quien daba amenazas a ella y a las diversas imputadas (su madre y su hermana) conminándolas a retirar los cargos en contra de ***, quien abusó sexualmente de ella (y debido a eso, condenaron a trece años de prisión); y que, inclusive, trató de sobornarlas son una suma de dinero en efectivo, un auto y el pago de los estudios de la declarante. Declaración de la víctima, *** quien reiteró ante el interrogatorio de la defensa y de la agente del Ministerio Público, que fueron las aquí quejosas quienes la extorsionaron tanto vía telefónica como vía mensajes de texto, los días veintiuno, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil veintidós; y que, para lograrlo, la amenazaron en varias ocasiones que en caso de no darles la cantidad que le exigían, ya indicada, la matarían, así como a su hijo y a su pareja. Además, refirió que precisamente porque son familiares, conoce bien sus voces y pudo distinguirlas y que aunque en un primer momento sólo le pareció reconocer la de ***, tras las siguientes llamadas, reconoció las de las otras dos imputadas. Declaración del testigo de nombre ***, quien es esposo de la imputada de nombre ***, quien dijo, en esencia, que los días en que aparentemente se dieron los eventos delictivos, él y su esposa se encontraban de viaje en la ciudad de Monterrey; indicó que estando allá, él recibió en su teléfono celular una llamada de la víctima, quien le dijo que iban a pagar lo que hicieron, haciendo referencia con esto a que condenaron a trece años de prisión a la pareja de ella, de nombre ***. Copia certificada de diversas constancias, por la agente del Ministerio público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, de la carpeta de investigación con número de caso ***, de la que se refirió, esencialmente, que inició con denuncia de quince de enero de dos mil veintiuno, por *** (aquí quejosa), en contra de *** (aquí tercer interesada) y *** (esposo de la aquí tercera interesada) y relató que el catorce de noviembre de dos mil catorce su diversa hija de nombre ***, se fue a quedar a casa de su hermana de nombre *** y se llevó su teléfono celular (el de ***), mismo que contenía fotografías íntimas de una relación extramarital que tenía en ese momento y su hermana (***) y su esposo (***) imprimieron esas fotografías y las guardaron digitalmente, sin su consentimiento. Que eso lo supo después de dos años porque el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, su hermana *** le mandó un mensaje diciéndole que le diera *** 00/100 ($***) en una semana, o de lo contrario, enviaría sus fotografías íntimas a sus familiares y los de su esposo. Que tras no pagarle, por no contar con esa cantidad, el catorce de enero de dos mil veintiuno, María del *** y *** crearon un perfil falso en la red social Facebook, con el nombre de ***, con esas fotografías íntimas y que empezaron a mandar solicitudes de amistad a sus familiares. Que en dicha carpeta obra un oficio dirigido al área de integración y evaluación para consulta de fuentes abiertas, redes sociales y medios de comunicación directa, donde se solicitó respecto del número telefónico (***) *** buscaran si existe un registro y compañía telefónica. Asimismo, que en dicha carpeta obran también trece capturas de pantalla de teléfono donde se exhiben fotografías de **** con un masculino. De los cuales, acertadamente concluyó el Juez responsable, existe la posibilidad de que las aquí quejosas, hayan cometido el delito de extorsión con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 204 bis, fracciones I, III y VII, inciso a), del Código Penal para el Estado de Chihuahua, que se les imputa. Refirió enseguida que los datos de convicción que fueron invocados, los cuales, adujo, vistos y analizados a la luz de las reglas de la valoración que contiene los numerales 20 Constitucional apartado A, fracción II, correlacionado directamente con los numerales 263 y 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta esa etapa tan temprana del proceso; en términos del artículo 316 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, acreditan -en grado de probabilidad- el delito de extorsión con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 204 bis, fracciones I, III y VII, inciso a), del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Indicó en primer lugar, se cuenta con la denuncia que interpuso la víctima de nombre María del ***, quien, ante la representación social, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, indicó que a las veintiún horas con treinta minutos aproximadamente (21:30) recibió una llamada a su teléfono celular proveniente del teléfono (***) *** y le dijeron "ya comprobaste que se quedó y no le diste el dinero a los licenciados, necesito que deposites a los números de cuenta que te vamos a mandar" y le colgaron. Que después le marcaron nuevamente y le reiteraron que necesitan el dinero y nuevamente colgaron. Que luego le llamaron de nueva cuenta y que le dijeron que debía entregar el dinero, que sabían que ella estaba sola con su menor hijo, que los matarían si no les daba el dinero que les pedía, es decir, la cantidad de *** 00/100 ($***). Que en total le marcaron ocho veces, pero que sólo contestó esas tres llamadas, por temor a que la siguieran amenazando y en cada una de esas llamadas, se escuchó una voz femenina diferente; y que aunque no tiene la certeza de quienes fueron, creyó reconocer la voz de ***, quien es su sobrina; pues refirió que ***, su esposo, fue condenado a trece años de prisión por el delito de abuso sexual agravado en contra de ***, hermana de ***. Dijo enseguida el Juez responsable, que la víctima refirió en la aludida denuncia inicial, además, que minutos después de las ocho llamadas, recibió un mensaje de texto del mismo número con los números de cuenta a donde debía realizar el depósito de la cantidad que le instaron (*** y ***) amenazándola que en caso de no hacerlo, hasta el domingo (veintitrés de octubre de dos mil veintidós), su esposo pagaría las consecuencias y que si daba aviso a la policía la mandarían matar. Acotó luego el Juez responsable que la víctima en mención (aquí tercera interesada) amplió su denuncia el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, donde otorgó mayores datos respecto de las llamadas extorsivas que recibió; y añadió que el sábado veintidós de octubre de ese año, de diverso número telefónico, la contactaron mediante llamada y le dijeron que tenían conocidos en el lugar donde su esposo *** se encuentra privado de la libertad y que lo mandarían matar, igual que a ella y a su infante hijo. Acotó que se dijo que la víctima adicionó que mediante mensajes de texto provenientes de ese segundo número, le dijeron -con el uso de palabras altisonantes- que si en algo apreciaba su vida, la de su esposo y la de su hijo, pagara la cantidad que le solicitaron, dándole como plazo, en esta ocasión, hasta el lunes veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Siguió el Juez responsable en su relato e indicó que la víctima dijo en su ampliación de denuncia que el domingo veintitrés de octubre de dos mil veintidós, del número (***) ***, de una mujer distinta a las demás, le dijeron que debía dar el dinero o la iban a matar. Enseguida, acotó dicho juzgador que la víctima precisó que recibió un mensaje de texto que decía que ya tenían conocimiento de que no se estaba quedando en su casa y que "para nosotras no hay imposibles". Destacó luego que la víctima adujo que con motivo de la causa penal seguida en contra de su esposo, ***, por abuso sexual cometido en contra de ***, habían acordado que ésta se retractaría de la acusación que vertió en contra de aquél, a cambio de la cantidad de *** 00/100 ($***), lo cual no hizo, ya que ninguna de ellas (las aquí quejosas) se habían presentado a las audiencias para eso, a pesar de que *** ya le había dicho que le diera esa cantidad a sus abogados. Y que, además, en dicha ampliación, la víctima, aquí tercera interesada, dijo que las voces que escuchó en las llamadas extorsivas eran parecidas, por no decir idénticas, a las de su hermana (***) y sus hijas (*** y ***). Luego de aludir a lo anterior, el Juez responsable refirió que el dicho de la denunciante, resultaba digno de otorgársele valor indiciario, en razón de que fue dado a conocer ante el órgano investigador sobre los hechos que se advierte, según lo relató, presenció a través de los sentidos, pues dio cuenta de los mensajes extorsivos que dijo haber sufrido; de los cuales, incluso, posteriormente acudió a ampliar ante los nuevos mensajes amenazantes para que diera la cantidad monetaria que le era exigida tanto vía telefónica como vía mensajes de texto, por féminas cuyas voces, identificó como la de su hermana y sus sobrinas, ya referidas; donde le indicaron, en apariencia, que de no hacerlo, la privarían de la vida a ella, así como a su esposo y a su menor hijo. Resaltó el Juez responsable que dichas amenazas se hallaban documentadas ante la policía investigadora; aunado a que fueron asegurados, con registro de cadena de custodia, dos vouchers, por los depósitos que realizó la víctima a los números de cuentas bancarias que les fueron proporcionados, cuyas titulares resultaron ser, como se dijo, que se advirtió de su contenido, ***) y ***. Aunado a lo previo, destacó el Juez responsable, las declaraciones vertidas por la víctima en dicha denuncia y en su ampliación, fueron contestes con las vertidas ante los agentes