María Teresa Miranda Swoulfeelverger
Expediente 59/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Teresa Miranda Swoulfeelverger
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de abril de dos mil diecinueve. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos únicamente como constancia el informe justificado signado por el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; toda vez que por auto de catorce de marzo de este año, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como el Decreto No. LXVI/RFLEY/0313/2019 II P.O., aprobado por el Congreso del Estado de Chihuahua, que por encontrarse publicado en el Periódico Oficial del Estado del nueve de marzo del año en curso, constituye un hecho notorio para este juzgado y del cual se advierte que en su artículo primero estableció lo siguiente: ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan del Título Segundo, Capítulo I, la Sección I, y los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; todos de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, para quedar en los términos siguientes: TÍTULO SEGUNDO IMPUESTOS ORDINARIOS CAPÍTULO I IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS SECCIÓN I IMPUESTO SOBRE PROFESIONES Y EJERCICIOS LUCRATIVOS (SE DEROGA) ARTÍCULO 5. Se deroga. ARTÍCULO 6. Se deroga. ARTÍCULO 7. Se deroga. ARTÍCULO 8. Se deroga. ARTÍCULO 9. Se deroga. ARTÍCULO 10. Se deroga. ARTÍCULO 11. Se deroga. ARTÍCULO 12. Se deroga. ARTÍCULO 13. Se deroga. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga del Artículo Primero, del rubro 1. IMPUESTOS, el Apartado 1.1.2 Impuesto Sobre Ejercicios Lucrativos, de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar en los términos siguientes: LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ARTÍCULO PRIMERO.- [.] 1. IMPUESTOS . 1.1 1.1.1. 1.1.2 Se deroga 1.1.3 a 1.1.4 1.2 a 1.9. ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. [.] A partir de la citada publicación, este Juzgado de Distrito determina que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] De conformidad con este precepto legal, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio de amparo carecía de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 2a/ J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 193758, de rubro siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En el caso, la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables, en sus distintos ámbitos de competencia, el Decreto LXV/EXLEY/0884/2018 XVIII P.E., en específico, la Sección I, del Capítulo I del Título Segundo, que comprende, entre otros, los artículos 1 al 13 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, en donde se previó el establecimiento del impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, con motivo precisamente de su entrada en vigor, es decir, como normas de carácter autoaplicativas. Como se advierte de la transcripción del decreto reclamado, de manera general, el Legislador Estatal dispuso que serían objeto de este impuesto los ingresos que, en efectivo o en especie, se perciban en el libre ejercicio de una profesión, arte, oficio, actividad técnica, deportiva o cultural, como agente de instituciones de crédito, seguros o fianzas, mediante la explotación de una patente aduanal o en cualquier otra forma análoga a las citadas. Sin embargo, en el caso, se considera que el decreto de cuya constitucionalidad se reclama, ha cesado en sus efectos. Lo anterior, debido a que fue derogado mediante decreto LXVI/RFLEY/0313/2019 IIP.O., de cinco de marzo de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado el nueve de marzo siguiente, trascrito en líneas precedentes, de cuyo contenido se advierte que el Legislador del Estado derogó el diverso LXV/EXLEY/0884/2018 XVIII P.E., en específico, el apartado que por esta vía combatió la quejosa; a saber, la Sección I, del Capítulo I del Título Segundo, que comprende los artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, en donde se impuso el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos. Por tanto, se considera que las normas aquí reclamadas, cesaron en sus efectos, pues dejaron de afectar los derechos fundamentales del gobernado, es decir, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad. Esto es así, en virtud de que el decreto LXVI/RFLEY/0313/2019 IIP.O., de cinco de marzo de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado el nueve de marzo siguiente, libera a los gobernados de las obligaciones que hayan derivado de su observancia por el periodo que estuvo vigente el decreto aquí reclamado; a saber, el pago del impuesto del 2% total del total de los ingresos obtenidos con motivo de sus actividades profesionales, sin que se advierta de las constancias de autos que se hubiera individualizado esa norma, en perjuicio de la parte quejosa. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a/J. 6/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, sostuvo que, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama una ley o norma general como autoaplicativa, que establece una obligación al gobernado, pero durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, aquella obligación, entonces, es inconcuso que se destruye de manera total e incondicionada sus efectos, además de no demostrarse que generó durante su vigencia, alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del cumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos. En virtud que, no está acreditado que los preceptos legales reclamados en el presente juicio de amparo, hayan producido consecuencias materiales, es decir, la aplicación de los artículos a la quejosa. Por tanto, de lo antes expuesto, se considera que el Decreto LXV/EXLEY/0884/2018 XVIII P.E., en específico, la Sección I, del Capítulo I del Título Segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, en donde se impone el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, ya cesó en sus efectos. Lo anterior, toda vez de que, durante la tramitación de este juicio, se emitió diverso decreto que derogó el aquí reclamado, el cual, libera a la quejosa del cumplimiento de la obligación de pago del impuesto. Es aplicable, la jurisprudencia 2a/J. 6/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XIX, de Abril de 2013, Tomo 2, materia común, página 1107, de rubro siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos. Además, en caso de que la quejosa haya enterado el impuesto de mérito, tampoco se vulnerarían sus derechos fundamentales, esto es así, en virtud de que, el decreto LXVI/RFLEY/0313/2019 IIP.O., de cinco de marzo de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado el nueve de marzo siguiente, en su artículo segundo transitorio, se establece que se autoriza a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para que realice los reembolsos presupuestales correspondientes a que hubiere lugar. Es decir, dicha disposición transitoria obliga a la autoridad hacendaria estatal para que realice la devolución los contribuyentes que en su caso, hubieran realizado los pagos el impuesto reclamado. Lo que revela que el legislador local, destruyó totalmente la vigencia y los efectos de la norma reclamada, incluso, durante el tiempo que estuvo vigente, al ordenar la devolución de lo enterado por el sujeto pasivo, pues de esta manera, estableció que desaparece la obligación del sujeto pasivo, desde la entrada en vigor de la ley combatida. En las relacionadas condiciones, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, de manera manifiesta e indudable. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas del veintinueve de los corrientes. Agréguese a los autos para que obre como constancia el informe justificado signado por el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, sin que se realice mayor pronunciamiento, en virtud de lo determinado en el presente asunto. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como el Decreto No. LXVI/RFLEY/0313/2019 II P.O., aprobado por el Congreso del Estado de Chihuahua, que por encontrarse publicado en el Periódico Oficial del Estado del nueve de marzo del año en curso, constituye un hecho notorio para este juzgado y del cual se advierte que en su artículo primero estableció lo siguiente: ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan del Título Segundo, Capítulo I, la Sección I, y los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; todos de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, para quedar en los términos siguientes: TÍTULO SEGUNDO IMPUESTOS ORDINARIOS CAPÍTULO I IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS SECCIÓN I IMPUESTO SOBRE PROFESIONES Y EJERCICIOS LUCRATIVOS (SE DEROGA) ARTÍCULO 5. Se deroga. ARTÍCULO 6. Se deroga. ARTÍCULO 7. Se deroga. ARTÍCULO 8. Se deroga. ARTÍCULO 9. Se deroga. ARTÍCULO 10. Se deroga. ARTÍCULO 11. Se deroga. ARTÍCULO 12. Se deroga. ARTÍCULO 13. Se deroga. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga del Artículo Primero, del rubro 1. IMPUESTOS, el Apartado 1.1.2 Impuesto Sobre Ejercicios Lucrativos, de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar en los términos siguientes: LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ARTÍCULO PRIMERO.- [.] 1. IMPUESTOS . 1.1 1.1.1. 1.1.2 Se deroga 1.1.3 a 1.1.4 1.2 a 1.9. ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. [.] A partir de la citada publicación, este Juzgado de Distrito determina que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] De conformidad con este precepto legal, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio de amparo carecía de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 2a/ J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 193758, de rubro siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En el caso, la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables, en sus distintos ámbitos de competencia, el Decreto LXV/EXLEY/0884/2018 XVIII P.E., en específico, la Sección I, del Capítulo I del Título Segundo, que comprende, entre otros, los artículos 1 al 13 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, en donde se previó el establecimiento del impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, con motivo precisamente de su entrada en vigor, es decir, como normas