María Susana Rodríguez Huerta
Expediente 577/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Susana Rodríguez Huerta
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguense a los autos el oficio que remite el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que solicitó el cumplimiento del laudo dentro del juicio laboral de origen; sin embargo, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto el Tribunal de alzada resuelva el recurso de revisión interpuesto por el Director de Asuntos Jurídicos Laborales y apoderado jurídico del Ayuntamiento de Morelia, en contra de la sentencia emitida dentro del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito del Director de Asuntos Jurídicos Laborales y apoderado jurídico del Ayuntamiento de Morelia, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Asimismo, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 577/2019; promovido por María Susana Rodríguez Huerta, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, María Susana Rodríguez Huerta demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán y de otra autoridad, que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se registró bajo el número 577/2019. Segundo. Admisión. El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (foja 13), se admitió a trámite la demanda en los términos propuestos por la promovente, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables (cabe hacer la precisión de que la promovente del amparo en su escrito de demanda solo señaló al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, y posteriormente, por auto de veinte de junio del año en curso, este órgano jurisdiccional tuvo como responsable al Ayuntamiento de Morelia; y finalmente, en auto de veintitrés de julio de la presente anualidad, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a dos autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el citado precepto legal, el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, se advierte que la quejosa reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y de otra autoridad, lo siguiente: La omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, en decretar medidas de apremio eficaces a fin de que la parte demandada Ayuntamiento de Morelia, cumpla con el laudo dictado en el juicio de origen 1318/2012; y, a esta última la omisión también de cumplirlo. Tercera. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables consistentes en la falta de ejecución del laudo dictado el doce de junio de dos mil diecisiete, ya que así se advierte del contenido de las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; esto a pesar de que las autoridades responsables al rendir sus informes justificados (fojas 23 y 38) hayan negado los actos reclamados. Lo anterior es así, porque de las constancias que remitió la autoridad jurisdiccional, se advierte que por determinación de doce de junio de dos mil diecisiete (foja 39 a 49) dicho tribunal pronunció el laudo en cumplimiento de la ejecutoria de amparo directo, donde en sus resolutivos condenó al Ayuntamiento de Morelia a reinstalar a la trabajadora -aquí quejosa- y a pagar la cantidad de $404,162.56 (cuatrocientos cuatro mil ciento sesenta y dos pesos 56/100 moneda nacional), por concepto de salarios caídos, aguinaldo y prima vacacional. Mediante auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho (foja 55), dictado en el juicio de origen, la parte actora solicitó la ejecución de lo condenado en el laudo, ante dicha situación la responsable actualizó la cantidad a pagar la cual ahora es de $474,931.37 (cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y un pesos 37/100 moneda nacional), y ordenó al actuario de su adscripción a constituirse en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Morelia, y le requiera el pronto y efectivo pago de lo condenado. En acuerdo de esa misma fecha (foja 56) la responsable fijó las diez horas con treinta minutos del once de julio de dos mil dieciocho, a fin de que tenga verificativo la reinstalación de la impetrante del amparo en las instalaciones de la Secretaría señalada. El once de julio de la anualidad pasada (foja 59), se tuvo al actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, realizando la reinstalación de la quejosa María Susana Rodríguez Huerta, ordenada en el laudo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo, ante lo cual la actora manifestó su conformidad ante dicha reinstalación. Luego, por proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 62), la responsable ante una petición de la parte actora giró oficio a los integrantes del Ayuntamiento de Morelia (presidente, regidores y sindico municipal) a fin de que dieran cumplimiento al laudo, respecto al pago de la cantidad $474,931.37 (cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y un pesos 37/100 moneda nacional), apercibiéndolos que de no cumplir les impondría una multa equivalente a quince días de salario mínimo. Posteriormente, el tres de diciembre de dos mil dieciocho (foja 69), el tribunal laboral acordó girar oficio recordatorio al Ayuntamiento de Morelia, a fin de que cumpla con lo laudado, apercibido que de no hacerlo se hará efectiva una multa de treinta unidades de medida y actualización; por otra parte, en el mismo auto ordenó hacer efectiva la multa de quince veces el salario mínimo a la autoridad demandada. Finalmente, el seis de febrero del año en curso (foja 76), la responsable ordenadora tuvo al Ayuntamiento de Morelia realizando diversas manifestaciones en torno a que se encontraba en vías de que haya suficiencia presupuestal para el pago del laudo; luego en atención a la petición de la parte actora, determinó hacer efectivo el apercibimiento de tres de diciembre de dos mil dieciocho, e impuso una multa de treinta unidades de medida y actualización a la parte demandada, volviéndola a apercibir que en caso de no cumplir ahora se le impondría una multa por cuarenta unidades de medida y actualización. Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No tiene el carácter de autoridad. Este juzgador, de oficio, advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos al Ayuntamiento de Morelia. Ello, con apoyo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2ª./J.34/2018 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 363/2017 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa y Primero en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito], visible en la página 478 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Materias Común-Laboral, Décima Época, registro 2016588, de rubro y texto: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales". En la ejecutoria de la contradicción de tesis 363/2017 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa y Primero en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito], la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó: "[.] QUINTO. Estudio. Precisados así la existencia de la contradicción de tesis y el punto a dilucidar, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, es el que sustenta la presente resolución. Para dar respuesta al punto de contradicción previamente es importante señalar el contenido del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles: "Artículo 4o. Las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este código exija de las partes. "Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. "La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el procurador general de la República o uno de sus agentes, con cualquier carácter o representación." Como se observa del precepto legal transcrito, en principio se prevé una regla general de igualdad procesal, consistente en que dentro del procedimiento judicial regido bajo