María Susana García Chávez

Expediente 386/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
386/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
21/07/2017

Partes del expediente

  • María Susana García Chávez
  • Julia Monroy Plata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    VII.- Vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiuno de junio de dos mil diecisiete (fojas 244 a 247), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa del que se desprende que se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales, además deberán ser digitalizadas. e) De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrán serán destruidos juntos con este. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa

  2. Principal

    VII. AVISO (QUEJOSA MARÍA SUSANA GARCÍA CHÁVEZ) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE 21 DE JULIO DE 2017, QUE DICE: "Vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiuno de junio de dos mil diecisiete (fojas 244 a 247), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa del que se desprende que se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales, además deberán ser digitalizadas. e) De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrán serán destruidos juntos con este. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa."

  3. Principal

    VII.- Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de seis de junio de dos mil diecisiete (foja 234), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: - María Susana García Chávez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes: La resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en el toca 91/2017 relativa al recurso de apelación interpuesto por la quejosa, que confirmó la diversa interlocutoria de diez de enero del año en curso dictada en el incidente de pérdida de la capacidad para heredar y su ejecución atribuida al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de El Oro, con residencia en Atlacomulco. Mediante sentencia de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (fojas 186 a 200), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Susana García Chávez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo, en términos del considerando que antecede de esta sentencia." La concesión del amparo fue para el efecto de que: "1. Que la autoridad responsable, deje insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. 2. Emita la determinación que en derecho corresponda en la que analice la totalidad de los agravios formulados por la quejosa en su escrito de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, con independencia de lo fundado o infundado de tales planteamientos." En ese tenor, por auto de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la responsable obligada para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (fojas 206 a 208). En acuerdos de veintiséis de mayo (foja 214 y 215) y seis de junio (foja 234), ambos de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos los oficios 2067 y 2094, por los cuales la autoridad responsable adjuntó copia certificada del auto emitido el veintitrés de mayo del año en curso y resolución de uno de junio actual, en el toca 91/2017 (fojas 213 y 222 a 233, respectivamente), de lo que medularmente se advierte: Que por auto de veintitrés de mayo del año en curso, dejó insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete emitida en el toca 91/2017; y, Emitió una diversa el uno de los cursantes, en la que determinó confirmar la sentencia interlocutoria de diez de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México; conclusión a la que arribó al haber analizado la totalidad de los agravios formulados por la quejosa en su escrito de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, es decir: Consideró que era improcedente que en vía de agravios, la apelante pretenda evadir la carga probatoria bajo el argumento de que se encuentra imposibilitada para adquirir una sentencia ejecutoriada mediante la cual se condene a Julia Monroy Plata culpable del delito de adulterio en perjuicio del autor de la sucesión y que los medios de prueba aportados por la quejosa (apelante), fueron insuficientes para declarar cónyuge adultera a la antes mencionada, además expuso de manera motivada las razones por las cuales en esa instancia no se podía estudiar y juzgar dicha figura jurídica; asimismo, concluyó que si la apelante aquí quejosa, no obtuvo previo a la derogación del delito de adulterio, una sentencia judicial emitida por autoridad penal competente que así lo determinara, resultaba inconcuso que no se podía invocar tal causal para declarar a la tercero interesada en cita, incapaz para heredar. Estudió y valoró la totalidad de las pruebas ofrecidas y desahogadas por la aquí quejosa, pues emitió pronunciamiento en el que determinó insuficientes e ineficaces las pruebas consistentes en el estudio psicológico realizado al autor de la sucesión, testimonial a cargo de Jorge Jesús, Laura y Blanca Esthela, de apellidos García Chávez, actas de nacimiento, matrimonio y defunción, pericial en psicología, estudios de laboratorio. Determinó que con las pruebas antes mencionadas, no se acreditó la existencia del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias en perjuicio del autor de la sucesión y por ende, la incapacidad para heredar de los terceros interesados, establecida en el artículo fracción VII del artículo 6.22 del código sustantivo de la entidad. Ahora, de la relación de constancias, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que la autoridad responsable, dejó insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y emitió una diversa en la que analizó la totalidad de los agravios formulados por la quejosa en su escrito de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, con independencia de lo fundado o infundado de tales planteamientos; por lo que los efectos de la sentencia concesoria de amparo se encuentran colmados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, no pasa inadvertido para quien aquí determina que mediante escrito registrado con número de control interno 13543 (foja 241), la quejosa manifestó no estar de acuerdo con la forma en que la sala responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin exponer mayores razonamiento del porqué de su postura; sin embargo, como se expuso con antelación, se considera cumplida la ejecutoria de amparo con base en lo expuesto en párrafos que anteceden.