de carácter autoaplicativas. Como se advierte de la transcripción del decreto reclamado, de manera general, el Legislador Estatal dispuso que serían objeto de este impuesto los ingresos que, en efectivo o en especie, se perciban en el libre ejercicio de una profesión, arte, oficio, actividad técnica, deportiva o cultural, como agente de instituciones de crédito, seguros o fianzas, mediante la explotación de una patente aduanal o en cualquier otra forma análoga a las citadas. Sin embargo, en el caso, se considera que el decreto de cuya constitucionalidad se reclama, ha cesado en sus efectos. Lo anterior, debido a que fue derogado mediante decreto LXVI/RFLEY/0313/2019 IIP.O., de cinco de marzo de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado el nueve de marzo siguiente, trascrito en líneas precedentes, de cuyo contenido se advierte que el Legislador del Estado derogó el diverso LXV/EXLEY/0884/2018 XVIII P.E., en específico, el apartado que por esta vía combatió la quejosa; a saber, la Sección I, del Capítulo I del Título Segundo, que comprende los artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, en donde se impuso el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos. Por tanto, se considera que las normas aquí reclamadas, cesaron en sus efectos, pues dejaron de afectar los derechos fundamentales del gobernado, es decir, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad. Esto es así, en virtud de que el decreto LXVI/RFLEY/0313/2019 IIP.O., de cinco de marzo de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado el nueve de marzo siguiente, libera a los gobernados de las obligaciones que hayan derivado de su observancia por el periodo que estuvo vigente el decreto aquí reclamado; a saber, el pago del impuesto del 2% total del total de los ingresos obtenidos con motivo de sus actividades profesionales, sin que se advierta de las constancias de autos que se hubiera individualizado esa norma, en perjuicio de la parte quejosa. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a/J. 6/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, sostuvo que, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama una ley o norma general como autoaplicativa, que establece una obligación al gobernado, pero durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, aquella obligación, entonces, es inconcuso que se destruye de manera total e incondicionada sus efectos, además de no demostrarse que generó durante su vigencia, alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del cumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos. En virtud que, no está acreditado que los preceptos legales reclamados en el presente juicio de amparo, hayan producido consecuencias materiales, es decir, la aplicación de los artículos a la quejosa. Por tanto, de lo antes expuesto, se considera que el Decreto LXV/EXLEY/0884/2018 XVIII P.E., en específico, la Sección I, del Capítulo I del Título Segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, en donde se impone el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, ya cesó en sus efectos. Lo anterior, toda vez de que, durante la tramitación de este juicio, se emitió diverso decreto que derogó el aquí reclamado, el cual, libera a la quejosa del cumplimiento de la obligación de pago del impuesto. Es aplicable, la jurisprudencia 2a/J. 6/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XIX, de Abril de 2013, Tomo 2, materia común, página 1107, de rubro siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos. Además, en caso de que la quejosa haya enterado el impuesto de mérito, tampoco se vulnerarían sus derechos fundamentales, esto es así, en virtud de que, el decreto LXVI/RFLEY/0313/2019 IIP.O., de cinco de marzo de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado el nueve de marzo siguiente, en su artículo segundo transitorio, se establece que se autoriza a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para que realice los reembolsos presupuestales correspondientes a que hubiere lugar. Es decir, dicha disposición transitoria obliga a la autoridad hacendaria estatal para que realice la devolución los contribuyentes que en su caso, hubieran realizado los pagos el impuesto reclamado. Lo que revela que el legislador local, destruyó totalmente la vigencia y los efectos de la norma reclamada, incluso, durante el tiempo que estuvo vigente, al ordenar la devolución de lo enterado por el sujeto pasivo, pues de esta manera, estableció que desaparece la obligación del sujeto pasivo, desde la entrada en vigor de la ley combatida. En las relacionadas condiciones, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, de manera manifiesta e indudable. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas del veintinueve de los corrientes. Agréguese a los autos para que obre como constancia el informe justificado signado por el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, sin que se realice mayor pronunciamiento, en virtud de lo determinado en el presente asunto. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.
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