María Teresa Avilés López

Expediente 947/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
947/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • María Teresa Avilés López
  • Rocío Castillo Lulet

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    IV.- Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa María Teresa Avilés López, por medio del cual solicita dos juegos de copias certificadas de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa y autoriza a diversa persona para recibirla. Atento a lo anterior, agréguese a los autos y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, expídanse a costa del promovente las copias solicitadas, previa toma de razón que por su recibo se realice, asimismo, ténganse por autorizada a la persona que menciona para los efectos que precisa.

  2. Principal

    IV.- La certificación de cuenta evidencia que las partes quejosa y tercero interesado no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 140 a 142 vuelta), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este sumario constitucional; en consecuencia, el proveído de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Por otra parte, del estado procesal de este juicio de amparo se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El expediente es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito (punto vigésimo primero, inciso IV), al haber concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional el presente sumario carece de relevancia documental, aunado a que no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  3. Principal

    IV.- SE HACE EFCETIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL TERCERO INTERSADO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y terceros interesados en proveído de seis de los cursantes (foja 131), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: María Teresa Avilés López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: SEGUNDA SALA CIVIL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTO RECLAMADO: Lo constituye la totalidad de la RESOLUCIÓN de fecha VEINTICUATRO DE ABRIL DE DSO MIL DIECIOCHO, dictada por la SEGUNDA SALA CIVIL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, para resolver los autos del Toca 234/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la suscrita en contra del auto dictado el CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, por la titular del JUZGADO QUINTO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, que desechó la demanda reconvencional presentada por la ahora quejosa." Mediante sentencia firmada el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (fojas 75 a 93 vuelta), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Teresa Avilés López; respecto de la autoridad, el acto y en atención a los razonamientos jurídicos expuestos en el considerando último del presente fallo constitucional." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: 1. La Sala responsable dejara sin efectos la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho dictada en el toca de apelación 234/2018; 2. Dictara una nueva resolución en la que considerara satisfechos los puntos de prevención decretados por el Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho; emitiendo la resolución que en derecho correspondiera con libertad de jurisdicción, y; 3. Notificara dicha resolución como en derecho procediera. En ese tenor, mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 103 a 105) causó ejecutoria y se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México, remitió los oficios 2699 y 2720, recibidos el cuatro y cinco de septiembre del año en curso (fojas 108 y 112), en este Juzgado de Distrito, en los que con el segundo adjuntó copia certificada de la resolución de cuatro de los cursantes dictada en el toca 234/2018. De lo anterior, se advierte que la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho turnó los autos para dictar la resolución correspondiente. Posteriormente el cuatro de septiembre del presente año, dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 234/2018 y en su lugar dicte otra en la que revocó el auto de cinco de marzo del año en curso, emitido en el expediente 1012/2017, en el que tuvo por cumplida la prevención que se le formuló mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho y admitió a trámite la reconvención formulada en contra de Rocío Castillo Lulet. Asimismo, ordenó la notificación de dicha resolución de manera personal, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.

  4. Principal

    IV.- SE HACE EFECTIVO EL Apercibimiento hecho al quejoso y se le notifica por medio de lista el acuerdo de veinte de septiembre que dice: Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y terceros interesados en proveído de seis de los cursantes (foja 131), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: María Teresa Avilés López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: SEGUNDA SALA CIVIL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTO RECLAMADO: Lo constituye la totalidad de la RESOLUCIÓN de fecha VEINTICUATRO DE ABRIL DE DSO MIL DIECIOCHO, dictada por la SEGUNDA SALA CIVIL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, para resolver los autos del Toca 234/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la suscrita en contra del auto dictado el CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, por la titular del JUZGADO QUINTO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, que desechó la demanda reconvencional presentada por la ahora quejosa." Mediante sentencia firmada el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (fojas 75 a 93 vuelta), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Teresa Avilés López; respecto de la autoridad, el acto y en atención a los razonamientos jurídicos expuestos en el considerando último del presente fallo constitucional." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: 1. La Sala responsable dejara sin efectos la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho dictada en el toca de apelación 234/2018; 2. Dictara una nueva resolución en la que considerara satisfechos los puntos de prevención decretados por el Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho; emitiendo la resolución que en derecho correspondiera con libertad de jurisdicción, y; 3. Notificara dicha resolución como en derecho procediera. En ese tenor, mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 103 a 105) causó ejecutoria y se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México, remitió los oficios 2699 y 2720, recibidos el cuatro y cinco de septiembre del año en curso (fojas 108 y 112), en este Juzgado de Distrito, en los que con el segundo adjuntó copia certificada de la resolución de cuatro de los cursantes dictada en el toca 234/2018. De lo anterior, se advierte que la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho turnó los autos para dictar la resolución correspondiente. Posteriormente el cuatro de septiembre del presente año, dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 234/2018 y en su lugar dicte otra en la que revocó el auto de cinco de marzo del año en curso, emitido en el expediente 1012/2017, en el que tuvo por cumplida la prevención que se le formuló mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho y admitió a trámite la reconvención formulada en contra de Rocío Castillo Lulet. Asimismo, ordenó la notificación de dicha resolución de manera personal, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.

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