policiales ya referidos, quienes así lo hicieron constar en su parte informativo, en el que además obran una seria fotográfica de los mensajes extorsivos, de los que se pueden apreciar la exigencia de la cantidad pecuniaria previamente indicada, así como los textos intimidatorios; así como una captura de las llamadas telefónicas provenientes de los números ya indicados. Ante lo que refirió el Juez responsable que tales datos de pruebas le otorgó valor convictico, en razón de que fueron dados a conocer por un guardián del orden, en acatamiento a las funciones que se le atribuye el numeral 21 Constitucional en relación al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los diversos numerales 228 y 229 de dicha codificación, respecto al aseguramiento de los comprobantes de depósito y las capturas de mensajes y llamadas extorsivos. Por ende, con los referidos datos de prueba, acertadamente, el Juez responsable, tuvo por actualizada -en grado de probabilidad- la conducta desplegada por las aquí quejosas, quienes, en apariencia, coaccionaron a la víctima para que actuara de acuerdo a sus intereses, a través de la intimidación y amenazas de atentar contra su vida, la de su esposo e hijo; obteniendo un lucro. De modo que, al haber realizado esos pagos parciales, a las cuentas *** y ***, por la cantidad parcial de *** 00/100 ($***), -ya que, le ordenaron que les entregara la cantidad de *** 00/100 ($***), cuyas titulares resultaron ser ***) y ***- se generó el detrimento patrimonial en favor de la víctima, quien era extorsionada para efectuarlo, pues se le amenazó con privarla de la vida a ella, a su esposo y a su menor hijo. De lo previo, adujo el Juez responsable, derivaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cuándo surgieron las conductas extorsivas por parte de las sujetos activas del delito, en contra de la víctima; es decir, los días veintiuno, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil veintidós, que la llevaron a que cediera en el depósito de la cantidad total de *** 00/100 ($***), a las cuentas bancarias ya referidas. De tal suerte, que con los datos de convicción que fueron aportados y en esa etapa tan temprana del proceso, dijo la responsable poder determinar -en grado de probabilidad- que las ya referidas fechas, se llevaron a cabo conductas típicas y antijurídicas, pues adujo, que en grado de probabilidad, durante ese periodo, se coaccionó a la aquí tercera interesada, mediante amenazas dirigidas vía telefónica y mensajes de texto, provenientes de los números ***, *** y ***, de atentar contra su vida y la de su familia, si no depositaba la cantidad de *** 00/100 ($***); al respecto, la víctima, por el temor que fue en ella generado, depositó a las dos cuentas bancarias en cita, el monto de *** ($***) en cada una, cuyas titulares resultaron ser ***) y ***. En consecuencia, ante lo anterior, el Juez responsable estimó habían quedado colmados, hasta esa etapa tan pronta del proceso, los elementos normativos que corresponden al delito de extorsión con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 204 bis, fracciones I, III y VII, inciso a), del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Ello, pues, primero, en cuanto a la propia configuración, del ilícito de que se trata: 1. Tres personas activas del delito (***, *** y ***) obligaron la persona pasiva del delito (María del Carmen Amador Vitela) a realizar un acto (el depósito bancario por la cantidad total de *** 00/100 ($***), aunque, pretendían que el total resultara en *** 00/100 ($***); 2. Obligaron, en apariencia, vía telefónica y vía mensajes de texto; 3. Mediante la amenaza de privar a la víctima de la vida, así como a menor hijo y esposo de ella; 4. Con la intención de obtener la cantidad pecuniaria ya citada. Y, respecto de las agravantes contempladas en las fracciones I, III y VII del referido numeral, se materializaron, debido a que: Se consiguió que la víctima, para buscar evitar el daño con que se le amenazó, hiciera dos depósitos bancarios, por la cantidad total de *** 00/100 ($***); Intervinieron tres personas activas en el delito; Quienes tienen una relación de parentesco con la víctima, ya que *** es su hermana, mientras que *** y ***, son sus sobrinas. Respecto de la probabilidad de que fueran las indiciadas, aquí quejosas, quienes hubieran desplegado esas conductas ilícitas, acotó enseguida el Juez responsable que obra el señalamiento y la imputación directa que hizo la víctima, en su contra, al referir que fueron ellas y no diversas personas, quienes aprovechándose del parentesco y de la información sensible que ellas tenían, utilizaron la violencia moral y la intimidación para que les entregara la cantidad de *** 00/100 ($***), aunque sólo obtuvieron la de *** 00/100 ($***), a cambio de no hacerle daño a su esposo, hijo y a ella. Ello, refirió el Juez responsable, se dedujo de la denuncia presentada ante la representación social el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, así como la ampliación de la misma que efectuó ante dicha autoridad el veinticuatro del mismo mes y año, de acuerdo a lo ya señalado anteriormente. Hizo la precisión, en respuesta a lo alegado por la defensa, en el sentido de que en la primera denuncia, señaló la víctima que hasta ese momento no tenía la certeza de que fueran estas personas las que realizaron dichas llamadas (pues dijo sólo creer reconocer a ***), sin embargo, acotó que en la ampliación de denuncia la víctima efectuó una aclaración y mencionó que las voces de las llamadas son similares por no decir que exactas a las de su hermana María Socorro y sus dos hijas *** y ***. Continuó refiriendo el Juez responsable que eso se corroboró y fortaleció con el hecho de que los números de cuenta a donde se exigió que se efectuaran los depósitos, están a nombre de *** y ***; y que si bien, refirió, no se anexaron esos comprobantes de depósito en la carpeta de investigación, sí obra en la misma el acta y cadena de custodia que fueron asegurados por el agente investigador en ejercicio y con motivo de sus funciones, y que no tiene elementos para restar credibilidad a ello; asimismo, puntualizó que en el plazo de cierre de investigación, puede la agente del Ministerio Público, realizar las gestiones pertinentes para que le corra traslado a la defensa con esos comprobantes. Adicionó que en la propia audiencia inicial que culminó con la emisión del acto reclamado, compareció la víctima, aquí tercera interesada, y nuevamente señaló de forma contundente, ante los cuestionamientos de la defensa de las imputadas, que fueron éstas quienes le realizaron la violencia moral para la obtención del monto multicitado, los días veintiuno, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil veintidós, amenazándola que, en caso de no efectuarlo, privarían de la vida a su esposo, a su hijo y a ella misma. De tal suerte que, el Juez responsable, enseguida, refirió que contrario a lo alegado por la defensa, los datos de prueba, adminiculados entre sí y visualizados desde una forma completa y armónica, arrojaban indicios bastantes para, en esa parte del proceso, estimar que en grado de probabilidad, las ahora imputadas, quejosas en este juicio constitucional biinstancial, sí cometieron en grado de coautoras y con dolo, el delito de referencia. Luego, el Juez responsable contestó a lo alegado por el defensor de las aquí quejosas, en el sentido de que no existía un orden lógico y congruente entre los hechos narrados por la víctima en su denuncia y en su ampliación, pues aunque refirió que en un primer momento le exigieron el dinero y le comentaron que le mandarían unos números de cuenta para que depositara, a pesar de eso, después volvió a recibir diversa llamada donde le exigían el dinero, previo a que recibiera esos números de cuenta; y refirió que no advertía que la víctima hubiera incurrido en las contradicciones graves a que refiere, pues lo que le contestó a sus cuestionamientos en audiencia, es lo mismo que había referido en los actos llevados a cabo en sede ministerial, es decir, al realizar su denuncia y posteriormente, ampliarla. El Juez responsable luego se ocupó del alegato del defensor donde dijo que en la ampliación de demanda, se había asentado que era de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós; y le respondió que, tal como lo indicó la agente del ministerio público, ello devino de un error formal, mecanográfico, sin trascendencia, ya que el resto de las fechas narradas en dicha acta, según le refirieron las partes al hacer alusión a la misma, es decir, las fechas de cuando recibió los mensajes y llamadas de voz extorsivos, así como de la denuncia inicial, son correctos; conclusión que este Juzgado Federal, estima acertada. Dijo después el Juez responsable que otro tema que expuso el abogado defensor, es en cuanto a que si existen motivos de la víctima para incriminar falsamente con motivo de rencor, a las imputadas, consideró que si bien es verdad la existencia de un juicio de abuso sexual en contra del esposo de la víctima, donde aparece como víctima en aquel juicio *** y donde se condenó a aquél a trece años de prisión, así como el caso número **********, en el que la imputada *** aparece como víctima y como probables responsables, *** y su esposo; estimó que ello es insuficiente para concluir que debido a eso, necesariamente, la aquí tercera interesada deba guardar un odio o rencor a las aquí quejosas; y que la carpeta de