Maria Sonia Gonzalez Verduzco
Expediente 1336/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1336/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Sonia Gonzalez Verduzco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguense los oficios suscritos por el Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, mediante los cuales acusa recibo de las diversas comunicaciones por los que se hizo de su conocimiento la sentencia dictada en autos así como el proveído por el cual causó ejecutoria la misma. De lo anterior, este órgano federal toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio así como el cuaderno original del incidente y transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el Acuerdo General antes mencionado. Finalmente, devuélvase al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Michoacán, con residencia en Zacapu, la documental que anexó como soporte a su informe justificado, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1336/2022promovido por María Sonia González Verduzco, por si y en cuanto representante legítima de los menores S.V.V.G y H.M.V.G, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el seis de diciembre de dos mil veintidós, María Sonia González Verduzco, por si y en cuanto representante legítima de los menores S.V.V.G y H.M.V.G, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto que atribuyó al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º tercer párrafo, 4º primero y noveno párrafo y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, (foja 172), este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y pidió el informe justificado a la autoridad responsable. Seguido el juicio por su cauce legal, el catorce de junio de dos mil veintitrés (foja 329) se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud a que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen en el ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por María Sonia González Verduzco, por si y en cuanto representante legítima de los menores S.V.V.G y H.M.V.G, consiste en: El auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio sucesorio intestamentario 143/2021, a bienes de Dagoberto Vargas Gutiérrez, por el que resuelve nombrar un albacea especial. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, al rendir su respectivo informe justificado (foja 183) aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 143/2021, que el Juez responsable adjuntó a su informe y obra en un tomo de prueba por separado, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En el caso, quien resuelve advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, toda vez que las peticionarias de amparo, no acreditaron tener interés jurídico para ocurrir a esta instancia constitucional. Para dar sustento a esa afirmación, es necesario traer a colación el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los dispositivos transcritos se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando los actos reclamados no lesionan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Según se tiene de las porciones normativas reproducidas, es parte agraviada quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; empero, en tratándose de juicios de amparo contra actos o resoluciones pertenecientes, entre otros, de tribunales judiciales, como en la especie ocurre, se debe aducir exclusivamente un interés jurídico. Ahora bien, el "interés jurídico", desde un punto de vista general, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales, está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede acudir al juicio de amparo. Siendo la base del concepto anterior, la noción de derecho subjetivo, se precisa su titularidad. A partir de ello, se da la facultad de exigir, siendo correlativa de un deber jurídico, que implica cumplir con esa exigencia. Luego, si existe una violación o desconocimiento, ello representa el incumplimiento de la obligación. De esta manera, el agravio es entendido como toda restricción o privación de un derecho o imposición de un deber que ordena o realiza una autoridad del Estado. La definición de interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se puede advertir de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a. /J. 168/2007, en la página 225, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Enero de 2008, Novena Época, registro 170500, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Entonces, para acreditar el interés jurídico necesariamente la parte promovente del juicio de amparo debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez, para acreditar el interés legítimo el promovente del amparo deberá demostrar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, las quejosas acreditan su interés jurídico, es decir, un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ello en razón de que reclaman actos provenientes de una autoridad judicial. En efecto, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en el auto emitido el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio sucesorio intestamentario 143/2021, a bienes de Dagoberto Vargas Gutiérrez, mediante el cual se nombró un albacea especial, a efecto de que representara los intereses en un juicio diverso que instauraría el heredero y albacea definitivo Michel Vargas Jiménez. Para una mejor comprensión del asunto, se estima necesario relatar brevemente los antecedentes del acto reclamado, así se tiene que: Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno, Michel Vargas Jiménez denunció la sucesión intestamentaria a bienes de Dagoberto Vargas Gutiérrez, misma que se admitió el dieciséis del citado mes y año (foja 1 y 10 del tomo de pruebas). En auto de diez de junio de dos mil veintiuno, se ordenó notificar a María Sonia González Verduzco, concubina del de cujus la admisión de la demanda, a efecto de que compareciera a deducir los derechos hereditarios que le pudieran corresponder, lo que así se hizo el catorce de junio de la citada anualidad (foja 34 y 37 del tomo de pruebas). En razón de que no compareció a deducir derechos y emitir voto, el quince de septiembre siguiente se ordenó poner los autos a la vista del Juez para que dictara sentencia interlocutoria respectiva (foja 40 del tomo de pruebas). El quince de octubre de dos mil veintiuno, se resolvió la primera sección, en la que, se declaró como únicos y universales herederos a Michael Vargas Jiménez, Marissa Marlene Vargas Jiménez y