María Teresa de Jesús Cisneros García
Expediente 953/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Teresa de Jesús Cisneros García
- No Existe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa del Departamento de lo Contencioso y Administrativo de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende, representante legal del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán y de la Secretaría de Salud de Michoacán, por el cual, en atención al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en auto de fecha catorce de noviembre actual, informa que sus mandantes, a través de la moral denominada "ARQUINA", continúan brindando la atención médica a la quejosa María de Teresa de Jesús Cisneros. De igual manera, la promovente, remite ficha de asistencia del día siete de noviembre de la que se advierte que la quejosa acudió a recibir su sesión de hemodiálisis e informa que la quejosa no acudió el día catorce de noviembre a recibir su sesión de hemodiálisis. En ese contexto, téngase a la responsable en vías de cumplimiento al fallo protector. En atención a lo anterior, en caso de que la autoridad responsable no informe de manera oportuna sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dentro del plazo de diez días, dése nueva cuenta con autos para realizar el requerimiento respectivo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de septiembre del año en curso, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hayan realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en dicha resolución se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, el Director del Hospital Civil "Dr. Miguel Silva" y el Director del Hospital de la Mujer, todos con residencia en esta ciudad, realicen lo siguiente: "Por lo tanto, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle atención médica, en específico de brindarle el tratamiento de hemodiálisis, así como otorgarle los insumos e instrumentos necesarios para tal efecto; con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere la peticionaria de amparo para el padecimiento de insuficiencia renal crónica que le aqueja, sin que sea impedimento la vista dada a la parte quejosa del auto de fecha veintidós de septiembre del año en curso." Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiéranse a las autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, el Director del Hospital Civil "Dr. Miguel Silva" y el Director del Hospital de la Mujer, todos con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente cumplan con la sentencia ejecutoriada de referencia, sin dilaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 953/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación que antecede para los efectos que en derecho correspondan. Abierto el período de pruebas: El secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas precisadas con antelación. Al consistir en documentales, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en la inteligencia de que deben tomarse en consideración la totalidad de las constancias remitidas por las partes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario da nueva cuenta con los formulados por el autorizado de la quejosa ******************** y por los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos de cuenta y a las demás partes se les declara precluido el derecho para formularlos. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la resolución, y; RESULTADO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada el catorce de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de este Circuito y recibido el diecisiete siguiente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional (foja 2), ********************, por propio derecho, compareció a la presente instancia a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en los términos precisados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, estimó que la omisión reclamada vulnera sus derechos contenidos en los artículos 1°, 4°, 8°, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de catorce de julio de dos mil veintitrés (foja 17), este órgano tuvo por recibida la demanda, ordenó su registró con el número 953/2023 y decretó la suspensión de plano en favor de la quejosa ********************, en los términos siguientes: "(.) con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a ******************** de inmediato la atención médica necesaria respecto de los padecimientos que le aquejan y para que se garantice su vida e integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirlo en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica que requiere en este momento, esto es, le proporcione la atención médica que requiere para sus enfermedades de inmediato (tratamiento de hemodiálisis). En caso de que las autoridades responsables Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, Director del Hospital Civil Doctor Miguel Silva y Director del Hospital de la Mujer de Morelia, Michoacán, no se encuentren en condiciones de otorgar la Terapia Sustitutiva Renal Extracorpórea (Hemodiálisis), deberán de realizar las gestiones necesarias para que se le practiquen de manera subrogada en las clínicas particulares con las que tengan contrato o convenio de licitación celebrado. De la misma forma, para que en el supuesto que la quejoso se encuentre en el área de urgencias del Hospital Civil de