investigación que se sigue en contra de *** y su esposo, puede continuar sus etapas, con independencia de lo que se desarrolle en la causa penal de origen, donde se dictó el acto que ahora se analiza; de tal modo que, estimó que en ese momento procesal, no podía efectuarse esa conclusión, al no haber motivos bastantes para hacerlo. Señaló el Juez responsable que en cuanto a lo referido por el abogado de que la víctima no hizo una diferenciación de la voz de las imputadas y en qué momento recibió llamada de cada una de ellas, que no es motivo suficiente para restarle credibilidad puesto que en esa misma audiencia la propia víctima señaló que reconoce a las tres personas y las reconoce porque son familia y antes convivía con ellas, de modo que conoce sus voces y reconoció que (en apariencia) fueron ellas quienes la llamaron. Después, respecto a lo alegado por la defensa en el sentido de que en el Oxxo le dijeron que no se tenía sistema para las cuentas de *** y ***, y que cómo era posible saber que las cuentas eran de esos bancos, el Juez responsable consideró que en el momento en que la víctima acudió a dichos bancos, ahí es donde le refirieron que tanto la señora ***, así como *** son las titulares de dichas cuentas, pues aparecieron sus nombres en los comprobantes de pago. El Juez responsable contestó al abogado defensor, en torno a que si reconoció por fotografía a las imputadas, es porque son familiares; que en la propia audiencia, las señaló contundentemente como las personas que le llamaron los días veintiuno, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil veintidós, para pedirle dinero a cambio de no hacerle daño a ella ni a su familia. Por lo que hace a las manifestaciones del testigo de la defensa ***, quien refirió que los días en que aparentemente sucedieron los hechos delictivos (mensajes y llamadas de extorsión) se fueron de viaje a Monterrey él y su esposa Yaritza Belem y que regresaron hasta las veintidós horas del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, y que en todo momento estuvo con ella y que no se percató que llamara o mandara mensajes a su tía; consideró el Juez responsable que eso no era razón suficiente para desacreditar el dicho de la víctima, pues la extorsión se efectuó mediante llamadas de voz y mensajes de texto, que pudieron dirigirse desde cualquier parte, sin que fuera necesario que estuviera presente en la ciudad. Además, que respecto a lo que dijo el testigo, en cuanto a que la aquí tercera interesada le llamó el viernes veintiuno de octubre de dos mil veintidós y le dijo medularmente que se iban a arrepentir de lo que le hicieron, acotó el Juez responsable que no exhibió dato de prueba alguno al menos para visualizar la aparente llamada que recibió. En cuanto a la documental pública, referente a la carpeta de investigación donde la víctima y su esposo fueron señalados por *** como quienes cometieron el delito que refirió en su contra, aunque el Juez responsable le reconoció valor probatorio en virtud de que fue emitido por la autoridad competente, dijo que es insuficiente para demostrar en grado de indicio que la víctima, aquí tercera interesada, guarda odio o rencor en contra de las quejosas. De manera que, como lo concluyó el Juez responsable, en este caso, existen datos de prueba que adminiculados y concatenados entre sí de forma lógica y natural, permiten concluir, al menos en grado de probabilidad en tal etapa procesal, que las aquí quejosas, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar ya descritas, extorsionaron a la víctima, aquí tercera interesada, mediante diversos mensajes de texto y llamadas telefónicas, con el objeto de obtener un lucro patrimonial, a cambio de no privarles de la vida a ella, a su menor hijo y a su esposo. Además, como también lo señaló el Juez responsable, en este momento procesal, conforme al artículo 19 Constitucional, únicamente se requieren datos que demuestren la probabilidad de que la parte imputada haya participado en la conducta típica que se le atribuye, extremo que en el caso, conforme a todo lo expuesto, efectivamente se demuestra. Por lo que, le dictó auto de vinculación a proceso, ante tal probabilidad de la comisión del delito de referencia. Con lo que se estima además, que el Juez responsable acató la obligación que tenía de fundar y motivar dicha determinación, fue colmada; pues, además de invocar las porciones normativas aplicables para sustentar la resolución de que se trata, demostró fehacientemente las razones por las cuales consideró, que existe la posibilidad de que las aquí quejosas hayan cometido el ilícito de que se trata. Para lo cual, además, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes destacados en los medios de prueba; las circunstancias consideradas por las partes; y, finalmente, resolvió procedente la vinculación a proceso de las aquí peticionarias del amparo. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Asimismo, encuentra sustento -por identidad de razones- en la tesis XXVII.3o.20 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, febrero de dos mil dieciséis, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS. De la interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, porque si no se establece con precisión el ilícito con todos los elementos normativos y subjetivos específicos que lo integran, esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que el Juez de control conozca cuál es el ilícito materia de la imputación, lo que implica -inmediata o intrínsecamente- que éste efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar los elementos mencionados; máxime que este estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del inculpado y crea seguridad jurídica, incluso, conlleva que se prepare adecuadamente la defensa para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del juicio correspondiente. Concluido el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, respecto a dicho acto, en términos del ya citado artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Primer concepto de violación Indicado lo anterior, en su primer concepto de violación, la parte accionante del amparo, por conducto de sus (entonces) defensores particulares) argumenta medularmente lo siguiente: Que de los escasos medios de prueba no se acreditó ni en grado de posibilidad, la conducta que se les reprochó; pues se dijo que las tres imputadas contactaron a la víctima en diversos días para extorsionarla, pero no se sabe cuál de las imputadas llamó o mandó mensajes el veintiuno, el veintidós o el veintitrés de octubre de dos mil veintidós, de qué número llamaron o mandaron textos en cada una de las ocasiones; que tampoco se acreditó que le hubieran llamado; ni se acreditó que los números telefónicos desde donde se emitieron los mensajes y llamadas le pertenecieran a las imputadas, pues no existe dato de la existencia previa de esos números. Que el Juez pasó por alto el hecho de que la víctima, en la audiencia, dijo que reconoció la voz de sus dos sobrinas aun y cuando anteriormente había manifestado que el veintiuno de octubre de dos mil veintidós recibió múltiples llamadas a su celular y que sólo contestó tres de ellas y que le pareció que se trataba de la voz de su sobrina Yaritza Belem. Que cayó en incongruencia al decir primero que le pidieron que depositara el dinero que le pidieron a unos números de cuenta bancaria y que después dijo que recibió un mensaje donde refiere cómo le iban a hacer para entregar el dinero; y posteriormente, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, al haber depositado, en apariencia en el voucher aparecían como titulares de la cuenta su hermana y su sobrina, pero que la denuncia se interpuso anteriormente, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Que el Juez responsable se equivocó al valorar el informe policial rendido por el agente Fernández Chacón de veinticinco de octubre de dos mil veintidós; ya que el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, la víctima únicamente contaba con los números de cuenta y no a qué sucursales pertenecían; y que la persona del Oxxo le dijo que no tenía sistema para esos dos bancos en particular. De modo que, refiere, no era posible que la víctima supiera las sucursales bancarias para depositar, si sólo tenía las cuentas. Que es absurdo que el Juez dé por cierto que se aseguraron dos vouchers, si el agente del Ministerio Público, en audiencia, admitió no se encontraban en la carpeta de investigación; porque, dice, la información se la dio la víctima al agente vía whatsapp, no en las instalaciones de la fiscalía para que pudieran asegurarse esos comprobantes. Que como era posible que a la víctima le haya generado sorpresa ver el nombre de su hermana y de su sobrina en los vouchers, si ella misma fue quien acudió a denunciarlas el veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Que la víctima únicamente reconoció a las imputadas por fotografía, porque son familiares, pero no hubo un reconocimiento por voz. Que el Juez se equivocó al determinar que existía odio o rencor por parte de las imputadas hacia la víctima, porque un día antes de la sentencia condenatoria emitida en contra de la pareja sentimental de la víctima, fue con las imputadas a ofrecerles dinero, un carro o pagar los estudios de una de ellas, de modo que de quien existe odio o rencor es de la víctima hacia las imputadas, porque el mismo día que se dicta sentencia, se