  4. Principal

    VII.- SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO A LA QUEJOSA Y SE LE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN SÍNTESIS DICE: Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de seis de junio de dos mil diecisiete (foja 234), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: - María Susana García Chávez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes: La resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en el toca 91/2017 relativa al recurso de apelación interpuesto por la quejosa, que confirmó la diversa interlocutoria de diez de enero del año en curso dictada en el incidente de pérdida de la capacidad para heredar y su ejecución atribuida al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de El Oro, con residencia en Atlacomulco. Mediante sentencia de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (fojas 186 a 200), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Susana García Chávez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo, en términos del considerando que antecede de esta sentencia." La concesión del amparo fue para el efecto de que: "1. Que la autoridad responsable, deje insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. 2. Emita la determinación que en derecho corresponda en la que analice la totalidad de los agravios formulados por la quejosa en su escrito de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, con independencia de lo fundado o infundado de tales planteamientos." En ese tenor, por auto de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la responsable obligada para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (fojas 206 a 208). En acuerdos de veintiséis de mayo (foja 214 y 215) y seis de junio (foja 234), ambos de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos los oficios 2067 y 2094, por los cuales la autoridad responsable adjuntó copia certificada del auto emitido el veintitrés de mayo del año en curso y resolución de uno de junio actual, en el toca 91/2017 (fojas 213 y 222 a 233, respectivamente), de lo que medularmente se advierte: Que por auto de veintitrés de mayo del año en curso, dejó insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete emitida en el toca 91/2017; y, Emitió una diversa el uno de los cursantes, en la que determinó confirmar la sentencia interlocutoria de diez de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México; conclusión a la que arribó al haber analizado la totalidad de los agravios formulados por la quejosa en su escrito de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, es decir: Consideró que era improcedente que en vía de agravios, la apelante pretenda evadir la carga probatoria bajo el argumento de que se encuentra imposibilitada para adquirir una sentencia ejecutoriada mediante la cual se condene a Julia Monroy Plata culpable del delito de adulterio en perjuicio del autor de la sucesión y que los medios de prueba aportados por la quejosa (apelante), fueron insuficientes para declarar cónyuge adultera a la antes mencionada, además expuso de manera motivada las razones por las cuales en esa instancia no se podía estudiar y juzgar dicha figura jurídica; asimismo, concluyó que si la apelante aquí quejosa, no obtuvo previo a la derogación del delito de adulterio, una sentencia judicial emitida por autoridad penal competente que así lo determinara, resultaba inconcuso que no se podía invocar tal causal para declarar a la tercero interesada en cita, incapaz para heredar. Estudió y valoró la totalidad de las pruebas ofrecidas y desahogadas por la aquí quejosa, pues emitió pronunciamiento en el que determinó insuficientes e ineficaces las pruebas consistentes en el estudio psicológico realizado al autor de la sucesión, testimonial a cargo de Jorge Jesús, Laura y Blanca Esthela, de apellidos García Chávez, actas de nacimiento, matrimonio y defunción, pericial en psicología, estudios de laboratorio. Determinó que con las pruebas antes mencionadas, no se acreditó la existencia del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias en perjuicio del autor de la sucesión y por ende, la incapacidad para heredar de los terceros interesados, establecida en el artículo fracción VII del artículo 6.22 del código sustantivo de la entidad. Ahora, de la relación de constancias, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que la autoridad responsable, dejó insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y emitió una diversa en la que analizó la totalidad de los agravios formulados por la quejosa en su escrito de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, con independencia de lo fundado o infundado de tales planteamientos; por lo que los efectos de la sentencia concesoria de amparo se encuentran colmados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, no pasa inadvertido para quien aquí determina que mediante escrito registrado con número de control interno 13543 (foja 241), la quejosa manifestó no estar de acuerdo con la forma en que la sala responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin exponer mayores razonamiento del porqué de su postura; sin embargo, como se expuso con antelación, se considera cumplida la ejecutoria de amparo con base en lo expuesto en párrafos que anteceden.

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