las disposiciones de ese ordenamiento adjetivo, cualquier institución, servicio y/o dependencia de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, estarán colocadas en la misma situación que cualquier otra parte en el procedimiento, es decir, que la condición de ser entes públicos pertenecientes a la administración pública federal o estatal, no incide para establecer alguna distinción con las demás partes que no tengan ese carácter, para efectos de la aplicación de las reglas del proceso. Sin embargo, inmediatamente después de la precisión de la regla general anterior, la norma introduce una regla específica con la que acota la primera a través de dos excepciones, a saber: que no se podrá dictar en contra de los entes públicos allí referidos, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo; y que estarán exentos de prestar las garantías señaladas en el propio código. De manera que, conforme a esas excepciones al principio de igualdad procesal, en el juicio sustanciado bajo las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles, las partes que tengan el carácter de entes públicos de la administración pública federal y estatal, no podrán ser conminadas a exhibir las garantías que para determinados actos procesales exige dicho ordenamiento, ni podrán ser sujetas de mandamiento de ejecución forzosa para hacer cumplir coactivamente la sentencia que en su caso se dicte, ni, por ende, sus bienes podrán ser embargados para ese fin. Ese privilegio de inembargabilidad de los bienes de dichos entes públicos, previsto en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, desde luego, es adicional, distinto, e independiente, de las restricciones que en materia de embargo de bienes, derivan de las propias reglas legales que resulten aplicables a los casos concretos; puesto que, respecto de los bienes que integran el patrimonio de los entes públicos, la Ley General de Bienes Nacionales, establece la inembargabilidad de los bienes de dominio público; por otra parte, el propio Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone un listado de bienes, atento a su naturaleza, que no son susceptibles de embargo; sin dejar de advertir también que, las limitaciones al embargo de bienes públicos, por sí, podrían derivar de alguna otra legislación federal, estatal o municipal. En el mismo tópico, es importante señalar que la Primera Sala de este Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/2015, emitió la jurisprudencia 1a./J. 43/2017 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes: "Décima Época "Registro: 2014918 "Primera Sala "Jurisprudencia "Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "Libro 45, Tomo I, agosto de 2017 "Materia civil "Tesis 1a./J. 43/2017 (10a.) "Página 406 «Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de agosto de 2017 a las 10:26 horas» "AYUNTAMIENTOS COMO ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. DEBEN CONSIDERARSE COMPRENDIDOS EN LAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El citado precepto establece una regla general de igualdad de las partes en los juicios regidos bajo las normas de ese código, al señalar que las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas tendrán, en cualquier forma en que intervengan en el procedimiento judicial, la misma situación que otra parte cualquiera; pero acota esa regla general con dos excepciones específicas, a saber: 1) que no se podrá dictar mandamiento de ejecución ni providencia de embargo en contra de los entes públicos allí referidos; y 2) que éstos estarán exentos de prestar las garantías señaladas en el propio ordenamiento. Ahora bien, ese dispositivo no hace mención expresa como destinatarios de esas excepciones a los entes de la administración pública municipal, particularmente, a los Ayuntamientos; sin embargo, esa imprevisión de la norma encuentra explicación en el hecho de que, el Código Federal de Procedimientos Civiles fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1943, y su artículo 4o. no ha tenido cambio alguno desde su expedición; siendo que, en la época de su creación, el sistema federal mexicano se encontraba concentrado en una organización de estructuras y competencias bajo dos órdenes de gobierno: el federal y el estatal, y los Municipios estaban subordinados a este último; y ha sido conforme a la evolución constitucional que ha tenido el Municipio, a través de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que éste se ha consolidado como un orden de gobierno y no sólo de administración, con autonomía jurídica y competencia específica en la prestación de determinados servicios públicos. Por tanto, advirtiéndose que la anterior es la razón por la cual el artículo 4o. referido no hace mención expresa del orden municipal, distinguiéndolo del federal y el estatal, se concluye que los entes de la administración pública municipal, entre ellos, los Ayuntamientos, deben considerarse comprendidos en el supuesto jurídico de ese precepto, pues actualmente el Municipio cuenta con los caracteres que lo colocan como nivel autónomo de gobierno que ejerce una administración pública propia y distinta de la que realiza la entidad federativa a la que pertenezca." Por su parte, esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 422/2010, sustentó la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, en la que determinó que las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas se encuentran dentro de la hipótesis de excepción de igualdad procesal contenida en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero que en caso de omitir dar cumplimiento en forma voluntaria a una sentencia o laudo condenatorio en donde fueron señaladas como parte demandada, entonces ello constituirá un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo. La referida jurisprudencia 2a./J. 85/2011, es la siguiente: "Novena Época "Registro: 161652 "Segunda Sala "Jurisprudencia "Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo XXXIV, julio de 2011 "Materia común "Tesis 2a./J. 85/2011 "Página 448 "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).-La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el mismo tema, esta Segunda Sala ha sostenido los siguientes criterios jurisprudenciales: "Décima Época "Registro: 2007066 "Segunda Sala "Jurisprudencia "Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "Libro 9, Tomo II, agosto de 2014 "Materia común "Tesis 2a./J. 79/2014 (10a.) "Página 699 «Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas» "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." "Décima Época "Registro: 2006389 "Segunda Sala "Jurisprudencia "Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "Libro 6, Tomo II, mayo de 2014 "Materia común "Tesis 2a./J. 31/2014 (10a.) "Página 966 «Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de mayo de 2014 a las 10:34 horas» "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona." Ahora bien, toda vez que en los casos resueltos por los tribunales contendientes la autoridad responsable aplicó la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para hacer cumplir el laudo condenatorio en particular a través de sus artículos del 140 al 143, es necesario hacer referencia a ellos y transcribir su contenido. Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios Capítulo IV Del procedimiento de ejecución "Artículo 140. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello." "Artículo 141. El tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes." "Artículo 142. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, despachará auto con efectos de mandamiento en forma, notificándolo en el domicilio procesal y apercibiéndola (sic) de que, de no cumplir con dicha resolución, se procederá al uso de los medios de apremio." "Artículo 143. Notificado el auto de ejecución, el condenado deberá dar cumplimiento al laudo dentro de los 30 días siguientes. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones desde diez veces el salario mínimo hasta por cien veces el salario mínimo general vigente de la zona económica de Guadalajara. "Cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada. Si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento. "La suspensión empezará a partir del día siguiente de su notificación y los actos que se realicen en desacato al resolutivo respectivo serán nulos. El cumplimiento del laudo interrumpe la suspensión. "Si no obstante la sanción prevista en el párrafo segundo y subsecuentes, se persiste en el incumplimiento, la suspensión se repetirá contra los responsables y podrá ampliarse en contra de quienes les sustituyan. "Los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrán la responsabilidad de hacer cumplir los laudos. La negativa de decretar la suspensión temporal de algún servidor público que incurriere en alguna de las causas señaladas en el presente artículo, será motivo para que a dichos funcionarios se les aplique la sanción que corresponda en acatamiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo que se trate de servidores públicos de otros poderes, niveles de gobierno o Municipios, en cuyo caso remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente." Como se observa, los citados preceptos desarrollan el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, cuyas normas jurídicas tienen como fin conseguir el cumplimiento de los laudos, así como la facultad de imponer multas y en caso de que éstas no se cumplan, se podrán hacer efectivas otras medidas, como: repetir la suspensión contra los responsables; ampliar la suspensión en contra de quienes les sustituyan; la responsabilidad de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de hacer cumplir los laudos. También se establece la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. Es decir, la legislación del Estado de Jalisco, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos, lo cual significa que las partes se encuentran en un plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de dichos instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y, por ende, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. No pasa inadvertida la conclusión a la que arribó uno de los tribunales contendientes, en el sentido de que al no estar establecida en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la institución del embargo como medida de apremio para la ejecución de los laudos, ello implicaba que el incumplimiento al laudo por parte de los Ayuntamientos, constituía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En relación con lo anterior, esta Segunda Sala considera que si bien es cierto que la legislación estatal en comentario, no contempla como medida de apremio el embargo para hacer cumplir las sentencias o laudos condenatorios, también lo es que son suficientes las medidas de apremio contempladas en dicha legislación, pues los medios de apremio para hacer cumplir los laudos o sentencias definitivas en un juicio, no culminan necesariamente con el embargo de bienes patrimoniales de la entidad demandada, ello se explica, ya que el embargo en cuentas bancarias de un Municipio o en bienes de éste, imposibilitaría el uso de ellos para realizar sus fines públicos, aunado a que ante su incumplimiento y el agotamiento de las medidas de apremio, la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 183 del Código Penal Federal, que señala: "Cuando la ley autorice el empleo del apremio para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, sólo se consumará el delito de desobediencia cuando se hubieren agotado los medios de apremio.", y acorde con el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, deberá darse vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del referido delito, al ser una cuestión de orden público. Sin que obste en contrario, lo que esta Segunda Sala estableció en la jurisprudencia 2a./J 85/2011, en el sentido de que las dependencias de la administración pública federal o las entidades federativas, se encuentran dentro de las hipótesis de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se reducen a establecer que no se podrá dictar en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo y que estarán exentos de prestar las garantías exigibles para hacer cumplir las resoluciones dictadas en su contra, situación que genera entre las partes de un juicio una relación de supra a subordinación y, por tanto, el incumplimiento a una sentencia por parte de las entidades federativas, genera un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que dicha entidad pública ejerce su potestad administrativa a virtud de privilegios sustentados en el orden público y el interés social. Entonces, tenemos que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Ejemplo de una relación de supra subordinación es tratándose de un acto controvertido en los juicios contenciosos administrativos en donde la relación jurídica entre gobernado y gobernante no sufre una transformación por el solo hecho de que el órgano del Estado sea parte demandada (contraparte del gobernado actor). Al respecto esta Segunda Sala ha sustentado el criterio siguiente: "Décima Época "Registro: 2000211 "Segunda Sala "Jurisprudencia "Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Libro V, Tomo 2, febrero de 2012 "Materia común "Tesis 2a./J. 1/2012 (10a.) "Página 894 "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. En atención a que de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para el actor (gobernado) y la obligación correlativa para el demandado (autoridad) es claro que el incumplimiento de ésta permite la incoación del procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido mediante el medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de aquella determinación. Por lo que, si a pesar de ello, no se cumple la sentencia, es claro que aquél puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Consecuentemente, las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, porque a pesar de que la autoridad haya figurado como demandada en el juicio de origen ello no transforma la relación de supra a subordinación que los órganos del Estado guardan con los gobernados en una relación de coordinación, porque no pierden su calidad de autoridad y gobernado." En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de estas relaciones, consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes, esto es, en esos casos el tribunal cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer cumplir las sentencias o laudos, atendiendo al procedimiento instaurado para ese efecto en la legislación respectiva. Consecuentemente, por las razones expresadas y de la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), dictadas por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, porque en los artículos del 140 al 143, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se desarrolla el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, contando con una amplia gama de instrumentos legales para ello, lo que ubica a las partes en un juicio; en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas, y que también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; sin que obste a lo anterior que no se prevea la institución del embargo, ni el auxilio de la fuerza pública. Conforme a las anteriores consideraciones, el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, se formula bajo una redacción temática, es decir, de modo que resulte aplicable no solamente