interpone la denuncia. Es infundado en su totalidad tal motivo de disenso. (1) Respecto a lo señalado por la parte quejosa, en el sentido de que de los medios de prueba no se acredita ni en grado de posibilidad, la conducta que se les reprocha; no le asiste la razón. Los elementos de prueba que fueron ofertados tanto por la representación social, como la propia defensa de la aquí parte quejosa, se desprendieron indicios bastantes para, en la etapa en que actualmente se encuentra el proceso, concluir en grado de probabilidad de las imputadas participaron mediante coautoría, en su comisión. Es así sino todos los que invocó la agente del ministerio público en la audiencia respectiva, mismos que fueron adminiculados y analizados en su integridad, de forma armónica y lógica por el Juez responsable para determinar, en grado de probabilidad, la participación de la aquí quejosa en el ilícito de que se trata. Para determinar lo anterior, tomó en cuenta los datos de prueba que relacionó el agente del Ministerio Público, consistentes en: Acta de denuncia ante agente del Ministerio Público de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, realizada por la víctima, ***, en la que refirió, de forma esencial, que ese mismo día, empezó a recibir llamadas donde le exigían la cantidad de *** 00/100 ($***). Que en cada una de esas llamadas, se escuchó una voz femenina diferente; y que aunque no tiene la certeza de quienes fueron, creyó reconocer la voz de ****, quien es su sobrina, hija de ***. Que minutos después de las ocho llamadas, recibió un mensaje de texto del mismo número que decía "*** y ***, aquí haz el depósito de los *** 00/100 ($***), muévete, el tiempo corre y tu esposo seguirá pagando las consecuencias, ni se te ocurra llamar a la policía o lo vamos a mandar matar, tienes hasta el domingo en la tarde para darnos el dinero". Acta de ampliación de denuncia signada por la víctima, de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en la cual refirió que el sábado veintidós de octubre de dos mil veintidós empezó a recibir llamadas de un diverso número telefónico, que le marcaron varias veces pero no contestó por miedo; que finalmente sí contestó una de las llamadas, que la voz que escuchó era de una mujer diferente que le indicó que tenían gente para matar a Pablo, su esposo, en el centro de reclusión donde se encuentra privado de la libertad y que ella sabía lo que le podía pasar a su hijo. Que el domingo recibió diversa llamada del número (***) *** de una mujer, en la cual le dijeron que les diera ese dinero, que si no la van a mandar matar, a ella, a su menor hijo *** y a su esposo, que después le colgó. Que las voces que escuchó esos días eran exactas a las de su hermana (***) y sus hijas (*** y ***). Parte informativo emitido por los agentes de investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, *** y ***, de veinticuatro de dos mil veintidós. Serie fotográfica de mensajes extorsivos, de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, que consta de seis imágenes fotográficas donde se pueden apreciar los mensajes de texto extorsivos, de los números telefónicos que refirió, así como la captura de las llamadas extorsivas que recibió de éstos. Reconocimientos de personas por fotografía de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, donde la víctima, ante agente de Ministerio Público, describió a las imputadas y las reconoció de entre cuatro fotografías, por separado, de cada una de las imputadas, con diversas imágenes de personas con características físicas similares. Informe policial signado por *** quien señaló que el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, a las catorce horas, la víctima se comunicó con él y le indicó que por el temor que sentía por su integridad y la de su familia (su esposo y su menor hijo) depositó la cantidad de *** 00/100 ($***), en dos depósitos diferentes, de *** ($***) cada uno, a las cuentas bancarias que se le refirieron en los mensajes de texto extorsivos que había recibido. Que realizó el deposito a la primer cuenta a la terminación *** en la cual apareció como titular de la cuenta ***; y que de la segunda cuenta con terminación *** el comprobante arrojó que estaba a nombre de ***. Registro de cadena de custodia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, de dos vouchers de depósito de las instituciones bancarias *** por cinco mil pesos ($***) cuya titular resultó ser *** y de *** por el mismo monto, a nombre de ***. Asimismo, por su parte, la defensa ofertó los siguientes elementos de prueba: Declaración de la imputada ***, en la que hizo alusión a la existencia de diversa carpeta de investigación seguida en contra de su hermana, *** del ***, así como en contra del esposo de ésta, por haber ambos, aparentemente, obtenido de su teléfono celular sin su consentimiento, diversas fotografías con las que la extorsionaron para que les pagara una cantidad de dinero (*** 00/100 ($***). Declaración de la imputada ***, quien refirió que era la víctima quien la amenazaba y que inclusive, trató de sobornarlas con una suma de dinero en efectivo, un auto y el pago de sus estudios, para que retiraran los cargos por abuso sexual en contra de su pareja Declaración de la víctima, ***, quien reiteró ante el interrogatorio de la defensa y de la agente del Ministerio Público, que fueron las aquí quejosas quienes la extorsionaron tanto vía telefónica como vía mensajes de texto, los días veintiuno, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil veintidós; y que, para lograrlo, la amenazaron en varias ocasiones que en caso de no darles la cantidad que le exigían, ya indicada, la matarían, así como a su hijo y a su pareja. Declaración del testigo de nombre ***, quien es esposo de la imputada de nombre ***, quien dijo, en esencia, que los días en que aparentemente se dieron los eventos delictivos, él y su esposa se encontraban de viaje en la ciudad de Monterrey. Copia certificada de diversas constancias, por la agente del Ministerio público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, de la carpeta de investigación con número de caso ***, de la que se refirió, esencialmente, que inició con denuncia de quince de enero de dos mil veintiuno, por *** (aquí quejosa), en contra de *** (aquí tercer interesada) y *** (esposo de la aquí tercera interesada), por las fotos de la primera, que en apariencia, tomaron sin permiso éstos dos últimos. Medios de prueba que, contrario a lo estimado por la parte quejosa, se estiman suficientes para determinar, en grado de probabilidad, la comisión del ilícito de que se trata, en contra de la aquí tercera interesada; además, igualmente en grado de probabilidad, que hayan sido las aquí quejosas quienes lo cometieron, pues de la totalidad de esos elementos de prueba, analizados por el Juez responsable de forma armónica y lógica, así se desprendió. Así, el Juez responsable, atendiendo al estándar probatorio que opera en la etapa en que el asunto se encuentra, tomó en cuenta los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar -en grado de probabilidad- que los hechos configuran el delito ya precisado y la posibilidad de que las imputadas haya participado en su comisión; con lo que coincide este Juzgado Federal, como ya se ha referido. De manera que, aunque la víctima no dijo cuál las tres imputadas llevó a cabo llamadas o le mandó mensajes a su número veintiuno, veintidós o veintitrés de octubre de dos mil veintidós, de qué número telefónico llamaron en cada uno de esos momentos y tampoco se acreditó fehacientemente que le hubieran llamado precisamente ellas, señaló de forma contundente, tanto en la ampliación de la demanda como en su declaración en la audiencia inicial, que las voces de las extorsionadoras eran idénticas a las de las imputadas. Asimismo, se precisa a la defensa de la aquí parte quejosa que la etapa intermedia tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba; y podrá, de ser su deseo, ofrecer los medios de prueba que estime adecuados para desplegar su teoría defensiva. Así pues, el análisis de los medios de prueba, en este momento procesal, arrojan datos de prueba suficientes para estimar en grado de probabilidad que en la persona de la víctima se ejecutó la conducta típica ya descrita. Lo anterior, pues en el momento procesal que guarda la causa penal, los datos de prueba ya listados, no pueden ser apreciados conforme al estándar de valoración correspondiente a un medio de convicción como tal, esto es, no puede exigirse que la información que de tales diligencias sea demostrada fehacientemente, de manera que tengan pleno valor probatorio, pues ese ejercicio de valoración corresponde a una etapa posterior del proceso penal; mientras que, se insiste, para dictar un auto de vinculación a proceso, como lo señala el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es suficiente que se cuente con datos de prueba con los que se demuestren los extremos indicados, en grado de probabilidad. Asimismo, ninguno de los datos de prueba invocados por la representación social, fue controvertido durante la audiencia de vinculación a proceso, más que argumentativamente, desvirtuándose por parte del Juez responsable, en audiencia, de forma acertada; pero no a través del ofrecimiento de dato de prueba eficaz alguno. Respecto a lo que manifiesta la parte quejosa, en el sentido de que tampoco se acreditó cuáles mensajes extorsivos fue realizado por cada una de las