Dagoberto Vargas Jiménez, en cuanto hijos legítimos y se designó como albacea definitivo al primero de los mencionados (foja 45-49 del tomo de pruebas). Seguido el juicio en sus etapas legales -segunda y tercera sección-, el veintiocho de abril de dos mil veintidós se resolvió la cuarta sección del juicio sucesorio que nos ocupa, mediante la cual se adjudicó en favor de Michael Vargas Jiménez, Marissa Marlene Vargas Jiménez y Dagoberto Vargas Jiménez, el inmueble descrito en el inventario, ordenándose protocolizar y reducir a escritura pública las constancias para que se otorgue el título respectivo. Mediante escrito de cinco de agosto de dos mil veintidós, compareció María Sonia González Verduzco, por sí y en cuanto representante de sus menores hijas, quien solicitó suspender la protocolización del juicio; e informó que vivió en concubinato por más de diez años con el de cujus, con quien procrearon dos hijas. Para acreditar tal aserto, aportó copia certificada de la resolución emitida el dos de junio de dos mil veintiuno, en las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 353/2021, en la que se declaró sin perjuicio de terceros, que existió dicha relación de concubinato; de igual forma, las actas de nacimiento de las menores. A dicho ocurso, recayó el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el que se suspendió la protocolización y se ordenó la remisión del expediente original al juzgado; asimismo, en relación a los diversos pedimentos que formuló, no se proveyeron de conformidad, al tomar en cuenta que ya se había realizado la declaratoria de herederos y que por ello, tenía expedito formular el juicio respectivo en contra de la sucesión (foja 89 del tomo de pruebas). El once de noviembre de dos mil veintidós, Michael Vargas Jiménez, solicitó se designara un albacea especial que pudiera representar los intereses de la sucesión, toda vez que pretendía iniciar juicio sucesorio civil sobre cumplimientos de contrato en contra de la misma (foja 141 del tomo de pruebas). Atento a lo anterior, mediante proveído de catorce de noviembre de la anualidad próxima pasada, se nombró un albacea especial, designándose a la coheredera Marissa Marlene Vargas Jiménez (foja 142 del tomo de pruebas). La anterior resolución constituye la materia del acto reclamado. Expuesto lo anterior, debe decirse que como se anticipó, las peticionarias de amparo María Sonia González Verduzco, por si y en cuanto representante legítima de los menores S.V.V.G y H.M.V.G , no acreditaron el interés jurídico necesario para acudir a esta instancia constitucional; en virtud de que no demostraron tener el carácter de herederasdel de cujus, si no, solo una expectativa de derecho para heredar. Lo anterior es así, toda vez que si bien se ostentaron como concubina e hijas del extinto Dagoberto Vargas Gutiérrez; lo que incluso, hicieron del conocimiento del Juez responsable, ante quien aportaron los siguientes medios de convicción: Diligencias de jurisdicción voluntaria familiar oral número 353/2021, mediante el cual se determinó la existencia de una relación de concubinato con el citado Dagoberto Vargas Gutiérrez (foja 73 a 79 del tomo de pruebas). Copias certificadas de las actas de nacimiento de las menores S.V.V.G y H.M.V.G, en las que aparece que su progenitor es el de cujus. (foja 67 y 68 del tomo de pruebas) También lo es, que omitieron exhibir medio de prueba que ponga de manifiesto que efectivamente tienen reconocido ante autoridad judicial competente el carácter de herederas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1035 y 1036 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; para así, estar en condiciones de inconformarse de la designación de un albacea especial en el juicio sucesorio que nos ocupa. Se dice de este modo, toda vez que si bien aportaron copias simples del juicio ordinario civil 1265/2022, que en ejercicio de la acción real de petición de herencia, en el que demandaron al albacea definitivo dentro del juicio sucesorio intestamentario 143/2021(fojas 135-152); mismas que carecen de valor probatorio alguno; lo cierto es que, aún y cuando fuesen certificadas, lo único que demostrarían es la instauración de dicho juicio; empero de ninguna manera que ya se les hubiese reconocido el carácter de herederas. Motivo por el que, únicamente ostentan una expectativa de derecho, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de herederas, no existe la certeza de que ello ocurrirá; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, no pueden sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, con motivo de la emisión del acto reclamado, en tanto que todavía no son titulares de un derecho legítimamente tutelado, lo que resulta insuficiente para acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis jurisprudencial 1a./J. 36/2005 (9°)., emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado.". Lo anterior tiene mayor razón de ser, si se toma en cuenta que incluso, en el juicio de donde deriva el acto reclamado, en proveídos de veintiséis de septiembre y veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, si bien se ordenó suspender la protocolización respectiva, el Juez responsable negó a acordar el resto de sus puntos petitorios y admitir el recurso de apelación interpuesto en contra del auto reclamado, atento a que ya se había formulado la declaratoria de herederos. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". No puede soslayarse que la carga de acreditar tal afectación, corresponde precisamente a la parte quejosa, tal como lo señala la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". Por lo que con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por las agraviadas, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a la autoridad responsable y que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Sonia González Verduzco, por si y en cuanto representante legítima de los menores S.V.V.G y H.M.V.G, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y mediante lista a las autoridades. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy trece de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del once de julio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1336/2022. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el quejoso y con la exhibida por la autoridad responsable. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.
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