Morelia, Michoacán, otorguen de inmediato la atención médica que requiere, de acuerdo a la normativa y los protocolos hospitalarios que correspondan, acorde a sus padecimientos. En la inteligencia que la medida cautelar que se concede, NO desconoce la autoridad de los médicos tratantes del quejoso para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio, así como a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; entendiendo a la primera (praxis médica) como la facultad que tiene el experto de la salud en anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o la recuperación, conservación, y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado, así como las pericias que practican. Y por la segunda (lex artis ad hoc) como el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo; dicho concepto puede resumirse en el deber de ajustar la actuación a las reglas técnicas, normas legales y principios deontológicos, el deber de preparación adecuada para adaptar los conocimientos al progreso científico y a la experiencia profesional, y el deber de omitir acciones peligrosas, es decir, actos para los que no se está suficientemente capacitado, atendiendo a las circunstancias del estado de la ciencia, de tiempo y lugar; sobre todo porque en materia sanitaria, es el médico tratante quien responde por el acto médico que realice.(.)" En el mismo auto se admitió a trámite la demanda; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se requirió el informe justiciado a las autoridades responsables y el catorce de julio del año en curso, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado consignado en el acta que antecede; y; CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la omisión reclamada no requiere ejecución material y la demanda que dio origen al juicio en que se actúa fue presentada en esta ciudad en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por ********************, consiste en: *La omisión de proporcionarle la atención médica y el tratamiento adecuado para la enfermedad que padece, al sufrir hipertensión arterial sistemática, debido a la insuficiencia renal crónica que le aqueja. Omisión que atribuyó a las autoridades siguientes: I. Secretario de Salud en Michoacán; II. Director del "Hospital General Doctor Miguel Silva" perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán; y, III. Director del Hospital de la Mujer, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Todas las autoridades con residencia en esta ciudad. Tercero. Certeza del acto reclamado. El apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del "Hospital General Doctor Miguel Silva", y del Director del Hospital de la Mujer, pertenecientes a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, al momento de rendir el informe justificado (foja 78), manifestó que no es cierto el acto que les reclama a sus representados; sin embargo, en el caso procede desvirtuar el acto a ellas atribuidos, dado que no fue sino hasta el ocho de agosto del año en curso (foja 105, posterior a la presentación de la demanda -catorce de julio del año en curso-), cuando las responsables señalaron que la moral Arquina S.A. de C.V., dio de alta a la aquí quejosa y le asignó la clínica particular Calidad de Hemodiálisis "Torre Victoria", donde ya estaba recibiendo sus sesiones de hemodiálisis los días lunes y miércoles a las doce horas; asimismo, indicaron que se le continuaría brindado la atención médica que en el Hospital privado denominado "Hospital Victoria", en las fechas que le hayan sido programadas sus citas médicas; de ahí que, contrario a lo manifestado por las responsables, en la fecha de presentación de la demanda sí existía la omisión a ellas atribuida. En ese sentido, se tiene por cierta la omisión reclamada en esta instancia constitucional. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. En tal virtud, en este apartado como ya se mencionó en párrafos anteriores es preciso destacar nuevamente que mediante auto de catorce de julio de dos mil veintitrés (fojas 17 a 26) se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa para que se le brindara de inmediato la atención médica necesaria respecto de los padecimientos que le aquejan, se garantizara su vida, integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se podría traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en el desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirle en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida. Asimismo, dicha medida cautelar se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables proveyeran las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcionara de inmediato la asistencia médica necesaria y le suministraran los medicamentos que requiere para el padecimiento de insuficiencia renal crónica. En cumplimiento a lo anterior, el cuatro de agosto del año en curso (fojas 103 a 104), el apoderado de las autoridades responsables, informó que la moral Arquina S.A. de C.V., dio de alta a la aquí quejosa y le asignó la clínica particular Calidad de Hemodiálisis "Torre Victoria", donde ya estaba recibiendo sus sesiones de hemodiálisis los días lunes y miércoles a las doce horas; asimismo, indicó que se le continuaría brindado la atención médica que en la clínica particular referida en líneas atrás en las fechas que le hayan sido programadas sus citas médicas. Tal circunstancia en apariencia podría revelar