imputadas y qué días; ni se acreditó que los números telefónicos desde donde se emitieron los mensajes y llamadas le pertenecieran a las imputadas, pues no existe prueba de la existencia previa de esos números; también son infundadas dichas argumentaciones. Ello, pues, se reitera, en el momento en que se encuentra la causa penal de origen, no era preciso que se acreditara mediante pruebas dichas circunstancias, sino, se repite, que en grado de probabilidad de haya efectuado el ilícito del que la víctima se dolió y que, en grado de posibilidad, las aquí quejosas hayan participado en su comisión, lo que así sucedió. En efecto, del análisis integral y racional de los elementos de prueba que fueron aportados por ambas partes en la continuación de la audiencia inicial, tal como lo hizo el Juez responsable, deviene válido concluir que los días veintiuno, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil veintidós, las aquí quejosas, mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto dirigidos al celular de la víctima, la conminaron a que les hiciera el pago, a través de depósito a las dos cuentas bancarias que le refirieron, por *** ($***); al respecto, por el temor que le fue infringido y debido a que fue amenazada de muerte, al igual que su esposo e hijo, accedió al depósito parcial de la cantidad de *** ($***) a las dos cuentas bancarias que le fueron referidas (cinco mil pesos a cada una de ellas) y de los comprobantes de pago -que fueron asegurados por los agentes policiacos que ya fueron referidos, como se puso de manifiesto mediante la cadena de custodia respectiva- se desprendió, que las titulares de dichas cuentas bancarias, resultaron *** y ***. (2) En su siguiente argumento, las quejosas, a través de sus defensores, adujeron que el Juez responsable pasó por alto el hecho de que la víctima, en la audiencia, dijo que reconoció la voz de sus dos sobrinas aun y cuando anteriormente había manifestado que el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, recibió múltiples llamadas a su celular y que sólo contestó tres de ellas y que le pareció que se trataba de la voz de su sobrina ***. No le asiste la razón a la parte peticionaria del amparo. Se asevera lo previo, pues, como fue destacado en líneas precedentes, aunque en un primer momento la víctima, en la denuncia inicial, de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, haya dicho que de las tres distintas voces que escuchó, le pareció que una de ellas correspondía a la imputada de nombre ***; en la ampliación de denuncia, de veinticuatro del mismo mes y año, tras haber recibido diversas llamadas telefónicas extorsivas, dijo haber reconocido las voces de las aquí quejosas, pues dijo que esas voces se parecían a las de ellas, por no decir que le resultaron idénticas. Por tanto, adverso a lo que manifiesta, el Juez no pasó por alto dicha situación, pues, se precisa, en la ampliación de demanda, sí dijo haber reconocido las voces de las tres, al haber mencionado que sonaban idénticas a las de las aquí quejosas; lo que igualmente externó en la continuación de la audiencia inicial que concluyó con la emisión del auto de vinculación a proceso aquí reclamado; asimismo, se repite, al haber analizado el cúmulo de elementos de prueba que le fueron allegados por las partes, concluyó el Juez responsable que sí había la probabilidad de que las aquí accionantes del amparo sí hubieran cometido dicho ilícito. (3) Luego, la aquí parte quejosa aduce que la víctima (aquí tercera interesada) cayó en incongruencia, al decir primero que le pidieron que depositara el dinero que le pidieron a unos números de cuenta bancaria y que después dijo que recibió un mensaje donde refiere cómo le iban a hacer para entregar el dinero; y posteriormente, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, al haber depositado, en apariencia en el voucher aparecían como titulares de la cuenta su hermana y su sobrina, pero que la denuncia se interpuso anteriormente, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Tampoco le asiste la razón a la parte quejosa. Es así, como se ha hecho referencia en diversas ocasiones, la víctima presentó su denuncia inicial ante la representación social correspondiente, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós; empero, el veinticuatro de octubre de ese año, la amplió, dando mayores datos respecto de las llamadas y mensajes a través de los cuales había estado siendo extorsionada, así como las impresiones que obtuvo, al haber distinguido las voces de su hermana y sus sobrinas, aquí quejosas. Además, el hecho de que en un inicio haya dicho que le comentaron en llamada que le iban a mandar unas cuentas bancarias para que hiciera el depósito de la cantidad que le exigieron y que, previo a enviarse dicho mensaje de texto, hubiera recibido diverso llamado telefónico donde le dijeron que tenía que dar el dinero; no estima esta juzgadora que necesariamente deba estimarse una contradicción, pues la segunda llamada pudo efectuarse simplemente para ejercer presión y violencia moral en contra de la víctima y de esa forma, coaccionarla a que, una vez que le enviaran las cuentas bancarias, efectuara el depósito. De manera que, ante lo anterior, es evidente que, contrario a su percepción, la víctima no incurrió en contradicciones en lo que externó. (4) Enseguida, los defensores de las quejosas, en la demanda de amparo que originó este asunto, argumentaron que el Juez responsable se equivocó al valorar el informe policial rendido por el agente *** de veinticinco de octubre de dos mil veintidós; pues que el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, la víctima únicamente contaba con los números de cuenta y no a qué sucursales pertenecían; y que la persona del Oxxo le dijo que no tenía sistema para esos dos bancos en particular. De modo que, refiere, no era posible que la víctima supiera las sucursales bancarias para depositar, si sólo tenía las cuentas. Primero, se reitera: en la etapa procesal en que se encuentra la causa penal de origen, los datos de prueba, ya listados, no pueden ser apreciados conforme al estándar de valoración correspondiente a un medio de convicción como tal; en otras palabras, no puede exigirse que la información que de tales diligencias sea demostrada fehacientemente, de manera que tengan pleno valor probatorio, pues ese ejercicio de valoración corresponde a una etapa posterio r del proceso penal. El Juez responsable, a ese elemento de prueba en particular, le otorgó valor indiciario; pues fue emitido por un funcionario con base en sus atribuciones de órgano investigador de que lo enviste el artículo 21 Constitucional, que precisa expresamente que la representación social tiene a su cargo la investigación de las conductas aparentemente delictivas y tendrá bajo su conducción a los elementos policiacos respectivos, quienes la auxiliarán en el ejercicio de tal función. Respecto a lo que enseguida aduce, en torno a que el veinticuatro de octubre la víctima únicamente contaba con los números de cuenta y no a qué sucursales pertenecían; y que la persona del Oxxo le dijo que no tenía sistema para esos dos bancos en particular, de modo que, según su parecer, no era posible que supiera la víctima, las sucursales bancarias en lo particular, si sólo tenía las cuentas; no le asiste la razón. En primer lugar, debe precisarse que la víctima refirió que la persona del Oxxo, no le dijo que no había sistema para dos bancos en particular, sino, en general, que no contaba con sistema, para depósitos bancarios. Luego, el hecho de que no pudieran efectuarse depósitos bancarios, debido a la falla que se dijo, presentó en ese momento el sistema de la tienda de autoservicio en cita, no implica que no se hubieran podido ingresar los números de cuentas bancarias con que contaba la víctima y, de esa forma, poder conocer a qué banco correspondían. A pesar de las múltiples instituciones bancarias que existen en el país, no existen los números de cuenta, o de las tarjetas vinculadas a éstas, idénticos. De manera que, por un número individual de tarjeta, de cuenta bancaria o de clabe interbancaria, puede conocerse, a cuál de estos pertenece. Sentado lo anterior, es necesario precisar a la parte quejosa que institución bancaria y sucursal bancaria, no son sinónimos; una institución bancaria, puede contar con diversos establecimientos donde despliegue sus actividades bancarias, a los que se les denomina sucursales; y para efectuarse un depósito en determinado banco, no es preciso conocer cuál es la sucursal bancaria de origen de la cuenta (es decir, donde ésta se apertura) sino que, en cualquier sucursal de ese banco, puede efectuarse el depósito con el número de tarjeta o de cuenta de ese banco (o con clabe interbancaria, en caso de que la misma pertenezca a uno distinto). Ahora bien, establecido lo anterior, es evidente que la víctima bien pudo abstraer de esa tienda de autoservicio, al haber solicitado al cajero la realización de los depósitos que pretendía hacer, a qué bancos pertenecían los números de cuenta que le fueron dados; y, de esa forma, ante la imposibilidad que tuvo de realizarlo en ese lugar por la falla en el sistema de depósitos, acudió directamente a los bancos a realizarlos. De los depósitos bancarios efectuados, los bancos emiten comprobantes de depósito, también conocidos como vouchers, en los que aparecen elementos inmanentes, tales como el banco, monto depositado, el lugar, hora, sucursal, así