a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco en donde se originó la presente denuncia de contradicción de tesis, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte que el tema interpretado es previsible que esté presente en otras disposiciones estatales o federales diversas, por lo cual, en acatamiento al artículo 17 constitucional, párrafo primero, es conveniente que para brindar seguridad jurídica en forma inmediata al resto del orden jurídico nacional, se genere un criterio que abarque el mayor número de casos que en un futuro se presenten, tomando en cuenta además, el artículo 94 constitucional, párrafo décimo y que los artículos 215 al 226, de la Ley de Amparo, no prohíben la emisión de criterios de mayor cobertura respecto de los casos que los originaron. Apoya lo anterior, el siguiente criterio aislado: "Décima Época "Registro: 2013086 "Segunda Sala "Tesis aislada "Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016 "Materia común "Tesis 2a. CXVIII/2016(10a.) "Página 1553 «Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas» "JURISPRUDENCIA TEMÁTICA. LOS ARTÍCULOS 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 215 AL 226 DE LA LEY DE AMPARO NO LA PROHÍBEN. La jurisprudencia es temática cuando se advierte que el tema interpretado es previsible que esté presente en otras disposiciones estatales o federales diversas, por lo cual, en acatamiento al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, es conveniente que para brindar seguridad jurídica en forma inmediata al resto del orden jurídico, se genere un criterio que abarque el mayor número de casos que en un futuro se presenten, tomando en cuenta, además, que los artículos 94, párrafo décimo, constitucional y 215 al 226 de la Ley de Amparo, no prohíben la emisión de criterios de mayor cobertura respecto de los casos que los originaron." Por lo antes expuesto, el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, es el siguiente: AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 448, con el rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de mayo de 2014 a las 10:34 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 966, con el título y subtítulo: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, página 699, con el título y subtítulo: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", respectivamente. De lo transcrito se advierte, en lo de interés, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo un análisis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que en los casos resueltos por los tribunales contendientes en la contradicción, la aplicaron para hacer cumplir el laudo condenatorio en particular en sus artículos 140 al 143. Y concluyó: Los citados preceptos desarrollan el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, cuyas normas jurídicas tienen como fin conseguir el cumplimiento de los laudos, así como la facultad de imponer multas y en caso de que éstas no se cumplan, se podrán hacer efectivas otras medidas, como: repetir la suspensión contra los responsables; ampliar la suspensión en contra de quienes les sustituyan; la responsabilidad de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de hacer cumplir los laudos. En dichos artículos se establece la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. La legislación del Estado de Jalisco, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos, lo cual significa que las partes se encuentran en un plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de dichos instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y, por ende, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Determinó que no pasaba inadvertida la conclusión a la que arribó uno de los tribunales contendientes, en el sentido de que al no estar establecida en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la institución del embargo como medida de apremio para la ejecución de los laudos, ello implicaba que el incumplimiento al laudo por parte de los Ayuntamientos, constituía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En relación a ello, consideró que si bien era cierto que la legislación estatal en comentario, no contempla como medida de apremio el embargo para hacer cumplir las sentencias o laudos condenatorios, también lo era que son suficientes las medidas de apremio contempladas en dicha legislación, pues los medios de apremio para hacer cumplir los laudos o sentencias definitivas en un juicio, no culminan necesariamente con el embargo de bienes patrimoniales de la entidad demandada, ello se explica, ya que el embargo en cuentas bancarias de un Municipio o en bienes de éste, imposibilitaría el uso de ellos para realizar sus fines públicos, aunado a que ante su incumplimiento y el agotamiento de las medidas de apremio, la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 183 del Código Penal Federal, que señala: "Cuando la ley autorice el empleo del apremio para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, sólo se consumará el delito de desobediencia cuando se hubieren agotado los medios de apremio.", y acorde con el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, deberá darse vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del referido delito, al ser una cuestión de orden público. Que no obstaba en contrario, lo que dicha Sala estableció en la jurisprudencia 2a./J 85/2011, en el sentido de que las dependencias de la administración pública federal o las entidades federativas, se encuentran dentro de las hipótesis de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se reducen a establecer que no se podrá dictar en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo y que estarán exentos de prestar las garantías exigibles para hacer cumplir las resoluciones dictadas en su contra, situación que genera entre las partes de un juicio una relación de supra a subordinación y, por tanto, el incumplimiento a una sentencia por parte de las entidades federativas, genera un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que dicha entidad pública ejerce su potestad administrativa a virtud de privilegios sustentados en el orden público y el interés social. Entonces -determinó la Sala- las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Que ese tipo de relaciones, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Ejemplo de una relación de supra subordinación es tratándose de un acto controvertido en los juicios contenciosos administrativos en donde la relación jurídica entre gobernado y gobernante no sufre una transformación por el solo hecho de que el órgano del Estado sea parte demandada (contraparte del gobernado actor). En cambio -también precisó la Segunda Sala- las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de estas relaciones, consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes, esto es, en esos casos el tribunal cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer cumplir las sentencias o laudos, atendiendo al procedimiento instaurado para ese efecto en la legislación respectiva. Consecuentemente -finalizó la Segunda Sala- por las razones expresadas y de la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), dictadas por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, porque en los artículos del 140 al 143, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se desarrolla el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, contando con una amplia gama de instrumentos legales para ello, lo que ubica a las partes en un juicio; en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas, y que también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; sin que obste a lo anterior que no se prevea la institución del embargo, ni el auxilio de la fuerza pública. En ese contexto, para que este juzgador esté en condiciones de determinar si el Ayuntamiento de Morelia tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo indirecto, analizará la ley aplicable en el caso, que lo es la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios; y, en específico los artículos que se traerán a glosa a continuación: "ARTÍCULO 8o. Lo no previsto por esta Ley o disposiciones especiales se aplicará supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y la Ley Federal del Trabajo, la, costumbre, el uso, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la equidad". "ARTÍCULO 41. En el caso del artículo anterior, si en el juicio correspondiente no comprueba la entidad o dependencia la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, tratándose de los incisos a) y b) del artículo anterior, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento. Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces de valor diario de la unidad de medida y actualización. Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia". "ARTÍCULO 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes". "ARTÍCULO 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente". "ARTÍCULO 122. En todo lo concerniente al procedimiento que no esté expresamente previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el artículo 8o. de este propio ordenamiento". Del contenido de los numerales transcritos se advierte que los mismos contienen el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, para lograr la ejecución de los laudos, que sus normas jurídicas tienen como fin conseguir el cumplimiento de los mismos y que le otorgan a dicho tribunal la facultad de dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes para lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos [artículo 121]. Ejemplo de esas medidas lo son las contempladas en el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, sería la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario así como -en caso de reincidencia- la destitución del cargo [supuesto en el cual invariablemente se debe dar vista al Ministerio Público]. Asimismo, se desprende que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que en caso de no hacerlo se procederá al embargo [artículo 121]. Aunado a ello, el artículo 122 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, establece que en todo lo concerniente al procedimiento que no esté expresamente previsto en dicha Ley, se estará a lo dispuesto en el diverso 8° del mismos ordenamiento, que autoriza aplicar supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y la Ley Federal del Trabajo, la, costumbre, el uso, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la equidad. Esto es, la Ley de los Trabajadores el Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios cuenta con instrumentos legales suficientes para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales, lo que implica -de conformidad al criterio de la Segunda Sala, a que se hizo referencia en párrafos anteriores- que las partes se encuentren en un plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la autoridad demandada no actúe en un esquema de supra a subordinación. En esas condiciones, es de concluirse, que en el caso no le asiste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo al Ayuntamiento de Morelia; y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto de autoridad, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee el juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No obstante lo anterior, a continuación se analizarán las causales de improcedencia que en su momento hizo valer el Director de Asuntos Jurídicos Laborales y apoderado jurídico del Ayuntamiento de Morelia, en virtud de que éstas impactan sobre la procedencia del juicio de amparo respecto de las omisiones atribuidas a la diversa autoridad Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Dicho apoderado jurídico invocó lo previsto en la fracción IV del artículo 107, y la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aduce que es improcedente el amparo ya que el acto reclamado emana de un juicio laboral, en el que no se ha dictado la última resolcuión que ponga fin al procedimiento de ejecución; y que la parte quejosa no agotó el principio de defintiivdad, entorno a que debía de promover el incidente de no acatamiento de laudo previsto en el artículo 761 de la Ley Federal del Trabajo. Las causales de improcedencia señaladas por el apoderado jurídico del Ayuntamiento de Morelia resultan ser infundadas por los razonamientos que a continuación se expondrán. En efecto, el artículo 107, fracción IV, segundo parrafo de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es procedente contra la última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución, que será aquélla que aprueba o reconozca el cumplimiento, o bien la que declara la imposibilidad material o jurídica para ello, por lo que el apoderado jurídico de la responsable estima que el presente juicio es improcedente porque no nos encontramos en dicha hipótesis. Sin embargo, el acto reclamado debe ser tomado y valorado por parte del Juez de Distrito en su integridad y no solo por su literalidad, por lo que en el caso si bien el juicio laboral de origen se encuentra en etapa de ejecución y no se ha pronunciado la resolución que tenga por cumplida en su totalidad lo laudado, o la imposibilidad jurídica o material de llevarla a cabo, lo cierto es que la quejosa acude al juicio de amparo, como un medio de defensa para vencer las actitudes omisivas y contumaces de las autoridades responsables y así lograr que se cumpla con lo condenado, de esta forma lograr un adecuado acceso a la impartición de justicia. Porque de pensar de forma contraria en el caso en concreto, estimar que la promovente solo podrá acudir al juicio de amparo hasta que se pronuncie la última resolución, se seguirían generando las omisiones de las responsables por cumplir con el laudo, lo cual acarrearía a la gobernada un retraso excesivo en la impartición de justicia, sin que se logre el cumplimiento del mismo. Es decir, el juicio de amparo en este supuesto no entorpece la ejecución que es lo que buscó evitar el legislador, por el contrario, en caso de una eventual concesión la impulsaría. Para dar apoyo a lo anterior, cabe traer a colación lo sustenado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradcción de tesis 348/2010: "(.) El retraso en la ejecución de la sentencia, en caso de no encontrar justificación jurídica, genera para la parte que ya ganó un juicio una violación a su garantía de administración de justicia, que no sólo incluye el dictado de una sentencia que decida sobre los derechos, sino que, en el caso de que dicha resolución sea favorable, la misma pueda ejecutarse. Si no se permitiera la procedencia del amparo indirecto en contra de las resoluciones mencionadas, no existiría defensa en contra de los actos que podrían arbitrariamente impedir la ejecución de las sentencias firmes. Bajo la interpretación literal del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, el resultado obtenido sería precisamente el contrario al pretendido por la norma: la ejecución de las sentencias podría hacerse sumamente difícil ante la imposibilidad de defensa en contra de un acto arbitrario que decide no seguir con la ejecución. La justificación que permite que no sean impugnables las resoluciones intermedias dictadas en los procedimientos de ejecución no es aplicable a estos casos, porque el perjuicio para quien tiene una sentencia a su favor se podría actualizar desde que se le impide la realización del remate, es decir, la continuación del procedimiento de ejecución. Debe precisarse que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece que las violaciones que se pudieran cometer durante los procedimientos de ejecución se pueden hacer valer hasta el final de esa etapa y ello es así precisamente porque se entiende que el perjuicio de la parte ejecutada se actualiza hasta que se dicta la resolución terminal. Ello no sucede en los casos en los que el acto impugnado es una negativa a continuar con el procedimiento de ejecución, porque el perjuicio de la parte que ya tiene una sentencia a su favor es inmediato (.)". Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J.90/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Tomo 2, página 810, de Octubre de 2011, Tomo 2, Décima Época, con número de registro 160866, de rubro y texto siguiente: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, también es cierto que la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio excepcional de que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Así, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados ya que, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. No obstante lo anterior, el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución por virtud de la cual el juez natural niega la ejecución de la sentencia, haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad." Por tanto, el suscrito estima que dicha causal de improcedencia no se actualiza porque si la quejosa acude al juicio constitucional es con el propósito de vencer la actitud contumaz de las autoridades responsables en dar cumplimiento al laudo, es incorrecto pensar que el juicio de amparo será improcedente contra el acto aquí reclamado, porque de ser así se dejaría en un estado de indefensión a los gobernados frente a los actos omisivos de las autoridades, toda vez que lo reclamado no es la ejecución de lo laudado, sino, que las autoridades no dan cumplimiento a lo laudado. Ahora, por lo que ve a la segunda causal de improcedencia planteada por el apoderado jurídico del Ayuntamiento de Morelia, aduciendo que se actualiza la planteada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, referente a que la parte quejosa, previo a promover el juicio de amparo debió tramitar el incidente de no acatamiento de laudo, previsto en el artículo 761 de la Ley Federal del Trabajo. Si bien como se dijo en el párrafo anterior que el apoderado jurídico de la autoridad responsable hace valer la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo cierto es que debe tenerse como tal la fracción XVIII. Lo anterior es así, porque la fracción XX refiere a actos distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y la diversa fracción XVIII hace alusión a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria establezca algún medio de defensa para combatir los actos dictados en el procedimiento de origen, lo cual aplica al caso solo en lo que concierne a que en el presente asunto son actos emanados de un juicio laboral seguido ante una autoridad que realiza labores jurisdiccionales en materia laboral, tal es el caso del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán Sin embargo, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dado que la misma establece en su último párrafo que si el recurso o medio de defensa requiere de una interpretación adicional, la parte quejosa quedará en libertad de optar si agota el medio de impugnación que prevé la ley ordinaria, o bien, acudir al juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia VII.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, ubicada en el Libro 38, Tomo IV, página 2279, de Enero de 2017, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2013547, de rubro y texto siguiente: INTERPRETACIÓN ADICIONAL COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. ES APLICABLE TANTO EN EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO COMO, POR ANALOGÍA, EN CASO DE QUE SE IMPUGNE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN LA VÍA DIRECTA. En atención a que la figura jurídica denominada "interpretación adicional", prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, consiste en que, al analizarse la procedencia del juicio relativo, no será exigible agotar el principio de definitividad cuando el recurso o medio de defensa por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la resolución controvertida se sujete a una interpretación adicional para determinar su procedencia, se considera que dicha figura jurídica es aplicable, por analogía, en caso de que se impugne una violación procesal en el juicio de amparo directo en términos del artículo 171, párrafo primero, del mismo ordenamiento, toda vez que este último, igualmente exige como condición necesaria para su análisis que el quejoso la haya impugnado durante la tramitación del juicio natural mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, motivo por el cual, al existir en ambos casos identidad sobre la exigencia legal de agotar el principio de definitividad previamente al reclamo en el juicio de amparo, no se advierte razón fundada para distinguir que esa excepción a dicho principio sólo opere en caso del estudio de la procedencia del juicio y no en el diverso del análisis de la violación procesal, cuando en ambos debe subyacer el mismo interés público de no perjudicar al quejoso con motivo de una "dudosa" procedencia del recurso o medio de defensa previsto en el juicio de origen o cuando ésta no es absolutamente clara, al requerir una "interpretación adicional" para complementarla y, en esa virtud, la referida exégesis analógica debe prevalecer sobre la literalidad del mencionado artículo 171, que no establece como excepción expresa al principio de definitividad al controvertir una violación procesal en el juicio de amparo directo, la figura jurídica de la "interpretación adicional". Para dar sustento a lo antes afirmado, es conveniente aclarar que el marco normativo del juicio de origen es la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, dicho ordenamiento jurídico no establece un recurso o medio defensa con el cual la parte que obtuvo el laudo favorable pueda vencer las actitudes contumases de la autoridad demandada, dado que los artículos 120 y 121 de la citada ley solo hace alusión a la ejecución de lo laudado, sin preveer un medio eficaz de defensa ante irregularidades en el mismo. Por otra parte, no se soslaya que el artículo 8º de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, señala que ante lo no previsto en dicho cuerpo normativo, se aplicará de forma supletoria la Ley Federal del Trabajo. De igual modo, tampoco se olvida lo establecido en los artículos 761 y 762 de la Ley Federal del Trabajo, que señalan: "Artículo 761.- Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas.". De la lectura de dichos numerales se puede concluir que éstos no contienen de forma clara ni precisa el incidente de no acatamiento de laudo; es decir, para establecer la procedencia del incidente a que hace referencia la responsable se tiene que hacer una interpretación adicional, esto es, distinta a la literal, lo que genera una excepción al principio de definitividad. Por tanto, como en la especie resultaron infundadas las causales de improcedencia hechas valer por el apoderado jurídico del Ayuntamiento de Morelia y dado además, que este Juzgado no advierte la existencia de alguna de ellas que deba ser analizada de manera oficiosa, se procede al estudio de la cuestión planteada en el presente contradictorio. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa comparece a solicitar la tutela constitucional respecto de los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistentes en la falta de ejecución del laudo dictado el doce de junio de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 1318/2012. En este apartado, es preciso establecer que el laudo dictado el doce de junio de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 73/2010, contiene dos prestaciones, una de carácter administrativo y otra de carácter económico, pues por una parte se condenó a la parte patronal Ayuntamiento de Morelia, a efectuar la reinstalación de la trabajadora María Susana Rodríguez Huerta, así como al pago de la cantidad $404,162.56 (cuatrocientos cuatro mil ciento sesenta y dos pesos 56/100 moneda nacional), misma que tuvo una actualización el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la cual ascendió a $474,931.37 (cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y un pesos 37/100 moneda nacional). Así, para una mejor comprensión del asunto, es preciso mencionar los antecedentes que se desprenden del cuaderno de pruebas relativo al juicio de origen, y que son los siguientes: a) En el juicio laboral 1318/2012, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, dentro del amparo directo laboral 668/2016, con fecha doce de junio de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dictó un nuevo laudo (fojas 39 a 49 del tomo de prueba), cuyos puntos resolutivos concluyeron de la siguiente manera: "PRIMERO. Se tiene a la parte actora por acreditando en su mauoría sus acciones y a la parte demandada por acreditando en su minoría sus excepciones y defensas opuestas. SEGUNDO. Se condena a la demandada a reinstalar a la trabajadora actora María Susana Rodríguez Huerta en la forma y términos en los que se venía desempeñando hasta antes del injustificado despido del cual fue objeto y así mismo a pagar en su favor la cantidad de $404,162.56 (cuatrocientos cuatro mil ciento sesenta y dos pesos 56/100 M.N.), por concepto de Salarios caídos, Aguinaldo y Prima vacacional de los años 2012 dos mil doce, 2013 dos mil trece, 2014 dos mil catorce, 2015 dos mil quince, 2016 dos mil dieciséis y proporcional del año 2017 dos mil diecisiete y salario devengados, así mismo se declaran Nulos los Contratos de Trabajo por tiempo determinados y los Finiquitos anexos a los mismos, lo anterior en la forma y términos de los establecido en el consdieradno quinto que antecede. TERCERO. Se abuselve a la parte demandada de lo reclamado por conepto de Vacaciones generadas durante la Tramitación del presente juicio, 13 trece días ex tras de Aguinaldo, 18% extra por concepto de Prima Vacacional, Bono Navideño SEMAC, Bono SEMAC, Incremento Adicional al Bono SEMAC, Ayuda de Despena SEMAC, Adicional de Despensa SEMAC, Subsidio Educativo SEMAC, Ayuda de Transporte SEMAC, Día de Reyes, Apoyo para el Servicio de Agua, Días Diferenciales, Despensa Básica SEMAC, Ayuda de Ropa y Calzado, Sextos días y Horas Extras, lo anterior de conformidad con lo establecido en el considerando quinto que antecede. CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." b) En auto de veinticuatro de abril de la anualidad pasada, en atención a la promoción presentada por el apoderado jurídico de la parte actora, se despachó auto de ejecución por la cantidad de $474,931.37 (cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y un pesos 37/100 moneda nacional), misma resultó de la actualización del laudo de doce de junio de dos mil diecisiete. De igual modo, en esa misma fecha señaló día y hora para llevar a cabo la reinstalación de la trabajadora. c) Por lo que el once de julio de dos mil dieciocho, el actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, se constituyó en las instalaciones de la autoridad demandada ubicada en Circuito Minzita, número 470, Fraccionamiento Manantiales, Unidad Administrativa o Modulo 2, de esta ciudad, y llevó a cabo la reinstalación aludida. d) Mediante proveido de ocho de agosto de dos mil dieciocho, en atención a la petición del apoderado jurídico de la actora, se giraron oficios a los integrantes del Ayuntamiento de Morelia (Presidente Municipal, Síndico y Regidores), con el propósito de que dieran cumplimiento con el laudo dictado, apercibiendolos que de no cumplir con ello les impondría una multa equivalente a quince días de salario mínimo. e) Luego, el tres de diciembre de dos mil dieciocho, el tribunal responsable hizo constar que el Ayuntamiento de Morelia no ha dado cumplimiento con el requerimiento de ocho de agosto de dicho año, por lo que determinó girar un oficio recordatorio a la autoridad demandada, con un apercibimiento que de no cumplir le impondrá una multa de treinta valores de unidad de medida y actualización; asimismo, hizo efectivo la medida de apremio de ocho de agosto y ordenó remitir oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, a fin de que hiciera efectiva dicha sanción económica. f) Finalmente, por proveído de seis de febrero del año en curso, el tribunal responsable tuvo al Ayuntamiento de Morelia informando que está en vías de que haya suficiencia prespuestal para el pago del laudo. Por otra parte, hizo efectiva la multa de cinco de diciembre de dos mil dieciocho y ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, a fin de que hiciera efectiva dicha sanción económica en contra de la autoridad demandada, y para concluir, nuevamente estimo necesario girar oficio recordatorio a los integrantes del Ayuntamiento de Morelia para que dieran cumplimiento a lo laudado, apercibiendolos que en caso de ser omisos les impondría una medida de apremio por el valor de cuarenta unidades de medida y actualización. De las constancias remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, se puede apreciar que hay una actitud omisiva de su parte en relación a hacer cumplir lo laudado. Si bien en materia laboral la ejecución del cumplimiento del laudo es a instancia de la parte vencedora, lo cierto es que en el caso en concreto, hay una actitud omisiva porque a pesar de que la parte obrera, que fue quien obtuvo sentencia favorable, ha pedido al tribunal burocrático en diversas ocasiones que se lleve a cabo la ejecución de lo laudado, respecto al pago de la prestación económica, lo cierto es que el tribunal se ha limitado en seguir requiriendo su cumplimiento a la autoridad demandada y la imposición de multas, lo cual no demuestra que esté realizando verdaderas acciones para cumplir con lo estipulado en el laudo, por consiguiente, genera omisiones en su cumplimiento. Por lo que la actitud omisiva del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, trae como consecuencia que se afecta la esfera de derechos de la promovente del amparo, en relación a lo estipulado en el artículo 17 constitucional, ya que el mismo hace alusión a que las partes tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales sujetándose a los plazos previstos en las leyes ordinarias; consecuentemente, la autoridad responsable no debe limitarse a la literalidad de las leyes del procedimiento, sino también procurar en el ámbito de sus atribuciones y competencias satisfacer el derecho de acceso a la justicia en este caso de la parte obrera, de este modo tendría armonía entre lo señalado en el texto constitucional con las actuaciones de la autoridad responsable. Por otro lado, la peticionaria de amparo en el planteamiento formulado básicamente argumentó que el tribunal responsable vulnera el contenido de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Donde el primero de los señalados establece entre otras cuestiones que a las leyes no se les dará efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, que nadie podrá ser privado de su libertad o posesiones sino mediante juicio seguido ante tribunales, en materia penal no podrá imponerse pena que no esté en la ley y en cuestiones civiles se deberá atender a la literalidad de la norma. Posteriormente, el señalado artículo 