que en el caso el acto reclamado ha cesado en sus efectos, dado que las autoridades responsables subrogaron el tratamiento de hemodiálisis a la peticionaria de amparo y determinaron que deberían suministrársele los insumos necesarios para tal efecto. No obstante dichas consideraciones, el que ahora resuelve estima que en el caso no aconteció la cesación de efectos del acto reclamado. En primer término, atendiendo a que en la técnica de amparo se define a la cesación de efectos, como la causal de improcedencia que impide el estudio del fondo del amparo cuando los actos que al momento de promover la demanda existían, cesaron durante la substanciación del juicio y destruyen de manera total e incondicional sus efectos, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. Siguiendo con esa línea, la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Para continuar con este argumento, en el caso debe establecerse que, la atención médica que se otorgó a la inconforme, esto es, el otorgamiento del tratamiento de hemodiálisis y el suministro de los insumos necesarios para tal efecto, obedeció al cumplimiento de la suspensión de plano que las autoridades responsables dieron. Así, la suspensión de plano que se decreta en el juicio de amparo tiene la naturaleza de una medida cautelar, que de acuerdo con lo señalado por Miguel Alejandro López Olvera, son actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso o previamente a él, a pedido de un interesado o de oficio, para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones de hecho. Igualmente refiere que, son instrumentos que puede decretar el juzgador para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave o irreparable daño a las partes o la sociedad, con motivo de la tramitación del proceso; asimismo, que también pueden ser utilizadas para dar justicia anticipada o autónoma. Entre las diferentes características que atribuye dicho autor a las medidas cautelares, destaca, para el caso exclusivo, la relativa a la provisionalidad, que define, como el carácter no definitivo de las medidas cautelares, pues éstas desaparecen, perdiendo toda su eficacia, cuando faltan los presupuestos que originaron su adopción, y en todo caso, cuando finaliza el proceso principal. La nota de la provisionalidad, señala, se entiende bien, si se conecta con la finalidad de las medidas cautelares; si lo que se trata de proteger y tutelar mediante la adopción de tales medidas es la efectividad de una ulterior sentencia, lógico es que las mismas tengan una vigencia limitada en el tiempo, concretamente aquella en la que dicha sentencia tarde en obtenerse. De modo que, si en el presente asunto se otorgó el tratamiento de hemodiálisis, así como los insumos que requiere la quejosa, para el padecimiento de insuficiencia renal que sufre, es claro que, de acuerdo con lo antes expuesto, dicha actuación asumida por las autoridades responsables obedeció al cumplimiento que otorgaron a la medida cautelar, que si se observa superficialmente, en apariencia pudiera establecerse que dicha medida cautelar lo restituyó en el goce del derecho a la salud que estimó violado, en tanto que, con la misma obtuvo a la pretensión fundamental a la que aspiró al promover este amparo. No obstante ello, lo cierto es que técnicamente no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado, en atención a que no se declaró en definitiva una violación de derechos que le haya constituido la prerrogativa a recibir la atención médica en tanto dure la vigencia de la medida cautelar decretada en autos. Lo anterior cobra sentido, si se toma en cuenta que, en el caso que este juzgador determinara sobreseer el presente juicio de amparo, la vigencia de la suspensión de plano que le fue concedida en el presente expediente para que las autoridades responsables le otorgaran el más amplio acceso y garantizaran su derecho a la salud, por la negativa de las responsables de otorgarle el tratamiento de hemodiálisis, así como el suministro de los insumos que necesita para tal efecto, quedaría sin efectos una vez que la misma causara ejecutoria; ello, al margen que no se le hubiera declarado en definitiva la violación a derecho alguno que le constituyera la prerrogativa a recibir la atención médica que buscó con este amparo. Es así pues la suspensión de plano que se concedió a la parte quejosa fue dictada no sólo con efectos preventivos, sino de tutela anticipada, pero de ninguna manera constituyó una declaración de violación de derechos definitiva a su favor, en el caso para determinar el tránsito de esa declaración provisional a una definitiva que se consolide en la sentencia como cosa juzgada, por ende, resulta necesario que la suscrita realice el análisis correspondiente. Por tanto, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna otra, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio del auto reclamado, al margen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Lo anterior, porque constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al quejoso. El artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma, efectuada el ocho de mayo de dos mil veinte, respecto al derecho a la salud, establece: "Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." Constitución cuyos artículos transitorios disponen: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto. Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior." Disposiciones que le son aplicables, en favor de la parte quejosa, porque, la demanda de amparo, se presentó el catorce de julio de dos mil veintitrés, es decir, ya en la vigencia de las normas constitucionales invocadas -sustantivas-, de las que se advierte: Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud; La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para toda persona la protección al derecho a la salud, incluyendo a quienes no cuenten con seguridad social, respecto de lo cual, prevé que, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita; pero también se advierte, la obligación de concurrencia en materia de salubridad general, de la Federación y las entidades federativas para el respeto al derecho a la salud. Ahora, en la especie conviene tener en cuenta lo resuelto en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 173/2008, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Indicó que, el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. Igualmente, que el contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: a) Del párrafo 1o. del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); b) Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); c) Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); d) De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de amparo en comento, determinó que la protección del derecho a la salud, depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta. Asimismo, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. Concluyó señalando que, el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página siete, define el derecho a la salud como "el conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud.". Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. En ese sentido, el contenido de la norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: Declaración Universal de Derechos Humanos "Artículo 25, párrafo 1o.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Artículo 12.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad". Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos y familiares de la comunidad; [.] La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Ahora bien, en esta instancia se reclama como ya se dijo, la omisión de otorgar el tratamiento de hemodiálisis que requiere la quejosa como terapia de reemplazo renal. En cumplimiento a la suspensión de plano, el once de julio del año en curso, el apoderado de las autoridades responsables comunicó que la moral Arquina S.A. de C.V., dio de alta a la aquí quejosa y le asignó la clínica particular Calidad de Hemodiálisis "Torre Victoria", donde ya estaba recibiendo sus sesiones de hemodiálisis los días miércoles y viernes a las doce horas; asimismo, indicó que se le continuaría brindado la atención médica que en la misma clínica privada en las fechas que le hayan sido programadas sus citas médicas. De lo anterior, se aprecia que la queja toral aducida por la inconforme ********************, consistente en la omisión de proporcionarle atención médica, en específico de brindarle el tratamiento de hemodiálisis, así como otorgarle los insumos e instrumentos necesarios para tal efecto, quedó satisfecha, vía tutela anticipada, en la medida que ya se subrogó dicho servicio y se le han otorgado algunos medicamentos que necesita. No obstante, se estima la restitución a ese derecho acontecerá con entera plenitud, con la declaración de violación de derechos definitiva a su favor, en el caso la violación a su derecho a la salud; de ahí que, la presente resolución únicamente tenga como efecto hacer la declaración formal de violación al derecho a la salud para que en lo subsecuente, las autoridades responsables brinden el tratamiento y servicios que requiere la impetrante de amparo para el padecimiento que le aqueja, dado que conforme a los postulados derivados del artículo 4º Constitucional, la protección de la salud está garantizada por el Estado como derecho humano irrestricto. Sirve de apoyo, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos setenta y cuatro del Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República.". También, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cincuenta y siete del Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.". Por lo tanto, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle atención médica, en específico de brindarle el tratamiento de hemodiálisis, así como otorgarle los insumos e instrumentos necesarios para tal efecto; con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere la peticionaria de amparo para el padecimiento de insuficiencia renal crónica que le aqueja, sin que sea impedimento la vista dada a la parte quejosa del auto de fecha veintidós de septiembre del año en curso. Lo anterior, dado que el cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en el auto referido en el párrafo que antecede, deberá continuarse en la etapa ejecutiva de este juicio. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en términos del quinto considerando de la presente sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el sexto considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Por otra parte, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase al promovente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg
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