como el también el titular de la cuenta bancaria de que se trata. De tal suerte que, por lo anterior, no le asiste la razón a la aquí parte quejosa en el argumento en análisis. (5) Después, la parte quejosa refirió que es absurdo que el Juez dé por cierto que se aseguraron dos vouchers, si el agente del Ministerio Público, en audiencia, admitió no se encontraban en la carpeta de investigación; porque, dice, la información se la dio la víctima al agente vía whatsapp, no en las instalaciones de la fiscalía para que pudieran asegurarse esos comprobantes No asiste la razón a la parte quejosa. Como bien lo asentó el Juez responsable, el hecho de que en ese momento no se contara de forma física con los vouchers que fueron asegurados, en la carpeta de investigación -tal como aceptaron las partes en audiencia- no implica que no existan o que se trate de información falsa, pues esa simple aseveración es insuficiente para menoscabar la credibilidad del actuar de los elementos policiacos que efectuaron el aseguramiento y la cadena de custodia correspondiente, que sí obra en dicha carpeta investigativa. Además, como bien lo indicó el Juez responsable, en el plazo de cierre de investigación, puede la agente del Ministerio Público, realizar la gestiones pertinentes para que le corra traslado a la defensa con esos comprobantes. (6) Posteriormente, la parte quejosa aduce que como era posible que a la víctima le haya generado sorpresa ver el nombre de su hermana y de su sobrina en los vouchers, si ella misma fue quien acudió a denunciarlas el veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Tal alegación, sin apoyo alguno, es una apreciación subjetiva de la defensa de la aquí quejosa; pues el hecho de que la víctima haya referido que le sorprendió encontrar los nombres de tales familiares en los comprobantes de pago bancario, a pesar de que ya había ocurrido a presentar su denuncia inicial precisamente, no implica que haya incurrido en contradicción o que debía encontrarse impedida para experimentar dicho sentimiento. (7) Luego, refiere la parte quejosa que únicamente se reconocieron a las imputadas por fotografía, porque son familiares, pero no hubo un reconocimiento por voz. Respecto a ello, como ya se ha mencionado supra líneas, en la etapa intermedia, se puede ordenar el desahogo de la prueba que estime correspondiente para dilucidar el punto; o incluso, puede ofertarlo así el defensor, de ser ello viable para su teoría defensiva. Lo previo pues, se reitera, en este momento procesal no debe tenerse por acreditada la conducta ilícita de que se trata, sino, con base en el estándar probatorio que lo rige, basta con que existan indicios que analizados razonablemente permita aducir, en grado de presunción, la probable participación de las imputadas en aquélla. Asimismo, se reitera, en el momento procesal en que se encuentra la causa penal natural, el estándar probatorio es bajo y basta con que se estime razonablemente, que existe la probabilidad de que la parte imputada participó en la comisión del ilícito de que se trata, para emitir auto de vinculación a proceso; lo que esta Jueza Constitucional estima, fue adecuado, como se ha venido acotando. (8) Después, aducen las quejosas el Juez se equivocó al determinar que existía odio o rencor, que porque un día antes de la sentencia condenatoria emitida en contra de la pareja sentimental de la víctima, fue con las imputadas a ofrecerles dinero, un carro o pagar los estudios de una de ellas, de modo que de quien existe odio o rencor es de la víctima hacia las imputadas, porque el mismo día que se dicta sentencia condenatoria contra su esposo, interpone la denuncia. Respecto a dicha manifestación, adverso a lo que señalan los defensores particulares de las quejosas, fue precisamente el abogado defensor quien en audiencia, aseveró que existía odio o rencor por parte de la víctima hacia las imputadas; y en momento alguno, el Juez responsable indicó que existían esos sentimientos por parte de las imputadas hacia la víctima. Por lo que hace al resto de la aseveración vertida, en audiencia, ningún dato de prueba ofertó la defensa para corroborar en grado de indicio dicha manifestación, por lo que se tiene como una simple alegación subjetiva, sin sustento alguno. Segundo concepto de violación Después, en el posterior motivo de disenso, la parte accionante del amparo adujo: Que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como los artículos 259, 265, 316, fracción III, 356 y 359, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues aduce que al Juez responsable le correspondía valorar y analizar de manera lógica los datos de prueba ofertados por las partes. Es infundado en su totalidad dicho concepto de violación. Primero, por lo que hace a la aparente vulneración de los artículos 14 y 16 Constitucionales por parte del Juez responsable, no le asiste la razón a la parte accionante del amparo. Debe destacarse que, es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos, de conformidad con el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) establecen si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Con relación a ello, debe acotarse que en las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como fue ya destacado antes en este fallo, se encuentra la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional. Esta garantía obliga a la autoridad a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la apelación así como las demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes, de tal forma que resuelva sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Al respecto, el Juez responsable, en su determinación combatida, ya transcrita, contrario a lo estimado por la aquí quejosa, sí cumplió con una adecuada fundamentación y motivación y acató las formalidades esenciales del procedimiento, tal como fue demostrado previamente al efectuarse el análisis oficioso de la determinación de que se trata. Ahora bien, respecto a lo referido por la parte peticionaria del amparo, en el sentido de que se vulneraron en su perjuicio los artículos 259, 265, 316, fracción III, 356 y 359, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, tampoco le asiste la razón. A pesar de que algunos de ellos ya fueron previamente referidos; para mayor claridad, se invocan nuevamente enseguida: Artículo 259. Generalidades Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: (.) III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Artículo 356. Libertad probatoria Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código. Artículo 359. Valoración de la prueba El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. De dichos artículos, se desprende en esencia: Que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia. Asimismo, se define cómo deben valorarse los datos de prueba y las pruebas. Que uno de los requisitos para emitir un auto de vinculación a proceso, es que de los antecedentes de la investigación se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que el Juez valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. Primero, debe reiterarse a la parte quejosa que en este momento procesal no se valoran aun pruebas, sino medios de prueba. Además, no se desprende que el Juez responsable haya vulnerado alguno de dichos artículos; pues adminiculó en su conjunto los datos de prueba ofertados y luego de un análisis razonado, estimó que eran bastantes, en ese momento procesal, para estimar en grado de probabilidad, que la aquí parte quejosa cometió el delito de referencia; como ha sido expuesto en varias ocasiones a lo largo de este considerando. Además, únicamente tomó en consideración los datos de prueba que fueron ofertados en audiencia. Lo que evidencia que no le asiste la razón a la parte peticionaria del amparo. Por último, en tal motivo de disenso, el accionante del amparo adujo que correspondía al Juez responsable valorar y analizar de manera lógica los datos de prueba ofertados por las partes, no de manera dogmática, como lo hizo. Sin que pueda estimarse, como lo afirmó la parte peticionaria del amparo, que el Juez responsable haya inferido infundada o dogmáticamente que se verificó la conducta típica que en grado de probabilidad se le atribuye, pues dicho juzgador sí expuso las razones por las cuales consideró que en este momento procesal los datos de prueba que adminiculados entre sí le permitieron concluir que se cometió en perjuicio de la víctima el delito de extorsión con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 204 bis, fracciones I, III y VII, inciso a), del Código Penal para el Estado de Chihuahua, aparentemente, por parte de las aquí quejosas; además, tal como lo indicó dicha Jueza, ninguno de dichos datos de prueba fueron controvertidos durante la audiencia de vinculación a proceso, más que argumentativamente, desvirtuándose de forma acertada. Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del hecho señalado en la ley como el delito mencionado y la participación de la aquí parte quejosa en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a las quejosas, María Socorro Vitela Bustamante, Yaritza Belem Vizcarra Vitela y Dora Areli Vizcarra Vitela, con relación al auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 8196/2022 el dos de noviembre de dos mil veintidós, por su probable participación en el delito de extorsión con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 204 bis, fracciones I, III y VII, inciso a), del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Séptimo. Análisis de la prisión preventiva reclamada. Respecto a dicho acto, aducen las quejosas en sus motivos de disenso relativos que no había necesidad de cautela; que el Juez no justificó de manera suficiente las razones por las cuales consideró imponer la medida, pues el delito no está contemplado en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y sólo tomó en consideración las manifestaciones de la víctima, basándose en supuestos mensajes con los que evidenciaba las amenazas que le habían las aquí quejosas y que éstas podrían destruir la evidencia (teléfonos celulares). Asimismo, dicen que la medida de prisión preventiva es excepcional y su imposición procede cuando no haya otras idóneas para lograr el fin buscado; que no en función de la pena que establezca el delito que se imputa al inculpado. Previamente a dar respuesta a los argumentos anteriores, conviene tener presente el contenido de los artículos 153, 154 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales legislación aplicable en el acto reclamado por la autoridad responsable, que se transcriben para una mejor comprensión. Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas. Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325; XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII. (.) De los preceptos antes trascritos se advierte que para la imposición de una medida cautelar se deben observar los siguientes requisitos: Que formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o Que se haya vinculado a proceso al imputado. Además, que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar: La comparecencia del imputado en el juicio. El desarrollo de la investigación. La protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Así, como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del Código Nacional. Asimismo, se desprende que el Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los siguientes casos: delincuencia organizada. homicidio doloso. Violación. Secuestro. Trata de personas. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Ahora, debe puntualizarse que la medida cautelar de la prisión preventiva por delito sancionado con pena privativa de libertad es una excepción a las garantías de libertad y de audiencia previa, que tiene por objeto preservar el adecuado desarrollo del proceso y asegurar la ejecución de la pena, así como evitar un grave e irreparable daño al ofendido o a la sociedad, en prioridad al interés social sobre el particular. En ese sentido, la medida cautelar de la prisión preventiva constituye un acto de molestia, por lo que sólo debe cumplirse con las garantías consagradas en el artículo 16 Constitucional. Ahora bien, del análisis del acto reclamado en estudio, se advierte que la autoridad responsable sí cumplió con la garantía de fundamentación y motivación, al precisar como fundamento los preceptos jurídicos aplicables y que establecen la hipótesis que generó su emisión, al señalar los dispositivos 153, 159, 168, 169 y 170, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, expuso de forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto; existiendo, además, adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Ahora bien, como acertadamente lo puntualizó la agente del Ministerio Público de la Federación, el ilícito de que se trata, que además, se encuentra con agravante, es uno de los que atenta, entre otros bienes jurídicos titulados, contra el libre desarrollo de la personalidad de la víctima, al infringirle un estado de intranquilidad, perturbación y zozobra respecto de su integridad, la de su hijo y su esposo; lo que le impide el libre desarrollo de su personalidad. No obstante, como bien lo refirió expresamente el Juez responsable, no fue acotado de forma precisa por el legislador en los numerales relativos, ya transcritos; y el delito de que se trata no es uno de los que amerita prisión preventiva oficiosa -a pesar de la afectación que infringe en el ánimo de la víctima, con la coacción e intimidación-. Sin embargo, refirió que tal como lo señala el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la representación social únicamente podrá solicitar la medida de que se trata, sólo cuando las demás sean insuficientes para garantizar la presencia del imputado el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, entre otros. Al respecto, en el caso, como acertadamente lo destacó el Juez responsable y como ya se ha mencionado a lo largo de esta sentencia, fue exigido a la víctima, aquí tercera interesada, la cantidad de *** 00/100 ($***) para no matarla a ella, a su hijo y a su esposo; es decir, fue intimidada y coaccionada mediante violencia moral que recibió a través de mensajes de texto y de llamadas telefónicas; además, se encuentra sin su esposo (quien está privado de su libertad con motivo de una sentencia condenatoria, como ya fue referido) y dadas las amenazas, se estimó pertinente la aplicación de dicha medida en contra de las quejosas, para salvaguardar la protección de la víctima. Para considerar lo previo, aludió el Juez responsable, que se cuenta, entre otros elementos de prueba -que ya han sido referidos en este fallo- con las capturas de mensajes amenazantes por parte, en apariencia, de las imputadas; donde le decían que de no acceder al pago del monto que pretendían, privarían de la vida a su hijo, a su esposo y a ella misma; mensajes que fueron documentados por agentes investigadores. Además, el Juez responsable también consideró, como lo alegó la representación social (aquí tercera interesada) que dado el vínculo de parentesco que existe entre las imputadas y la víctima, aquéllas cuentan con información sensible de ésta, tal como los lugares donde desenvuelve sus actividades cotidianas, su domicilio, donde labora, por mencionar algunos; de modo que, es un aspecto endeble, en perjuicio de la víctima y su seguridad. Después, el Juez responsable abordó el argumento de la representación social, en el sentido de que, en términos del artículo 169 de la aludida codificación, existe un riego latente de obstaculización del procedimiento, toda vez que las imputadas podrían destruir o alterar evidencia como los teléfonos celulares a través de los cuales se emitieron las extorsiones en contra de la víctima; y refirió que no le asistía la razón, pues no se apoyaba para esa aseveración en elemento de prueba alguno que así lo evidenciara, en grado de probabilidad. Así, el Juez responsable expuso de forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, mediante adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso; y concluyó, acertadamente, la aplicación de la medida de que se trata. Dicho razonamiento se estima apegado al orden constitucional, si se toma en consideración que, como bien lo refirió la autoridad responsable en la audiencia respectiva, era necesario garantizar la seguridad e integridad de la víctima; sobre todo por el hecho de que, por ser familiares, cuentan las imputadas con conocimiento completo de sus actividades cotidianas, lugares frecuentados, donde vive, que su esposo se encuentra privado de la libertad; y en general, conocen de datos sensibles que le podrían generar un perjuicio grave a la víctima, su integridad o su vida, así como la de su esposo e hijo, como ya se ha referido. Tampoco se viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, porque la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, y en el caso, la medida cautelar impuesta se encuentra contemplada en la codificación en comento, como ya fue resaltado; la cual podrá solicitar el Ministerio Público cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación o la protección de la víctima, o bien el Juez de control la ordenará oficiosamente en las hipótesis ahí previstas. Orienta lo anterior la tesis 1a. CXXXV/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 493, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada. De manera que, contrario a lo que consideró la parte quejosa, en cuanto a que no había necesidad de cautela y que el Juez no justificó de manera suficiente las razones por las cuales consideró imponer la medida, como ya se puso de manifiesto, no le asiste la razón. Además, el que el delito no esté contemplado en las hipótesis que lista el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no implica que no pueda aplicarse tal medida o que deba vedarse para otras conductas delictivas; pues como refirió el legislador ordinario en el inicio precisamente de tal artículo, esa medida cautelar gravosa deberá aplicarse, cuando las otras devengan insuficientes, entre otros aspectos, para garantizar la seguridad de la víctima, como en el caso en análisis. Asimismo, contrario a lo que relata la parte quejosa, el Juez responsable no sólo tomó en consideración las manifestaciones de la víctima, basándose en supuestos mensajes con los que evidenciaba las amenazas que le habían las aquí quejosas, pues vinculó diversos elementos de prueba que fueron ofrecidos por la representación social para justificar su petición. En cuanto a lo que señala, en el sentido de que supuestamente, se impuso dicha medida cautelar por el riesgo de que las imputadas destruyeran evidencia, como ya se destacó, el propio Juez responsable, en audiencia, contestó a la agente del Ministerio Público que esa apreciación era subjetiva y que no tenía apoyo alguno para tomarse en