María Teresa de Jesús Barreto Tapia
Expediente 255/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/05/2023
Partes del expediente
- María Teresa de Jesús Barreto Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Con fundamento en los artículos 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta por el cual la quejosa ***solicita se le expidan copias certificadas del expediente que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado y autoriza a diversas personas para recibirlas. Atento a lo anterior, hágasele del conocimiento a la parte promovente que por auto de veintiséis de abril pasado, se devolvió a la autoridad responsable el expediente laboral 164/2021, lo que se acredita con el acuse de recibo que obra en autos, por lo que este Juzgado se encuentra imposibilitado para expedir las copias solicitadas.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en atención al requerimiento formulado en auto de veintiséis de abril del año en curso, acusa recibo de las constancias que le fueran devueltas. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes, teniendo por cumplido el requerimiento de mérito, dejando sin efectos el apercibimiento con el que se le conminara.
- Principal
I.- la parte quejosa, no recurrió el proveído en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el proveído en mención ha causado estado. Devuélvase al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, el anexo que adjuntó a su informe justificado. Por otra parte, del estado procesal que guarda el presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del diverso artículo 21, inciso a), del referido acuerdo este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo.
- Principal
I- Toluca, México; veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, a través de la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de los cursantes, por los motivos ahí expuestos. Atento a lo anterior, toda vez que por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo como domicilio de la parte quejosa, las listas que se fijan en este Juzgado de Distrito; por tanto, como lo prevé el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo notifíquese el referido proveído a través de ese medio informativo. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa el proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Toluca, México; veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la quejosa ******************** y/o ******************** reclama la omisión por parte del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, de dictar la resolución relativa a la designación de beneficiarios en el expediente ******************** del procedimiento especial de designación de beneficiario. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable como complemento a su informe justificado, las cuales se tuvieron por recibidas en auto de veintidós de marzo pasado, se desprende que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, declaró como una única y legítima beneficiaria del trabajador fallecido y dependiente económico a ********************. Por tanto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. La quejosa aduce que la autoridad Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, viola sus derechos humanos al abstenerse de dictar la resolución de designación de beneficiario dentro del expediente ******************** del procedimiento especial de designación de beneficiario, sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, dictó el auto en el que declaró como única y legítima beneficiaria del trabajador fallecido y dependiente económico a ******************** . Lo antes narrado, evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Tribunal responsable ya se pronunció respecto a la declaratoria de beneficiarios del trabajador fallecido, por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues a la fecha la omisión reclamada ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, emitir el acuerdo que conforme a derecho procediera respecto a la contestación de demanda, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se precisa que este juzgador de amparo considera innecesario dar vista a la parte quejosa con la actualización de la causa de improcedencia analizada, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que atendiendo a los motivos que la originaron no existe la mínima posibilidad de que dicha causa supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, ya que sólo provocaría retraso en la impartición de justicia máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del doce de abril de dos mil veintitrés, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.
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