16 de la Carta Magna, establece dos conceptos principales, el primero es referente a que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino mediante mandamiento judicial; y el segundo es en relación a que toda persona tiene derecho a la protección, rectificación y cancelación de sus datos personales. Finalmente, el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo cual se puede advertir que para garantizar un verdadero acceso a la justicia, todas los tribunales o autoridades que desempeñen actividades jurisdiccionales tienen el deber de ajustarse a los plazos previstos por las leyes ordinarias, sin dejar de observar lo mandatado por el texto constitucional. Por lo que la parte promovente del amparo en sus conceptos de violación refiere que el tribunal burocrático no realiza medidas eficaces para lograr la ejecución de lo laudado, sino solamente se limita a requerir y a multar a la autoridad demandada, limitando de esta forma el cumplimiento de lo laudado, lo que trae como consecuencia un retraso tanto en la impartición como en el acceso a la justicia. Luego, de conformidad con el artículo 74, fracción II y 79, de la Ley de Amparo, en un análisis sistemático de los motivos de disenso que formula la parte quejosa en su demanda, suplidos en su queja deficiente, son fundados los conceptos de violación, ya que efectivamente se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán ha incurrido en la dilación de la que se duele la parte quejosa. Lo anterior, en virtud de que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, reconoce el derecho humano de acceso a la justicia y establece para su protección diversos derechos de seguridad jurídica que todas las autoridades del estado Mexicano que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales deben observar a saber: 1. Principio de prosecución judicial; por virtud del cual todo acto de autoridad que determine los derechos civiles y políticos de las personas debe provenir de un juez o tribunal formal y materialmente constituido y en caso contrario, que tal acto pueda ser revisado por un tribunal que satisfaga esos requisitos. 2. Principio de expeditez, por virtud del cual la justicia debe ser administrada en los plazos que fijen las leyes. 3. Principio de gratuidad; por virtud del cual las personas que ejercen la función jurisdiccional, no deben realizar cobro alguno a las personas por las actuaciones que realicen, ya que sus respectivos emolumentos deben ser pagados por el Estado. 4. Administración de justicia completa o principio de congruencia; por virtud del cual, las resoluciones que se emitan al decidir un caso concreto, deben ser acordes a lo pedido por las partes, resolviendo el fondo de la controversia planteada. 5. Principio de imparcialidad; por virtud del cual las personas que integran los órganos depositarios de la función jurisdiccional deben permanecer ajenos a cualquier presión tanto de índole interno como externo, para resolver el caso sometido a su jurisdicción de forma objetiva. Estos principios son los que garantizan de manera mínima el acceso a la justicia dado que al faltar uno de ellos, se desconocería el derecho humano en comento, por ello es necesario que todos los principios se presenten de manera concomitante para lograr que las personas efectivamente accedan al derecho fundamental. Bajo ese panorama, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el capítulo XVII, "Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Procedimiento ante el mismo", que comprende entre otros los artículos 118, 119, 120, 121 y 122, los que establecen: "ARTICULO 118. Las autoridades estatales y municipales están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello. En caso de incumplimiento se dará cuenta al superior jerárquico. ARTICULO 119. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no admitirán recurso y deberán ser cumplidas por las autoridades correspondientes. Pronunciado el laudo, el Tribunal lo notificará a las partes personalmente. ARTICULO 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes. ARTICULO 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente. ARTICULO 122. En todo lo concerniente al procedimiento que no esté expresamente previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el artículo 8o. de este propio ordenamiento." De los preceptos anteriormente transcritos se obtiene que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes, lo que incluso debe hacer de manera oficiosa, pues la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Bajo esa tesitura y de las copias certificadas del juicio de origen, se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, es omiso en cuanto a que se limita a requerir y multar a la autoridad demandada y no realiza acciones diversas tendientes a garantizar el cumplimiento de lo laudado y de esta forma dar un verdadero y eficiente acceso a la justicia a la trabajadora, porque limitarse a solo realizar acciones e imponer multas a la demandada son medidas de apremio, las mismas traen como consecuencia vencer la actitud contumaz del Ayuntamiento de Morelia. Asimismo, desde el seis de febrero del año en curso, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, no ha realizado otra acción tendiente a lograr el cumplimiento del laudo, lo cual se traduce en omisiones por parte de la responsable ordenadora. En esas condiciones, resulta indudable que la autoridad responsable ordenadora vulnera los derechos de la parte quejosa, dado que en su calidad de tribunal responsable de la administración de justicia en materia laboral, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y ordenar el cumplimiento de sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes. En consecuencia, al estar demostrada la violación aducida, procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sexta. Efectos de la sentencia de amparo. El artículo 77, fracción II, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado implique una omisión, lo que aquí sucede respecto del acto tildado de inconstitucional y por el que se concede la protección federal, el efecto será obligar a la responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En este caso, el Amparo y Protección de la Justicia deberá restituir al impetrante en su derecho fundamental, para que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, dé cumplimiento a lo siguiente: Requiera a la parte demandada Ayuntamiento de Morelia, a efecto de que de inmediato realice los trámites necesarios para que a la trabajadora actora le sea cubierta en su totalidad la prestación económica a la que fue condenado en el laudo de doce de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 1318/2012; y, A efecto de que la demandada cumpla lo anterior, establezca los plazos respectivos de acuerdo con lo que al efecto dispone la ley de la materia y de ser necesario, imponga las medidas de apremio a fin de lograr el efectivo cumplimiento del laudo en el aspecto antes indicado, o bien, proceda con el trámite de previsto en el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquellas futuras o inciertas que lleguen a surgir de manera posterior, acorde con lo establecido en el criterio 2a CV/2013 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Octava. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Susana Rodríguez Huerta, respecto del acto atribuido al Ayuntamiento de Morelia, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Susana Rodríguez Huerta en contra del acto atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos señalados en el diverso sexto. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diez de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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