cuenta. Enseguida, en torno a lo que argumenta la aquí parte quejosa, con relación a que la medida de prisión preventiva es excepcional y su imposición procede cuando no haya otras idóneas para lograr el fin buscado, no en función de la pena que establezca el delito que se imputa; tampoco tiene razón. Lo anterior, pues el Juez responsable no basó, en momento alguno, su determinación en los años de pena que para el delito de que se trata, señala el Código Penal del Estado de Chihuahua. Después, en torno a lo que dice la parte accionante del amparo, respecto a que el Juez responsable no tomó en cuenta que las aquí quejosas no tienen antecedentes penales, gozan de buena reputación, aunado a que la representación tiene en su poder los celulares a los cuales ellas no tienen acceso; tampoco tiene razón. En primer lugar, por lo que hace a que en apariencia, las aquí quejosas no tienen antecedentes penales y que gozan de buena reputación, la defensa (compuesta en ese momento por tres peritos en Derecho, cada uno, respecto a cada imputada, aquí quejosa) en ningún momento aportó certificado alguno del que se desprendiera que, como adujo, las aquí peticionarias del amparo no tienen antecedentes penales. Asimismo, el hecho de que gocen de buena reputación, de ser el caso -pues ello se desconoce, se reitera, al no haber sido abordado por la defensa en audiencia ese tópico- no menoscaba el hecho de que la víctima, en grado de probabilidad, se encontraba en riesgo, ante las declaraciones amenazantes que recibió, específicamente, respecto a las cuales se le dijo que la matarían, a ella, a su esposo y a su hijo; ni tampoco que las imputadas, precisamente por el vínculo familiar que guardan con la víctima, conocen múltiples datos sensibles de ésta, que les permitiría identificar fácilmente sus movimientos y poner en riesgo su seguridad, su integridad o hasta su vida. De manera que, ante ello, fue que el Juez responsable consideró viable la aplicación de la prisión preventiva a las aquí quejosas; postura que, de acuerdo a lo señalado a lo largo de este considerando, esta Juzgadora Constitucional, comparte. Por último en cuanto a las argumentaciones analizadas en este punto, la representación social no tiene en su poder los celulares de los que en apariencia se efectuaron las llamadas y textos extorsivos, contrario a lo que asevera la quejosa. Es así, en ningún momento la agente del Ministerio Público adujo que contaba con dichos aparatos electrónicos; simplemente se precisó en audiencia, por ambas partes, que existe en apariencia una orden de cateo en contra de las imputadas; empero no que se haya materializado ni mucho menos, que de esto se hayan asegurado tales aparatos. Siguiente, respecto a lo señalado por la parte quejosa, cuando dijo que el Juez responsable mencionó que existía un riesgo para la víctima porque las quejosas saben dónde vive y otros datos; pero que pasó por alto que la víctima dijo no estar segura de que las acusadas fueran las probables responsables y que son familiares (es hermana y tía de las acusadas) por lo que, es evidente que conocen datos personales de la víctima; el Juez responsable le contestó, atinadamente, que ello se analizaría a la postre, en el estudio de la viabilidad o no, de la vinculación a proceso, al ser el momento pertinente para ello. Enseguida, respecto a lo que dice la parte quejosa, en cuanto a que el mismo día que según dijo la víctima, recibió los textos y llamadas de amenaza, se le dictó sentencia condenatoria a su pareja sentimental, donde aparecen como víctimas de abuso sexual, las aquí imputadas y que las denunció como represalia; se desprende que dicha apreciación es meramente subjetiva y en nada abona en su favor, al carecer de sustento alguno. Además, la única víctima de ese ilícito, fue la quejosa Dora Areli, no todas, como adujeron sus defensores. Luego, respecto a lo alegado por la parte peticionaria del amparo en cuanto a que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su parecer, esencialmente, deviene inconstitucional; quien suscribe no puede analizar dicho motivo de disenso, puesto que aquélla no señaló como acto reclamado destacado, la inconstitucionalidad de la porción normativa que refiere, ni tampoco, obvio es, señaló como responsables a las autoridades encargadas de la emisión y promulgación de tal norma. En ese tenor, al quedar evidenciado que la imposición de la medida cautelar se encuentra apegada a derecho; lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. Sin que sea óbice para las anteriores consideraciones que la parte quejosa haya invocado en su demanda de amparo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/34 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, agosto de dos mil veintiuno, Tomo V, página 4739, con registro digital 2023411, del siguiente contenido: PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR CON BASE EN APRECIACIONES SUBJETIVAS DEL JUEZ DE CONTROL ES ILEGAL. Hechos: El quejoso reclamó en el juicio de amparo indirecto la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El Juez de Distrito negó la protección constitucional y, en su contra, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada con base en apreciaciones subjetivas del Juez de Control, como por ejemplo, que la detención del imputado se efectuó fuera del Estado en el que se pretende su comparecencia, que viaja frecuentemente, cuenta con diversos domicilios, o por sus circunstancias económicas, que inciden en la posibilidad de trasladarse y abandonar la ciudad, es ilegal. Justificación: Lo anterior, porque la prisión preventiva es una medida excepcional y su imposición sólo procede cuando no haya otras idóneas para lograr el fin buscado, ya que es al Ministerio Público a quien corresponde demostrar la necesidad de aplicarla, pues al tener el carácter de excepcional, debe justificarse fehacientemente por qué ninguna de las restantes medidas cautelares resulta suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, pues así lo establece el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Medularmente, la jurisprudencia de referencia, alude a que la imposición de prisión preventiva es ilegal, si para su emisión se basó el Juez en apreciaciones subjetivas. Mientras que, en el caso estudiado, no se consideró que el Juez responsable haya partido de apreciaciones subjetivas para arribar a la determinación de la imposición de la prisión preventiva en contra de las aquí quejosas; ya que, como ya fue analizado, la sustentó adecuadamente. Tampoco es óbice que la parte quejosa haya citado la tesis aislada I.9o.P.273 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 78, septiembre de dos mil veinte, Tomo II, página 968, con registro digital 2022128, del contenido siguiente: PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. SUPUESTOS EN LOS QUE SU IMPOSICIÓN SE CONSIDERA ARBITRARIA. Los artículos 18, primer párrafo y 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son el fundamento primigenio de la prisión preventiva en el orden jurídico nacional, que se concretiza en la legislación secundaria en los artículos 154, 155, 156, 157, 161, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, el numeral 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos proscribe la detención o encarcelamiento arbitrario, cuya interpretación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Gangaram Panday Vs. Surinam, J. Vs. Perú y Pollo Rivera Vs. Perú, permite afirmar que la prisión preventiva es de aplicación excepcional y se rige por los principios de legalidad, previsibilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, aunado a que debe ser susceptible de revisión periódica sobre la base de que no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron su imposición. En consecuencia, la imposición de la prisión preventiva justificada será arbitraria y, por ende, incompatible con el respeto a derechos fundamentales cuando se actualice alguno de los supuestos siguientes: 1) no sea necesaria para el fin pretendido, 2) exista insuficiente o nula motivación sobre la necesidad y proporcionalidad de su imposición y, 3) el riesgo pueda cautelarse por medio de medidas menos lesivas.´De su contenido, esencialmente, señala que la imposición de la medida cautelar se considera arbitraria, según tal superioridad, cuando a) no sea necesaria para el fin pretendido, b) exista insuficiente o nula motivación sobre la necesidad y proporcionalidad de su imposición y, c) el riesgo pueda cautelarse por medio de medidas menos lesivas. No obstante, como ha sido destacado en varias ocasiones en esta sentencia, se considera que el actuar del Juez responsable fue acertado en cuanto al punto y que la emisión de dicha medida, fue suficientemente justificada. Además, dicho criterio fue por parte de una Alzada de Circuito Judicial diverso al en que se encuentra este órgano, de modo que su observancia, aunque orientadora, no resulta obligatoria. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** y ***, en contra del acto reclamado al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en términos de lo expuesto en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a la responsable; personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público adscrito; así como por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***, hoy veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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